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Con la inminente orden de captura de la exdirectora del DAS y del exsecretario general de la Presidencia, la Fiscalía considera que la conspiración contra la Corte Suprema de Justicia era peor de lo que se pensaba.

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Colombia. La fiscal general Viviane Morales sacudió el miércoles de la semana pasada al país. Muchos ya sabían que iba a imputar varios delitos a dos miembros de la guardia pretoriana del presidente Álvaro Uribe y que iba a pedir una eventual detención. Pero lo que nadie se imaginó fue el calibre de las acusaciones. A la fiscal no le tembló la voz para hablar de la existencia de "un complot contra la Corte desde la Casa de Nariño" y dijo que "Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado hicieron parte de una organización criminal para asediar a magistrados, a congresistas y a un periodista".
Muchos quedaron entre asombrados e incrédulos. En Colombia, cuando se habla de "organización criminal" automáticamente se asocia con tenebrosos personajes como Pablo Escobar, Carlos Castaño o ’el Mono Jojoy’. Y tal vez no venía al caso utilizar esa expresión para referirse al exsecretario general de la Presidencia y a la exdirectora del DAS. Al fin y al cabo, para muchos colombianos en el capítulo de las ’chuzadas’ hubo unos funcionarios que simplemente se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones y, sin darse cuenta, terminaron cometiendo delitos.
Pero es ahí donde cobra importancia la exposición del caso que hizo la fiscal general en la audiencia del miércoles. Para ella no se trató de un simple equívoco o una extralimitación de funciones, sino que tras una investigación que ya lleva cerca de dos años, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado tenían la intención manifiesta de desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y pusieron al servicio de ese fin las herramientas del Estado. Así lo dejó claro Viviane Morales a lo largo de la audiencia, que duró cerca de cinco horas ante un magistrado del Tribunal de Cundinamarca. El magistrado debe decidir el martes de esta semana si deja detenido a Moreno y pide la captura de Hurtado.
Esta determinación de la fiscal general es la más importante que ha tomado la justicia sobre este escándalo, que comenzó hace tres años, cuando salieron a flote las primeras revelaciones.
La Fiscalía se había convertido en uno de los pasos más difíciles de sortear. La investigación ya llevaba en el búnker más de dos años y era una verdadera papa caliente. Tanto que por cuenta de ella el país estuvo sin fiscal general en propiedad durante más de un año y medio. El temor a que la investigación de las ’chuzadas’ quedara en manos de un fiscal aliado del entonces presidente Uribe era la verdadera razón que, sotto voce, daban los magistrados para no elegir de las varias ternas que les mandó el gobierno.
Para la fiscal Morales esa decisión es, por una parte, una prueba de independencia, pues en su momento se habló de que el presidente Juan Manuel Santos había concertado la terna para fiscal con su antecesor, el presidente Uribe. Y de otra parte, la fiscal demuestra que no le tembló la mano para resolver uno de los más espinosos casos que fiscal alguno pueda tener.
En todo caso, lo que es seguro es que al expresidente Uribe le tuvo que parecer un golpe bajo la felicitación pública que hizo el presidente Santos tanto a la fiscal como al procurador. A los dos días de conocerse la decisión, el primer mandatario destacó la función que vienen cumpliendo, porque, según él, "están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias sin importar a quién toquen".

Lo Que Dijo la Fiscal
Lo cierto es que con esta determinación se empieza a cerrar el círculo de uno de los escándalos más sonados en los últimos años. En ese entonces se destapó la reunión secreta de ’Job’ -un enviado del temible paramilitar ’Don Berna’- en la Casa de Nariño y se mencionó la posible existencia de un complot contra la Corte Suprema.
Si bien por el caso de las ’chuzadas’ ya hay varios condenados, los exjefes de inteligencia y contrainteligencia del DAS, una docena de funcionarios detenidos y otro número similar de investigados, solo la semana pasada la justicia se metió de lleno con los más altos funcionarios del gobierno. Y no lo hizo de cualquier manera.
La propia fiscal general pidió medida de aseguramiento contra el secretario general de la Casa de Nariño de aquella época, Bernardo Moreno, y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. La fiscal les imputó cuatro delitos, de ellos el más grave es el de concierto para delinquir, en calidad de agravado por tratarse de funcionarios. Una condena por estos cargos les podría dar entre seis y 14 años de cárcel. También fueron acusados de violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. A Hurtado, además, le imputó cargos por peculado por apropiación.
Pero sin duda lo más grave de todo el memorial de agravios enumerado por la fiscal es la campaña de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia. Morales hizo un hilvanado relato de todo tipo de incidentes ocurridos a esa corporación o a sus magistrados entre 2007 y 2009. A primera vista eran hechos que parecían desconectados, pero ella llegó a la conclusión de que no fueron aislados sino, por el contrario, un complejo entramado orquestado desde la Casa de Nariño y dirigido por los funcionaros de más alto rango y cercanos al presidente Álvaro Uribe. "Todas las labores de seguimiento ilegal fueron notificadas a Hurtado y ella las entregó a Moreno. Este acuerdo para delinquir puso en peligro el bien jurídico de la seguridad pública", dijo la fiscal durante su intervención.
La conspiración, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, comenzó el 12 de septiembre de 2007. Ese día se reunieron en la sede del Club Metropolitan, en el norte de Bogotá, Moreno, Hurtado y el entonces jefe de
inteligencia del DAS, Fernando Tabares. En ese lugar, ya de por sí extraño para una reunión entre funcionarios, Moreno le manifestó a Hurtado "que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell". La fiscal, en la audiencia, recordó ese testimonio dado por Tabares y dijo que ese fue el punto de partida en el que el "exsecretario de la Presidencia defraudó sus deberes oficiales, pues organizó y promovió esas actividades con el fin de cometer delitos contra la Corte".
Según la fiscal, a los pocos días de esa reunión en el Metropolitan, la directora del DAS, por instrucciones de Bernardo Moreno, le ordenó a su subdirectora de operaciones, Marta Leal, viajar de urgencia a Medellín y recoger un sobre que tenía como destinatario al presidente. Esa misma noche ella regresó y, según lo confesó a la Fiscalía, se lo entregó a Hurtado. Ese sobre contenía la declaración del exparamilitar alias ’Tasmania’  contra el magistrado auxiliar de la Corte y principal investigador de la parapolítica, Iván Velásquez. "Como quedó demostrado después, esa declaración no fue más que un montaje contra el magistrado con la intención de afectarlo a él y a la Corte Suprema", afirmó la fiscal.
En su detallado relato, la fiscal Morales narró cómo después del montaje de ’Tasmania’, Bernardo Moreno participó, con otros compañeros de la Casa de Nariño y con la ayuda del DAS, en un segundo hecho que también tenía como objetivo atacar a la Corte Suprema. El 9 de noviembre de 2007, Moreno le solicitó a la aerolínea Satena el listado de los pasajeros de un vuelo chárter que resultó ser un nutrido grupo de magistrados de la Corte que viajaba a Neiva para un homenaje. Para la fiscal Morales, Moreno extralimitó sus funciones como secretario general al ordenar al DAS y a la UIAF hacer verificaciones sobre ese viaje. "El interés del señor Moreno por lograr información de los magistrados no tenía ninguna relación con sus funciones en la Presidencia", sentenció la fiscal. Y agregó que el único fin de esa información era filtrarla después a los medios de comunicación para desprestigiar a los magistrados, como en efecto se hizo unos meses después.
La fiscal afirmó durante la audiencia que esa filtración era parte de una estrategia más compleja. Mostró cómo un día -el 24 de abril de 2008- hubo una reunión en la oficina de Bernardo Moreno para afinar los últimos detalles y fotografías para hacer la filtración, y el día anterior -el 23 de abril- se había dado otra reunión, en la misma oficina, con el exparamilitar Antonio López, alias ’Job’, enviado de ’Don Berna’, y su abogado. El objetivo de esa cita, dijo la fiscal, era contemplar el uso de unas supuestas grabaciones entregadas por el exparamilitar a Presidencia para tratar de enlodar al magistrado Velásquez. "Esa reunión de alias ’Job’ era una parte del complot contra la Corte", señaló la fiscal en la audiencia pasada.
Además de ’Tasmania’, de ’Job’ y de la filtración de información desde la Casa de Nariño, la fiscal Morales unió otro elemento más como parte del complot. Recordó que el 20 de abril de 2008 el periodista Daniel Coronell reveló la entrevista con Yidis Medina en la que la excongresista confesaba que había recibido dádivas para cambiar su voto a favor de la reelección. El DAS convocó una rueda de prensa en la que  el exfotógrafo de Vanguardia Liberal Jesús Villamizar declaró haber sido amenazado por Yidis porque había tomado unas fotos de ella con guerrilleros del ELN. Pero la verdad, según el argumento de la fiscal, fue que la exdirectora del DAS autorizó el pago de 20 millones de pesos al fotógrafo para que este entregara un falso testimonio contra la principal protagonista de la llamada yidispolítica. Es por ese hecho que la Fiscalía le imputó a María del Pilar Hurtado el cargo de peculado por apropiación, ya que destinó dineros oficiales básicamente para pagar un soborno.
Esos fueron apenas algunos de los puntos centrales de la contundente intervención de la fiscal Viviane Morales. También recordó que Hurtado ordenó interceptaciones y pesquisas ilegales contra el expresidente de la Corte César Julio Valencia y su abogado, Ramiro Bejarano. Así como que bajo su administración se había dado la infiltración en la Corte de la llamada ’Mata Hari’, una detective que grabó ilegalmente entre 2007 y mediados de 2009 las sesiones privadas de los magistrados.

¿Hasta Dónde Va a Llegar?
Cabe anotar que si el caso avanza y llega a la etapa de juicio se va a presentar una curiosidad nunca antes vista en Colombia. Prácticamente la totalidad de la Sala Penal de la Corte Suprema, que por ley debe ser la juez de estos funcionarios aforados, se debe declarar impedida, pues los magistrados de esta sala fueron las principales víctimas de lo que la Fiscalía consideró un complot.
Solo dos magistrados podrían participar, el que reemplazó a Yesid Ramírez y el que reemplazará en los próximos meses a Alfredo Gómez. Es muy posible entonces que el caso quede en manos de conjueces. Estos conjueces no son elegidos específicamente para este caso, sus nombres salen de una lista de 18 que cada diciembre conforma la Sala Penal de la Corte.
Pero para llegar a esa fase todavía falta. Por ahora, lo más inmediato es que el próximo martes el magistrado debe definir si acoge la petición de la fiscal de ordenar la detención de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado.
En el caso de Hurtado, si se pide la detención, tendría que expedirse una circular de la Interpol para su captura, que solo se haría efectiva si sale de Panamá, donde goza del beneficio de asilo territorial desde hace seis meses. La otra opción es que Colombia solicite su extradición, pero ya el presidente del vecino país, Ricardo Martinelli, resolvió las dudas diciendo que "María del Pilar se queda aquí en Panamá" y ratificó que le van a mantener su condición de asilo territorial.
En cuando a Bernardo Moreno, si termina en la cárcel se trataría del más alto funcionario del gobierno del presidente Álvaro Uribe en prisión. Un hombre que fue clave para él en el trámite de la primera reelección y uno de los que por más largo tiempo lo acompañaron en su primer anillo de afectos.
La pregunta que siempre ha quedado abierta es si le cabe alguna responsabilidad al presidente Álvaro Uribe, teniendo en cuenta que quienes están en el banquillo de los acusados son su mano derecha en Palacio y su jefe de inteligencia.
En octubre del año pasado, precisamente, la Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió una investigación al expresidente Uribe por el caso de las ’chuzadas’ ilegales del DAS. Si bien la investigación se abrió de oficio, luego de que el procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Bernardo Moreno por extralimitarse en sus funciones, el proceso no ha estado exento de tiras y aflojes.
En su momento, cuando se estaban conformando las mesas del nuevo Congreso, trascendió a los medios que la única exigencia no negociable de La U era que la Comisión de Acusaciones fuera integrada mayoritariamente por uribistas purasangre.
Desde entonces, dos coordinadores de esa comisión han tenido que renunciar. El primero fue Augusto Posada, del Partido de la U, quien fue recusado por la exsenadora Piedad Córdoba, parte civil en el proceso. Y el segundo, Alfredo Bocanegra, quien declinó hace 15 días. Bocanegra fue recusado por el abogado del expresidente Uribe, Jaime Lombana, por cuenta de que dio unas declaraciones en las que decía que "Uribe no iba a tener en él al Heyne Mogollón que tuvo Samper", haciendo referencia al presidente de la Comisión de Acusaciones que supuestamente contribuyó a la exoneración del expresidente durante el proceso 8.000.
El jueves de la semana pasada, al día siguiente de la dura intervención de la fiscal general, Uribe pidió a la Comisión de Acusaciones, a través de su abogado, que lo escuchara en versión libre en la investigación de las ’chuzadas’. Seguramente su versión coincidirá con la que han presentado tanto Bernardo Moreno como María del Pilar Hurtado, en el sentido de que lo que la Fiscalía considera una conspiración contra la Corte no era más que un intento por establecer si podía haber nexos de algunos magistrados con el narcotráfico. Como han dicho una y otra vez, el hecho de que muchos de ellos hubieran aceptado una invitación del controvertido Ascencio Reyes para la Casa de Nariño justificaba llevar a cabo esa investigación. Reyes acabó teniendo relaciones sociales con personajes non sanctos, pero finalmente no se le encontró ninguna prueba que lo vinculara con organizaciones criminales.
Los seguimientos a Piedad Córdoba y a Gustavo Petro, que ante la comunidad internacional y muchos colombianos constituyen un mecanismo ilegal contra la oposición política, probablemente serán justificados por los acusados como el uso preventivo de la inteligencia para proteger la seguridad nacional. Moreno y Hurtado invocarán la cercanía de Piedad Córdoba con Chávez y con la guerrilla. Pero justificar lo de Petro seguramente les va a quedar más cuesta arriba.
En lo que los acusados parecen tener menos argumentos de defensa es en lo relacionado con los seguimientos al periodista Daniel Coronell. Teniendo en cuenta que él no formaba parte del mundo de Ascencio Reyes ni del episodio de los magistrados, el espionaje en su contra parece tratarse más de un caso de animadversión personal que de seguridad del Estado. Sus múltiples columnas en contra del presidente y de sus hijos parecerían haber sido el origen de la presunta orden presidencial de investigarlo.
Lo cierto es que en los últimos días la suerte en el terreno judicial no parece sonreírle al expresidente. Ya son 14 los altos funcionarios de su gobierno con investigaciones abiertas: c uatro de los ministros más cercanos, cuatro de sus directores del DAS y seis miembros del sanedrín de sus tres últimos años de gobierno.
23 de mayo de 2011
21 de mayo de 2011
©semana