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fiscal insiste en ley antiterrorista


Aunque decidió no pronunciarse sobre la posibilidad de que el gobierno retire las querellas interpuestas por delitos terroristas en cinco causas asociadas al conflicto mapuche, advirtió que continuará invocando la ley mientras no existe una modificación legal vigente. Comuneros cumplen hoy 76 días en huelga de hambre.
[Andrea Chaparro] Santiago, Chile. No hubo comentarios de parte de la Fiscalía Nacional ante la posibilidad de que el Ejecutivo retire las querellas por delitos terroristas interpuestas en cinco causas asociadas al conflicto mapuche pero se advirtió que, como organismo a cargo de la persecución penal, continuará invocando la Ley Antiterrorista mientras no esté aprobada la modificación legal que hoy se discute en el Congreso.
Con este planteamiento, el Ministerio Público fijó ayer una posición frente a la aplicación de la polémica normativa, mientras los comuneros cumplen hoy 76 días en huelga de hambre en distintas cárceles de las regiones del Biobío y La Araucanía.
Así lo informó el vocero de la fiscalía nacional Manuel Guerra, quien explicó que sobre "la actitud que pueda tomar el gobierno, como querellante, a nosotros no nos corresponde pronunciarnos", no obstante, quiso precisar que la actitud que adopte el Ejecutivo no afecta a las decisiones que tome la fiscalía en las investigaciones criminales que lleva adelante.
Sobre los casos que involucran a miembros de la etnia mapuche, el abogado aclaró que hay 11 procesos donde la fiscalía ha invocado la Ley Antiterrorista, pero sólo en cinco de ellos hay acusación presentada ante los tribunales por delitos de esta índole, paso previo a la preparación del juicio contra los presuntos responsables de los hechos investigados.
"Sobre esa base, el Ministerio Público va a sostener esas acusaciones en el juicio oral, en la oportunidad procesal correspondiente", subrayó Guerra, quien de paso mencionó que en una de estas causas, el actual gobierno adhirió a la acusación por delitos terroristas presentada por la fiscalía.

Las Vías Judiciales Posibles
En ese sentido, el abogado detalló las tres vías judiciales que puede adoptar el gobierno en estas indagatorias: adherir a la acusación de la fiscalía, presentar una distinta o abandonar la acción.
"Tiene como posibilidad el adherirse a la acusación por nosotros presentada, en cuyo caso estaría sosteniendo la misma calificación jurídica de delitos terroristas. Una segunda posibilidad, es presentar una acusación particular, considerando que los hechos son constitutivos de delito pero que no tendrían el carácter de terroristas. Por último, derechamente no adherirse y no tomar ninguna actitud, con lo cual se produciría un abandono de la querella", explicó Guerra.
Consultado por el efecto que podría tener un cambio de actitud radical por parte del gobierno, el vocero expresó "nosotros sólo nos preocupamos de acreditar los hechos que constituyen nuestras acusaciones y nuestra calificación jurídica, lo que hagan los querellantes para nosotros es indiferente".
Incluso fue más allá y subrayó que, a juicio de la fiscalía, no debería haber un efecto, pues "los tribunales son órganos independientes" y ellos son los encargados de "ponderar las pruebas en función del mérito del proceso, fallando (resolviendo) de acuerdo a derecho".

Sin Cambios, Se Mantiene Política Actual
En cuanto a la posición del Ministerio Público, el vocero dijo que "mientras nosotros estemos con la ley vigente, que nos tipifica qué actos son constitutivos de conductas terroristas y si vemos que se reúnen los presupuestos que señala la Ley 18.314 vamos a seguir invocando la existencia de un delito terrorista. En los casos donde no se den las condiciones, no lo haremos".
Ahora, dijo Guerra, si efectivamente el Congreso aprueba los cambios contenidos en el proyecto de ley que hoy se analiza, "obviamente que podría haber un cambio de escenario pero hoy no hay ninguna modificación legal que haya sido promulgada. Sólo hay un proyecto en estudio en el Parlamento y seguimos rigiéndonos por la ley vigente".

Suprema Autoriza a Adoptar Medidas ante Deterioro de Comuneros en Ayuno
En un fallo unánime, la Corte Suprema resolvió ayer confirmar el fallo que autorizó a Gendarmería a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la buena salud de ocho comuneros mapuche que permanecen en huelga de hambre hace más de dos meses y que están recluidos en las cárceles de Concepción y Lebu.
Con esta resolución judicial, la institución penitenciaria queda en condiciones de dar "la atención, cuidados y prescripciones médicas en lo relativo a su alimentación, como también los posibles tratamientos medicamentosos que cada caso amerite".
Así lo establece el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción -ratificado por el máximo tribunal- que acogió el recurso de protección presentado a favor de los comuneros por Jorge Mera Hernández, director regional de Gendarmería.
La Suprema conoció el recurso luego que Héctor Llaitul, uno de los huelguistas y presunto líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), apelara al dictamen del tribunal de alzada penquista.
Tras analizar los antecedentes expuestos, la máxima instancia del Poder Judicial determinó que "por lo razonado hasta ahora y de los antecedentes allegados al recurso, cabe concluir que el actuar de los recurridos no sólo pone en peligro su integridad física -derecho a la vida que garantiza el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República y que constituye el más esencial de los atributos de la naturaleza humana-, sino que además impide a Gendarmería de Chile cumplir efectivamente con los cometidos que le han sido fijados por su ley orgánica, lo que otorga a dicha conducta caracteres de arbitrariedad que hacen necesario adoptar las medidas que esta vía cautelar autoriza a fin de restablecer el imperio del derecho", consigna el fallo de la Corte Suprema.
26 de septiembre de 2010
25 de septiembre de 2010
©la nación
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