policía fuera de la ley
Ministerio de Justicia llama a Puerto Rico a reformar su corrupta fuerza pública. Editorial de TNYT.
El ministerio de Justicia ha emitido un devastador informe sobre la galopante corrupción y violaciones constitucionales cometidas por el Departamento de Policía de Puerto Rico, la segunda fuerza policial de Estados Unidos. El informe concluye que "una reforma duradera exigirá nada menos que la intervención judicial federal." Y cuanto antes, mejor.
La División de Derechos Civiles del ministerio de Justicia empezó a investigar en 2008 bajo una ley federal que permite al fiscal general de Estados Unidos iniciar acciones civiles contra gobiernos estaduales y locales. La investigación concluyó que el Departamento de Policía, con diecisiete mil agentes, estaba "quebrado" y carecía de sistemas básicos de responsabilidad a todo nivel. El resultado fue "un sorprendente nivel de delincuencia y corrupción" y un prolongado patrón de "violaciones de la Constitución recurriendo a la fuerza letal, cuando no se requiere ni esa fuerza ni ninguna", así como el uso rutinario de allanamientos e incautaciones ilegales.
La investigación también concluyó que los agentes eran aberrantemente parte del problema de la delincuencia. En los últimos años han habido casi mil doscientas detenciones de agentes por homicidio, tráfico de drogas y otros delitos, y casi mil quinientas quejas contra agentes por violencia intrafamiliar.
El gobierno federal tiene la autoridad para obligar a Puerto Rico a reformar su Departamento de Policía mediante la fuerza de una demanda o mediante el medio menos polémico de un decreto vinculante del ministerio de Justicia sobre lo que debe hacer la policía. De cualquier modo, el acatamiento de la agencia de policía tendrá que ser supervisado por un juez federal.
El informe avanza 133 recomendaciones de reforma, incluyendo el reemplazo de jefes nombrados políticamente por funcionarios policiales profesionales; desarrollar y adherir a altas normas de contratación, ascensos y despidos; formar, entrenar y capacitar a supervisores y agentes; y hacer que la policía sea responsable ante la comunidad.
Estas radicales reformas tomarán tiempo. Una investigación federal similar sobre la brutalidad y corrupción en el Departamento de Policía de Los Angeles -realizada después del caso Rodney King- resultó en ocho años de supervisión judicial federal antes de que la agencia de policía hiciera suficientes progresos como para suspender la supervisión.
El departamento de Puerto Rico es dos veces más grande y sus problemas son más generalizados. Es urgente que la iniciativa empiece de una vez. La tasa de homicidios de Puerto Rico es dos veces mayos que la de Luisiana, el estado con la tasa de homicidios más alta del país, y este año, en ruta a cifras récord. Si Puerto Rico debe restaurar el orden con el derecho, es esencial que la fuerza policial demuestre que puede hacer su trabajo sin romper la ley.
25 de septiembre de 2011
14 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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