gobierno usa ley para intimidar
columna de lísperguer
Gobierno insiste en tratar a detenidos como delincuentes y exige función policial a jueces.
El tema es tratado de manera torcida en esta nota. Es incomprensible la formulación de que el gobierno quiere evaluar las "resoluciones que hayan adoptado en las libertades o prisiones que decretan con los delincuentes que participan en actos de violencia tras cada manifestación". ¿Qué quiere decir? ¿Que los participantes en manifestaciones son delincuentes? ¿O que los delincuentes participan en manifestaciones? ¿O que los detenidos y acusados por el ministerio público de cometer desórdenes públicos son delincuentes? Cualquiera sea el caso, o lo que tuvo el redactor en mente, ningún detenido puede ser considerado delincuente -o sea, que ha cometido el delito del que se le acusa- mientras no lo falle el juez. Describir como delincuentes a los acusados es una aberración ideológica y lingüística. Denota un proceso mental torcido y un mal uso de la lengua.
Que un ciudadano sea detenido y acusado por Carabineros de participar en desórdenes públicos no implica que sea culpable, pues la fuerza pública debe probar primero que ese ciudadano efectivamente participó en ese delito. Evidentemente, la mera palabra de un policía no basta. Abogados de derechos humanos y civiles, organizaciones sociales y la prensa han comprobado que en la mayoría de los casos las detenciones son arbitrarias. Normalmente los agentes no detienen a los vándalos, sino a manifestantes que se encuentran en las cercanías. Los jueces lo saben. Lo aberrante es que los agentes persistan en esta inútil pérdida de tiempo. Se ven de lejos sus intenciones de torcer el sentido de la ley para utilizarla como instrumento de intimidación. Cuando los policías detienen a manifestantes no lo hacen porque hayan participado en desórdenes públicos sino para terminar con la manifestación intimidando -mediante golpizas y otros vejámenes, incluyendo el abuso sexual de las detenidas en los buses policiales- a los participantes. Lo que se impone realmente es investigar por qué repite la fuerza pública esta práctica estéril de acusar falsamente a los detenidos. Esta práctica autoritaria es un delito -abuso de poder- que debiese ser condenado con más severidad cuando es cometido por la fuerza pública.
Es lamentable que los jueces den por superado un intento tan explícitamente totalitario de someter al poder judicial a los designios del gobierno. El Congreso debería intervenir porque simplemente es inaceptable que el ministro Ribera permanezca en el cargo después de las inaceptables amenazas que formuló contra el poder judicial.
lísperguer
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