corte no quiere procesar a homicidas
Corte rechaza procesar a generales (r) por crimen de cinco frentistas. Muchos de estos jueces colaboraron con la dictadura, rechazando los habeas corpus presentados por abogados de los perseguidos, que serían posteriormente asesinados. No tienen pues gran interés en investigar. Se sienten impunes. 
Santiago, Chile. En fallo unánime, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar las solicitudes de procesamientos contra el ex vicecomandante en jefe del Ejército, general (r) Santiago Sinclair, y el ex director de Inteligencia (DINE), general (r) Ricardo Ortega, por los crímenes de 5 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.
Las solicitudes habían sido presentadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Sin embargo, el tribunal de alzada estimó que en el caso de Sinclair "no se han agregado a la causa antecedentes nuevos de mérito como para alterar lo resuelto ya por esta misma Corte de Apelaciones", aludiendo a un fallo dictado en octubre de 2009 que revocó la encargatoria que pesaba contra el ex vicecomandante en jefe del Ejército en esta causa.
Respecto de Ortega, la sala integrada por los ministros Cornelio Villarroel, Dobra Lusic y Joaquín Billard determinó que "no concurren los presupuestos del N°2 del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, para someterlo a proceso", según reseña la resolución judicial.
Entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, fueron secuestrados, y luego asesinados en el cuartel Borgoño de la CNI. Sus cuerpos fueron arrojados al mar a bordo de un helicóptero Puma.
En este caso, el ministro Mario Carroza desechó procesar en primera instancia a los generales(r) Sinclair y Ortega, pero tiene encargados reos a la ex agente de la Brigada Azul de la CNI y miembro de la Armada, Ema Verónica Ceballos Núñez (actualmente fugada en Dinamarca), y al ex agente de la CNI, José Miguel Morales Morales (investigado por Operación Albania aunque no fue condenado).
De acuerdo al Programa de DDHH de Interior y el CDE, el crimen de los cinco frentistas fue un delito de lesa humanidad cometido por agentes del ex régimen de Augusto Pinochet, en el marco del secuestro del coronel Carlos Carreño, gerente comercial de Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), ocurrido entre septiembre y noviembre de 1987.
21 de agosto de 2010
©la nación
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