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alcalde quiere silenciar protesta ciudadana


columna de lísperguer
Alcaldía de Quilpué anuncia querella contra vecinos y animalistas que protestan contra matanzas indiscriminadas de perros callejeros.

Esta denuncia no parece tener otro fin que intimidar a los vecinos. Si el alcalde quiere realmente que la ciudadanía sepa la verdad sobre sus acciones, y las de los denunciados, debería interponer una denuncia por calumnias, proceso mediante el cual los tribunales establecen la verdad o falsedad de los hechos denunciados. Con la denuncia por injurias sólo se quiere decir que el alcalde y otros funcionarios se sienten ofendidos, y no se ataca la cuestión de fondo sobre la veracidad de las acusaciones. Y uno se puede sentir ofendido porque lo miraron fijo. Si el denunciado no tuvo intención de ofender, el juicio simplemente se estanca.
Pero lo más grave es que existen muchos testimonios, incluso gráficos, de los actos ilegales de funcionarios de la municipalidad, que salen a recoger perros en las calles y aceptan la entrega voluntaria pese a que ambas cosas están explícitamente prohibidas por la jurisprudencia administrativa. La entrega voluntaria autorizada por el último dictamen de Contraloría sólo se justifica en caso de enfermedad del perro en que sea necesario aplicar eutanasia médica, y en caso de que existan evidencias fundadas de que el can tiene rabia, en cuyo caso deberá ser observado durante diez días. Si se confirma su estado, se le puede aplicar eutanasia para aliviar su sufrimiento. La muerte de un perro no se justifica en ningún otro caso.
Por otra parte, antes de aceptar una entrega voluntaria, el vecino debe probar que es efectivamente dueño de la mascota, cosa que en Chile, y en San Antonio, es imposible, porque no existe un registro canino obligatorio. Cualquiera puede capturar a perro de la calle, o del vecino, y llevarlo a la municipalidad para que lo maten. En estos casos, la municipalidad se haría culpable de robo o de complicidad en la usurpación de identidad (cuando un vecino pretende ser dueño de un perro que no es de su propiedad).
Hay otras acusaciones más graves, pues muchos vecinos denuncian que los funcionarios matan a los perros a palos en el vertedero o que los envenenan. Además, también se ha denunciado hace poco que funcionarios del alcalde se han acercado a vecinos a amenazarlos por haberles fotografiado cuando salen a matar perros.
En lo que va de año la municipalidad ha matado a 69 perros, lo que es una cifra demasiado alta como para pretender que se trata de la aplicación de la eutanasia médica. El único modo de poner fin a estos abusos de las autoridades es introducir un sistema de fiscalización ciudadana que corrobore caso por caso la veracidad de los informes veterinarios y permitir que los funcionarios subalternos se nieguen a ejecutar órdenes ilegales sin temer por ello perder sus empleos.
Algo huele mal en San Antonio, pero no son los perros sino el alcalde y sus cobardes y mediocres subalternos.
lísperguer

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