qué pasó con josé lagos
La dura y triste realidad del jardinero que aclaró violaciones de derechos humanos.
Santiago, Chile. José Lagos, testigo clave en el juicio contra Michael Townley por la muerte de Carmelo Soria y Orlando Letelier, vive con una pensión de gracia de $83 mil que no le alcanza para cubrir los gastos de su esposa que sufre Parkinson y demencia senil. Avergonzado, asegura que no ha recibido ayuda de ningún familiar de las víctimas a las cuales, arriesgando todo, ayudó.
"Este es el pago de Chile", asegura don José Lagos con los ojos llenos de lágrimas y destapando la olla con el desayuno, almuerzo y cena del día, un caldo transparente donde flota un poco de papa picada y algo de verduras.
Testigo clave en el juicio de los asesinatos del diplomático español Carmelo Soria, el ex vicepresidente Bernardo Leighton, el ex ministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier y del ex químico militar Eugenio Berríos, el hombre de 66 años sólo recibe una pensión de gracia de $83 mil.
Dinero que sumado a la pensión de su esposa, Delia Santander (67), suman un poco más de $160 mensuales que deben estrujar para comprar los remedios que ayudan a controlar las crisis diarias de la mujer que sufre de Parkinson y demencia senil. Las cuentas básicas del pequeño departamento de San Bernardo, la comida y la ropa son gastos secundarios para la pareja que lleva 50 años de matrimonio.
El apoyo que le dan sus vecinos ha sido el empujón de caridad que le han permitido a José Lagos enfrentar su triste y durísima realidad. A veces son ellos que la cuidan para que él salga a hablar por teléfono o hacer algún trámite. También los que la ayudan a cargarla en sus crisis, trasladarla al consultorio o, simplemente, conseguir algo para echarle a la olla.
Consecuencias
"No me importa no tener luz y agua, me importa poder tener bien a la Delia y para eso son necesario sólo los remedios. Ella es mi vida, no renunciaría nunca a estar a su lado y por eso me atrevo a pedir alguna ayuda al gobierno o a las familias a las que ayudé con mi testimonio", cuenta el ex jardinero de Michael Tawnley.
El matrimonio, que trabajó durante 4 años en las labores domésticas de la casa de Vía Naranja bajo las órdenes de Mariana Callejas, hoy sufre las consecuencias de todo el estrés, miedo y persecución que vivió por agentes de la Dina.
"Todo esto es consecuencia de haber contado lo que vivimos, no me arrepiento porque, sino, hasta ahora no se sabría nada de esas personas. Pero me da pena que Chile no me agradezca ni siquiera con una silla de ruedas o pañales para mi esposa, que son cosas indispensables para su diario vivir", confiesa don José mientras mira sus manos dañadas por la artritis reumatoide que lo aqueja.
Necesidades
Delia se atiende de manera gratuita en el consultorio Raúl Braña de San Bernardo gracias a que el Parkinson esta incluido en el programa AUGE, y por el cual recibe de manera periódica ‘Quitalpina’, pastillas para tratar su enfermedad.
El problema: los medicamentos que le entregan en el centro de salud no son los que ella realmente necesita, por lo que el propio médico debe entregarle recetas para comprar fuera del consultorio ‘Asicot’, remedio que puede llegar a costar casi $60 mil la caja.
"El 13 de mayo de este año el abogado Nelson Caucoto envió una carta al Presidente Sebastián Piñera, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, contándole mi caso y pidiendo un aumento de mi pensión de gracia para poder solventar los gastos de mi esposa. Todavía no tengo ninguna respuesta", cuenta Lagos.
El Parkinson es una enfermedad degenerativa que tiene a Delia con un diagnóstico de "postrada moderada" que no la deja movilizarse por sus propios medios, pero que no es suficiente para entrar al "programa de apoyo a cuidadores de postrados severos" que entrega el estado, o hacerla acreedora de una silla de ruedas.
9 de octubre de 2011
4 de octubre de 2011
©la nación
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