abuso sexual en cárceles para inmigrantes
Informe sobre inmigrantes ilegales en prisión revela alarmante cifra de abusos sexuales cometidos contra los detenidos por autoridades penitenciarias. Editorial NYT.
En 2009, después de informes sobre malos tratos crónicos -detenidos golpeados y muertos por la falta de cuidados de lesiones y enfermedades no tratadas-, el gobierno de Obama juró cambiar el sistema de detención de las autoridades de inmigración del país, el enorme mosaico de prisiones e instituciones parecidas que confinan a casi cuatrocientas mil personas al año mientras esperan su deportación o el asilo.
"El paradigma estaba equivocado", dijo la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, reconociendo que los centros de detención operaban mucho menos como instituciones correccionales y que la mayoría de los detenidos no están siendo detenidos por haber cometido delitos y no representan ningún peligro. Prometió hacer menos penal el sistema, con mayor libertad y dignidad para los que se encuentran en él.
Pese a ese juramento, los últimos dos años han visto sólo magros progresos hacia la reforma. Los detenidos no están siendo castigados por sus delitos, pero de acuerdo a un reciente informe de Human Rights First, la mitad de ellos están retenidos en cárceles, la misma proporción que en 2009. El resto permanece en un mundo de uniformes de prisión y alambre de púa. Las nuevas normas para orientar a los funcionarios en cuanto a las reformas, todavía no han sido elaboradas.
Muchos críticos también han observado la deplorable ausencia de protecciones legales y la transparencia en el sistema, que se encarga de los trámites de los detenidos a través de tribunales de inmigración sobrecargados, a menudo sin representación.
Un reciente informe de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU; American Civil Liberties Union), basado en documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, reveló casi doscientas acusaciones de abuso sexual de inmigrantes detenidas. La ACLU ha instado al Ministerio de Justicia a abandonar una regla propuesta que eximiría a los centros de detención de inmigrantes de la Ley para Eliminar la Violación en las Cárceles, una ley federal que define normas para detectar y prevenir el abuso sexual de personas privadas de libertad.
El gobierno federal debe cumplir con sus promesas de reformar sus centros de detención y hacer mayor uso de alternativas para personas que no representan un peligro para la sociedad. Los detenidos deberían tener más acceso a tribunales para impugnar su detención, y las leyes rígidas que exigen la detención automática u obligatoria deberían ser revisadas. Es el paradigma equivocado. El sistema está peligrosamente roto.
5 de diciembre de 2011
4 de diciembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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