escuela en el lugar del horror

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En el lugar donde funcionó un centro clandestino de detención, se instalará una escuela.

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Argentina. Al fin comenzarán a alzarse las paredes de la futura Escuela 9, en Morón, en un sector del predio donde funcionó el centro clandestino conocido como Mansión Seré. Ayer se abrieron los pliegos para su construcción, una iniciativa que había sido vetada por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. La Legislatura de la ciudad, con el voto de todos los bloques, incluido el oficialista, dejó sin efecto ese veto y, así, habrá aulas donde reinó el horror durante la dictadura. En el predio ubicado en Castelar ya funciona la Casa de la Memoria y la Vida. El propósito de la nueva escuela es resolver los problemas de matrícula de tres escuelas del partido, porque podrá recibir a unos 800 alumnos, para lo cual contará con doce aulas, un patio cubierto y dos abiertos, sala de informática, una biblioteca y un laboratorio, además de rampas para discapacitados y un ascensor. Los terrenos donde se construirá fueron cedidos por el gobierno porteño a Morón en 2006, con un destino específico para el desarrollo de las actividades de promoción de los derechos humanos y los deportes, que se generaron desde la gestión del ex intendente Martín Sabbatella. Luego se pidió que se ampliara dicho criterio para la construcción de un edificio para la Escuela 9, que funciona en una casa alquilada y en el edificio de la escuela 17. A fines de 2010, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad modificar el destino del predio. Pese a que se trata de un histórico reclamo de la comunidad de Morón, Macri vetó lo resuelto por los legisladores. Tras el repudio unánime, la Legislatura finalmente habilitó el proyecto.
26 de agosto de 2011
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dentro del cartel

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Cuando un grupo de traficantes de drogas del cartel de Sinaloa, en México, enviaban un gigantesco embarque de cocaína a Los Angeles, agentes de la DEA estaban mirando y escuchando. Primera entrega.

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[Richard Marosi] Calexico, California, Estados Unidos. Nunca pierda de vista a la carga.
Todos los que trabajaban para Carlos ‘Charlie’ Cuevas se lo habían grabado. Sus choferes, centinelas, encargados de escondites, despachadores: todos lo sabían. Cuando se estaba preparando una movida, un par de ojos tenían que moverse con ella.
Cuevas acababa de enviar a un equipo de siete de sus hombres para cruzar la frontera en Calexico, California. La carga que trasladaban era cocaína, oculta en un compartimento hecho a medida dentro de un Honda Accord 2003 azul.
El coche estaba todavía en el lado mexicano en una aglomeración de vehículos de diez vías avanzando lentamente hacia el puesto de control del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Vagabundos mutilados trabajaban la cola, junto con hombres con sombreros de ala ancha vendiendo baratijas, tamales y churros a viva voz.
Un centinela mirando desde un coche estacionado en una calle cercana informaba sobre el progreso de la carga. Cuevas, haciendo malabares con celulares, exigía actualizaciones constantes. Si algo salía mal, su jefe en Sinaloa, México, exigiría respuestas.
El Accord llegó a la línea de las cabinas de control y un centinela del lado estadounidense recogió el turno de vigilancia. Era Roberto Daniel López, veterano de la Guerra de Iraq, parado cerca del letrero que dice "Bienvenido a Calexico."
Era el plan habitual: después de pasar por la aduana, el chofer enfilaría hacia Los Angeles, siendo seguido por un tercer centinela en un coche en la South Imperial Avenue.
Pero esta caliente tarde de verano las cosas no estaban saliendo como deberían. López llamó a su supervisor para informar sobre una complicación: el Accord iba a ser llevado a un área de inspección secundaria para un chequeo más minucioso. Había perros rastreadores.
Cuevas hablaba rara vez directamente con sus centinelas o choferes. Pero después de ser reprochado por su supervisor, hizo una excepción. Llamó a López.
"¿Qué pasa?", preguntó.
"Los perros se volvieron locos", replicó López.

Puntos en un Mapa
Cuevas trabajó para el cartel de Sinaloa, la organización del crimen organizado más poderosa de México. Trabajaba en el área del transporte. La droga la transportaban desde el estado de Sinaloa hasta Mexicali, México, en llantas de autobús. El trabajo de Cuevas era pasar la mercadería por la frontera y entregarla a los distribuidores en el área de Los Angeles, a unos 320 kilómetros.
El flujo era incesante y empleó cerca de cuarenta choferes, centinelas y coordinadores para mantener el ritmo.
Los perros que rodeaban el coche con la carga esa noche de agosto de 2006 eran la menor de sus preocupaciones. Ocho agentes del Servicio de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) se habían reunido en la frontera. Ni los inspectores de aduanas sabían que estaban allí. Los agentes habían estado siguiendo a Cuevas y pinchando su teléfono durante meses.
Debido a que había un vínculo entre los distribuidores de drogas mexicanos y estadounidenses, sus charlas por teléfono eran una mina de oro. Cada llamada exponía a otro contacto telefónico, cuyo teléfono era entonces también pinchado. Los nuevos contactos llamaban a otros asociados, y eso provocaba más escuchas. Pronto los agentes habían trazado un enorme mapa de puntos de la red de distribución.
Sus ramas se extendían por todo Estados Unidos y se creía que conducían de vuelta al corazón del narcotráfico en México, a Víctor Emilio Cazares, del que se decía que era el lugarteniente de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, el más buscado narcotraficante del mundo. Desde su mansión en las afueras de Culiacán, se dice que Cazares dirigía una red de transportistas, distribuidores, camioneros, pilotos y escondites.
Otras investigaciones de la DEA habían atacado a carteles mexicanos, pero esta, apodada Operación Emperador Imperial, estaba proporcionando una imagen muy completa de cómo se movían las drogas desde Sinaloa hasta las calles de Estados Unidos.
Funcionarios de la DEA no tenían ninguna prisa en desmantelarla. De hecho, estaban tratando de retrasar algunas detenciones para poder seguir estudiando la oferta e identificar a los nuevos sospechosos.
Finalmente, el Emperador Imperial resultaría en cientos de detenciones, la confiscación de decenas de millones de dólares en drogas y dinero, y la acusación contra Cazares.
También revelaría una desalentadora verdad: el sistema de distribución del cartel en Estados Unidos era más grande y más flexible de lo que había imaginado todo el mundo, una telaraña que conectaba a decenas de ciudades, regenerándose y expandiéndose constantemente.

El Vecino
Como infante de marina norteamericano en Faluya, Iraq, López había esquivado fuego de mortero, cruzado caminos sembrados de explosivos y recibido una recomendación por liderazgo. De regreso en El Centro, no pudo conseguir trabajando ni siquiera leyendo los medidores de la compañía de aguas local.
Pero López, que tenía dos hijos que alimentar, sabía de otra industria que necesitaba siempre mano de obra.
Una de las principales tuberías del cartel de Sinaloa pasa por el anticuado puerto de entrada de Estados Unidos en Calexico, favorito entre los contrabandistas. El puesto de control está casi directamente en la frontera, sin la usual zona de distensión de varias decenas de metros, de modo que los inspectores tengan dificultades a la hora de revisar los coches en las vías. Los perros rastreadores enferman con el calor del verano, que puede llegar a los 46 grados Celsius.
La región del sudeste de California, que abarca un desierto con dunas y campos agrícolas con la mayor tasa de empleo del estado, ofrecía un terreno fértil para el reclutamiento del cartel.
Los traficantes eran tus vecinos, el tipo que te llama en Wal-Mart, el de las buenas propinas en Applebee, el viejo amigo en tus reuniones de viejos alumnos de la secundaria.
López era amigo de un hombre llamado Sergio Kaiser, que estaba casado con una pariente. Kaiser dijo que era dueño de una hojalatería, pero sus gustos parecían demasiado extravagantes para eso. Estaba construyendo una casa con una gran escalera, copiada de la mansión en la película ‘El precio del poder’ [Scarface].
En realidad, Kaiser era el principal lugarteniente de Cuevas y le dijo a López que lo podía ayudar en sus problemas de dinero. Había varias posibilidades.
Por una noche de trabajo llevando una carga en coche de Mexicali a Los Angeles, el chofer recibe cinco mil dólares que debe compartir con su reclutador y se queda con el coche.
Otra manera de entrar era como centinela. Un centinela seguía al coche desde el escondite en Mexicali hasta la frontera. Otro lo esperaba en el puerto de entrada e informaba cuando el coche había pasado la aduana. Otro seguía al coche hasta la autopista a Los Angeles.
López aceptó la oferta de Kaiser. Ser centinela era inofensivo, pensaba: Apenas estar ahí y ver que un coche cruza la frontera. "No dijo que eso implicaba drogas, pero yo lo sabía", dijo López. "Yo pensé: ‘¿Cuál es el problema?’"

Trucos del Oficio
Cuevas poseía un enorme terreno en casa en Calexico y conducía un BMW323 último modelo. Una cadena de oro colgaba de su grueso cuello. Casado, dos hijos, disfrutaba de las estereotipadas ventajas de la vida de un traficante. Tenía varias amantes, y les pagaba sus implantes y sus viajes a Disneyland y San Francisco.
Conducía su caro sand rail en las dunas de California, y siempre pagaba la cuenta en los restaurantes y los fines de semana salvajes al otro lado de la frontera en Mexicali.
En la barbería de Emmanuel, Cuevas se saltaba la cola para hacerse su corte fade, y luego pagaba los cortes de todo el mundo. Se encargaba de las cuentas de hospital de sus amigos y prestaba dinero a algunos, sin condiciones.
"Cuando piensas en los carteles de la droga, piensas en violencia, armas, asesinatos", dijo López en una entrevista. Este tipo no se parece en nada a eso."
No llevaba armas consigo ni se rodeaba de guardaespaldas. Constantemente manipulando celulares y comprando materiales de embalaje en Costco, parecía más estresado que amenazador. Cuevas tartamudeaba y empeoraba cuando lo llamaba su jefe Cazares desde Sinaloa. Tomaba antiácidos para calmar su ansioso estómago.
Para cruzar la frontera con las drogas, desplegaba una flota de todoterrenos y coches con compartimentos ocultos hechos a medida. Le gustaban los Volkswagen Jettas y los Chevrolet Avalanches. Los dos eran hechos en México y la DEA cree que operativos del cartel pudieron estudiar el diseño para identificar vacíos donde pudieran ocultarse drogas.
Cuevas enviaba los coches a un mecánico en Compton que protegía los compartimentos con elaboradas trampillas. El trabajo tomaba dos semanas y el mecánico pedía seis mil quinientos dólares, pero valía la pena. Sólo una complicada serie de acciones abriría las puertas.
Al escondrijo en el parachoques delantero se podía acceder sólo conectando una pinzas de batería desde la batería positiva hasta el tornillo de un foco. La sacudida por la electricidad hacía caer la matrícula, revelando la trampilla.
Cuevas escogía cuidadosamente a sus conductores, rechazando a los hombres con tatúes visibles o con antecedentes criminales y haciendo pasar por ensayos a los elegidos para poner a prueba sus nervios. Mantenía el cruce fronterizo de Calexico bajo constante vigilancia, concentrándose en la máquina de rayos equis móvil que podía ver dentro de los vehículos. La usaba muy de vez en vez, y cuando los inspectores se marchaban, el equipo volvía rápidamente al trabajo.
Con los años, sus coches eludieron consistentemente ser detectados.
"Fue grandioso. Nunca perdí un coche en la frontera", dijo Cuevas. "Los perros nunca encontraron nada."
Sin embargo, a mediados de 2006, Cuevas perdió su ángel.
En junio, las autoridades siguieron a uno de sus choferes hacia Cudahy, cerca de Los Angeles, y confiscaron 73 kilos de cocaína en un escondite.
Un mes después, agentes apostados fuera de El Centro pararon a su mejor chofer, un vendedor de hot dogs de Mexicali, y encontraron 799 mil dólares escondidos en un compartimento.
Cuevas tenía que recuperar las pérdidas del cartel, sea en dinero o trabajando para pagar la deuda supervisando envíos sin recibir su parte. Entretanto, cientos de kilos de cocaína siguieron llegando todas las semanas desde Sinaloa, y estaba bajo una intensa presión para que la mercadería se siguiera moviendo.
Ahora, esta noche de agosto, un inspector de aduanas había elegido el coche con la carga, el Accord, para examinarlo en una área de inspección secundaria.
"Tío, creo que agarraron a tu hombre", le dijo López a Cuevas, por teléfono. "Le han puesto esposas."
Detrás del tablero de mandos y en un compartimento en la parte de atrás del Honda, los inspectores encontraron 44 kilos de cocaína. El chofer fue arrestado. Todo el mundo se dispersó. López se marchó a casa, despreocupado. Sólo había estado quince minutos en el cruce fronterizo, y nunca estuvo cerca de las drogas.
Cuevas ordenó a sus hombres deshacerse de los celulares, en caso de que alguien hubiese estado escuchando. En el puesto de vigilancia fortificado de la DEA cerca de Imperial, las líneas interceptadas se callaron.
Los agentes de la DEA no habían esperado el descalabro y no estaban nada de contentos. Los agentes habían planeado dejar que el chofer cruzara la frontera y entonces seguirlo hasta su contacto en Los Angeles. Ahora tendrían que reagruparse.

Esperando en la Oscuridad
Dos días después, los agentes esperaban en una furgoneta en la calle donde vivía Cuevas en una casa de dos plantas en Calexico, esperando que las luces se apagaran. Los vecinos de Cuevas en la subdivisión de casas iguales de tejados rojos incluían a bomberos, agentes del Departamento de Seguridad Interior y gendarmes de prisiones del estado.
Después de meses de seguir a Cuevas, los agentes sabían que le gustaba la cerveza Bud Light, las hamburguesas de Rally’s y los tacos de atJack in the Box.
Una vez entraron con el coche lleno de cocaína de uno de sus choferes a una gasolinera después de que el hombre se quedase sin gasolina en la Interestatal 5. El chofer nunca sospechó que los samaritanos que lo ayudaron, lo hicieron para poder seguir siguiéndolo hasta su destino.
Después de medianoche, los agentes apostados en los alrededores de la casa de Cuevas empezaron a escarbar en sus tachos de basura. Estaban buscando una libreta, un recibo, una tarjeta de visita, cualquier cosa donde se pudiera escribir un número de teléfono.
Había suficientes evidencias para arrestar a Cuevas. Pero el objetivo era ampliar la investigación, y eso exigía reanudar la vigilancia telefónica. Los agentes esperaban que Cuevas hubiera arrojado los números de algunos -o incluso de uno- de los treinta celulares nuevos que había distribuido entre sus hombres.
Revisar la basura ha sido siempre un trabajo sucio, especialmente en este caso. Cuevas era padre de un recién nacido. Los agentes habían dado con los pañales sucios.
Finalmente, algo sacaron de la basura: Una pedazo de una libreta con espiral con unos números garabateados encima. Números de teléfono.
26 de agosto de 2011
24 de julio de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

juez suspendido por complicidad

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Con la dictadura, el juez Romano fue suspendido y se pidió su remoción.

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Argentina. El Consejo de la Magistratura resolvió la "inmediata suspensión" y promover el juicio para remover de su cargo al camarista federal de Mendoza Otilio Romano, procesado y acusado en su provincia de haber sido partícipe en 103 hechos de violaciones a los derechos humanos como fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983. Se lo acusa de "mal desempeño de sus funciones" y "comisión de delitos" de lesa humanidad.

El plenario del Consejo aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Disciplina contra Romano, por siete cargos que apuntan a reflejar que habría tenido una conducta sistemática funcional al terrorismo de Estado.
Se le atribuye al camarista "haber omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo la promoción, persecución y represión de delitos de lesa humanidad" y "haber resultado funcional al plan represivo montado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en el marco del terrorismo de Estado durante el período 1975-1983 en la provincia de Mendoza".
El resto de los cargos alude a casos concretos en los que recibieron denuncias detalladas, por ejemplo de torturas y apropiación de bienes de desaparecidos, que no investigó ni denunció.
25 de agosto de 2011
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la eutanasia ilegal de peta

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La organización animalista Pet Abuse reunió en una página web recortes de prensa sobre el juicio de los dos empleados de PETA que fueron acusados de aplicar ilegalmente la eutanasia. Fueron absueltos, pero no porque fueran inocentes.

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Ahoskie, Carolina del Norte, Estados Unidos. Una investigación de un mes sobre crueldad animal ha resultado en un par de detenciones de individuos posiblemente vinculados a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).
El miércoles, Andrew Benjamin Cook, 24, de 504 Tree Top Street, Virginia Beach, Virginia, y Adria Joy Hinkle, 27, de 1602 Claremont Ave., Norfolk, Virginia, fueron acusados, cada uno, de treinta y un cargos de crueldad animal y ocho faltas cada uno por disposición ilegal de cadáveres de animales.
Los dos fueron transportados a la cárcel del condado de Hertford, cada uno con una fianza de 35 mil 500 dólares.
El jefe de policía de Ahoskie, Troy Fitzhugh, dijo que Cook y Hinkle pusieron una fianza antes de ser encarcelados.
"Hemos estado investigando casos de crueldad animal y disposición ilegal de cadáveres de animales dentro de nuestra ciudad en las últimas cuatro semanas", dijo Fitzhugh. "Nuestros detectives determinaron que esos incidentes estaban ocurriendo los miércoles, durante un mes."
Ayer (15 de junio de 2005) agentes de policía de la policía de Ahoskie y de la oficina del sheriff del condado Bertie divisaron una furgoneta blanca pasar junto a un contenedor comercial ubicado detrás de Piggly Wiggly en el Centro Comercial Newmarket. Desde la furgoneta, una persona arrojó varias bolsas oscuras en el contenedor antes de que intentaran retirarse.
En ese momento se inició una operación para detener a la furgoneta -el vehículo ocupado por Cook y Hinkle.
Las bolsas arrojadas en el contenedor contenían dieciocho perros muertos, incluyendo una bolsa con siete cachorrs. En la furgoneta encontraron trece perros muertos más.
Un control de la matrícula de la furgoneta reveló que estaba registrada como propiedad de PETA en Norfolk, Virginia.
No se ha confirmado todavía si Cook y Hinkle son representantes oficiales de la organización animalista.
Sin embargo, el sargento Ed Pittman, de la oficina del sheriff de Bertie, confirmó, a través del Departamento de Control Animal, que Cook y Hinkle se identificaron a sí mismos como representantes de PETA, de Norfolk, Virginia.
"De acuerdo a Barry (Anderson, del Departamento de Control Animal de Bertie), el hombre y la mujer le explicaron que estaban recogiendo perros para llevárselos a Norfolk, lugar donde les encontrarían hogares adoptivos", dijo Pittman.
Pittman agregó que, por lo que sabía, las personas que se identificaron como representantes de PETA había recogido perros vivos en el Refugio Animal de Bertie durante al menos los últimos dos meses.
Anderson, implicado también en la vigilancia y subsiguiente detención el miércoles, pudo identificar positivamente a casi todos los perros encontrados en el contenedor como los que habían sido recogidos unas horas antes el miércoles por Cook y Hinkle.
"Barry inscribe a los animales como si estuvieran siendo recibidos en el refugio animal", observó Pittman.
Dos de los treinta y un perros fueron conservados para una autopsia. Sus cadáveres serán sepultados propiamente en una propiedad del ayuntamiento de Ahoskie.
El jefe Fitzhugh elogió el trabajo de su detective jefe, el sargento Jeremy Roberts, así como la excelente cooperación entre su agencia y el sheriff Greg Atkins, del condado de Bertie, y sus detectives.

Actualizaciones del Caso
Dos ex empleados de People for the Ethical Treatment of Animals fueron absueltos hoy por la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte de demoledoras sentencias en relación con el caso de crueldad animal que cautivó a la opinión pública nacional.
El año pasado, Adria Hinkle y Andrew Cook, ex empleados de PETA, fueron acusados de crueldad animal por aplicar eutanasia a perros como parte de sus tareas en un refugio animal. Subsecuentemente, los dos fueron absueltos de los cargos.
En 2007 fueron condenados por un jurado del condado de Hertford por arrojar basura (los perros muertos) en un contenedor privado. El juez ordenó que Hinkle y Cook pagaran una multa de mil dólares, dos mil 987 dólares con cincuenta centavos como reparación y doscientos dólares por concepto de tarifas por servicios comunitarios. También les ordenó cumplir con cincuenta horas de servicio comunitario, periodo que más tarde fue reducido a veinticuatro horas. El juez Ron Elmore, escribiendo para una comisión de tres jueces, dijo en el fallo de hoy que colocar a los perros muertos en un contenedor no constituye delito de disposición ilegal de basura. La fiscalía, dijo, no probó que el contenedor no era un receptáculo de basura.
Durante los alegatos ante la comisión de apelaciones, Gordon Widenhouse Jr., abogado de Hinkle y Cook, dijero que no eran culpables de disposición ilegal de basura porque los perros muertos fueron arrojados a un contenedor.
Uno de los fiscales rechazó el alegato, argumentado que el contenedor no está cubierto por las leyes sobre la basura en este estado, cuyas leyes dicen que la basura debe ser depositada en un receptáculo.
Elmore escribió en su recomendación que la vice fiscal general, Catherine Jordan, había interpretado mal la ley.
"Colocar un cinta rota de goma en un tacho de basura en nuestro patio podría ser una disposición ilegal", dice Elmore en su recomendación. "Del mismo modo, arrojar un vaso de café usado en un tacho de basura en el mall podría ser disposición ilegal. Esa interpretación de la ley es inconsistente tanto desde el punto de vista del idioma corriente de la ley como del sentido común."
Según dijeron los abogados, Hinkle y Cook ya no trabajan para PETA.
25 de agosto de 2011
15 de abril de 2008
©news observer

Después de diez días en la corte, al jurado sólo le tomó tres horas y media para llegar a una decisión. Y la decisión fue la que Adria Hinkle y Andrew Cook habían esperado todo el tiempo.
El presidente del jurado anunció: "La imputada Adria Hinkle no es culpable de obtener propiedades mediante falsas pretensiones."
El juez preguntó: "¿Es este el veredicto final?"
El jurado respondió: "Sí."
Ahí fue cuando Adria Hinkle se echó a llorar.
El jurado no la encontró culpable de recoger, bajo falsas pretensiones, a tres gatos del Hospital Animal de Ahoskie, un cargo que pudo haber terminado con ella en prisión
El presidente del jurado anunció: "El imputado Andrew Cook no es culpable de crueldad animal. Hinkle recibió el mismo veredicto."
El jurado decidió que Hinkle y Cook eran sólo culpables de una sola cosa: disposición ilegal de basura por arrojar perros muertos en un contenedor privado. Hinkle tenía una palabra para describir cómo se sentía.
Hinkle dijo: "¡Qué alivio!"
La supervisora de Hinkle, Daphna Nachminovitch, tampoco pudo contener las lágrimas.
Dice que ha hecho algunos cambios debido al caso, como asegurarse de que los empleados de PETA conozcan las reglas para disponer de animales muertos.
Daphna dijo: "Las instrucciones no pueden ser más claras, pensábamos que las cosas eran claras y obviamente alguien cometió un error, pero ningún animal sufrió como resultado de ese error."
Pese a la tensa relación con el condado de Bertie, la portavoz de PETA, Kathy Guillermo dice que continuarán trabajando en la zona.
Guillermo dice: "Hinkle y Cook están en un periodo de libertad vigilada de doce meses, tendrán que pagar una multa de mil dólares y deberán hacer servicio comunitario.
25 de agosto de 2011
9 de febrero de 2007
©eyewitness news

Un jurado encontró no culpables a dos empleados de una organización animalista el viernes, acusados de crueldad animal por aplicar eutanasia a animales que retiraban de refugios, y fueron condenados solamente por disposición ilegal de basura por arrojar los cadáveres en un contenedor de basura.
Adria Hinkle y Andrew Cook, dos empleados de People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, fueron absueltos de ocho cargos por crueldad animal. Hinkle fue también encontrada no culpable de tres cargos de obtención de propiedad bajo falsas pretensiones.
Los dos recibieron una sentencia de cárcel remitida de diez días y un año de libertad vigilada, lo que quiere decir que ninguno de ellos irá a la cárcel. Su furgoneta fue confiscada por la policía y cada uno de ellos debe pagar cuatro mil dólares por concepto de multas y costas judiciales.
"Dicté la pena que me pareció apropiada", dijo el juez del Tribunal Superior, Cy Grant.
Cuando salía del tribunal después de dos semanas de juicio, Hinkle dijo que se sentía aliviada.
"Se hizo justicia", dijo.
Cook se negó a hacer comentarios.
Hinkle y Cook habían declarado que habían aplicado eutanasia a los animales en la parte trasera de su furgoneta para poner fin al sufrimiento animal. Dijeron que se deshicieron de los cadáveres en el condado de Hertford, en lugar de llevarlos de vuelta a las oficinas de PETA en Virginia, porque el mal olor era abrumador.
Los animales habían sido recogidos de varios refugios en el nordeste de Carolina del Norte.
Hinkle, 28, de Norfolk, Virginia, y Cook, 26, de Virginia Beach, fueron imputados por veintiún cargos de crueldad animal hasta que Grant redujo esos cargos el jueces, diciendo que los fiscales no habían podido probar malicia, un elemento necesario el cargo de delito grave.
El dúo fue detenido en junio de 2005 después de que la policía los viera depositar varias bolsas con animales muertos detrás de una tienda de abarrotes. La policía declaró que encontraron más animales muertos en la furgoneta de la pareja.
Funcionarios del refugio local dijeron que no sabían que PETA pensaba aplicar eutanasia a la mayoría de los animales que recoge, pero un funcionario de PETA declaró que ella informó a las autoridades del condado sobre la política de PETA.
Hinkle declaró que ella no contó nunca a los refugios que los animales no serían sometidos a eutanasia.
25 de agosto de 2011
2 de febrero de 2007
©msnbc

Funcionarios locales sabían que los animales que estaban siendo recogidos de un refugio serían sometidos a eutanasia, declaró un testigo de la defensa el martes en el juicio por crueldad animal contra dos activistas animalistas.
Daphna Nachminovitch, directora de animales domésticos y rescate de fauna silvestre de PETA, declaró el martes que ella le dijo al administrador del condado de Bertie, tres meses antes, que la mayoría de los perros serían sometidos a eutanasia. Dijo que el programa de adopción de la organización era pequeño.
Los funcionarios declararon que no sabían nada de esa política.
Nachminovitch debe reanudar su declaración el miércoles en el caso, que ha llamado la atención nacional sobre este pequeño pueblo del nordeste de Carolina del Norte. La defensa podría terminar llamando a declarar como testigo el jueves a la portavoz de PETA, dijo Kathy Guillermo.
Un abogado de Hinkle y Cook dijo que la pareja empezó a aplicar eutanasia a perros y gatos cuando la carga de animales se hizo demasiado pesada. Los dos fueron arrestados después de que la policía viera a Hinke y Cookl arrojar los animales muertos en un contenedor detrás de una tienda de abarrotes. La policía dijo que encontraron más animales muertos en la furgoneta de la pareja.
25 de agosto de 2011
31 de enero de 2007
©citizen-times

Se espera que la acusación reanuda el caso hoy en el juicio en Carolina del Norte contra dos empleados de PETA acusados de crueldad animal.
El juez dijo que el juicio de Adria Hinkle, de Norfolk, y Andrew Cook, Virginia Beach, podría tomar una semana. Los activistas animalistas fueron acusados por veintiún cargos de crueldad animal, siete cargos por disposición ilegal de basura y tres cargos por obtención de propiedad bajo falsas pretensiones.
Los dos eran voluntarios de People for the Ethical Treatment of Animals, de Norfolk, cuando fueron arrestados en 2005 y acusados de arrojar perros y gatos muertos en un contenedor detrás de una tienda de abarrotes en el nordeste de Carolina del Norte.
Los fiscales dicen que mataron a los animales que habían retirado de refugios y actuaron plenamente conscientes y con malicia.
Los abogados de la defensa dicen que lo que Hinkle y Cook hicieron mal fue arrojar esos animales en el contenedor.
25 de agosto de 2011
29 de enero de 2007
©wdbj

Hinkle y Cook enfrentan veintiún cargos cada uno por crueldad animal, además de los cargos por disposición ilegal de basura y obtener propiedades bajo falsas pretensiones. Su juicio se reanudará el miércoles.
Los abogados en el caso se esforzaron el lunes y martes por encontrar personas en este pueblo de menos de mil habitantes que no conocieran a alguno de los sesenta testigos del caso. Los potenciales miembros del jurado que leyeron sobre el caso, lo comentaron en el trabajo y expresaron opiniones sobre PETA fueron separados.
Los abogados de la defensa también decidieron que algunos granjeros y ávidos cazadores no pertenecían a la reserva del jurado, auque admitieron a tres personas del jurado que trabajaban para un matadero cerca de Winton.
El juicio ha atraído a abogados, periodistas, miembros de PETA y vecinos curiosos a este vecindario rural donde la crianza, sacrificio y procesamiento de pollos es un modo de vida para algunos habitantes.
Incluso hay participantes anti-PETA, incluyendo una cartelera en un camión con el texto: "PETA, ¿tan cálida y mimosa como pensaba?", patrocinada por el Center for Consumer Freedom, de Washington, D.C., una organización financiada por restaurantes y productores de carne.
25 de agosto de 2011
24 de enero de 2007
©virginia pilot

Deshacerse de cadáveres de perros y gatos muertos en la basura es malo, pero la presidenta de People for the Ethical Treatment of Animals dijo el viernes que los cargos de crueldad animal contra dos empleados no se sostienen.
"Es espantoso", dijo sobre el caso Ingrid Newkirk, presidenta de la organización animalista. "Creo que es tan escandaloso que afectará inevitablemente nuestro trabajo."
La policía de Ahoskie presentó el jueves treinta y un cargos por crueldad animal, ocho cargos por disposición ilegal de cadáveres de animales, y cargos por mal uso de propiedad privada contra Andrew Cook, 24, de Virginia Beach y Adria Hinkle, 27, de Norfolk.
Los dos estaban en una audiencia en Carolina del Norte el viernes, acusados de arrojar perros muertos en un contenedor de basura en un centro comercial.
Las autoridades en Ahoskie también contaron a 13News que reabrirán su investigación de un incidente similar hace dos años.
Desde la sede de PETA en Norfolk el viernes, Newkirk dijo que los perros y gatos no sufrieron en su muerte, de modo que no hubo crueldad.
Dijo que la política de PETA era aplicar aquí eutanasia a los animales y luego incinerarlos, no deshacerse de los cuerpos. Así que se ha iniciado una investigación sobre las acciones de los dos empleados.
La policía de Ahoskie arrestó al dúo el miércoles noche cuando arrojaban unas bolsas en un contenedor. La policía dijo que las bolsas contenían los cuerpos de dieciocho perros; otros trece animales fueron encontrados muertos en la furgoneta blanca que está registrada a nombre de PETA.
Las autoridades declararon que los animales estaban vivos cuando la pareja los recogió de refugios animales en los condados de Northampton y Bertie. Los dos estaban recogiendo animales que debían ser trasladados a la sede de PETA para ser sometidos a eutanasia, dijo el jueves la presidenta de PETA, Ingrid Newkirk.
La policía dijo que Cook y Hinkle dijeron que los perros encontraron hogares adoptivos.
Las detenciones se produjeron después de una investigación de un mes en la que no menos de ochenta animales muertos fueron encontrados en contenedores durante cuatro miércoles noche sucesivos. El jefe de policía de Ahoskie, Troy Fitzhugh, dijo: "Llega el momento en que te empieza a llamar la atención."
Un médico-veterinario contó a 13News que uno de los animales que examinó había estado sano y que no entendía por qué lo habían sacrificado.
Hinkle fue suspendida de su trabajo hasta el fin de la investigación. Cook sigue en el trabajo, de acuerdo a PETA.
La audiencia de hoy fijó para el 19 de julio el juicio de Hinkle y Cook. Siguen libres con una fianza de treinta y cinco mil dólares. Cada cargo es castigado con una pena máxima de quince meses de prisión y la pena máxima por cada una de las faltas es sesenta días.
Después de la audiencia, una emotiva Hinkle dijo: "Estoy destrozada. Todo lo que quería hacer era ayudar a los animales en la comunidad. Estoy destrozada."
Su abogado, Larry Overton, agregó: "Creo que está destrozada por la manera en que se llevó esta situación y obviamente por ser acusada de estos delitos y las potenciales consecuencias para ella."
Newkirk dijo que los empleados estaban recogiendo animales para llevarlos a la sede de PETA en Norfolk para ser sometidos a eutanasia.
Veterinarios y funcionarios de control animal dijeron que los empleados de PETA habían prometido encontrar hogares adoptivos para los animales, no someterlos a eutanasia -según la policía.
"PETA no ha escondido nunca el hecho de que la mayoría de los animales recogidos en Carolina del Norte son eutanasiados", dijo Newkirk.
Ni la policía ni PETA avanzaron ninguna teoría sobre por qué se arrojaron los animales al contenedor. Newkirk dijo en PETA nadie se dio cuenta de que durante varias semanas Hinkle estaba volviendo de su viaje semanal a Carolina del Norte sin animales para ser eutanasiados.
La portavoz de PETA, Colleen O’Brien, dijo que la organización aplica la eutanasia a animales con una inyección letal, que considera más humana que dispararles o gasearles en grupos, como hacen algunos condados.
Hinkle trabajó con PETA durante dos años en la división de proyectos animales de la comunidad.
Newkirk dijo que PETA también dirige un programa en los tres condados de Carolina del Norte para esterilizar a los animales y los ha estimulado a elaborar programas de adopción animal.
PETA lleva años aplicando la eutanasia. En Virginia el año pasado, la organización animalista sometió a eutanasia a 2.278 animales, y esterilizó a 7.641.
25 de agosto de 2011
17 de enero de 2007
©fox 11

El juicio de dos empleados de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), anunciado para el 13 de noviembre de 2006, se ha retrasado por séptima vez. Los acusados Andrew Benjamin Cook y Adria Joy Hinkle, están acusados de veintidós cargos de crueldad animal y tres cargos por obtener propiedades bajo falsas pretensiones. De acuerdo a fuentes en el sistema de justicia criminal del condado de Hertford, el juicio no empezará sino en enero de 2007.
La audiencia para dos empleados de PETA acusados de crueldad animal, disposición ilegal de cadáveres animales y un delito contra la propiedad fue nuevamente retrasado hasta el martes.
La probable causa de que la audiencia fuera reprogramada se debe a que un abogado de la defensa tenía un conflicto de horario en otro caso no relacionado, dijo la fiscal de distrito Donnie Taylor.
La audiencia se fijó ahora para el 14 de octubre.
Los empleados de PETA, Andrew B. Cook, 24, de Virginia Beach, y Adria J. Hinkle, 27, de Norfolk, fueron acusados de treinta y un cargos por crueldad animal, ocho por faltas de disposición ilegal de cadáveres animales y uno por un delito contra la propiedad.
Los dos fueron liberados con una fianza de treinta y cinco mil dólares, y PETA se hace cargo de sus gastos legales. PETA suspendió a Hinkle por noventa días y no dictó ningún castigo para Cook.
La policía empezó a investigar este verano después de que se encontraran cadáveres de animales en bolsas de plástico en el contenedor de un supermercado en Ahoskie, todos los miércoles durante cuatro semanas consecutivas.
Encontraron al menos a ochenta animales.
Los agentes dijeron que el 15 de junio siguieron a una furgoneta después de que saliera del refugio animal del condado de Beertie, emergieran de entre los cubos de la basura y detuvieron a dos empleados de PETA. Encontraron dieciocho perros muertos en un cubo, y otros trece cadáveres de animales en la furgoneta, que estaba inscrita a nombre de PETA.
PETA ha estado recogiendo animales en el nordeste de Carolina del Norte desde 2001, cuando un denunciante informó a la organización sobre las míseras condiciones en los refugios, de acuerdo a una disculpa por escrito que la presidente de PETA, Ingrid Newkirk, enviara a los funcionarios del condado de Bertie.
Funcionarios de los condados de Northampton y Bertie y un veterinario de Ahoskie dijeron que creían que los animales adoptables encontrarían nuevos hogares, mientras que los enfermos, lesionados o agresivos serían sometidos a eutanasia.
Newkirk ha dicho luego que arrojar los animales en contenedores de basura viola la política de PETA, que normalmente aplica eutanasia a los animales en Norfolk e incinera los cadáveres, dijo Newkirk en una rueda de prensa el 17 de junio.
Funcionarios de Bertie y Northampton cortaron relaciones con PETA durante los juicios. Ahora los condados están aplicando eutanasia sin la ayuda de PETA. Un veterinario de Ahoskie sigue recibiendo apoyo económico de PETA para aplicar la eutanasia a animales del condado de Hertford y algunos del condado de Northhampton.
25 de agosto de 2011
14 de septiembre de 2005
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David Harrell dice que hay similitudes en varios incidentes en relación con el hallazgo de animales muertos en contenedores de basura de Ahoskie.
Harrell, dueño de D&E Properties, un negocio local que administra el Centro Comercial Newmarket y el Centro Comercial Ahoskie Commons, dijo al diario News-Herald, del área Roanoke-Chowan, que recuerda cerca de nueve casos en un periodo de dieciocho meses en que se encontraron animales muertos en contenedores comerciales ubicados en propiedades administradas por su compañía.
Harrell afirma que se encontraron en los dos casos el mismo tiempo de bolsas de basura con los animales muertos en su interior. También señaló el día de la semana (miércoles) en que se arrojaban esos animales muertos.
"Todos los animales que recogimos de los contenedores estaban metidos en bolsas comerciales de basura negras", dijo Harrell. "Son bolsas de verdad, realmente resistentes, del tipo que no se pueden romper con la mano. Para abrirlas, tienes que usar un cuchillo."
Continuó: "El miércoles parece ser el día ideal para que ocurran estas deposiciones ilegales. Lo primero que hacíamos era chequear los jueves en la montaña y, cómo que no, ahí estaban las bolsas negras con los animales muertos."
El miércoles 15 de junio por la tarde, agentes de policía de Ahoskie hallaron el mismo número de bolsas en un contenedor comercial ubicado detrás de Piggly Wiggly en el Centro Comercial Newmarket.
Una pesquisa conjunta de la policía de Ahoskie y la oficina del sheriff del condado de Bertie incluyó una operación de vigilancia ese mismo día en que una furgoneta blanca fue observada parando junto al contenedor. Desde la furgoneta, una persona arrojó varias bolsas oscuras en el contenedor antes de que el vehículo se alejara.
Se hizo parar a la furgoneta -un vehículo inscrito a nombre de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), de Norfolk, Virginia. La furgoneta estaba ocupada por Andrew Benjamin Cook, 24, de 504 Tree Top Street, Virginia Beach, Virginia, y Adria Joy Hinkle, 27, de 1602 Claremont Avenue, Norfolk, Virginia.
Fueron arrestados y acusados de 62 cargos en total por crueldad animal y ocho cargos por disposición ilegal de animales, una falta. Un cargo adicional por invasión de propiedad fue presentado más tarde contra los individuos.
Las bolsas ubicados en el contenedor contenía dieciocho perros muertos, incluyendo una bolsa con siete cachorros. En la furgoneta se encontraron otros trece perros muertos más, junto con una cámara digital y una caja de aparejos con numerosos objetos.
La policía de Ahoskie requisó la cámara para obtener las imágenes mientras los objetos encontrados en la caja de aparejos están siendo periciados por el Laboratorio de Criminalística SBI en Raleigh.
Entretanto, Harrell dijo que recibió una carta de la presidente de PETA, Ingrid Newkirk, mencionando la voluntad de PETA de rembolsar a Harrell por todos los gastos en que incurrió al retirar los animales.
El News-Herald consiguió una copia de la carta de Newkirk a Harrell del 20 de junio. Dice: "Si esto es verdad, como parece que lo es, lo que hicieron nuestros empleados con usted... PETA le debe muchas disculpas. Esa conducta es odiosa y viola completamente la política de PETA. Aunque el caso está todavía pendiente, me gustaría pagarle por todos los gastos que usted haya incurrido para el retiro de los cadáveres y asuntos relacionados. Por favor envíeme la cuenta de esto y yo me encargaré de que se la procese prontamente."
Sin embargo, la compañía de Harrell no incurrió en ningún coste al retirar a los animales del contenedor de Piggly Wiggly el 15 de junio. Esa tarea la maneja el ayuntamiento de Ahoskie, que entregó una retroexcavadora y un empleado del Departamento de Obras Públicas.
Los dieciocho animales hallados en el contenedor, más los otros trece encontrados más tarde en la furgoneta, fueron llevados todos a la planta de tratamiento de aguas residuales de Ahoskie e incinerados propiamente por funcionarios del ayuntamiento.
Harrell dijo que él no pidió a PETA ningún tipo de rembolso. Agregó que no le quedó claro si la carta trataba el tema de los animales muertos que encontró en incidentes previos.
"Hemos visto ocho o nueve veces cuando se estaban retirando animales muertos de los contenedores de los centros comerciales", observó Harrell. "Cuando se encontraron esos animales muertos durante las tres semanas previas a la detención de los dos empleados de PETA, el ayuntamiento se encargó del retiro y entierro. Nos ocupamos de esas cosas antes del periodo de cuatro semanas seguidas de ahora. Todavía puedo recordar las tres veces previas en que tuve que retirar y enterrar animales."
Pero Harrell no llegó a responsabilizar a PETA de esos disposiciones anteriores.
"No soy yo el que debe decidir si PETA estuvo implicada en esos casos, eso lo deben determinar la policía y tribunales", dijo.
Harrell dijo que en los casos en los que estuvo implicado se trató normalmente de veinte a veintitrés animales por vez. Dijo que, en su opinión, los animales le habían parecido sanos.
Cuando la contactamos para pedirle un comentario el martes, Daphna Nachminovitch, directora de las secciones de animales domésticos y fauna silvestre de PETA, estaba casi segura de que Newkirk se refería al incidente del 15 de junio.
"Otra vez, nos disculpamos por lo que pasó en Ahoskie el 15 de junio", dijo Nachminovitch. "No sé por qué hizo Adria lo que hizo para ser acusada (PETA ha sostenido durante todo el proceso que Cook era un inocente acompañante ese día).
Siguió: "Todo lo que puedo decir es que ese día particular, Adria rompió una suerte de confianza. Había hecho muchas visitas a los refugios animales en su área y volvía a Norfolk con esos animales."
Al explicar el procedimiento de archivo de PETA, Nachminovitch dijo que en el refugio animal del departamento de control animal del condado se llevaba un diario. Además explicó que el empleado de PETA que recogía esos animales debía ingresar en el diario la cantidad de animales ingresados diariamente al recinto de PETA en Norfolk. Cuando a un animal se lo eutanasiaba en la oficina, esos documentos eran enviados a las autoridades de Virginia.
Nachminovitch dijo que este incidente ha causado un gran impacto en el trabajo que ha hecho PETA en los últimos años en el nordeste de Carolina del Norte, Dos condados -Bertie y Northampton- cancelaron hace poco su contrato de retiro de animales que tenían con PETA.
"Nosotros construimos relaciones con esos condados", observó. "Desde el principio dejamos en claro que no todos los animales que recogíamos encontrarían hogares adoptivos. Los que no lo lograran, serían sometidos a eutanasia humanitaria. Pensábamos que éramos diferentes, que teníamos un impacto en el bienestar de los animales y que ayudábamos a educar a los dueños de animales en cuanto medidas seguras y adecuadas para reducir la sobrepoblación."
25 de agosto de 2011
29 de junio de 2005
©news-herald

En una furgoneta de People for the Ethical Treatment of Animals se requisó una cámara digital.
Las autoridades en Ahoskie emitieron una orden de allanamiento el jueves noche para revisar los contenidos de la cámara digital. Fuentes contaron a 13News que habían encontrado 124 fotografías que habían sido tomadas dentro de la furgoneta, pero no dijeron qué describían esas fotografías. "Lo sabremos en el juicio", dijo la fuente.
Es parte de una investigación en curso sobre la muerte de más de treinta perros y gatos que fueron recogidos en dos refugios de Carolina del Norte por empleados de PETA.
Adria Hinkle y Andrew Cook fueron acusados la semana pasada de 31 cargos de crueldad animal, ocho cargos por disposición ilegal de cadáveres animales y un delito contra la propiedad.
Las detenciones se produjeron después de un mes de investigación en la que se encontraron ochenta animales muertos en contenedores cuatro miércoles noche consecutivos.
La policía puso bajo vigilancia un contenedor en un pequeño centro comercial el 16 de junio y vio parar ahí a una furgoneta blanca y luego vio que arrojaban bolsas al contenedor. Las bolsas contenían los cuerpos de dieciocho perros. Otros trece animales fueron también encontrados muertos en la furgoneta.
A luz de las acusaciones, los condados de Bertie y Northampton suspendieron los acuerdos firmados con PETA -la organización de derechos animales de Norfolk- para recoger animales no deseados.
25 de agosto de 2011
24 de junio de 2005
©wvec

Funcionarios de al menos dos condados del área Roanoke-Chowan están cuestionando las actividades de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).
Tras la detención la semana pasada en Ahoskie de dos empleados de PETA, de Virginia, por cargos de crueldad animal y disposición ilegal de cadáveres de animales, la directora de Salud del condado de Northampton, Sue Gay, ha suspendido el acuerdo del condado con PETA a la espera del resultado del caso en el condado de Hertford.
Esa decisión fue presentada a la Junta de Comisionados del condado de Northampton durante su reunión regular ayer lunes en la tarde.
Entretanto, los comisionados del condado de Bertie debían decidir la noche pasada si actuar o no en relación con la recomendación del administrador del condado, Zee Lamb, de que el condado vuelva al acuerdo previo que tenía con el veterinario de Powellsville, la doctora Cheryl Powell, para que entregue servicios de eutanasia a los animales hallados en la calle en el Refugio Animal de Bertie.
Tanto Northampton como Bertie usan a PETA para esos servicios. Funcionarios de los dos condados dijeron que tenían la impresión de que PETA primero los hacía revisar totalmente por un veterinario para luego buscarle un hogar adoptivo, Si eso fallaba, se entendía que PETA sometería a eutanasia a esos animales.
De acuerdo a Gay, Northampton ha hecho uso de los servicios de PETA durante aproximadamente un año.
Entretanto, PETA ha visitado el Refugio Animal de Bertie todos los miércoles durante los dos a tres años últimos, de acuerdo a Lamb. El administrador del condado, dijo que Bertoe utilizaba el proceso de eutanasia por gas anterior a 2010.
"En 2001, pusimos dinero en nuestro presupuesto para pagar al doctor Powell por el método de eutanasia para poner a dormir a esos perros que nadie reclama", dijo Lamb. "Poco después PETA se interesó en los animales selectivos en nuestro refugio. Poco después PETA empezó a llevarse todos los animales."
Lamb también arrojó luz sobre la rueda de prensa de PETA la semana pasada en la que se mostraron fotos del Refugio Animal de Bertie y la condición de los perros y gatos en ese recinto.
"¿Por qué no les dijeron que las fotos son de hace cinco años", dijo Lamb. "Nuestro refugio ha mejorado, así que gracias a PETA por gastar su propio dinero ayudándonos a mejorar nuestro local."
El condado de Hertford tiene un acuerdo con el veterinario de Ahoskie, doctor Patrick Proctor, para aplicar eutanasia a perros no reclamados después de un periodo de espera obligatorio de 72 horas.
Proctor confirmó el acuerdo, diciendo que había estado proveyendo ese servicio durante los últimos años. Dijo que PETA paga por sus servicios basándose en la documentación que entrega a la organización animalista.
25 de agosto de 2011
20 de junio de 2005
©news-herald
©pet abuse
cc traducción c. lísperguer

maternidad clandestina en paraná

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Comenzó el juicio a Grupo de Operaciones del II Cuerpo de Ejército. Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano, González y el médico Zacaría están acusados de los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro, quien fue traslada desde la Quinta de Funes a Paraná.

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[Juan Cruz Varela] Paraná, Argentina. La ciudad vivió un día histórico con el comienzo del juicio contra cinco represores militares de Rosario -que eran parte del grupo de operaciones especiales creado en Segundo Cuerpo de Ejército-, y un médico con rango militar por sustracción de menores y sustitución de identidad, en el caso de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela. Sabrina, hija de Raquel y Tucho que recuperó su identidad en 2008, señaló que "es un momento muy importante y conmovedor, con la certeza de que aunque la justicia sea lenta, el esfuerzo de los organismos y de tanta gente valió la pena".
El centro estuvo convulsionado por un movimiento inusual. Los organismos de derechos humanos llevaron a los que no están en las banderas mientras clowns, artistas callejeros y músicos aportaron el color en una jornada soleada pero fría.
El debate comenzó con la pequeña sala de la Cámara Federal de Apelaciones abarrotada de público y con la vereda angostada por la presencia de los familiares y víctimas del terrorismo de Estado que fueron a buscar un puñado de justicia.
Pascual Oscar Guerrieri era el más activo. Tomaba nota, hablaba con el resto de los imputados y jugaba con una llamativa bufanda roja que le colgaba del cuello. A su lado estaba Jorge Alberto Fariña y al lado de éste, Marino González. Detrás Walter Pagano, Juan Daniel Amelong y el médico Juan Antonio Zaccaría. A veces hacían como si dormitaran, pero nada de lo que se decía parecía sorprenderlos.
Sabrina, la hija de Raquel y Tucho que recuperó su identidad en 2008, llegó nerviosa pero con una sonrisa. "Este es un momento muy importante y conmovedor, en el que se cruzan muchas emociones, pero estoy muy contenta de estar en Paraná, con tanta gente querida y con la certeza de que aunque la justicia sea lenta, el esfuerzo de los organismos de derechos humanos y de tanta otra gente valió la pena", comentó a Rosario/12.
"Nosotros esperamos que este juicio sea una bisagra que nos permita encontrar nuevas pruebas o indicios sobre lo que pasó con nuestro hermano mellizo. Sabemos que Paraná fue un punto estratégico porque allí funcionó una maternidad clandestina y ojalá que todos los que sepan algo sobre el mellizo se acerquen a decirlo porque es un momento histórico en el que pueden ayudar a reconstruir una verdad. Ojalá que los testigos puedan hacer memoria, porque cualquier dato es importante para el fin que perseguimos que es encontrar a nuestro hermano", acotó con su hermano Sebastián al lado.
En el primer día del juicio se leyeron las acusaciones que enfrentan los represores imputados por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años de edad y supresión y alteración de sus estados civiles.
Raquel Angela Carolina Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, donde estaba alojada casi toda la cúpula regional de Montoneros. Ella tenía 28 años y en ese momento cursaba un embarazo de siete meses. Entre fines de febrero y principios de marzo los integrantes de la patota idearon un plan para el traslado en forma clandestina de Negro para dar a luz.
El operativo estuvo a cargo de un grupo de operaciones especiales creado en 1975, bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército, para combatir el accionar de Montoneros y estaba a cargo del teniente coronel Guerrieri, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, con sede en Rosario. A su vez, Guerrieri dirigía los centros clandestinos de detención que funcionaban en la zona: Quinta de Funes, La Calamita, Escuela Magnasco y La Intermedia.
Por debajo suyo en la línea de mando estaba el mayor Fariña, que se desempeñaba como jefe de operaciones especiales de inteligencia. Como tal tuvo a su cargo la organización y coordinación del plan para el traslado de Raquel Negro.
En el operativo intervinieron también el teniente Amelong, que era jefe de sección y segundo jefe de operaciones especiales de inteligencia, y Pagano, un civil que revistaba como agente secreto del Destacamento de Inteligencia 121 bajo el seudónimo de "Sergio Paz". Ellos fueron los que abandonaron a la nena en un convento en Rosario, dejaron el timbre conectado con un escarbadientes y salieron corriendo. Precisamente esta fue la pista que permitió localizar y restituir la identidad de Sabrina Gullino, en diciembre de 2008, ya que la beba fue entregada a un Juzgado de Menores y luego dada en adopción legal.
El capitán González, como jefe GT-1 del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, fue quien ordenó todos los trámites para la internación de Raquel Negro en Paraná, dado que en la capital entrerriana estaba el único hospital militar de la zona; y también coordinó las guardias para la custodia de la mujer mientras duró su convalecencia.
En el operativo intervino también personal civil. Zaccaría era el médico que estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar cuando se produjo el parto. De la investigación surge que se desempeñó como nexo con los militares que ejecutaron la operación.
El médico anestesista dijo que un día, al inicio de su tarea habitual, se encontró sorpresivamente con un bebé en una incubadora en la sala a su cargo. Sin embargo, una enfermera del hospital contó en sede judicial que fue convocada por Zaccaría para asistir el parto de una mujer que se encontraba en la sala de Ginecología del nosocomio y que luego el propio profesional le ordenó que en el libro de enfermería de la terapia intensiva, tanto Raquel Negro como sus hijos, quedaran registrados como NN.
Inclusive, esta situación habría generado agrias discusiones entre Zaccaría y otros profesionales del nosocomio, dada la precariedad con la que fueron asistidos los recién nacidos y la gravedad en el estado de salud de varón, lo que motivó su traslado al Instituto Privado de Pediatría, donde se perdió su rastro.
25 de agosto de 2011
©rosario 12

quieren investigar a graciela alfaro

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Piden que se investigue si Graciela Alfano recibió bienes de desaparecidos. La denuncia se basa en la "presunta relación" de Alfano con Emilio Eduardo Massera y en la declaración de la hija de un custodio del dictador. "¡A esta altura de la giornata! pasaron treinta y cinco años... y no investigaron nada", dijo la vedette.

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Argentina. El fiscal federal Luis Comparatore pidió que se investigara si la actriz Graciela Alfano recibió bienes de detenidos-desaparecidos en forma ilegal durante la última dictadura militar. La denuncia que se basa en la "presunta relación" de Alfano con el dictador Emilio Eduardo Massera quedó en manos del juez Claudio Bonadío. Al enterarse del requerimiento judicial, la actriz dijo: "Señor Comparatore, me encanta. Señor Comparatore, venga mañana, lo estoy esperando con los brazos abiertos. Y por favor, rápido, porque así se puede limpiar mi nombre de una buena vez". "Cada uno decide con su desaparecido hacer lo que se le da la gana, con sus muertos", repitió la integrante del jurado de Bailando por un sueño después de contar que tiene un ex cuñado que desapareció en 1979. El dictamen del fiscal explica que "sin perjuicio de esta anécdota de alcoba, propia de la intimidad de los intervinientes, cierto es que se ha deslizado que la vedette habría recibido como obsequio algunos bienes que les fueran usurpados a personas detenidas en forma ilegal y clandestina durante la última dictadura militar. Ello cobró mayor verosimilitud a través de los dichos de Gabriela Biasi, hija de un ex custodio de Massera, quien dejó entrever la entrega a la nombrada (Alfano) de bienes de personas desaparecidas". El fiscal señaló que "también se dio a conocer la existencia de documentos de inteligencia recientemente desclasificados colectados por el Servicio de Inteligencia Chileno que concurrirían en apoyatura de estas versiones".
Ayer en Intrusos, el programa que conduce Jorge Rial, Elsa Ayala, hija del bailarín El Chúcaro, relató que luego del secuestro de su esposo logró entrevistarse con Massera y que en esa reunión estuvo presente Alfano. "Bueno, basta, el almirante está muy ocupado para ocuparse de esto", contó que le dijo la mujer para poder fin a la conversación. "Es mi marido", fue la respuesta de Ayala. "No sos la única", habría retrucado la vedette.
En diálogo con Radio Mitre, Alfano señaló que "este circo mediático me quiere llevar a un terreno político en el que no me voy a meter porque mis opiniones políticas fueron, son y serán secretas hasta que se me dé la gana hablar". La vedette reveló que su ex cuñado Enrique Pecoraro "fue desaparecido en 1979, tenía tres hijos que son primos de mis hijos. Por eso pedí disculpas, estuve fuera de lugar". "Si te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos. A mí no me busca la Corte de La Haya", había dicho en declaraciones televisivas.

–¿No sería más fácil decir "No tuve nada que ver con Massera"? –le preguntaron.
–No, porque no le importa a nadie mi vida privada. Es un derecho como mujer mantener en secreto mis relaciones y lo voy a mantener hasta las últimas consecuencias. No tengo ningún bien que pertenezca a nadie. ¡A esta altura de la giornata! pasaron treinta y cinco años... y no investigaron nada. Soy tan clara que todas mis joyas, todo lo que tengo puesto, de todo tengo papeles.

Alfano recordó que su vinculación con Massera "apareció con ese espía chileno que no dice el nombre. Yo quiero conocer el nombre de esa persona que está enchastrando mi nombre. Y a lo mejor como era chileno no conocía los nombres y era alguien que se llamaba Graciela pero no Alfano. Por qué no se hizo una investigación correspondiente en la Justicia".
El espía chileno era Enrique Arancibia Clavel, quien fue detenido en la Argentina en 1996 por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría, acusado por el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats. Fue condenado en 2004. En el marco de ese proceso se revelaron memorándum de Inteligencia que aludían a la relación de ella con Massera. Arancibia Clavel recuperó la libertad en 2007 y fue asesinado en abril pasado.
Comparatore requirió a Bonadío que solicitara al Registro de la Propiedad Inmueble que informe los bienes que registra Alfano y que "le reciba declaración al periodista Luis Ventura, quien según se advierte ha demostrado conocimiento sobre la cuestión". Pidió además al juez que "requiera a la Secretaría de Medios de la Nación la compilación de las diversas apariciones televisivas, radiales y gráficas sobre los hechos que aquí se pusieron de manifiesto".
Comparatore solicitó al magistrado, además, que "proceda a la certificación de las diferentes investigaciones" en las que estuvo imputado Massera, "a efectos de establecer si guardan identidad con los hechos denunciados".
El apoderamiento de bienes de detenidos-desaparecidos fue excluido, en su momento, de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Massera y su familia fueron investigados por la apropiación de los bienes de Victorio Cerutti y Conrado Gómez. El juez federal Sergio Torres abrió, además, otro expediente por la apropiación extorsiva de inmuebles de secuestrados en el marco de la causa por la represión ilegal en la Escuela de Mecánica de la Armada.
25 de agosto de 2011
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menores y el bloque bananero

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Ser joven se convirtió en un problema en Chigorodó, Antioquia. Durante 1999, los menores de edad se vieron amenazados por paramilitares que repartieron panfletos con los que intentaron justificar sus crímenes.

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Colombia. Bajo la lógica criminal de que guerrilleros, marihuaneros y miembros de pandillas debían ser asesinados, así fueran menores de edad, Cristiniano Palacios Rojas, alias ’Cocuyo’, ordenó a los hombres del grupo Los Urbanos del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) realizar este tipo de acciones en el Urabá antiqoueño.
Así lo reveló la Fiscalía 17 de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín durante una audiencia de imputación de cargos adelantada contra Oscar Darío Ricardo Robledo alias ‘Niche’ y Reinaldo Antonio Salgado Aviles alias ‘Purrulú’, a quienes los responsabilizaron de los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, tortura, desaparición y desplazamiento forzados. De los 14 crímenes confesados por los exparamilitares, cuatro fueron contra menores de edad.
Uno de los casos fue el de un joven quien fue asesinado por ser un supuesto colaborador de la guerrilla y consumir drogas. Como casi todos los asesinatos cometidos por este grupo, a este menor de edad lo sacaron de su casa tarde en la noche, lo llevaron a las afueras de Chigorodó y allí le dispararon, pese a que las órdenes de alias ‘Cocuyo’ habían sido utilizar un cuchillo o una navaja para que las autoridades creyeran que se trataba de la delincuencia común.
En otro caso relatado por la Fiscalía se estableció a un menor de edad lo mataron por pertenecer supuestamente a una pandilla de la localidad y siguiendo rumores que afirmaban que era un violador, justificación que les sirvió a los paramilitares para justificar el crimen ante la población. Sin embargo, los familiares, que estuvieron presentes en la audiencia, rechazaron estas razones y explicaron que "ellos no son nadie para decidir quién debe morir"; además, aseguraron que el joven lo único que hacía era "jugar fútbol y no andaba con cuentos raros".
Otro de los crímenes fue la muerte, en diciembre de 1999, de Aura Rosa David Oquendo, quien intentó denunciar el asesinato de su hijo luego de que un grupo de paramilitares, en el que se encontraban alias ‘Niche’ y alias ‘Purrulú’, le dispararan frente a su hermano menor y sus amigos cuando volvían de dar una vuelta en bicicleta. Al enterarse de las intenciones de Aura Rosa, alias ‘Cocuyo’ la mandó a matar. Para que no quedaran rastros de su muerte la tiraron al río. Su cuerpo sigue desaparecido.
Asimismo, este grupo controlaba las muertes que ocurrían en el municipio. Aquellos asesinatos que no habían sido realizados por ellos eran investigados por los hombres de confianza de alias ‘Cocuyo’ y si se encontraban los culpables los mataban. Esta fue la razón por la que asesinaron a un menor de 17 años, a quien después de interrogarlo a los golpes con el fin de sacarle información, lo dejaron en una vía pública lejos de donde vivía.
El hecho de no asesinar a sus víctimas en el mismo lugar donde los encontraban tenía que ver, según lo afirmó la Fiscalía 17, con la orden dada por las Fuerzas Militares a los paramilitares del Bloque Bananero de las Auc de no dejar los cuerpos en lugares aledaños para que no se viera afectado el índice de criminalidad de la zona.
Por otro lado los paramilitares también se encargaron de eliminar a aquellos que consideraban eran corruptos. En un comunicado enviado tras el asesinato de Víctor Zenon González Murillo, concejal de Chigorodó, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) afirmaron que éste había utilizado el presupuesto del municipio para comprarse grandes fincas, carros y otros lujos. En este documento hacían un llamado a la población para que se convirtiera en "veedora de las acciones de los políticos con el fin de erradicar la corrupción".
Los conductores de camiones también fueron víctimas de los controles del grupo Los Urbanos. Jaime Hernando Arboleda Jaramillo compraba víveres en la Central Mayorista de Medellín y luego los vendía en Urabá. Su último viaje fue en 1999. Luego de que la guerrilla le quitara casi toda la carga en un retén en Dabeiba, los ex paramilitares Oscar Darío Ricardo Robledo alias ‘Niche’ y Reinaldo Antonio Salgado Aviles alias ‘Purrulí’, fueron por él a un hotel de Chigorodó y se lo entregaron a alias ‘Cocuyo’. El jefe del grupo lo interrogó y lo torturó pues según sus informantes él traía comida para la guerrilla del Eln y, además, vendía arroz a más bajo precio, lo que estaba prohibido por las Accu. Luego se lo llevaron para Champitas, una vereda retirada del centro de Chigorodó, donde lo mataron.
Los desmovilizados aceptaron todos los cargos formulados por la Fiscalía 17 de la Unidad de Derechos Humanos y, de paso, pidieron perdón a las víctimas presentes en la sala. Para los familiares, lo importante de estas audiencias es que se sepa la verdad y que nada quede impune. "Uno tiene la tranquilidad de que por lo menos se dijeron las cosas, pero a ellos les da lo mismo matar a 1 que a 66 porque tienen todos los beneficios", concluyó uno de las asistentes.
24 de agosto de 2011
22 de agosto de 2011
©verdad abierta

tenía restrepo un libreto oculto

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¿Para la desmovilización? Hernán Giraldo Serna y seis desmovilizados del Frente Tayrona, coinciden en que el ex comisionado Luis Carlos Restrepo los indujo a mentir al exigirles que incrementaran el número de desmovilizados, excluir a los menores de las filas y no mencionar masacres.

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Colombia. A medida que avanza el proceso de Justicia y Paz, las versiones de los postulados arrojan nuevas luces sobre la realidad del desarme y desmovilización de los miles de hombres que pertenecieron a los grupos paramilitares. Esta semana, durante los días martes y miércoles, Hernán Giraldo (El Patrón de La Sierra), desde una cárcel en Estados Unidos; José Gélvez Albarracín (El Canoso), Daniel Giraldo (El Grillo), Luis Quiroga, José Daniel Mora (101), Carmen Rincón (La Tetona), Afranio Reyes y Rosendo León Galeano, dijeron en versión libre ante la Fiscalía 9ª de la Unidad de Justicia y Paz, que el Alto Comisionado, Luis Carlos Restrepo, y el coronel Álvaro León Acosta Argote, los obligaron a mentir al momento de entregar las armas.
En primer lugar, afirmaron los postulados de manera unánime, que el comisionado le dijo a Giraldo que tenía que sacar a los menores de edad de las filas, que no se podían desmovilizar; que no dijeran el tiempo exacto de pertenencia de aquellos que llevaban apenas meses o poco más de un año, pues no serían tenidos en cuenta y no les pagarían la bonificación; que no confesaran homicidios atroces; que no se presentaran con rangos de comandantes y que al ser reseñados dijeran alias distintos a los que habían utilizado con ocasión de la pertenencia al grupo.
¿Por qué éstas peticiones? Nunca supieron, pero llegó un momento en que creyeron que con la desmovilización y entrega de armas, la paz llegaría a la Sierra Nevada y no pusieron objeciones, y si el gobierno lo decía, sus razones tendría, pensaron los hoy desmovilizados.
No fueron las únicas peticiones o sugerencias, que según ellos, le hizo el Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo y los hombres que tenían algún mando militar, político o financiero en la organización armada. Cuando ellos le informaron que el Frente Resistencia Tayrona tenía 750 hombres en armas, les dijo que eran muy pocos, obligándolos a aumentar el número de milicianos hasta casi mil doscientos hombres, incorporando a más de 350 personas que nunca habían cogido un arma o que desconocían quiénes eran los jefes del grupo armado, cuáles eran las regiones donde operaban y cómo estaba distribuido el mando militar en cada una de ellas. No todos los que se desmovilizaron, sostiene ‘El Canoso’, pertenecían a las Auc. Se hizo un censo de menores, pero el Comisionado dijo que los excluyeran, les dieran unas mudas de ropa y 300 mil pesos.
Pero además, los costos de la desmovilización, como transportar a centenares de hombres armados de las partes más altas a una media o la de subir a los que estaban en la zona urbana de Santa Marta hasta Machete Pelado, fueron pagados por el grupo armado. Incluso, el gobernador de entonces (Trino Luna, confeso y condenado por la parapolítica), afirmó Hernán Giraldo, se comprometió a mejorar la carretera para poder llevar adelante la desmovilización, le pidió a Hernán Giraldo que pusieran ellos, (las autodefensas), los 50 millones de pesos que costaría dejar en buen estado la vía, que después el gobierno departamental los repondría. Hernán Giraldo asegura que se metió la mano al bolsillo,   hicieron la inversión y pasaron la cuenta, pero nunca les pagaron. Sólo falta confirmar si el departamento giró y alguien cobró.
En el caso de los menores, afirmaron Hernán Giraldo y sus hombres en versión, el coronel Acosta les dio la orden de que a los menores tenían que vestirlos de civil y enviarlos a sus casas. Pero no fue lo único, Gelvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, dijo que esta semana le mostraron unos recibos según los cuales el coronel Acosta, quien acompañó en todo el proceso al comisionado Restrepo, había cobrado unas cuentas al departamento del Magdalena por concepto de alquiler de vehículos. No sé explica cómo hicieron eso, si la mayoría bajó a pie, otros 40 en dos helicópteros, el de la Drumond y el del Ejército, y otros milicianos en vehículos propios de las autodefensas.
Daniel Giraldo confesó que el grupo en el que él estaba, en la parte alta, bajaron 200 hombres armados, se reunieron con el comisionado y con coronel Acosta, y entregaron las armas. Alias el ‘Grillo’, agregó que entre las cosas que les pidieron, que dijeran que tenían mínimo cinco o seis años de pertenecer al grupo armado. Por esa razón, afirmó, muchos que entraron siendo mayores, quedaron como si fueran menores de edad al momento de ingresar.
"A los menores de edad les dieron dos muditas de ropa y 300 mil pesos para que se fueran a sus casas. Señora fiscal, nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad para dejar en claro que esa falsa desmovilización, fue el mismo gobierno el que nos dijo qué hacer para sacar a los menores", dijo.
Daniel Mora López, alias ‘101’, comandante en el corregimiento de San Pedro de la Sierra, afirmó que el gobierno exigió un ‘espulgue’, a tal punto que hay gente que no sabe quiénes eran sus comandantes y no conocen a la Sierra. Además de confirmar el caso de los menores, Mora afirmó que les pidieron que al desmovilizarse utilizaran un alias distinto al que habían usado en el grupo, y así ‘todos pasamos limpios, sin órdenes de captura’.
Daniel Giraldo también coincide con su padre y con ‘El Canoso’ en que la logística de la desmovilización fue por cuenta del frente. Sacaban a unos menores de las filas y metían a otras personas y cuándo les preguntaban qué zona patrullaban, decían que en la Sierra Nevada, como si eso fuera un barrio. Desde el momento mismo de la desmovilización comenzamos a faltar a la verdad inducidos por el propio gobierno nacional.  
En esta versión colectiva mencionaron algunos hechos, reconocieron homicidios, pero con la limitación de que a Hernán Giraldo lo traían y se lo llevaban una hora antes por la diferencia de horarios, hubo que posponer algunos temas para una nueva versión. Esto fue lo que dijeron:

‘El Canoso’, Jefe Político
Ingresó formalmente a las Autodefensas Campesinas del Magdalena, en marzo de 2003, momento en el que Hernán Giraldo Serna ya tenía de orden de captura, lo que lo excluía de la mesa de diálogo. Por eso, Gélvez Albarracín asumió el cargo de jefe político, para llevar la vocería del grupo en la mesa de negociación del proceso de desmovilización en Santa Fe de Ralito.
Gélvez ha dicho en sus versiones que él quería ser concejal en representación de las 93 veredas de La Sierra, sobre las cuales el Frente Autodefensas Campesinas del Magdalena ejercía gran influencia, probada con la elección de Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez en 2006, quien fue extraditado en 2007 y ya cumplió su condena en E.U..
Quien postuló a Gelvez como jefe político fue Hernán Giraldo con la propuesta concreta de ‘apostarle a la erradicación de cultivos ilíctos’, proyecto que manejaba su hijo Rubén Giraldo.
Pero el programa de sustitución de cultivos arrancó mal y estaba llamado a fracasar, dice Gelvez, basado esencialmente en que, mientras los campesinos cumplían entregando los cultivos de coca, el gobierno no cumplía su parte en los proyectos de sustitución.
Alias ‘El Canoso’ era el encargado de manejar las relaciones políticas entre los gobiernos departamental, y municipales con el estado mayor de las autodefensas, en especial Mancuso y ‘Jorge 40’. Fue el encargado de coordinar la reunión de El Difícil previa a las elecciones regionales de 2003, donde dice que ganaron 28 alcaldías. Durante casi dos años estuvo encargado de los proyectos que contrataban las alcaldías municipales y la gobernación para los sectores de la salud y la educación, donde estaban involucrados.
El viernes, antes de terminar la sesión, Gelvez afirmó que precisamente los beneficiarios de los contratos de salud eran Solsalud, del senador santandereano Luis Alberto Gil y el ex representante Alonso Ramírez y el actual parlamentario Libardo García, hijo del alcalde de Fundación del mismo nombre. Además de Solsalud, contrataban con la IPS Tayrona y uno de los contratos consistía en afiliar a los miembros del grupo y a sus familiares a estas empresas prestadoras de salud. La salud, dijo Gelvez, era totalmente política.
Al referirse al tema de la desmovilización en Machete Pelao, afirmó que ese día se puso el camuflado por primera vez, porque Hernán Giraldo le pidió que se encargara del personal porque los comandantes no querían dar la cara. Dice que fue detenido por una acusación que le hicieron los Rojas, pero pidió que Hernán Giraldo confirme si él ordenó matar a alguien. Precisamente, agregó, esa fue una de las condiciones que puso para aceptar el cargo de comandante político del frente, que no le dieran responsabilidades económicas ni militares.
Al referirse a las elecciones de 2003, Gelvez afirma que hubo varias reuniones con políticos, y los que jugaron un papel esencial fueron, en Santa Marta ‘Nacho’ Rodríguez, que era el concejal del grupo y ‘Chico’ Zuñiga, candidato a la Alcaldía, mientras que en el departamento todo se hacía a través de Trino Luna, quienes hicieron algunas obras que beneficiaron a la organización.
Daniel Giraldo, alias ‘el Grillo’, es uno de los 34 hijos que se conocen de Hernán Giraldo, era de los que andaba en el anca del caballo con su padre y conoce de cerca el conflicto y a los distintos actores, incluso en desarrollo de la versión hizo precisiones a su padre sobre hechos que éste desconocía. Por ejemplo, Hernán Giraldo desconocía que alias ‘Monoleche’, cuyo nombre era Giovanni Navarro, había sido escolta de Jorge Gnecco, uno de los fundadores del Bloque Norte y principal aportante financiero en sus comienzos. También precisó que ‘Monoleche’, ‘5.5’ y ‘Tolima’ venían de donde ‘Jorge 40’, que fueron enviados en el año 2000 cuando se presentó un enfrentamiento entre los Rojas y el grupo de Hernán Giraldo.
Agregó Daniel Giraldo que alias ‘Monoleche’ bajaba siempre donde Jorge Gnecco y después subía a llevar instrucciones a la finca La Ponderosa, afirmación que fue corroborada por Luis Quiroga, quien dijo que los entrenamientos eran en esa finca y que el uso de la sigla ACM duró muy poco, pues a los cuatro meses se convirtieron en Autodefensas del Magdalena y la Guajira (ACMG).

En Qué Momento Mataron
Cuando el comando militar quedó en manos de ‘5.7’, dice Daniel Giraldo, nos dio la orden de reportarle cuatro muertos a la semana, que no lo llamaran para contarle sobre los problemas. Era tanta la sangre que corría por la Sierra, que a Hernán Giraldo cuando le contaban que habían matado al hijo de fulano o de algún otro conocido, decía pero si ‘ese muchacho es miembro de una familia amiga de nosotros, es hijo de colonos’.
Pero la orden de ‘5.7’ era matar a viciosos, ladrones, desconocidos y a los guerrilleros y sus colaboradores. Daniel dice que ellos no llamaban a su padre para contarle, pero que de todas maneras se sabía y llegaban las noticias donde él. Hernán Giraldo llegó un momento en qué dijo que eso no se podía hacer. El único que sabía era ’Chaparro’, un comandante que estaba al lado de Giraldo en la parte alta. También dijo Daniel que a partir del año 2002, cuando las ACMG fueron derrotadas por el Bloque Norte, su padre se apartó de las decisiones militares y al único que se le comunicaban o reportaban los hechos era a ‘5.7’.
Afranio Reyes confirma lo dicho por alias ‘El Grillo’, diciendo que esa orden surgió de una reunión en la que participaron ‘Jorge 40’, ‘5.7’ y Afranio. La decisión era ‘dar de baja’ a los viciosos, a las prostitutas y a los guerrilleros, y en ese sentido, dice, yo fui ‘un comandante de limpieza’. Por esa decisión otros comandantes comenzaron a quejarse porque la lista que había entregado ‘5.7’, incluía a muchas personas inocentes. Cualquier civil considerado vicioso era objetivo militar. La misma población, agregó Afranio, en esa guerra, nos mal informaba.
La lista era larga, dice Daniel, había como 80 personas y se la entregó el mismo ‘5.7’, además esos muertos teníamos que entregarlos en un mes, todos los que estaban en la lista tenían que haber caído. Yo le comenté a Chaparro y me dijo que le dijera a ‘5.7’ que la próxima reunión sería con él. Cuando ‘5.7’ llegó a Machete Pelado, Hernán Giraldo le dijo que no tenía que hacer eso, que respetara a su gente. "¿En qué momento mataron a tanta gente?", les preguntó Giraldo.
Hernán Giraldo aclaró que alias ‘Tolima’, comandante militar, era de la región, pero había estado combatiendo en los Montes de María y se quedó por allá cuando fue a hacer un entrenamiento en la ‘Casa Castaño’. Dice que desconocía la relación entre ‘Monoleche’ y Jorge Gnecco, que lo conoció porque acompañaba a ‘5.7’ y había ido a combatir las guerrillas con alias ‘Tolima’. Una de las primeras incursiones fue a San Pedro de la Sierra.
Daniel Giraldo dice que en el 2000 los enviaron a conformar el frente en La Guajira y en 2001 ya había urbanos haciendo presión en Palomino y Mingueo. Antes de 1998, dijo Giraldo en respuesta a una pregunta de la fiscal, a nosotros nos identificaban como ‘Los Chamizos’ y el trabajo en alianza con el BN comenzó cuando nos unimos para sitiar a San Pedro de la Sierra. Que durante los años 80 y 90 no andaban armados, que existían como autodefensas para repeler los ataques de la guerrilla, que cuando eso ocurría se unían para defenderse.
Que en ocasiones los indígenas bajaban a decirnos que la guerrilla venía bajando. Daniel interviene y dice que la reunión que tuvieron Hernán Giraldo, ‘Jorge 40’ y Mancuso para atacar a San Pedro fue en el 97, pero su padre lo corrige diciéndole: ‘mijo, esa reunión del 97 fue con ‘5.7’ y el ‘Ingeniero’ en La Aguacatera para la creación del Frente Zona Bananera.
Al preguntarle la fiscal por el ‘Ingeniero’, Giraldo dice que era un funcionario del DAS, pero que no recuerda su nombre.
Cuando preguntan de la sala de víctimas por homicidios, Hernán Giraldo responde que no todo lo que ocurría se lo reportaban, porque todos actuaban bajo el mando militar unificado en cabeza de ‘Samuel’ o ‘5.7’, a quien el Gobierno Nacional no ha querido postular.
La fiscal le pregunta a Giraldo cómo era la división política entre él y alias ‘el Canoso’. A lo que responde diciendo que a él le correspondía evitar que se cometieran atropellos contra los indígenas, mientras que Gelvez era el jefe político en la parte urbana.
El Canoso explica que cuando Nodier Giraldo lo contrató fue para asumir la vocería en la mesa de diálogo en Santa fe de Ralito, y él, periódicamente le informaba cómo se iban desarrollando los diálogos y al mismo tiempo adelantaba contactos con miembros de la clase política en Magdalena, La Guajira y Atlántico.
Aclaró Gelvez que había otros dos ‘canosos’. Uno era Abraham Sánchez, que se encargaba de resolver problemas sociales en la parte baja de la Sierra y el otro estaba al servicio de alias ‘Walter’, uno de los jefes de sicario ya muerto, pero que no recuerda el nombre. A Abraham Sánchez, ‘El Canoso’ o ‘Alejandro’, dice que tenía mucha influencia en la región y llegó de la mano de ‘5.7’, ambos habían pertenecido al EPL en Córdoba. Dice Gelvez que tenía mucha experiencia, reunía a la comunidad con facilidad y también se encargaba con Chaparro, de reclutar nuevos miembros para el frente, incluidos menores. Estaba también ‘Ranfis’, encargado de coordinar en La Troncal.
Giraldo se despidió de sus antiguos colaboradores y de su hijo diciéndoles que ha quedado mal en muchas cosas porque se las contaron de otra manera. ‘No tengamos miedo, pase lo que haiga (sic) pasado, hay gente que ha confesado cosas más horribles que las que nosotros hicimos, hay que pasar un ratico de vergüenza, pero hay que decir la verdad muchachos’.
24 de agosto de 2011
22 de agosto de 2011
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