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Tribunal internacional condena al ejército mexicano. El país ha sido golpeado por otra condena internacional por violación a los derechos humanos contra su ejército.
[Tracy Wilkinson] Ciudad de México. En un fallo largamente esperado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió contra México y a favor de dos campesinos ecologistas que han denunciado que fueron detenidos ilegalmente y torturados por soldados mexicanos que actuaron por instigación de poderosas compañías madereras.
Es el tercer caso semejante contra México este año y fue aplaudido por organizaciones de derechos humanos, que llamaron al gobierno a dejar en manos de la justicia civil los abusos cometidos por los militares.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera son dos activistas que trabajaban para proteger las selvas en las montañas del estado de Guerrero en el sur de México, contra la tala ilegal de los barones de la tierra locales. Montaron violentas manifestaciones y bloquearon los caminos. El ejército los detuvo en 1999 en un allanamiento durante el cual murió un tercer miembro del movimiento campesino. Los hombres dijeron que fueron mantenidos incomunicados y golpeados en las piernas, torsos y testículos hasta que firmaron confesiones falsas.
"Nos amenazaron. Dijeron que tenían a nuestras familias y que les harían daño", dijo en agosto Montiel al Times.
Aunque la comisión mexicana de derechos humanos determinó que los hombres fueron torturados, un fiscal militar rechazó las acusaciones. Los campesinos fueron condenados por lo que describieron como posesión de armas y cargos por drogas. Fueron liberados dos años después en medio de la presión internacional, pero no fueron indultados. (Montiel recibió asilo político en Estados Unidos y vive en California.)
En una resolución de 34 páginas subida el lunes a su página web, la corte dice que el gobierno mexicano violó "los derechos" de Montiel y Cabrera, "a la libertad e integridad personal" así como a un debido proceso y protección judicial. Ordenó a México a investigar adecuadamente las acusaciones de tortura y pagar indemnizaciones a Montiel y Cabrera. Además, dice que la justicia militar que llevaba el caso, no era la instancia indicada.
"El procesamiento de los responsables [de violaciones a los derechos humanos] corresponde siempre a la justicia ordinaria [civil], y no solamente para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino para toda violación a los derechos humanos", declaró la corte.
Las resoluciones de la corte, que sita en San José, Costa Rica, y es un brazo de la Organización de Estados Americanos, son vinculantes. El gobierno mexicano ha declarado que acatará el fallo.
En los últimos cuatro años las acusaciones contra las fuerzas armadas por graves violaciones a los derechos humanos -desde robos y detenciones ilegales hasta violaciones y asesinatos- se han disparado a medida que el ejército se ha incorporado a la lucha contra los poderosos carteles de la droga. Tres de los cuatro casos de derechos humanos perdidos por México recientemente, incluyendo el de Montiel-Cabrera, involucran abusos cometidos por uniformados, pero son todos anteriores a la guerra de las drogas, lo que según dicen los activistas muestran una prolongada historia de impunidad.
El problema más grave, dicen los activistas, es que los abusos militares son investigados por un tribunal militar, que por lo general absuelve a los acusados y está permanentemente acosado por dudas sobre su credibilidad. Aunque el presidente Felipe Calderón ha decidido trasladar algunos casos a tribunales civiles, la reforma es demasiado restringida como para ser efectiva, dicen las organizaciones de derechos humanos.
El caso de los ecologistas "deja al descubierto todas las razones por las que las fuerzas armadas no deberían investigar a sus propios soldados por abusos de derechos humanos", dijo en una declaración el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, de Nueva York, José Miguel Vivanco: la "manipulación de evidencias, el uso de la tortura por los militares para obtener confesiones, e investigaciones completamente inadecuadas de graves violaciones".
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez de Ciudad de México, que representan a Montiel y Cabrera, llamaron al gobierno mexicano a "acatar cabalmente" la resolución, diciendo que la acción "es indispensable como una prueba irrefutable del compromiso del estado mexicano con los derechos humanos".
1 de febrero de 2011
22 de diciembre de 2010
©los angeles times
cc traducción mQh
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