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reos pinochetistas en huelga


Militares condenados por violaciones a los derechos humanos en huelga de hambre, argumentando que los secuestros, robos, violaciones, torturas y homicidios que cometieron son delitos políticos.
[Luis Narváez] Punta Peuco, Chile. Un total de nueve oficiales en retiro del ejército, todos condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, iniciaron la madrugada de este martes una huelga de hambre "irrenunciable e indeclinable", en demanda de lo que ellos consideran reivindicaciones a su condición de "presos políticos militares".
Se trata del general (r) Raúl Iturriaga; los brigadieres (R) Fernando Polanco, José Zara y Christoph Willike; el coronel (R) Juan Morales Salgado; el teniente coronel (R), Emilio Neira; mayor (r) Carlos Herrera Jiménez; y los tenientes (r) Jorge Vargas Bories y Sergio Rivera.
Mediante una proclama, hecha llegar por correo electrónico en forma exclusiva al diario La Nación, los ex agentes represores exigen que se otorgue "inmediata libertad a todos los suboficiales y empleados civiles presos, debiendo su pena ser modificada por cualquiera de las tres alternativas fijadas en el artículo 2º, de la ley Nº 18.050".
Asimismo, exigen que a todos los condenados, se les aplique una pena única y máxima de diez años de prisión "para aquellos casos que el monto de las mismas sea igual o superior a aquella cantidad de años, o se tratare de presidio perpetuo".
Respecto de este último beneficio, piden igualdad respecto a los 282 presos políticos cuyas penas fueron conmutadas durante los gobiernos de los ex presidentes Patricio Aylwin y Ricardo Lagos.
Mediante este sistema decenas de ex combatientes del FPMR, MIR y Lautaro salieron en libertad condicional o debieron salir exiliados a cumplir pena de extrañamiento en otros países.
Esto, a juicio de estos militares ha implicado una "notoria y evidente desigualdad con que el Estado de Chile ha tratado a los presos políticos militares, respecto de otros presos políticos habidos en estos últimos veinticinco años en el país".
Los nueve condenados, también exigen modificaciones transitorias a la ley para que les sean unificadas las penas, y para corregir el sistema de cómputo del tiempo que deben pasar en prisión. Asimismo, piden artículos transitorios para modificar los decretos supremos sobre ‘Reglamento de los Establecimientos Penitenciarios’, ‘Sobre Libertad Condicional’.
Los ex agentes de la DINA y la CNI, consideran que existe una "injusta segregación que sufren los presos políticos militares, en orden de la no concesión de los beneficios intrapenitenciarios, ni de la libertad condicional, toda vez que reúnen los requisitos para ello".
Ponen como ejemplo que ocho de los reos presos de la cárcel –construida especialmente para uniformados violadores de los DDHH- han pasado más de 18 años en prisión "sin que jamás hayan recibido tanto beneficios intrapenitenciarios, como la libertad condicional, toda vez que cumplen -con mucho- los requisitos para ello".
Aseguran que tienen apoyo en diversos sectores y "personalidades de diversos ámbitos del quehacer nacional, que se han expresado públicamente solicitando a la autoridad administrativa del país para que ésta dé definitivos y decisivos pasos para terminar el lamentable episodio de los derechos humanos con la liberación de ‘los presos militares".
Cabe recordar que durante la campaña presidencial, el presidente Sebastián Piñera se reunió con los oficiales en retiro. Versiones de ese evento aseguran que el mandatario les ofreció una solución.
Asimismo, la Iglesia Católica ha realizado una propuesta denominada ‘Indulto Bicentenario’, en la que también solicitó que sean incluidos los condenados por violaciones de los ddhh.

Mea Culpa
Tal vez uno de los hechos más llamativos que trae esta medida iniciada hoy por los ex agentes DINA y CNI es que por primera vez y de manera explícita reconocen su responsabilidad y autoría en los crímenes de lesa humanidad.
En el primer punto de su petitorio, aclaran que son "los miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, en adelante "los presos militares", que cometimos delitos contra la seguridad de las personas (más conocidos por violaciones a los derechos humanos) en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990".
Al hacer este reconocimiento, en todo caso, advierten que se trata de ilícitos cometidos durante el periodo dictatorial y que "por ser estos delitos de connotación política, "los presos militares" no obtuvieron ni prebendas ni dádivas especiales por la ejecución de los mismos".

Los Prontuarios
General (r) Raúl Iturriaga Newman: Jefe del Departamento de Operaciones Exteriores de la DINA. Condenado a 15 años y un día como autor del doble homicidio del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

Brigadier (R) Fernando Polanco gallardo: Sentenciado a cinco años y un día de presidio por el homicidio calificado del argentino Bernardo Lejderman y su mujer (ciudadana mexicana), María del Rosario Ávalos, ocurrido el 8 de diciembre de 1973.

Brigadier (R) José Zara Holger: Agente de la DINA. Condenado a 15 años y un día como autor del doble homicidio del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

Brigadier (R) Christoph Willike: Agente de la DINA. Condenado a 15 años y un día como autor del doble homicidio del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

Coronel (R) Juan Morales Salgado: Agente de la DINA. Condenado a 15 años y un día como autor del doble homicidio del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

Teniente coronel (R), Emilio Neira: Agente de la CNI, condenado a ocho años de cárcel como autor del homicidio calificado de 12 militantes rodriguistas (Operación Albania) en junio de 1987.

Mayor (r) Carlos Herrera Jiménez: Ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y de la CNI. Condenado a presidio perpetuo por los homicidios del ex presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mondaca. Aún mantiene otros cargos pendientes.

Teniente (r) Jorge Vargas Bories: Agente de la CNI, condenado a 7 años por el homicidio de José Carrasco Tapia, Abraham Muskatblit Eidelstein.

Teniente (R) de la Armada Sergio Rivera Bozzo: Único miembro de la Armada condenado –hasta ahora- a 5 años y un día como autor del homicidio simple del comunero mapuche José Matías Ñanco, detenido y muerto el 31 de octubre de 1973, en San José de la Mariquina.
14 de septiembre de 2010
©la nación
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