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condenas por niño ejecutado en dictadura


La corte condenó a dos militares pinochetistas por estos crímenes, pero rebajándoles la pena y dejando a uno en régimen de libertad vigilada. Como siempre, los jueces pinochetistas introducidos por el presidente Lagos en la CS votaron por la prescripción.
Santiago, Chile. En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro y homicidio calificado de Carlos Fariña Oyarce (13), considerado la víctima más joven de la dictadura, así como también por los crímenes de Víctor Vidal Tejeda (16) y Héctor Araya Garrido (18), ocurridos en octubre de 1973.
Por estos hechos, el máximo tribunal redujo la condena al mayor (r) Donato López Almarza, aplicando una sentencia de 6 años de presidio sin beneficios. En tanto, el oficial (r) Erasmo Sandoval Arancibia recibió 5 años de presidio, pero se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.
El menor Fariña Oyarce fue detenido en su domicilio de la población La Pincoya por una patrulla militar del Regimiento Yungay y desapareció. Sus restos fueron encontrados con 12 impactos de bala en el año 2000, en un sitio eriazo de Américo Vespucio, comuna de Pudahuel, cuando se realizaban excavaciones para la construcción de un parque industrial.
Las otras 2 víctimas fueron arrestadas en el mismo operativo en La Pincoya, y posteriormente fueron ejecutados por efectivos el Ejército.

Trámite Judicial
En primera instancia, el ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia había determinado dos penas de siete años de presidio para López Almarza; y una de cinco años, con el beneficio de la libertad vigilada, para Sandoval Arancibia.
En 2008, no obstante, la Corte de Apelaciones de Santiago había impuesto una pena única de 10 años y un día de presidio para el mayor en retiro y mantenido la condena para Sandoval Arancibia.
En la resolución de la Suprema de hoy, los jueces Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros estuvieron por acoger la figura de la prescripción de la acción penal, mientras el ministro Jaime Rodríguez y los abogados integrantes Jorge Medina y Guillermo Ruiz, dieron el voto de mayoría.
19 de agosto de 2010
©la nación
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1 comentario

claudio lisperguer -

Los crímenes cometidos por militares y civiles pinochetistas llaman siempre la atención por su arbitrariedad y sin sentido, aparte de su extraordinaria cobardía. ¿Cómo pueden oficiales ordenar ejecuciones tan claramente arbitrarias e injustificadas, y tan evidentemente contrarias a derecho, y cómo puede haber hombres que les obedezcan, en lugar de neutralizarlos sumariamente? El asesinato y tortura de niños fue una práctica habitual de las fuerzas de seguridad durante la dictadura. Chile debiese aprobar una ley que penalice tanto a los oficiales que ordenen la ejecución de violaciones a los ddhh, como a los subalternos que les obedezcan. Pese al horror, hay jueces que protegen a los criminales, rebajando sus penas y dejándoles en libertad. Estos jueces, verdaderos enemigos del género humano (Segura y Ballesteros), fueron introducidos en la CS por Lagos, el hombre del dedo que se convirtió en presidente para perpetuar la obra del dictador.
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