castigando la pobreza
Ser pobre y necesitar ayuda pública no es un delito. Sin embargo, algunos estados y ciudades, incluyendo a Nueva York, están tomando medidas punitivas injustificadas contra los ciudadanos que solicitan ayuda del gobierno. Editorial NYT.
El gobernador Rick Scott, de Florida, promulgó en mayo una nueva ley que exige que los solicitantes del programa de Asistencia Temporal a Familias en Necesidad entreguen una muestra de orina y den negativo en un test de drogas. La semana pasada, un juez federal de Orlando prohibió provisionalmente la implementación de esa política intrusiva argumentando que viola la prohibición de la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables.
La juez Mary Scriven, nombrada por George W. Bush, falló correctamente que el estado no había demostrado tener una "necesidad especial" para hacer una excepción a la Cuarta Enmienda a fin de permitir que se someta a un test de drogas a los solicitantes de ayuda sin ninguna base para sustentar la sospecha. Observó que la legislatura de Florida, al aprobar la ley, ignoró su propio estudio que constató una tasa más baja de uso de drogas entre los solicitantes de ayuda que entre la población de Florida como un todo. También indicó que el estado no había logrado demostrar, dado los costes de administración del programa, que el test de drogas ahorrara dinero, y expresó su preocupación de que el test fuera una invasión importante de la privacidad, porque los resultados serían puestos a disposición de otras reparticiones del gobierno, incluyendo la policía.
El Ayuntamiento de de Nueva York también estigmatiza a los que solicitan cupones de alimentación. El gobierno de Bloomberg sigue insistiendo en la huella digital electrónica de todos los solicitantes de cupones de alimentación, pese a que el resto del estado de Nueva York dejó de hacerlo para la mayoría de los solicitantes en 2007. Aunque el valor de la huella digital en prevenir el fraude y ahorrar dinero es dudoso, no cabe ninguna duda de que disuade a los neoyorquinos en necesidad y respetuosos de la ley a la hora de solicitar la ayuda y priva al ayuntamiento de millones de dólares en ayuda alimentaria federal.
Hace poco California y Tejas suspendieron la exigencia de la huella digital, dejando a Nueva York y Arizona como las únicas jurisdicciones del país que continúan la práctica para todos los solicitantes. Christine Quinn, presidente del Concejo Municipal de Nueva York, que quiere poner fin a esa política, tiene razón en definirla como "innecesaria, costosa y punitiva".
5 de noviembre de 2011
1 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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