qué hizo el bloque norte en el atlántico

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El paso macabro del Bloque Norte por el Atlántico. Justicia y Paz logro culminar el incidente de reparación en contra de alias ’Don Antonio’ y esclarecer 245 crímenes cometidos por el Bloque Norte contra sindicalistas, políticos, académicos y comerciantes en Atlántico.

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Colombia. En el Atlántico los paramilitares de ’Jorge 40’ y ’Don Antonio’ asesinaron, desaparecieron, extorsionaron y desplazaron a sindicalistas, académicos, estudiantes, políticos y comerciantes para imponer su "ley".
Entre 2003 y 2006 el Bloque Norte de las Auc incursionó en el departamento del Atlántico como parte de una estrategia que orquestó el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ – en proceso de desmovilización- que le permitiera seguir controlando desde la cárcel rentas públicas de la salud y la educación, además de manejar a su antojo negocios ilegales como el narcotráfico y otros legales a través de testaferros y cómplices.
Para lograr esto, el paramilitar envió a la región al ex mayor del Ejército, José Pablo Díaz, quien fue asesinado en 2003 en la carretera troncal del Caribe y en su reemplazo asumió el ex capitán del Ejército Édgar Ignacio Fierro más conocido con el alias de `Don Antonio’.
A comienzos del nuevo siglo el departamento del Atlántico parecía mantenerse al margen del conflicto armado que padecía el litoral Caribe.
Si bien su capital, Barranquilla, era un punto de llegada de miles de desplazados de la región, los habitantes de esta ciudad vivieron el fragor del conflicto con la incursión de los paramilitares en 2003.
Como precedente el Atlántico fue uno de los pocos departamentos en los que empresarios y autoridades se negaron a crear cooperativas de seguridad, como lo hicieron en otras regiones del litoral Caribe y que fueron en muchos casos los paraguas para la llegada de los paramilitares a la región.
Según un informe de la Procuraduría General de la Nación que se conoció en la audiencia de reparación de cargos de ‘Don Antonio’, jefe del Frente José Pablo Díaz en Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre y Córdoba, el arribo de las Auc a la región influyó en el aumento de los homicidios en todo la región.
Solo en 2004 en el Atlántico ocurrieron 730 asesinatos – la tasa más alta en el período 2000- 2006-, mientras que en 2005 y 2006, aunque bajó un poco este indicador la cifra siguió siendo alta con 637 y 609, respectivamente.
A lo largo del juicio la fiscal de Justicia y Paz, Daicy Jaramillo, logró esclarecer cientos de crímenes que enlutaron a la región y que fueron cometidos por los paramilitares por el simple objetivo de entrar a una zona que no presentaba los síntomas del conflicto armado que se vivió en el Caribe. Barranquilla fue la ciudad más afectada con la presencia paramilitar con 1664 asesinatos entre 2003 y 2006, seguida por Soledad con 572 y Malambo con 116.
Pero más que combatir a la guerrilla, según se desprende de varios informes de entidades estatales como la Policía, el Ejército, la Vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo, los paramilitares buscaban controlar fundamentalmente el negocio del narcotráfico.
Si bien el negocio ilegal estaba controlado desde la década de los ochenta por grupos como el Cartel de la Costa, del extraditado Alberto Orlandez Gamboa alias ‘El Caracol’, el Clan Nasser Arana y por los Mellizos Mejía Múnera; ‘Jorge 40’ encargó a Miguel Villareal Archila alias ‘Salomón’, un subintendente retirado de la Policía, para que controlara todo el narcotráfico que saliera entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena.
Fue así como entre 2003 y 2006 los narcotraficantes, según un informe de la Dijin, "lograron sacar más de 100 toneladas de cocaína con permiso de miembros de la Policía del Atlántico, que se cobraba por transitar por (el) territorio bajo su control. La Dijin logró establecer que en esos tres años las Autodefensas lograron cobrar 2 millones de dólares de "impuestos" a los embarques de narcóticos que pasaban por el Atlántico.
Este grupo también inició una mal llamada "limpieza social" a través de asesinatos de vendedores y consumidores de droga, miembros de bandas criminales y de esta manera empezó también a controlar la criminalidad de Barranquilla y sus alrededores.
Otra de las estrategias que usó ‘40’ y ‘Don Antonio’ fue extorsionar a todo el comercio legal que existiera en Atlántico. Para 2005, la Unión Nacional de Comerciantes – Undeco- que agremia a los tenderos de la ciudad calculó que cada comerciante tenía que pagar en promedio 50 mil pesos a la semana, con lo que la suma que pagaron los extorsionados (incluidos humildes carretilleros y vendedores ambulantes) pudo alcanzar 3 mil millones de pesos mensuales.
Además de intentar controlar todos los ámbitos económicos de esta región, uno de los sectores más afectados por su presencia fue el sindicalismo.
Fue así cómo que, al tiempo que ‘40’ hacía sus negocios criminales, el Frente José Pablo Díaz empezó una ofensiva contra sindicalistas, defensores de derechos humanos, académicos y estudiantes, políticos, comerciantes, ganaderos, líderes sindicales y comunitarios, miembros de las comunidades LGTB a quienes amenazaron, desplazaron, asesinaron, para encubrir la verdadera razón de su presencia en el Atlántico.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2003, la estigmatización de los paramilitares contra los miembros de los sindicatos llegó a tal punto que amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol, Atlco, Sintraelecol Corelca, Sutimac, Sintracolechera, Sintraagricola, Sintrago y Fecode.
En ese año, como lo registró la Vicepresidencia de la República en un informe, fueron amenazados 107 sindicalistas, profesores y estudiantes, de los cuales 40 tuvieron que salir de Barranquilla.
Para lograr esto, y como se conoció tras la captura e incautación del computador de ‘Don Antonio’ en marzo de 2006 en Santa Marta, los paramilitares contaban con el apoyo de miembros de organismos de seguridad como el DAS y la Policía para identificar a sus víctimas.
El computador contenía información del Bloque Paramilitar de cómo funcionaban las diez comisiones que se implementaron en la región, y que también tenía detallados archivos de todas las actividades delictivas del frente, con listas de sindicalistas, supuestos guerrilleros, políticos, académicos y funcionarios que fueron asesinados por los hombres de ’Don Antonio’. Este computador permitió iniciar cientos de investigaciones contra cómplices de las Autodefensas.
Con las confesiones hechas por este paramilitar, la Fiscalía pudo esclarecer cientos de crímenes cometidos por el ex jefe del José Pablo Díaz, en especial que se ensañaron contra personas inocentes sin ninguna justificación.
Las poblaciones más afectadas por este frente el accionar de los paramilitares fueron Barranquilla y Soledad con 354 y 155 crímenes, entre amenazas, desapariciones forzadas,  desplazamiento forzado, extorsiones y homicidios, registrados por la Fiscalía en cada uno.
Aunque esta fue una reparación parcial contra el ex jefe paramilitar, puso en evidencia que el paso de los paramilitares por el Atlántico dejó más de 50 líderes sindicales desplazados y más de 7 asesinados entre 2000 y 2006.
Otro informe de la Defensoría del Pueblo, también presentado en la legalización de cargos, muestra que entre 2005 y 2006 los paramilitares amenazaron a 890 sindicalistas, estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico. En este último año los paramilitares asesinaron a 3 sindicalistas.
En este sentido, los paramilitares fueron, por su relación con miembros de los organismos de seguridad, los que hicieron el trabajo sucio contra líderes sociales en Barranquilla y el Atlántico.
De acuerdo a su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Fierro Flórez se reunió en una oportunidad con Rafael García, ex funcionario de informática del DAS, con el fin de conocer la información clave que éste tenía sobre presuntos colaboradores de la guerrilla en el Atlántico. Al parecer se trataba de listas con información de líderes sindicales, profesores, estudiantes universitarios y activistas de izquierda elaboradas por el organismo de inteligencia para ser entregadas al Bloque Norte de las autodefensas.
Según "Don Antonio", el ex funcionario del DAS contaba con las hojas de vida de estos líderes sociales a quienes el DAS presuntamente había identificado como miembros del Partido Comunista Clandestinos-PC3- de las FARC.
Ante todo este panorama, con las confesiones hechas por este paramilitar, la Fiscalía pudo esclarecer cientos de crímenes cometidos por el ex jefe del José Pablo Díaz, en especial que se ensañaron contra personas inocentes sin ninguna justificación.
El momento culminante del incidente ocurrió cuando varias de las víctimas le pidieron a ‘Don Antonio’ que les explicara las razones para asesinar a sus familiares. El paramilitar solo atinó a decir que no había justificación para lo que habían hecho él y sus hombres.
Ante la insistencia de las víctimas, la magistrada del caso dijo: "No hubo ninguna razón o motivos para asesinar a nadie. La única razón fue que eran delincuentes al margen de la ley. Nadie tiene derecho de matar a nadie. Esta facción armada al margen de la ley no tenía autorización ni legitimidad para matar a nadie. Los argumentos que dan los postulados son argumentos irresponsables"
El temor que infundieron los paramilitares fue tal que durante las primeras jornadas de la audiencia de reparación de ‘Don Antonio’  varias de las víctimas, quienes tenían la posibilidad de hablar de forma directa al paramilitar y a la juez del caso, se negaron a decir su nombre en público o utilizar su derecho a la palabra.
La fiscal séptima de Justicia y Paz Deicy Jaramillo dijo al Tribunal que ‘Don Antonio’ "deberá comprometerse a no volver a repetir estos delitos, a pedir un perdón público, a restaurar el buen nombre de las víctimas y para ello deberá tenerse en cuenta lo pedido por la Delegada de la Procuraduría y por cada una de las víctimas, como se presentó en desarrollo de esta audiencia".
Al final, según lo documentó la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en esta legalización parcial, los ‘paras’ de ‘Don Antonio’ cometieron 245 asesinatos selectivos y 592 víctimas de desplazamiento forzado, todo esto sin que en ese departamento se haya dado un solo combate entre las Autodefensas y la guerrilla.
Como decisión final el Tribunal aceptó la legalización parcial de cargos a Fierro Flores como jefe del Frente José Pablo Díaz y Andrés Mauricio Torres León patrullero del Frente Mártires del Cesar, la sala de Justicia y Paz declaró que estos crímenes fueron cometidos dentro del conflicto armado interno que vive Colombia y que fueron graves violaciones de derechos humanos y que por lo tanto calificados como crímenes guerra y Delitos de Lesa Humanidad, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía por los 105 hechos que dejaron 133 víctimas de homicidio y nueve víctimas de tentativa de homicidio.
Además la sala declaró legales los cargos presentados por la Fiscalía en contra de ‘Don Antonio’ por concierto para delinquir y reclutamiento forzado de menores. En este proceso la justicia colombiana ya emitió 21 sentencias en contra de ‘Don Antonio’.
En este proceso sólo falta el fallo de los magistrados de Justicia y Paz que está programado para el 7 de diciembre de este año, donde dictaran  sentencia en contra de ‘Don Antonio’ y dictaminaran el monto y formas de reparación a las víctimas.

Los Crímenes Emblemáticos
Estos fueron los principales crímenes que cometió el Frente José Pablo Díaz y que documentó la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría:
      
Las Finanzas
El grupo paramilitar tuvo varios músculos económicos siendo el narcotráfico su principal fuente. El Frente José Pablo Díaz heredó a principios de 2000 las rutas del Cartel de la Costa, que fue desarticulado a finales de 1998 con un incremento en las incautaciones de droga. Para ello ex jefe paramilitar creó un nuevo cartel al que bautizó Comisión al Mar a cargo de Miguel Villarreal Archila alias ‘Salomón’, un subintendente retirado de la policía que delinquió con los paramilitares.
En versión libre, alias ‘Salomón’ dijo que en complicidad con la policía los narcotraficantes sacaron por los puertos del Atlántico más de 100 toneladas de coca entre 2003 y 2006, y que los paramilitares les cobraron por cada kilo un impuesto entre 50 y 75 dólares. De esta forma el ex paramilitar calculó que cada año el frente logró recaudar dos millones de dólares.
La segunda fuente fueron las extorsiones. En versión libre Jairo Rodelo Neira alias ‘Jhon 70’ confesó que cobró ‘vacunas’ a todos los finqueros y comerciantes ubicados desde el corregimiento de Palermo hasta el puente de Aguas Negras. La Unión Nacional de Comerciantes, Undeco, calculó que en 2005 los comerciantes en Barranquilla, incluidos los vendedores ambulantes, fueron obligados a pagar un ‘impuesto’ de $50 mil pesos cada semana. Así la agremiación estimó que como mínimo los paramilitares lograron recaudar hasta $750 millones de pesos al mes.
El tercer brazo financiero fue la infiltración en la economía legal. En el computador de alias ‘Don Antonio’ las autoridades encontraron que los paramilitares controlaron la Cooperativa de Leche Coolechera con dos fines. Uno, como una fachada para lavar el dinero que ganaban por impuestos al narcotráfico y otro, como un medio de logística para delinquir en la región.
En la administración pública el Frente José Pablo Díaz vio otra forma de controlar el poder económico de la región. La justicia, por ejemplo, encontró culpables a los ex alcaldades Rosa Stella Ibáñez y Alfredo Arraut de haber entregado dineros públicos a los paramilitares de grupo así como de dejarlos incidir en el Hospital Materno Infantil y la Oficina Jurídica de las Alcaldía.

Los Sindicalistas
Los líderes de sindicatos o trabajadores afiliados a estas organizaciones fueron uno los principales grupos perseguidos por alias ‘Don Antonio’. En Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar aceptó que ordenó asesinarlos con el pretexto de que las víctimas presuntamente eran afines a la guerrilla o a los movimientos políticos de izquierda. Uno de los crímenes más emblemáticos fue el cometido contra Adán Alberto Pacheco Rodríguez, ex presidente del Sindicato de Electrocaribe.
Según un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, de diciembre de 2004, para ese año los paramilitares amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, así como integrantes de de Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol, Atlco, Sintraelecol Corelcal, Sutimac, Sintracolechera, Sintraagrícola, Sintrago y los educadores de Fecode. Ese mismo año la Vicepresidencia advirtió que 107 personas, entre sindicalistas, profesores y estudiantes, fueron amenazados. Cuarenta de ellos abandonaron la región por miedo.
En la audiencia de legalización de cargos contra alias ‘Don Antonio’, la Fiscalía narró como el Frente José Pablo Díaz asesinó a Ricardo Orozco, Carlos Barrera Jiménez, Luis Torres, integrantes  de Anthoc y asesinados entre 2001 y 2003; Carlos Barrero, activista de Anthoc y ex trabajador del Hospital de Barranquilla, y José Mendivil Cárdenas, miembro de la cooperativa de transportadores Cootrab y de Amnistía Internacional.
Otro de los crímenes fue el del abogado Miguel Antonio Espinosa, quien se había caracterizado por su trayectoria en organizaciones sociales, ocupando los cargos como el de Presidente del Sindicato del Dane, presidente de la CUT, militante de la UP y presidente Ad Honorem de la Liga del Usuario de Servicios Públicos Domiciliarios. Como abogado había ayudado a víctimas de desplazamiento que vivían en el barrio La Pradera, y al sindicato Anthoc.

La Universidad del Atlántico
La principal universidad pública del departamento también estuvo en la mira de alias ‘Don Antonio’. Con la excusa de tildarlos de ser presuntos colabores de la guerrilla o afines a movimientos políticos de izquierda, el Frente José Pablo Díaz envió panfletos amenazas contra sindicalistas, estudiantes y profesores de la universidad.
Según los informes de riesgo de la Defensoría Regional, 2005 y 2006 fueron los años más críticos con 300 personas y 590 personas amenazas de forma respectiva.  La Vicepresidencia de la República advirtió en un informe de 2006 que ese año fueron asesinados tres sindicalistas.
En versiones libres y en el juicio que adelantó la Corte contra el ex director del DAS Jorge Noguera, alias ‘Don Antonio’ confesó que los paramilitares se aliaron con el organismo de inteligencia del Estado para perseguir y asesinar a personas que fueran consideradas un obstáculo para las Auc. El caso más emblemático, por el que Noguera fue condenado a 25 años de prisión, fue el asesinato de Alfredo Correa de Andreis, un profesor de la Universidad del Atlántico que investigaba los desplazamientos masivos en la Costa Caribe.
    
Defensores de Derechos Humanos
Así como ocurrió con los sindicalistas y miembros de la Universidad del Atlántico, alias ‘Don Antonio’ y sus cómplices persiguieron a las organizaciones, líderes, comunidades religiosas y académicos que trabajaban en defensa de la población desplazada.
Según la Comisión Nacional de Juristas, entre 2000 y 2005 se registraron cinco casos de violaciones de derechos humanos contra defensores sociales. Aunque la Procuraduría General advirtió en su informe que no existen registros de un gran número de asesinatos contra esta población eso no significó que fueran amenazados y limitados para defender los derechos humanos.
Entre los casos más emblemáticos estuvieron los asesinatos contra José Castillo Bolívar, ex candidato a la Alcaldía de Soledad; Nelson Mejía Sarmiento, ex alcalde de Santo Tomás; y las amenazas contra Carlos Zambrano, ex alcalde de Baranoa.

Población LGTB
Los paramilitares del Bloque Norte incluido el Frente José Pablo Díaz, persiguió y asesinó a cualquier persona que perteneciera a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
"La mayoría de violaciones a los derechos humanos de la población LGTB por parte de la autodefensas se encuentran ligadas a este tipo de prejuicios y creencias que subrayan las actitudes u orientaciones sexuales diversas como comportamientos inmorales que deben ser rechazados en cualquier orden social", señaló el reciente informe que la Procuraduría General le envió al Tribunal de Justicia y Paz para que en su sentencia contra alias ‘Don Antonio’ tenga en cuenta el daño colectivo que perpetró el Frente José Pablo Díaz.

La Reparación para Superar el Miedo y la Desesperanza
Los daños que causó el Frente José Pablo Díaz a las comunidades del Atlántico desde el año 1999 hasta el 2006, qué, según las víctimas, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, generaron un impacto psicológico que exige una reparación colectiva  y un acompañamiento de las instituciones para superar los huellas de la violencia paramilitar en la región.  
Durante la conciliación, el Fondo Nacional de Reparación estableció que la cifra de reparación económica sería de 40 salarios mínimos, es decir  21 millones por delito. Igualmente agregó que las víctimas que por el concepto de ayuda humanitaria ya hubiera recibido del gobierno iban a ser excluidas del actual proceso de reparación.  
A estas decisiones se suman las consideraciones de la Procuraduría y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que sugieren procesos de reparación que respondan al daño psicológico y emocional de las comunidades.
Según el informe de la Procuraduría, las poblaciones afectadas se adaptaron a la presencia del grupo paramilitar y a sus estrategias de terror ya que bajo mecanismos de presión, el  Frente José Pablo Díaz hizo que el miedo se convirtiera  en una forma de vida para las víctimas.
El daño emocional hizo que se interrumpieran las prácticas culturales y políticas cambiando las dinámicas normales de las comunidades, pues luego de la incursión del paramilitarismo en la región, las fiestas populares casi se extinguieron  mientras la participación política despareció.
La violencia se trasformó en una forma de solucionar las diferencias y los conflictos sociales haciendo que los niveles de intolerancia aumentaran. Por eso, los miembros de grupos LGTB o personas consideras como indeseables por su apariencia física y su forma de vestir, ya no solo eran perseguidas y agredidas por las autodefensas sino también por la misma sociedad civil.
En Soledad, Malambo, Sabanalarga, Sabanagrande, Sitionuevo, Luruaco, Ponedera y Palmar, las ’limpiezas sociales’ empezaron a ser justificadas por las comunidades que adoptaron los principios morales que impusieron los paramilitares. Cualquier persona o grupo que no cumpliera con las leyes de los paras en las comunidades del Atlántico, era discriminado y en la mayoría de los casos asesinado.
Para iniciar el proceso de reparación la primera exigencia de las víctimas es la solicitud pública de perdón por parte de los jefes paramilitares, particularmente del procesado Edgar Ignacio Fierro Flórez, comandante del Bloque. No obstante para la Procuraduría,  este  hecho debe estar complementado por  la creación de programas de acompañamiento psicosocial que permitan reconstruir el "tejido social" de las comunidades que aún viven en un estado de "dolor, terror, miedo, angustia, desamparo y desesperanza".
Según la Procuraduría, es necesario también iniciar procesos de reconstrucción de memoria y reparación simbólica, como la construcción de un parque conmemorativo para las víctimas que permita a las comunidades afectadas recordar y rechazar la violencia a la que se habían acostumbrado.
Para la CNRR, recuperar las prácticas políticas y la confianza en las instituciones que habían desparecido bajo el régimen paramilitar, debido principalmente a los ataques contra sindicalistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, depende de la implementación de un programa de liderazgo comunitario y una estrategia encabezada por el Consejo Nacional Electoral que promueva la cultura de la legalidad, el control a los recursos públicos y el diálogo para la protección ciudadana.
Finalmente se exigen acciones claras de la justicia frente a las autoridades políticas y miembros de las Fuerzas Militares que por más de 7 años se habían aliado con el paramilitarismo en sus acciones de terror.  En este sentido, la CNRR pide una aclaración acerca de las filtraciones del DAS que facilitaron la persecución a los  líderes sindicalistas así como un pronunciamiento frente  a la desviación de recursos públicos, principalmente del sector salud, para financiar las actividades del Frente.
19 de octubre de 2011
cc verdad abierta