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exterminio de una familia mexicana


La familia Reyes se ha convertido en un caso de estudio de la implacable violencia. Familiares sobrevivientes responsabilizan a funcionarios de gobierno por no proteger a una familia tan golpeada por la historia.
[Tracy Wilkinson] Ciudad de México. Primero mataron a la activista Josefina Reyes. Luego a su hermano. Después quemaron la casa de su madre. Hace dos semanas y media, unos pistoleros vestidos de negro secuestraron a la hermana, a la cuñada y a otro hermano de Reyes.
El viernes hallaron sus cuerpos, acribillados y arrojados a la berma de un polvoriento camino en el estado de Chihuaha.
La familia Reyes se ha convertido en un caso de estudio de la implacable violencia que azota el norte de México.
Los familiares sobrevivientes acusaron el viernes a las autoridades de gobierno por su incapacidad para proteger a una familia "tan golpeada por la historia".
"Esto es parte de una creciente ola de acoso sistemático de la familia Reyes, por parte del estado" y de elementos criminales, dijo la familia en una declaración.
Carlos González, portavoz de la fiscalía del estado de Chihuahua, dijo que los cuerpos de María Magdalena Reyes, 45; Elías Reyes, 56; y su esposa, Luisa Ornelas, 54, fueron descubiertos con signos manuscritos, lo que sugiere que trabajaban para narcotraficantes -una acusación que la familia niega vehementemente.
Otros miembros de la familia Reyes dijeron que habían sido atacados porque están haciendo frente a una campaña de extraños -presumiblemente narcotraficantes- para desplazarlos a ellos y otras familias de sus casas en el Valle de Juárez en los alrededores de la ciudad de Guadalupe, al sur de Ciudad Juárez. La región es codiciada por organizaciones que transportan drogas hacia Estados Unidos, y Juárez se ha convertido en la ciudad más mortífera de México en el contexto de bandas de traficantes rivales que luchan por el control, pese a la reforzada presencia de la policía federal y de las fuerzas armadas.
"Hay intereses poderosos que quieren acallar a la familia Reyes", dijo en una entrevista Marisela, 39, hermana de Josefina, esta semana. Llegó a Ciudad de México y levantó una tienda para protestar frente al Senado para llamar la atención sobre la desaparición de sus parientes.
Como ocurre a menudo en México, la historia del martirio de la familia Reyes es compleja y no está escrita en blanco y negro.
Josefina Reyes se hizo activista después del secuestro y asesinato de su hijo en 2008. Acusó de su muerte abiertamente a las tropas que ocupan parte del Valle de Juárez. En la zona circularon persistentes informes de que su hijo trabajaba para uno de los carteles de la droga que se disputan el territorio en torno a Ciudad Juárez.
Reyes denunció ruidosamente presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. En enero de 2010 un comando armado le disparó en la cabeza, convirtiéndola en una de los siete activistas de derechos humanos asesinados en México en tres años. No se han efectuado detenciones en el caso, y González, de la fiscalía del estado, reconoció el viernes que los investigadores no tienen pistas.
Siete meses después del asesinato de Josefina, fue asesinado su hermano Rubén, acribillado.
El 7 de febrero de este año, una media docena de pistoleros jalaron a Elías y María Magdalena Reyes fuera de su camión a unos veinticuatro kilómetros de Ciudad Juárez, en la tarde temprano, dijeron testigos.
La madre de Josefina Reyes, Sara Salazar, estaba protestando frente a las oficinas de gobierno en Juárez el 15 de febrero cuando un grupo armado incendió su casa.
Bajo presión de la familia, esta semana las autoridades utilizaron perros y equipos de búsqueda para buscar a los familiares desaparecidos. Al final, sin embargo, un transeúnte divisó los cuerpos e informó a las autoridades.
Jorge González Nicolás, fiscal del estado, dijo en una rueda de prensa que parecía que las víctimas había muerto hacía varios días y que el polvo en los cuerpos indicaba que habían sido probablemente enterrados y luego desenterrados para ser arrojados a la berma del camino.
"Es importante dejar en claro que fueron aparentemente dejados allí en el camino momentos antes de que fueran descubiertos... posiblemente para bajar la presión" de los equipos de búsqueda, dijo.
Gustavo de la Rosa, un veterano activista de derechos humanos que ha estado interviniendo como intermediario entre las autoridades y la familia, se hizo eco de Amnistía Internacional y otras organizaciones en condenar los asesinatos y exigir protección para los miembros sobrevivientes de la familia Reyes.
"Esta es una agresión contra defensores de los derechos humanos, porque de eso se trata con esta familia", dijo De la Rosa.
Pidió a las tropas desplegadas en la zona que entreguen información sobre las actividades criminales en el Valle de Juárez. "Son fuerzas militares que han estado aquí seis o siete meses, y deben saber algo", dijo.
[Cecilia Sánchez contribuyó a este informe.]
3 de mayo de 2011
26 de febrero de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh

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