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piden asegurar a ex contralor


Fiscalía solicitó asegurar al excontralor de Bogotá y a la exdirectora del IDU. El fiscal Germán Pabón Gómez tomó la determinación luego de evaluar las pruebas que hay en contra de Miguel Ángel Moralesrussi y Liliana Pardo.
Colombia. En la mañana de este jueves se conoció que la Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi y la exdirectora del IDU Liliana Pardo. La decisión se conoce horas después de que les fueran imputados varios cargos dentro del proceso que se adelanta por el denominado ’carrusel de la contratación’.
En el caso del excontralor Moralesrussi, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concusión y prevaricato. Según la Fiscalía, que tuvo en cuenta distintas declaraciones de los Nule, el exfuncionario le pidió dinero a los miembros del grupo en dos oportunidades.
El representante del ente acusador también consideró que como contralor de Bogotá, Moralesrussi no cumplió con sus funciones.
A Liliana Pardo le fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión y, en calidad de coautora, el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Otro de los acusados este miércoles fue el exsubdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez Julio. Los delitos que le fueron imputados son prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, concusión como autor, prevaricato por omisión y celebración de contratos con incumplimiento de requisitos legales.
El fiscal Germán Pabón Gómez señaló que tiene en su poder una grabación en la que se confirma que Meléndez recibió un carro, un apartamento y 250 millones de pesos en efectivo, para un total recibido de 4.500 millones de pesos.
"Inocencio Meléndez Julio participó en la elaboración de conceptos para favorecer a contratistas y a terceros en asocio con la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona en el 072 de 2008 y contratos de interventoria", indicó el fiscal, quien aseguró además que Meléndez Julio era llamado por integrantes del grupo Nule como ’Morena Mía’.
Durante su exposición, Pabón Gómez reveló que desde el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, entre los años 2007 y 2010, se produjo un descalabro por la suma de 2 billones 235 mil millones 926 mil 997 pesos, cuando se abrió la contratación para la Fase III de Transmilenio, la malla vial y la valorización para obras en la Carrera Décima, Calle 26 y Carrera Séptima.
 
El ’Carrusel de la Contratación’
Desde marzo del año pasado, en los medios de comunicación comenzó a circular la versión acerca de la existencia de un ’carrusel de la contratación’ en Bogotá.
Según varias denuncias, la familia del alcalde Samuel Moreno, y en particular su hermano Iván, eran quienes supuestamente controlaban desde la administración distrital el funcionamiento de dicho carrusel.
Sobre el tema, el excandidato del Polo Gustavo Petro, el senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal Carlos Vicente de Roux presentaron un informe sobre la gestión de la administración Moreno en Bogotá. Entre sus conclusiones destacó que Iván Moreno manejaba una ’rosca’ de cinco grandes firmas entre las cuales se repartían los contratos del Distrito.
Petro señaló que los contratistas Julio Gómez, Emilio Tapia, los hermanos Torrado, entre otros, concentraban buena parte de la contratación del distrito.
Al mismo tiempo, el Grupo Nule, empresa que había ganado la licitación de un gran número de contratos, se declaró en quiebra y anunció que no entregaría a tiempo diferentes obras, entre ellas la de la Calle 26 de la fase III de TransMilenio.
Por esos días, apareció una grabación que da cuenta del presunto cobro de coimas del exrepresentante Germán Olano y de Moralessrusi al grupo Nule para favorecerlo en las posibles investigaciones fiscales.
Tras la apertura de investigaciones a los hermanos Moreno, tanto disciplinarias como penales, Miguel Nule, presidente del Grupo Nule, dijo que en algunas licitaciones en las que participó le habían pedido el 6 por ciento para el senador Iván Moreno y el 2 por ciento para el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, a quien el pasado mes de febrero, junto al exrepresentante Olano, la Procuraduría destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos.
Según Nule, en declaración a los entes de control, Liliana Pardo, entonces directora del IDU, pidió dinero para que no se declarara desierta la adjudicación del contrato de la 26. En su criterio, el representante Germán Olano, quien es investigado disciplinariamente y quien supuestamente pidió 3.500 millones de pesos para evitar que eso no ocurriera, era el intermediario.
Moralesrussi, Olano y Liliana Pardo han negado todas las acusaciones.
24 de marzo de 2011
©verdadabierta

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