enfermiza tolerancia del poder judicial

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columna de lísperguer

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Corte de Apelaciones de Talca dicta condena en caso de asesinato de civiles durante dictadura.

Un aspecto interesante de este fallo es que originalmente la jueza Juana Venegas había resuelto la absolución de los acusados por prescripción de la acción penal, que algunos jueces chilenos aplican ilegalmente -ilegal porque lo prohíbe el derecho internacional- ante la indiferencia de las autoridades. La Corte de Apelaciones de Talca, pese a que ha dictado penas ridículas de libertad vigilada, revocó la aberrante absolución por estimar que "los hechos deben ser sancionados bajo tratados internacionales de derechos humanos", o sea que son delitos imprescriptibles. Esto hace ver todavía más infame la postura del gobierno de no exigir al poder judicial que extirpe de su medio a jueces prevaricadores, que ingresaron a la CS sólo con el fin de proteger a sus aliados pinochetistas. ¿Por qué razón los jueces de Talca sí acatan el derecho internacional, y los de Santiago no? ¿Y por qué tolera el presidente estas injusticias?
lísperguer

armada entregó fusiles ak47

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Armada entregó fusiles AK47 a la PDI por el caso de la muerte del Presidente Allende. Museo Naval y Marítimo pasó ocho ejemplares para que pasen por las pericias correspondientes. Entre estos fusiles podría estar el utilizado en la muerte del Presidente Allende.

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Valparaíso, Chile. Funcionarios del Museo Naval y Marítimo de la Armada hicieron entrega de 8 fusiles modelo AK47 que estaban en manos de la Fiscalía Naval, a la Policía de Investigaciones (PDI) de Santiago, luego de que el juez Mario Carroza diera dicha orden para determinar si alguno de dichos ejemplares fue disparado el 11 de septiembre de 1973, en el contexto de la muerte del ex Presidente Salvador Allende.
De este modo, el mencionado museo hizo entrega de todos los antecedentes materiales que pudieran servir para la investigación que lleva a cabo el juez Carroza, desligándose de cierta manera de la causa.
Cabe recordar que de acuerdo a la versión oficial de la muerte del ex Mandatario, Salvador Allende se habría suicidado, disparándose en la barbilla con un fusil AK47, el cual había sido regalado por su amigo Fidel Castro. Luego del 11 de septiembre de 1973 se perdió el rastro de dicha arma.
Además, es importante mencionar que dos fusiles AK47 que se exhibían en el Museo Naval y Marítimo fueron entregados a la institución por la familia del ex comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino, luego de que éste falleciera. Estas dos armas están incluidas entre las ocho que la Fiscalía Naval pasó a la PDI.
10 de julio de 2011
7 de julio de 2011
©soy chile

las gafas de allende

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Las misteriosas gafas de Allende que nadie ha investigado. Cuando se debate si el ex Presidente se suicidó o fue asesinado, los anteojos Magnum que llevaba al momento de su muerte se exhiben a los turistas en el Museo Histórico Nacional. Hasta el momento no han sido mencionados en las investigaciones judiciales.

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[Felipe Castro]  Santiago, Chile. Este año la reconstrucción del pasado ha vuelto a las primeras planas con preguntas, indagaciones y pericias relativas a la muerte del ex Presidente Salvador Allende. Se suicidó o lo mataron, son las dos posibilidades que han generado debates forenses y legales, entre los cuales se ha consultado a peritos que no han dudado en revisar inclusos los restos del ex mandatario en busca de respuestas.
Es mediodía de un jueves y en el Museo Histórico Nacional, frente a la Plaza de Armas, dos mujeres estadounidenses centran su atención en el salón que reconstruye el ajetreado Siglo XX. Víctor Miranda oficia de guía y cuenta a Nación.cl que, a diferencia de la mayoría de los turistas, ellas tienen un particular interés en la historia política de Chile.
Sin embargo, hay un objeto en el que no reparan, probablemente porque no ocupa en el imaginario visual del mundo el lugar que tienen la boina del Ché Guevara o el eterno habano de Fidel Castro. Se trata de los anteojos de Salvador Allende, -cuya mitad izquierda se encuentran en una tímida vitrina de la sala de exposiciones.
Hasta donde se sabe, serían los lentes que llevaba puestos el Presidente el 11 de septiembre.

Parte del Cuerpo
Anne Marie Powers y Linda Hanseen son originarias de Nueva York. La primera viene saliendo de dar una mirada a la reproducción de unos periódicos de distintas latitudes, que dan cuenta de los acontecimientos del 11 de septiembre chileno. Víctor, el guía, conduce su mirada hacia los anteojos.
"¡Es sorprendente! ¡Es chocante a mis sentidos!" es la primera reacción de Anne Marie, que repara en el objeto como "una muestra de brutalidad" y también en el lugar en el que están exhibidos que según ella les otorga un carácter "casual", al estar inscritos dentro de un circuito turístico.
Linda, su compañera de viaje, repara en el sedimento que se puede ver en la base de la vitrina donde se exhiben, que se ha ido desprendiendo del marco Mustang con el paso del tiempo. Al verlos habla también de la pena que le da que la CIA haya financiado las balas del golpe.
Antes de despedirse, Anne Marie Powers toca sus propias gafas y repara en que "para los que usamos anteojos, éstos son fundamentales, lo que resulta muy chocante. Es como ver parte del cuerpo".

Si Es Necesario Los Estudiaremos
Los anteojos del ex Presidente están en exhibición en el Museo Histórico Nacional desde que Teresa Silva Jaraquemada, una ex vecina de La Moneda, los encontrara al interior del despacho presidencial entre el 16 y el 17 de septiembre de 1973. Fue una extraña jornada en que, curiosa por visitar el palacio, un carabinero la invitó a subir a la oficina, que se encontraba casi intacta, eso sí, sin los restos mortales de Allende.
Esa mañana recorrió el lugar y se encontró con las gafas en la escalera, las que envolvió en un cancionero de Quilapayún, que cogió de puro curiosa, ya que era opositora a la UP. Las mantuvo en su poder hasta el regreso de la democracia, fecha en que las devolvió.
En medio del debate actual sobre la muerte del ex Mandatario socialista, su hija, la senadora Isabel Allende es el rostro más visible de la familia a la hora de hacer las indagaciones. Consultada por Nación.cl sobre el lugar que puedan ocupar las gafas dentro de los peritajes, dice que como familia "no nos corresponde meternos en cosas que el equipo maneja perfectamente. Pero a nosotros no se nos había ocurrido pensar en ellas. No han sido mencionadas hasta esta hora. En todo caso si es necesario estudiarlas, lo haremos".
10 de julio de 2011
7 de julio de 2011
©la nación

declaraciones en caso la moneda

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Bombardeo a La Moneda: Ministro Carroza cita a seis oficiales (R) de la FACh a declarar.

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Santiago, Chile. Entre los citados hay tres generales (R) de la institución, que presuntamente formaron parte de los equipos de los cazabombarderos Hawker Hunter que atacaron la sede de gobierno durante el golpe. Se trata de Mario López Tobar, Fernando Rojas Vender y Enrique Montealegre Jullian. De los tres, López Tobar es el único que había declarado en la causa.
El juez Mario Carroza que investiga las causas de la muerte del ex Presidente Salvador Allende (1970-1973) citó a declarar a seis oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), con el fin de ratificar las identidades de los pilotos que bombardearon el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973.
Entre los citados hay tres generales (R) de la institución, que presuntamente formaron parte de los equipos de los cazabombarderos Hawker Hunter que atacaron la sede de gobierno durante el golpe.
Se trata de Mario López Tobar, Fernando Rojas Vender y Enrique Montealegre Jullian. De los tres, López Tobar es el único que había declarado en la causa.
El ministro Carroza también citó en calidad de testigo a los coroneles Hernán Pérez de Tudela Jiménez, Raúl Vargas del Campo Silva y a Sergio Sanhueza López.
Junto a la notificación, el magistrado pidió a la Auditoría General de la Fuerza Aérea de Chile que coordine las diligencias y determine lugar y horario de los interrogatorios, informó el vespertino La Segunda.
La diligencia determinada por Carroza obedece a que el pasado miércoles, el periodista y escritor Eduardo Labarca difundió las identidades de los pilotos que supuestamente bombardearon el Palacio de la Moneda, 24 horas después de que el juez  interrogara al ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, quien negó conocer los nombres de los aviadores a cargo del ataque.
En una columna publicada ese día en el diario electrónico El Mostrador, Labarca entregó los nombres y describió con detalles inéditos el ataque de los aviones cazabombarderos Hawker Hunter que destruyeron la parte norte del edificio, sede del Ejecutivo.
Precisamente, entre los nombres que dio a conocer Labarca y que ahora citó Carroza, aparece Fernando Rojas Vender, nombre de combate "Rufián", quien llegó a ser comandante en jefe de la institución entre 1995 y 1999.
Este jueves, el ministro chileno de Defensa, Andrés Allamand, aseguró a los periodistas que la FACH no dispone de información sobre la identidad de los pilotos que atacaron La Moneda, durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973-1990).
La abogada de la familia Allende, Pamela Pereira, consideró como "un gran error" del ministro Allamand, el comprometerse con la versión del desconocimiento "porque lo que le hace bien al país es develar todas sus verdades".
La investigación de la muerte de Salvador Allende surgió de una de más de 700 querellas presentadas hace algunos meses ante la Justicia chilena, para aclarar casos relacionados con eventuales violaciones a los derechos humanos que no han sido indagados anteriormente por la Justicia.
Allende, según la versión más difundida, incluso por testigos presenciales, se quitó la vida en su oficina, mientras La Moneda ardía por los cuatro costados, pero también hay versiones que aseguran que fue acribillado por los militares o que alguno de sus colaboradores le disparó un tiro de gracia.
10 de julio de 2011
8 de julio de 2011
©la nación

condenados por asesinatos en 1973

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Ex militares condenados por muertes tras golpe de 1973. Dos de los cinco ex militares fueron condenados por violación a los derechos humanos.

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[Hernán Espinoza Jara] Talca, Chile. El fallo fue dictado en la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca, tras los alegatos realizados en marzo pasado.
En fallo unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca dictó sentencia condenatoria en contra de dos de los tres ex militares que fueron investigados por la muerte de tres jóvenes que fueron detenidos tras el golpe militar de 1973, hecho que fue caratulado como una causa por violación a los derechos humanos.
Las víctimas corresponden a los hermanos, Luis Alberto y Domingo Antonio Urbina Díaz, junto a José Antonio Méndez Valenzuela. Según estableció la investigación, los tres jóvenes fueron detenidos en octubre de 1973 por personal del regimiento de Talca. Allí los tres detenidos fueron golpeados al interior de una piscina, donde Luis Urbina falleció a raíz de las graves lesiones.
Tras ello, Domingo Urbina y José Méndez -junto al cadáver de Luis Urbina- fueron trasladados por una patrulla hasta el predio militar de El Culenar, donde el primero de los detenidos fue fusilado y el segundo recibió un balazo en la cabeza por  parte de un conscripto. Los tres cuerpos fueron depositados en una quebrada.

Absolución Revocada
Los hechos fueron investigados por la ministra en visita para casos de derechos humanos, Juana Venegas, quien decretó la absolución -bajo el criterio de la prescripción de la acción penal- del teniente de ejército, Hernán Eduardo Véjar Sinning; así como del conscripto, Luis Alejandro Pizarro Aguiluz; y del teniente de ejército, Eduardo Enrique Carvallo Delgado.
El fallo fue apelado ante la Corte de Talca, donde el pasado 11 de marzo se realizaron los alegatos ante la primera sala, integrada por los ministros Víctor Stenger y Vicente Fodich, junto al abogado integrante, Luis Carrasco. La sentencia definitiva revocó la absolución sólo en cuanto a Pizarro y Véjar, por estimar que los hechos deben ser sancionados bajo tratados internacionales de derechos humanos.
Así se decretaron las siguientes condenas: tres años de presidio para Luis Pizarro, por el homicidio de Luis Urbina, con el beneficio de la libertad vigilada; y cuatro años de presidio para el teniente, Hernán Véjar, por los homicidios de Domingo Urbina y José Méndez, así como por el encubrimiento del crimen de Luis Urbina, sanción que cumplirá con libertad vigilada.
10 de julio de 2011
9 de julio de 2011
©el centro

avances en caso noble herrera

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Ordenan la comparación del ADN de los Noble Herrera con el BNDG.

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Argentina. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado obtuvo los perfiles genéticos de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, Marcela y Felipe Noble Herrera, elaborados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), y ordenó finalmente el entrecruzamiento con las muestras de las familias que buscan niños secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio durante la última dictadura contenidas en ese organismo. Los resultados podrían conocerse el martes o miércoles próximo.
La medida se concretará luego de una década de trámite del expediente, que sorteó intrincados vericuetos judiciales, y tras la toma de nuevas muestras de sangre y saliva aportadas por los jóvenes. Los hermanos Noble Herrera aceptaron que sus perfiles genéticos sean comparados con todos las posibles familias que reclaman por sus nietos apropiados, y el mismo día de la toma renunciaron a su pretensión de que sus muestras no quedaran conservados en el BNDG, como establece la ley.
El viernes 24 de junio, Marcela y Felipe Noble Herrera pasaron nueve horas en el Hospital Durand para completar todas las diligencias. En ese momento, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, confirmó que se extrajeron cuatro muestras, dos de las cuales quedaron en el hospital y las otras en poder de la fiscal y la jueza de la causa, Rita Molina y Arroyo Salgado, respectivamente.
Ayer, la magistrada dio otro paso concreto hacia la resolución de la demanda de las Abuelas, con los resultados del procesamiento de las muestras que confeccionaron los perfiles de los hijos adoptivos de Herrera de Noble, a partir del aislamiento de sus secuencias de ADN. Arroyo Salgado ordenó que el lunes 11, a partir de las 11, el Banco comience con la tarea de cruzar ese mapa genético con las muestras de los familiares de las víctimas de la dictadura, que hace treinta años buscan a los hijos de sus seres queridos arrebatados por el terrorismo de Estado. Pero esto se hará por etapas: en principio el entrecruzamiento se hará con las dos familias querellantes en la causa, los Lanouscou Miranda y los Gualdero García. Son quienes sostienen que Marcela y Felipe podrían ser sus nietos. Luego, los expertos harán lo mismo con las familias cuyas hijas o hijos fueron secuestradas en 1975 y 1976 y, por último, realizarán el cotejo con todo el resto de los casos. En este sentido, la conservación de los perfiles permitirá que, además de las 246 familias cuyos datos ya están en el BNDG, sirvan eventualmente para aquellas que decidan iniciar su búsqueda en el futuro.
Según pudo saber Página/12, habrá un chequeo previo que consiste en verificar que los datos informatizados del BNDG, es decir el perfil de cada familia que está en las computadoras, concuerde con los perfiles genéticos surgidos de las muestras de sangre que se les tomó a cada una en su momento. Una vez que la computadora sea revisada, lo que sigue es similar a poner un dato en un buscador de Internet. La fuente consultada calculó que los resultados finales podrían estar el martes o miércoles próximos.
Sin embargo, el abogado de Abuelas fue muy cauto a la hora de especular sobre cuándo recibirán novedades. "Por las particularidades de esta causa, y por aquel fallo de Casación que limitó el cruce a determinado período, es que la jueza fue dando paso por paso", indicó Iud. A su criterio, el arribo al resultado depende del método que se utilice: según la forma de trabajo del BNDG, la estimación sería correcta. Pero también se podría demorar por planteos de los peritos de parte, de modo que la jueza Arroyo Salgado tenga que tomar controles adicionales. Es que las Abuelas han mantenido una prudente expectativa durante esta nueva etapa y, más allá de las especulaciones sobre las razones que llevaron a los Noble Herrera a dar este paso, insisten en que sólo buscan la verdad, cualquiera ésta sea.
8 de julio de 2011
©página 12

pitoniso piñera lee futuro de países

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columna de lísperguer

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Presidente Piñera dice que socialismo no lleva a ninguna parte.

Es ridículo que esto lo diga el presidente de un país que es uno de los más desiguales del mundo, que no ha sido todavía capaz de recuperar la democracia, que es gobernado por una clase autocrática que nadie elige, que tiene una Constitución aberrante, que sus dirigentes políticos son al mismo tiempo empresarios, que sus ancianos mueren de frío en la calle, que tiene la mayor cantidad de ciudadanos en la cárcel en el continente, que penaliza como delitos graves lo que en otros países no son ni siquiera faltas, que mata por fuego a sus presos, que tiene un sistema educacional mediocre y que sólo produce mediocres con títulos comprados, que tiene un sistema de salud aberrante e ineficiente que tolera la usura. En resumen, una vergüenza de país, en que se permite que cómplices de la dictadura ocupen cargos políticos y otros delincuentes, de cuello blanco, se encumbren a las más altas esferas del estado.
lísperguer

sí hubo golpe en honduras

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La comisión investigadora sobre Honduras presentó su informe. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado en 2009 y el gobierno de Roberto Micheletti, designado de forma ilegal por el Congreso.

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[Adrián Pérez] Honduras. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) arribó a dos conclusiones: que el 28 de junio de 2009, el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado y que el gobierno de Roberto Micheletti, designado de forma ilegal por el Congreso. Un extenso informe señaló que la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de acompañar la consulta popular que Zelaya impulsaba el día que fue derrocado –con la intención de que se celebrara una Asamblea Constituyente que discutiera su reelección–, socavó la confianza de diferentes sectores hondureños en el organismo internacional.
La CVR fue puesta en funciones el 5 de mayo de 2010 por una iniciativa de Porfirio Lobo, actual presidente hondureño. Sus conclusiones fueron desconocidas ayer por Zelaya, quien poco antes de conocerse los fundamentos del informe aseguró no tener una opinión favorable, ni esperaba que el texto revelara nada nuevo. De los 20 muertos causados por la violencia política desatada a partir de la destitución del ex presidente, la comisión determinó que al menos 12 personas fueron asesinadas por la acción de la policía y las fuerzas de seguridad.
"Se observa una progresiva erosión del proceso democrático del país –concluyó el documento–. El golpe de Estado demuestra que en Honduras la democracia continúa manteniendo un orden político-institucional, con un sistema de partidos políticos en el que tienen un gran peso los privilegios y el ejercicio de un poder discrecional y hasta arbitrario", subraya el dossier de once páginas difundido ayer por la CVR, al que accedió Página/12. "Debe aprovecharse esta profunda crisis como una oportunidad extraordinaria para retomar el proceso de transición democrática que se desnaturalizó y se fracturó", recomienda en su segunda página, como adelanto del informe completo de 1200 páginas que será publicado hoy en el sitio web de la comisión (cvr.hn).
A catorce meses de su primera intervención, Eduardo Stein, coordinador de la CVR, afirma que el trabajo del comité se apoyó en tres elementos: intentar esclarecer cómo se produjeron los sucesos del 28 de junio de 2009; identificar aquellos actos que condujeron a una situación de crisis y proponer elementos para evitar que esos hechos no se repitan en el futuro. Esa tarea demandó un análisis de los hechos en la capital hondureña y en el interior del país. "Entendimos que no teníamos que quedarnos sólo con lo que había pasado en Tegucigalpa. Por eso visitamos los 18 departamentos del país para recoger testimonios y escuchar de primera mano la experiencia de la gente durante la crisis", explica Stein. "Sólo así podíamos desentrañar aquellas insuficiencias que desembocaron en el golpe de Estado", agrega.
La posibilidad de determinar si se había tratado o no de un golpe de Estado fue uno de los interrogantes surgidos a la luz de ese trabajo. "No fue fácil encontrar una respuesta inmediata porque estábamos ante una situación muy sui generis", considera Stein. Finalmente, se llegó a la conclusión de que sí se había tratado de un golpe contra el Poder Ejecutivo, encarnado en Zelaya, pero que el asalto al poder no había perjudicado a los otros poderes. El abordaje de la CVR no desestimó la participación de ex presidente hondureño y ubicó la génesis del conflicto en los meses que precedieron a su caída, cuando se realizó la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Esto último, sumado a la aprobación de Zelaya de un aumento al salario mínimo de los trabajadores, tanto del sector público como del privado, enfrentó al gobierno con un sector de empresarios locales y extranjeros.
"La expulsión de Zelaya es injustificable desde todo punto de vista, pero fue tanto responsabilidad de él como de quienes lo sacaron del poder", asegura el ex vicepresidente de Guatemala. La comisión señaló que, al momento de su destitución, el Congreso no contaba con atribuciones para apartar al presidente hondureño ni para nombrar a su sustituto. También concluyó que el nombramiento de Micheletti como presidente interino fue ilegal y que el mandato que se desarrolló entre el 28 de junio de 2009 y el 26 de enero de 2010 se corresponde con un gobierno de facto.
Stein considera que uno de los principales inconvenientes se encuentra en el corazón de la Constitución hondureña, porque carece de un procedimiento claro para resolver conflictos entre los diferentes poderes del Estado, y que esa indefinición provocó que el Congreso nacional se extralimitara en sus funciones.
En sus recomendaciones, el CVR propone una transformación del Estado hondureño, en la que se llenen esos vacíos en su Constitución y se resuelvan esas imprecisiones. El capítulo más extenso del informe refiere a violaciones de los derechos humanos. Allí se reportaron delitos contra la vida, la integridad de las personas y la libertad; también contra los medios de comunicación. "Encontramos hechos de represión contra la población sólo por considerarla opositora. Pedimos que se investigue con mayor profundidad, se deduzcan las responsabilidades y se sometan a la Justicia." Asimismo se identificaron más de 20 muertes en las semanas sucesivas al derrocamiento de Zelaya. Esos asesinatos fueron identificados como de dos tipos: por enfrentamientos callejeros con las fuerzas de seguridad, donde se utilizó un exceso de fuerza; y otras más importantes tienen que ver con ocho personas que podrían haber sido asesinadas selectivamente por agentes del Estado.
8 de julio de 2011
©página 12