estrategia para la impunidad

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A Estados Unidos, donde los casos están sobreseídos o archivados. Hace unos días, la fiscal encargada del procesamiento de los líderes paramilitares, incluyendo las relaciones entre el ex director del DAS, Jorgue Noguera, fue abruptamente despedida del poder judicial. Los jueces en EUA archivan los casos de paramilitares. El círculo de la impunidad es casi perfecto.

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[Oriana Zill de Granados y Chisun Lee] Desde 2006, más de una docena de los más notorios líderes paramilitares colombianos han sido extraditados a Estados Unidos para ser juzgados por cargos de tráfico de drogas en un tribunal de distrito en Washington.
Las extradiciones asombraron a los colombianos, que esperaban que los testimonios de los hombres, entregados como parte de un programa nacional de amnistía, ayudaría a conocer la verdad sobre cerca de dos décadas de violentos asesinatos, ataques y secuestros. En confesiones grabadas en video en Colombia, uno de ellos asumió responsabilidad por más de 450 asesinatos.
Pero el escándalo por las extradiciones alcanzó un punto de ebullición antes este año cuando el juez de distrito Reggie B. Walton prohibió el acceso público a siete  de los casos de líderes paramilitares, borrando prácticamente toda huella de su existencia.
No hay modo de saber si los acusados han negociado para obtener sentencias más leves -o incluso si todavía están presos. Un octavo acusado, imputado en Colombia por el asesinato de un juez, fue dejado en libertad condicional, según muestran los documentos, después de que sus primos de College Park respondieran por él.
Los casos colombianos están nuevamente orientando la atención hacia la práctica de archivar expedientes judiciales enteros, provocando una polémica mayor sobre la reserva judicial.
Aunque las políticas de la corte desalientan este grado de reserva, un estudio interno de 2009 mostró que los jueces federales lo deciden en miles de casos al año, a veces sin justificación.
Algunos jueces no sólo bloquean al acceso del público, sino también retiran los números de los expedientes y todos otros signos de un caso en los archivos. En Washington D.C., no hay procedimiento uniforme para archivar, dejando a jueces individuales la tarea de decidir cuánto, dijo el juez Royce C. Lamberth.
Las acusaciones contra los paramilitares colombianos muestran lo que se juega en un debate sobre transparencia que de otro modo parecería académico.
"Más que indignación, me siento impotente", dijo Bela Henríquez, cuyo padre, Julio, fue secuestrado y asesinado por orden de uno de los acusados. "No sabemos qué están negociando, en qué condiciones están viviendo. ¿Qué garantía de justicia tenemos?"
La Corte Suprema resolvió que el acceso público a los casos está protegido por la Primera Enmienda porque es un control crucial del poder judicial.
Pero algunos factores -seguridad nacional material, permanente investigación del gobierno, testigos o víctimas vulnerables- pueden justificar la prohibición de informar.
Los casos que implican a colombianos fueron sellados probablemente para proteger su seguridad, porque están cooperando con las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos, dijeron varios ex prosecutores. "Es muy posible", dijo Lamberth. Los prosecutores, los abogados de la defensa y Walton se negaron a hacer comentarios.

Decisiones en Manos de los Jueces
Un acuerdo que implique reserva requeriría una autorización de los niveles más altos del ministerio de Justicia. Los prosecutores deben obtener primero aprobación del fiscal general antes de poder solicitar, o acordar, archivar o prohibir informar sobre un caso penal.
Pero, en última instancia, la decisión está en manos de los jueces individuales. Directivas judiciales instan a la jueces a proteger tan poco como sea posible -un documento, el nombre de un testigo- y durante el más corto tiempo posible. El secreto total se ordena sólo en "circunstancias extraordinarias", de acuerdo a procedimientos jurídicos. Incluso en esos casos, se supone que los jueces pueden eventualmente revocar la decisión.
En 2006, la Associated Press informó sobre un brusco aumento de la prohibición de informar en casos penales, causado temores por los prosecutores y jueces de la era de Bush, que operaban frecuentemente lejos del escrutinio público.
La Oficina Administrativa de las Cortes de Estados Unidos proporcionó los datos para el estudio, pero el portavoz David Sellers dice ahora que las cifras proporcionadas eran incorrectas. Dijo que amplias variaciones en los métodos de almacenamiento entre cortes individuales hacen imposible conteos precisos.
Un año después del informe de la AP, el poder judicial federal instó enfáticamente a los tribunales a clasificar los casos sobreseídos como "bajo sello" antes que borrarlos completamente de los archivos, como ocurrió con los casos colombianos. Sin embargo, en 2009 un estudio internó mostró que una docena de tribunales no estaban acatando.
Ese estudio, realizado por el brazo investigativo del poder judicial federal, examinó todos los casos que para 2006 estaban completamente archivados, proporcionado el informe más completo sobre cuán a menudo y cómo se utilizaba la reserva total.
Dos puntos porcentuales de cerca de un millón de casos presentados ese año fueron archivados. En muchos casos, la reserva se justificaba, pero los investigadores encontraron decenas de instancias de prohibiciones sin argumentos legítimos. Casi uno de cada 275 casos criminales en 2006 fue totalmente sellado para proteger a colaboradores o investigaciones en curso.
El mes pasado, la comisión que supervisa el estudio recomendó a los cargos más altos de la justicia no decretar la reserva total a menos "que no haya otras opciones". La comisión estuvo cerca de sugerir que la recomendación fuera obligatoria.
"El número de casos sellados era tan pequeño", dijo el juez Harris L. Hartz, de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, presidente de la comisión. "La decisión de sellar la deben tomar los jueces. Archivar o no un caso depende fuertemente de los hechos y circunstancias específicas".
La comisión recomendó que los sistemas de almacenamiento electrónico de los tribunales sean programados para trazar los casos sobreseídos.

Esperanzas Frustradas
En Colombia los juicios estadounidenses secretos han obscurecido las esperanzas de poder reparar las miles de atrocidades vinculadas a una red de organizaciones paramilitares conocidas como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La extradición de importantes líderes a Estados Unidos interrumpió un histórico programa de amnistía que tenía la intención de desmovilizar las unidades y obtener información básica, como la ubicación de los cuerpos para los familiares de las víctimas.
Roxanna Altholz, directora en funciones de la Clínica Jurídica sobre Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de California en Berkeley, que representa a las víctimas colombianas de la violencia paramilitar, dijo que Estados Unidos había violado la promesa hecha por el embajador William R. Brownfield el día de las extradiciones.
"Las víctimas, sus representantes y los prosecutores de Colombia continuarán teniendo acceso al poder judicial estadounidense, a los individuos extraditados y a sus bienes", dijo Brownfield el 13 de mayo de 2008, en Colombia.
"De momento", dijo Altholz said, "no han cumplido ninguna de las promesas".
Abogados de derechos humanos no han sido capaces de trazar la condición de al menos otros veinticinco miembros de los paramilitares que están siendo juzgados en varios tribunales estadounidenses, debido a que partes substantivas de sus casos han sido selladas.
Lamberth reconoció que las víctimas pueden sentir que hay denegación de justicia cuando se sella algún caso.
"Honestamente no sé cómo hacer para que haga justicia con las víctimas", dijo. "Si hubiera un modo de hacerlo sin poner en peligro" las vidas de los que están cooperando, "estaríamos dispuestos a discutirlo".
Dados sus brutales antecedentes, el paradero de los acusados causa de preocupación, dijeron prosecutores.
"Si uno de ellos estuviera viviendo, por ejemplo, en Bethesda, más abajo en la misma calle que la familia Jones, con un perro y dos chicos y medio, entonces la opinión pública tiene un fuerte interés en conocer esa información", dijo David Weinstein, que persiguió casos de drogas cuando fue fiscal asistente en Florida entre 1998 y 2009.
En 2008, el capo paramilitar, Hughes Manuel Rodríguez Fuentes, fue dejado en libertad después de pagar una fianza. Los periodistas lo visitaron en una dirección en College Park donde vive uno de los primos de Rodríguez Fuentes, de acuerdo a documentos judiciales.
"No sé dónde está", dijo el pariente. "Y buena suerte con su búsqueda".
12 de septiembre de 2010
11 de septiembre de 2010
©washington post