capturan a ex juez fascista
Roberto Catalán fue indagado e imputado por colaborar con la dictadura. El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena le dictó prisión domiciliaria a Catalán por los delitos de imposición de tormentos, incumplimiento de deberes de funcionario y falsedad ideológica. Fue clave el testimonio del escritor Leopoldo Juan González.
[Adrián Pérez] Argentina. Treinta y cinco años después, a Roberto Catalán le llegó el momento de rendir cuentas ante la Justicia por su rol durante la última dictadura. El ex magistrado fue indagado por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien le dictó prisión domiciliaria por los delitos de imposición de tormentos, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. El testimonio de Leopoldo Juan González fue fundamental para determinar la participación de Catalán en los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. El poeta y escritor bonaerense lo denunció ante la Fiscalía Federal de La Rioja como la persona que le tomó declaración estando detenido y se negó a escuchar su denuncia por las torturas recibidas en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, argumentando que "esas cosas no tenían valor porque habían pasado hace mucho tiempo" y recomendándole que olvidara todo.
Acosado por la Triple A, González viajó a La Rioja. Había llegado desde Buenos Aires, con una recomendación del escritor Haroldo Conti, para trabajar en el diario El Independiente, donde colaboró desde fines del ’73 hasta su detención. Su calvario comenzó la noche del 30 de abril de 1976, cuando fue secuestrado en la capital riojana por una patota de civil. Encapuchado, lo metieron en el baúl de un Ford Falcon y lo trasladaron al Batallón de Ingenieros de Construcciones 141.
Allí fue recibido con una fuerte paliza y confinado a una celda en la que estuvo vendado, con las manos atadas a la espalda. Sobre las vendas le tiraron un plato de sopa, orinaron y le arrojaron kerosene. Le aplicaron picana eléctrica en testículos, riñones y boca, por lo que perdió la dentadura. En una de esas sesiones de tortura sufrió un infarto. Durante su detención también tuvo tres simulacros de fusilamiento: en los dos últimos, el capellán del regimiento lo obligó a confesar delitos que no había cometido.
El 14 de mayo lo enviaron al pabellón de castigo del Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja. Y el 3 de octubre lo trasladaron al Penal de Sierra Chica. El entonces juez Roberto Catalán lo visitó dos años después, acompañado por un oficial de Gendarmería. El magistrado le tomó declaración con una máquina de escribir. Durante su testimonio, el juez preguntó muy pocas cosas, se limitó a notificarlo sobre un allanamiento a su domicilio donde, supuestamente, se había encontrado "una carpeta con materiales subversivos y una pistola calibre 22". Cuando González quiso hablar de las torturas recibidas en el Batallón de Ingenieros, Catalán se negó a agregar la denuncia en el escrito. Dijo que "esas cosas no tenían valor porque habían pasado hace mucho tiempo y que era mejor olvidar". Como el escritor se negó a firmar la declaración, el gendarme le metió una pistola en la boca. Le dijo: "Si no firmás, sos boleta".
El martes pasado, González denunció al juez Catalán ante la Fiscalía Federal de La Rioja. En diálogo con Página/12, reconoció que siente "una profunda satisfacción" porque, después de treinta y cinco años, "alguien escucha que fui torturado". Cuando fue detenido, recordó, llegaron militares desde Tucumán y Buenos Aires para interrogarlo. Pensaban que se trataba de un cuadro del PRT, pero "era un militante de los más rasos". El escritor sostuvo que comienza una etapa en la que se debe investigar "a jueces, fiscales y abogados que juraron por la Junta Militar" y "a los empresarios que se enriquecieron con la dictadura". "Hay que juzgar a esa gente, es la única manera de construir un país digno con memoria, verdad y justicia", concluyó.
Hasta el momento, el santafesino Víctor Brusa es el único juez condenado por delitos de lesa humanidad. Recibió una pena de 21 años de prisión por participar en sesiones de tortura entre 1976 y 1977. En Mendoza se investiga la complicidad de los camaristas federales Otilio Romano y Luis Francisco Miret, y en Córdoba hay un proceso abierto –del que también participa el juez Herrera Piedrabuena– contra los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y el ex juez federal Miguel Ángel Puga.
17 de mayo de 2011
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[Alejandra Dandan] Argentina. La última etapa de los alegatos de las querellas por los crímenes cometidos en el centro clandestino El Vesubio estaba por empezar. Los tres militares acusados, aún en libertad, ya estaban sentados. A los otros cinco imputados, ex agentes penitenciarios, les habían sacado las esposas y estaban ahí, a la espera, en su nueva condición de prisioneros. El fiscal Félix Crous, a cargo del armado de este último tramo en el juicio oral, empezó el alegato con estas palabras: "Pienso que todos los aquí reunidos coincidirán conmigo en que cada vez que, a través de testimonios personales o de documentos, tomamos contacto con la cuestión de los desaparecidos en la Argentina o en otros países sudamericanos, el sentimiento que se manifiesta casi de inmediato es el de lo diabólico. Desde luego, vivimos en una época en la que referirse al diablo parece cada vez más ingenuo o más tonto, y sin embargo es imposible enfrentar el hecho de las desapariciones sin que algo en nosotros sienta la presencia de una fuerza que parece venir de las profundidades, de esos abismos donde inevitablemente la imaginación termina por situar a todos aquellos que han desaparecido".
Argentina. "Todavía lo estoy deglutiendo", dijo, conmovido hasta las lágrimas, Edwin ‘Peco’ Tissenbaum, abogado de presos políticos en los ’70 y una especie de "padre jurídico" del juicio por la Masacre de Margarita Belén. Sentado en su silla de ruedas, abrazado por sus seres queridos, contó: "Fueron 35 años de impunidad, porque hasta los gobierno democráticos fueron frenando este juicio". A Peco le disgustó la absolución del policía Alfredo Chas, al igual que a Mirta Clara, ex presa política y esposa de Néstor Sala, una de las víctimas de la masacre. Martín Díaz, hijo de Luis Díaz, otra víctima de la masacre, dijo: "Siento dolor, pero también mucha alegría". Y su madre, Norma Cajal, señaló: "Desde el sentimiento, era previsible el desborde, después de que durante la dictadura, incluso en democracia, se nos negara reiteradamente el reclamo de justicia". Mario Bosch, abogado querellante, dijo estar "conforme con las condenas a cadena perpetua, no así con la absolución de Chas, porque entendemos que había elementos probatorios suficientes para condenarlo. Respetamos el fallo del Tribunal, pero lo vamos a apelar en Casación", señaló. Y concluyó avisando que ahora esperan otros dos juicios, las causas Margarita Belén II y Caballero II.
[Marcos Salomón] Resistencia, Argentina. Transcurridos treinta y cinco años de los fusilamientos, diez de la reapertura de la causa judicial, luego de escuchar a más de 120 testigos, en 60 audiencias orales y públicas, la lectura de la parte resolutiva de la sentencia llevó menos de 30 minutos para escuchar la condena a cadena perpetua a ocho militares y al único policía sentando en el banquillo de los acusados, por el asesinato de quince víctimas, cuatro de las cuales permanecen desaparecidas. Pero nada fue tan sencillo, la convocatoria original, para las 8.30, apenas dio lugar a las "últimas palabras" de Alfredo Chas, quien en un discurso políticamente correcto hasta el hartazgo ya se había declarado inocente. El policía consiguió, en forma inesperada, la absolución.
Uruguay. El diputado Víctor Semproni anunció que no votará el proyecto que elimina los efectos de la ley de amnistía para militares y policías que violaron los derechos humanos. Si todos los legisladores opositores se presentan a la sesión del jueves, el oficialismo no tendrá los votos necesarios para aprobar la medida. El sábado pasado un plenario del Frente Amplio había ratificado el mandato a los diputados para dar sanción a la Ley Interpretativa, pese a la posición contraria del presidente José Mujica.
[Margalit Fox] En los años noventa del siglo diecinueve, cuando los diarios estaban hechos de sudor y árboles y tinta, algunos, en medio de las guerras de circulación, empezaron a incluir un nuevo tipo de arte narrativo: la tira cómica. Las tiras eran devoradas diariamente por los lectores; los domingos, una nueva tecnología -la impresión en color- las hizo más atractivas.
Argentina. Cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos de la ciudad de Santa Fe convocan a una marcha, el próximo jueves, a las 10.30, para expresar el repudio a los dos fallos de Cámara en los casos Storni y Lepratti, bajo el lema "Basta de Impunidad". La movilización es motorizada por Madres de Plaza de Mayo, la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe, la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas de Santa Fe y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, integrantes del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia.
[Darío Aranda] Argentina. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de "usurpación" de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que había comprado las tierras. "Es un fallo histórico porque el máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria", explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos "y el Poder Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional".