colombia, estado inoperante

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"El Estado ha sido incapaz de superar la impunidad judicial". Diálogo con Jahel Quiroga, quien lidera la demanda por el exterminio de la UP, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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[Alfredo Molano Jimeno] Colombia. En marzo de 1986, en medio de un ambiente político de negociaciones con la insurgencia, la Unión Patriótica participó por primera vez en unas elecciones. Hoy, el movimiento es evocado por el alto costo que pagó en vidas, hasta desaparecer de las justas electorales y del panorama político nacional. Aún así, su nombre sigue vigente gracias a Jahel Quiroga, una ingeniera industrial y abogada, con tres especializaciones en Derechos Humanos, quien lidera desde la Corporación Reiniciar la causa de buscar justicia en la Comisión Interamericana para que la UP sea debidamente reparada y para que el país no olvide nunca a las víctimas de ese exterminio.

¿El pasado 9 de marzo se cumplieron 25 años de la primera elección popular en la que participó la UP. Un cuarto de siglo después, ¿qué reflexiones le suscita esta fecha?
Lo fundamental es comprobar que sigue vigente la propuesta de apertura democrática que hizo la Unión Patriótica en su momento. Algo que aún no se ve, porque una cosa es decirlo o crear un marco constitucional sobre un Estado Social de Derecho y otra es el ejercicio democrático, en el que siguen cerradas las puertas.

Antes de concluir 1986, de los 14 congresistas electos de listas propias y alianzas, ya tres de ellos habían sido asesinados: Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez y Octavio Vargas. ¿Quiénes eran y cuál fue su aporte?
Ellos, como los demás elegidos, básicamente apostaron a la paz y murieron buscándola. Leonardo Posada venía del Partido Comunista. Era un demócrata muy querido en Barranca. Fue amigo de Horacio Serpa, de los conservadores, era un hombre de apertura. Había logrado consolidar simpatía alrededor de sus propuestas en la llamada Coordinadora Popular del Magdalena Medio. De esa misma condición eran Pedro Nel Jiménez y Octavio Vargas.

Primero fueron asesinados los congresistas, después los alcaldes, diputados o concejales electos. En medio de centenares de crímenes selectivos vinieron los magnicidios de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, ¿qué queda vigente de toda esa plataforma política?
Triste es decirlo, pero después de un cuarto de siglo hay muchos líderes que siguen recorriendo el país tratando de crear democracia con otras organizaciones, pero con las mismas ideas que enarboló la UP. Pardo Leal, por ejemplo, proponía que el presupuesto para el Ministerio de Defensa no fuera superior al de salud o educación.

Y hoy, ¿cuál es su diagnóstico en torno a quién asesinó a los líderes de la UP?
El Estado colombiano exterminó a la Unión Patriótica. Y lo que es peor, no ha sido capaz de superar la impunidad judicial y disciplinaria de esos crímenes. Es triste, pero tenemos un registro de más de 10 mil víctimas, que es apenas un subregistro porque hay regiones a las que no hemos podido regresar, como la Costa Atlántica, donde el paramilitarismo persiste, y la Fiscalía no ha determinado ni siquiera una autoridad material.

¿Pero hay casos aclarados?
Sí, por ejemplo, el de Manuel Cepeda, que su familia aclaró coadyuvando a la Fiscalía. También hay avances en demandas administrativas, pero en lo penal el diagnóstico es nulo.

Después vino en 1993 la demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, ¿cómo se dio la demanda y en qué va?
Salí de Barrancabermeja amenazada el 29 de enero de 1992, después de cuatro años como concejal de la UP. Había participado en decenas de entierros y, cuando llegué a Bogotá, con un grupo de defensores de Derechos Humanos, decidimos poner la denuncia internacional. Acudimos a la Fiscalía en busca de conocer el estado de las investigaciones a través de nuestros listados y escasamente sabía de 13 casos. En algunos expedientes sólo existía la reseña del levantamiento del cadáver. Después vino un estudio de la Defensoría del Pueblo, por mandato de la Corte Constitucional en una acción de tutela. Ese estudio revela que en 717 casos de homicidio, sólo había 10 casos con decisión de fondo: seis absoluciones y cuatro condenas. Esta impunidad no nos dejó otra salida que acudir a la Comisión Interamericana y radicamos el caso por genocidio.

¿Y qué ha pasado con la denuncia?
Primero fueron tres años debatiendo con el Estado colombiano. Ellos pidiendo que no se admitiera el caso, sobre todo porque el genocidio político no estaba contemplado en la Convención Internacional. Eso sí, nunca el Gobierno negó que hubiera existido el homicidio continuado contra la UP. Nosotros entregamos un listado de 1.163 homicidios, 103 casos de desaparición forzada, 43 sobrevivientes con atentados personales y 225 personas amenazadas. De ese listado, después mataron a algunos. El 12 de marzo de 1997 la Comisión hizo público su informe de admisibilidad. Y dijo: no hay genocidio porque la Convención no lo contempla, pero los hechos muestran una violación múltiple de la Convención Americana y tenemos que determinar si en ese exterminio hubo participación del Estado colombiano. Entonces ofrece una solución amistosa. El gobierno Samper la aceptó y nosotros acogimos la iniciativa poniendo como condición justicia, verdad y reparación integral, incluyendo la reparación política.

¿Por qué se rompió esa instancia amistosa?
En el gobierno Pastrana, en el entorno de las conversaciones con las Farc, se creó un clima propicio para la solución amistosa. Pastrana nos pidió no romper porque el gobierno Samper nos había hecho una propuesta dolorosa: escoger 30 casos para analizarlos. Después nos dijeron que evaluáramos 120. Pensé: ¿y los muertos que recogí en Barranca son menos importantes? Se llegó a emitir un decreto para facilitar recursos, creamos 14 oficinas regionales, de las cuales sólo alcanzamos a inaugurar una en Bogotá. Pero llegó el gobierno Uribe y se acabó todo.

¿Cuándo se rompió el diálogo y por qué?
En junio de 2006. Duramos todo el primer gobierno de Uribe forcejeando con sus representantes para que apropiara presupuesto para sacar adelante la propuesta. El costo era de $8 mil millones y Carlos Franco dijo que era demasiado. Querían que inauguráramos mesas sin oficinas para decirle a la gente que sí había garantías. Y pasó el tiempo. El exprocurador Maya nos ayudó mucho, pero como eso venía de la Vicepresidencia de Santos, no fue posible avanzar. No había voluntad política.

¿Qué ha pasado en los últimos años?
Rompimos la solución amistosa, porque la situación se puso grave. En el primer gobierno de Uribe murieron asesinados 135 sobrevivientes de la UP y desaparecieron a 38. La Fiscalía tampoco salió con nada. Y para rematar, en el proceso de su reelección, Uribe salió con una propaganda donde un supuesto exmiembro de la UP decía que el movimiento se había dedicado a matar. Esa fue la tapa. Llamamos a la Comisión, enviamos el video y rompimos.

¿Qué falta para una decisión?
El último documento lo presentamos el 16 de diciembre de 2010. La semana pasada, la Comisión dijo haberle trasladado al gobierno nuestro caso.

En toda esa batalla jurídica la UP también perdió su personería política, ¿cómo fue?
Se perdió en 2002 porque, según el Consejo Electoral, no llenamos el requisito de 50 mil votos. En la elección de ese año tuvimos un candidato a la Asamblea de Antioquia, Eliodoro Durango, quien fue asesinado, y ya habían matado a muchos otros. Entonces la UP, en cabeza de Mario Upegui, retiró las listas. Sacamos muchos votos que no fueron contados. Al año siguiente llevamos el caso al Consejo de Estado y en diciembre de 2010 respondieron diciendo que no había nada que hacer.

¿Cuál fue el argumento?
Nada. Ratificó las resoluciones del Consejo Electoral. Pero insisto hoy que los sobrevivientes de la UP tenemos derecho a reclamar nuestra personería jurídica. Creo que es importante que la sociedad colombiana pueda respaldar una causa que reivindique la lucha política de Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo, de todos aquellos copartidarios que contribuyeron a la paz.

¿Y cómo ven hoy el proyecto de ley de víctimas? ¿Caben ustedes?
Esa ley se ha venido componiendo. Por ejemplo, se acogió que hubiera víctimas de agentes del Estado porque el gobierno pasado no lo aceptó. Pero creo que le faltan cosas. La fecha desconoce a muchas víctimas de la UP, porque el partido empezó a surgir cuando las Farc firmaron el cese al fuego en 1984. Y desde entonces hubo asesinatos y desapariciones. Tenemos más de cien casos documentados entre 1984 y 1986. Desconocer esas víctimas es injusto.

¿Qué busca la UP políticamente?
Las víctimas de la UP están organizadas y cuentan con una coordinación nacional con identidad propia. Son más de 15 mil personas, entre familiares y sobrevivientes. Tenemos 15 regiones donde hemos ido construyendo una propuesta de reparación integral y política. Nuestra reconstrucción colectiva ya la conoce la Comisión Interamericana y esperamos que sea fundamental a la hora de las decisiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una Sobreviviente
Una sobreviviente. Eso es Jahel Quiroga, quien en 1991 iba a ser asesinada en Barrancabermeja pero los sicarios se equivocaron y mataron a su amiga, Blanca Durán. Desde entonces es una de las personas más amenazadas del país, pero ella dice no estar dispuesta a claudicar en el proyecto que significa reparación y justicia para los militantes y dirigentes de la Unión Patriótica. El costo personal de esa lucha es lo que menos le preocupa: "Me duele no poder vivir con mis hijos, que me hayan quitado la visa a Estados Unidos, donde podría hacer una mejor defensa del caso UP. He sido perseguida y amenazada, pero no renuncio a esta causa porque creo que mi vida está atada a este destino. Yo tengo un compromiso moral, ético y político con las víctimas de la UP. Eso es todo", dice.

El Destino de los Congresistas de la UP
Los 14 congresistas que salieron elegidos el 9 de marzo de 1984 y algunos de sus suplentes han tenido diversos destinos, coincidentes en muchos casos. Esta es la suerte que corrieron:

Gilberto Viera: muerte natural. Braulio Herrera: destino desconocido. Ovidio Marulanda: vivo. Bernardo Jaramillo: asesinado. Henry Millán: asesinado. Iván Márquez: Miembro del secretariado de las Farc. Hernán Mota: exiliado en Suiza. Leonardo Posada: asesinado el 30 de agosto de 1986. Elsa Rojas: asesinada. Octavio Vargas: asesinado. Rafael Celis: vivo. Alfonso Jaramillo: vivo. Hernán Hurtado: muerte natural. Gustavo Osorio: vivo. Jaime Montoya: asesinado. Pedro Luis Valencia: asesinado. Pedro Nel Jiménez: asesinado. Humberto Vieira: muerte natural. Pedro Alcántara: vivo. Alberto Rojas Puyo: vivo. Guillermo Plazas: vivo.
20 de marzo de 2011
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