condena simbólica
El fallo contra el exsenador Mario Uribe no es uno más. Significa que la justicia finalmente ganó el pulso más difícil que haya vivido en su historia: el que tuvo con el hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Colombia. Desde que comenzó el escándalo de la parapolítica, en octubre de 2006, la Corte Suprema ha condenado a veinte congresistas y a cuatro gobernadores. Los jueces han sentenciado a otros tantos. Pero ninguna de esas sentencias es tan significativa como la que le impuso el alto tribunal, la semana pasada, al exsenador Mario Uribe. El expresidente del Congreso y primo del expresidente Álvaro Uribe fue condenado a noventa meses de prisión.
El fallo, a primera vista, no tiene nada de extraño. La pena es la misma que le han aplicado a los condenados recientes y el delito también: concierto para delinquir agravado. Lo que sí la hace diferente es que este era el caso más emblemático de la parapolítica. Por este se desató una guerra de baja intensidad entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema, y no es exagerado decir que este proceso tuvo a la democracia colombiana a punto de irse al barranco.
Todo comenzó hace tres años y medio, el 26 de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema llamó al entonces senador Mario Uribe a indagatoria. Pero apenas en los últimos meses el país se ha enterado de la red de conspiración que se tejió a partir de ese momento en el DAS y en el alto gobierno para minar el poder de la Corte Suprema.
En ese entonces, la noticia tomó por sorpresa al entonces presidente Álvaro Uribe, en Nueva York. Desde allí dijo: "Como presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza". Mario Uribe no es un primo cualquiera para Álvaro Uribe. En realidad son primos segundos, pero la política los hizo hermanos. Llegaron juntos al Congreso en 1986 -la fórmula era Álvaro al Senado y Mario a la Cámara- y compartieron el mismo apartamento en Bogotá.
Por eso, desde ese momento se desató un rosario de maniobras desde la Casa de Nariño contra la Corte. Uribe no esperó a llegar a Colombia para llamar, ese mismo día, al entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, a preguntarle por el caso de su primo.
Y tres días después, el 29 de septiembre, la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el director de inteligencia, Fernando Tabares, citaron con urgencia a la exsubdirectora de Inteligencia Martha Leal para que viajara a Medellín por una información clave contra el magistrado Velásquez. Ella lo hizo y volvió con el famoso caso ’Tasmania’, que en teoría mostraba cómo el magistrado estaba ofreciendo dádivas a testigos para que testificaran contra el presidente Uribe. Mario Uribe habló con Leal para la entrega del documento y el propio presidente Uribe denunció -el 6 de octubre de 2007- el supuesto complot en su contra. Ocho meses después, la Fiscalía descubrió que lo de ’Tasmania’, por el contrario, era un montaje contra la Corte y el magistrado Velásquez.
Después de eso vino toda la conspiración que el país ya conoce, de seguimientos, ’chuzadas’ del DAS y montajes contra magistrados de la Corte. Una famosa testigo, la detective del DAS que trabajaba encubierta en la Corte, conocida como ’Mata Hari’, dijo hace poco a la Fiscalía que recibió la orden de encontrar el expediente del exsenador Mario Uribe y para eso pagó 40 millones de pesos. "Así tuviera que hacer hasta lo imposible, debía obtenerlo", afirmó la detective.
Por otro lado, el proceso judicial a Mario Uribe tuvo muchas dificultades. El acusado renunció al Congreso para que lo investigara la Fiscalía y no la Corte. Al entonces fiscal Mario Iguarán se le oía decir en privado que, en términos de presiones recibidas, el peor caso era el de Mario Uribe.
Era tal la ’papa caliente’ que, en agosto de 2008, acabó con la carrera del fiscal que llevaba su caso. Ramiro Alonso Marín Vásquez, quien tenía un cargo crítico en la Fiscalía -coordinador de los fiscales delegados ante la Corte-- decidió, en abril de 2008, que había pruebas suficientes para llevar a la cárcel a Mario Uribe. La defensa del excongresista apeló la decisión y en agosto el entonces vicefiscal Guillermo Mendoza revocó la medida tomada por el fiscal Marín y dejó en libertad a Mario Uribe.
Marín, tras 31 años en la rama judicial, renunció porque, según dijo, en el proceso resultó lastimada la independencia judicial, y por "honor". La semana pasada, la Corte condenó a Uribe con las pruebas recogidas por Marín: los testimonios del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y de Eleonora Pineda y los resultados electorales de Mario Uribe en 2002, que muestran un aumento de hasta 500 veces los votos en algunos municipios. Según la Corte, Mario Uribe hizo un pacto político con Mancuso.
Por eso, la decisión de la semana pasada de la Corte es histórica.
1 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
©semana
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