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sí me reuní con cáceres


El ex jefe paramilitar aseguró que se reunió y pactó un acuerdo con Javier Cáceres. También señaló a la hija del ex senador de obtener apoyo paramilitar en su carrera política.
Colombia. Ante los magistrados de la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, el ex paramilitar Uber Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, aceptó haberse reunión con el ex senador del partido Cambio Radical, Javier Cáceres Leal y reconoció haber negado el encuentro por presiones contra su familia.
Según la versión de ‘Juancho Dique’, el encuentro se dio en el corregimiento de Ñanguma, en municipio de María La Baja, Bolívar, por solicitud del entonces senador quien le enviaba razones con campesinos.
Dique dice que allí trataron el tema de la desmovilización y las amenazas que constantemente recibían los líderes del polo en la región.
"Me reúno con Cáceres en donde unos señores santandereanos que tienen una tiendita, me habló de Ralito y me sugirió que nosotros contratáramos asesores que eso iba a fracasar…Después se tomó el tema del señor Germán González, candidato a la alcaldía de Turbaco, que era del Polo, no era de nuestra gente. Yo le dije que ese señor había que apartarlo del camino, pero él me pidió que no hiciera nada", contó el desmovilizado.
El ex jefe paramilitar también aseguró que a partir de ese encuentro acordaron no atacar a los líderes del Polo.
"Le dije a Cáceres: no te preocupes le voy a dar la orden a mi gente para que no se metan con los líderes del Polo. Llegamos a un acuerdo con Cáceres y le di la orden a las estructuras que estaban a mi mando, para que no amenacen a los líderes en Bolívar".
La versión del ex paramilitar concuerda con lo relatado por Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’, ex jefe del Bloque Central Bolívar quien en el mismo juicio, dio a conocer los detalles de la reunión en Ñanguma.

La Hija de Cáceres
Durante su declaración, ‘Dique’ aseguró tener pruebas de las intimidaciones que le hizo el ex senador, y que este fue el motivo de haber negado el hecho en más de una oportunidad.
"Y llegan las amenazas y las visitas de Cáceres. Yo me lleno de nervios porque el señor Javier Cáceres con orgullo mandaba a decir: dígale que él sabe que tiene la señora de él y que el manejaba la salud de bolívar", declaró el ex paramilitar.
Así mismo, y en respuesta a las presuntas amenazas que provenientes del ex senador, durante el juicio ‘Dique’ acusó a la hija de Cáceres, Luz Stella Cáceres, diputada de Bolívar, de obtener el apoyo de los paramilitares en sus aspiraciones políticas.
Aunque no fue una acusación formal, el ex paramilitar iracundo aseveró: "Será que le gustaría a Cáceres que yo mencionara a Luz Stella Cáceres y le preguntará de dónde sacó todos esos votos. Votos que para mí son manchados con sangre de la masacre de los Montes de María" .

¿Quién Es Cáceres?
 Javier Cáceres, empezó su carrera política junto al Partido Liberal en Cartagena. En 1998, es por primera vez elegido como Senador de la República y reelegido en el 2002.
 Después de que, según el Piedad Córdoba lo sacara del Partido Liberal, Cáceres se adhiere al Polo Democrático, partido en el que milita hasta el 19 de octubre del 2005, fecha en la que decide renunciar a raíz de los problemas que le trajo acusar a los movimientos insurgentes de los 90 de robarse la plata para la reinserción.
Cáceres llega al senado por tercera vez consecutiva en el 2006, con el partido Cambio Radical. En julio de 2009 llegó a la presidencia del Senado y en 2010 fue de nuevo elegido como Senador de la República.
El ex presidente del congreso se declaró inocente de los cargos por los que es procesado. "Me declaro inocente. Jamás haría algo que pudiera atentar contra mi dignidad y mis principios. Tengo suficientes pruebas para demostrar mi inocencia", declaró Cáceres ante los magistrados de la Corte.
En varias oportunidades el ex parlamentario ha dado a entender que existe un complot en su contra, y que debido a las denuncias que ha hecho a lo largo de su carrera política (Dragacol y sobre la adjudicación del Chance a Enlice López, alias ’La Gata’, entre otras) se ha ganado muchos enemigos, quienes tienen el interés de inculparlo. "Hay muchos intereses de personas que buscan desfavorecerme", señaló Cáceres.
Sobre los testimonios de los desmovilizados que lo salpican, Cáceres aseguró que existen muchas versiones que faltan a la verdad. "Ellos en la cárcel se han inventado varias versiones", dijo el ex congresista.
El 14 de septiembre de 2010, miembros del CTI detuvieron a Cáceres en las instalaciones del congreso tras la decisión de la Corte de llamarlo a indagatoria. El 27 de Abril, se abre formalmente la investigación en su contra. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel La Picota.
25 de noviembre de 2011
18 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

crímenes del calima en el sur del país


La Fiscalía de Justicia y Paz tiene registrados en sus bases de datos 6.091 delitos que posiblemente fueron cometidos por los paramilitares que delinquieron en el suroccidente colombiano con ese grupo armado ilegal.
<Colombia. Durante la audiencia del incidente de reparación integral de las víctimas del postulado Giancarlo Gutiérrez Suárez, alias ’Pirata’, la Fiscalía 18 de Justicia y Paz presentó un informe por departamento y por año sobre los crímenes que posiblemente cometió el Bloque Calima entre julio de 1999 y diciembre de 2004 .
Una de las misiones de la Fiscalía es confirmar si esos crímenes, denunciados y registrados como de posible autoría de las autodefensas, fueron cometidos por ese grupo armado ilegal u otros con los que compartió territorio durante su existencia.
Los paramilitares de los hermanos Carlos y Vicente Castaño llegaron al departamento del Valle del Cauca procedentes de Urabá en julio de 1999 y se instalaron en las montañas del centro del departamento, concretamente en la zona rural de Tuluá.
El último día de ese mes de julio, cuando los pobladores tulueños del corregimiento La Moralia celebraban las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, los paramilitares se tomaron la población y decidieron hacer su primer acto de violencia en la región.
Alias ’El Flaco’, un supuesto miliciano que fue capturado por paramilitares que en ese entonces se presentaban como de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), señaló a Orlando Urrea y su hija Sandra Patricia, y se convirtieron en las primeras víctimas mortales de ese grupo armado ilegal.
En el mes de agosto los paramilitares también cometieron varias masacres en los municipios de Buga, San Pedro y Tuluá, como parte de su carta de presentación y su anuncio de combatir a la subversión.
Con el paso del tiempo el grupo fue creciendo y su primera expansión se vivió en el año 2000 cuando Éver Veloza García, alias ’HH’, asumió el mando de los paramilitares en el Valle del Cauca y decidió enviarlos hasta Buenaventura y el vecino departamento de Cauca en mayo de ese año.
Con la llegada de alias ’HH’ al suroccidente colombiano y la creación del Bloque Calima, ese grupo armado ilegal también llegó a delinquir en los departamentos de Huila y Quindío, con lo que su estela de violencia y víctimas aumentó.
En medio su guerra el Bloque Calima llegó a tener cinco frentes: Central (ubicado en Tuluá y sus alrededores), Pacífico (ubicado en Buenaventura y algunos municipios costeros de Cauca), Cacique Calarcá (Ubicado en algunos municipios del norte del Valle del Cauca y Quindío), La Buitrera (Ubicado en Palmira y sus alrededores) y Farallones (ubicado en varios municipios de Cauca).
Ante los magistrados, la Fiscalía expuso que en medio de su lucha contra los grupos subversivos, los paramilitares asesinaron "de manera sistemática y selectiva a miembros de la población civil que eran tildados por la organización ilegal de guerrilleros, milicianos, auxiliadores o simpatizantes de la guerrilla, y a otros considerados de la delincuencia común, a quienes no daban posibilidad alguna de defensa".
25 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

preso patrón de sicarios


Quedó preso el patrón del hombre acusado de matar a un militante campesino. El empresario santafesino Jorge Ciccioli quedó detenido luego de haber sido acusado de instigar el crimen de Cristian Ferreyra, miembro del Mocase. Quedó imputado como "partícipe secundario" del homicidio. Declaraciones del gobernador Gerardo Zamora.
[Carlos Rodríguez] Argentina. Por orden judicial quedó detenido ayer en Santiago del Estero el empresario santafesino Jorge Ciccioli, dueño de tierras en Monte Quemado y patrón de Javier Juárez, el hombre acusado por el crimen de Cristian Ferreyra (23), miembro del Movimiento Campesino de la provincia (Mocase-Vía Campesina). Ciccioli, quien se presentó en un juzgado de la capital provincial, está imputado como "partícipe secundario" del homicidio. Por otra parte, en su primera declaración pública sobre el episodio que terminó con la muerte de Ferreyra, el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, sostuvo que el motivo del crimen fue "un conflicto por tierras entre gente humilde". Al mismo tiempo, aseguró que en seis años de gobierno "no se han vendido tierras fiscales y, por el contrario, se recuperaron 190 mil hectáreas", argumento con el cual negó el carácter de "gobernador sojero" que le atribuyen los campesinos. El mandatario salió a relativizar, además, la existencia de "grupos armados" que responden a las órdenes de los empresarios sojeros asentados en el norte de la provincia.
En Monte Quemado siguen detenidos, luego de prestar declaración indagatoria, los hermanos Javier Juárez –acusado de ser autor del crimen– y Walter Juárez. El juez a cargo debe interrogar a partir de hoy a los otros detenidos, Mario René y Carlos Gregorio Abregú, mientras sigue prófugo Hugo Juárez, hermano de los otros dos detenidos. En cuanto al empresario Jorge Ciccioli, "por razones que nadie explica, finalmente no se presentó en Monte Quemado, en el despacho del juez actuante, sino que lo hizo en el juzgado de turno de la ciudad de Santiago del Estero, donde ha quedado detenido", informó a Página/12 Antenor Ferreira, abogado de la APDH y representante legal de Darío Godoy (26), quien fue herido de bala durante el mismo episodio.
El abogado Leonardo Albelda, defensor de Ciccioli, anticipó que el empresario va a declarar ante el juez que cuando ocurrió el episodio "no se encontraba en Monte Quemado ni en la provincia de Santiago del Estero, de manera que es ajeno al hecho". Por su parte, Darío Godoy, herido en su pierna derecha, evoluciona bien, pero seguirá internado y todavía no se sabe cuándo le darán el alta. El viernes se harán dos marchas, una por la mañana en Monte Quemado, ante el juzgado del doctor Sarría Fringes, y otra en Buenos Aires, con participación de diputados nacionales y representantes de organismos de derechos humanos.
En un reportaje con una radio de Buenos Aires, el gobernador Zamora aclaró que no habló antes respecto de lo ocurrido porque se encontraba "de licencia" y que recién retomó ayer sus funciones. Consideró que fue "un lamentable hecho, un homicidio" producto de un problema "entre gente humilde lugareña, vecinos del lugar", aunque admitió que se trata de "un problema de tierras, es cierto". En ese sentido, reiteró que su gobierno tiene "una mesa de diálogo de la que participan los sectores campesinos con el objetivo de trazar políticas de Estado que lleven a una solución".
El mandatario eludió opinar sobre la causa judicial, pero sostuvo que la zona donde ocurrió el conflicto "no es sojera", a la vez que salió al cruce de quienes lo vienen señalando desde antes del hecho como "gobernador sojero" responsable de la venta "a bajo precio" de tierras fiscales, como le recordaron los periodistas que lo entrevistaron. "En seis años de gestión, no sólo no hemos vendido tierras sino que, por el contrario, hemos recuperado 90 mil hectáreas de un fideicomiso del ex Banco Provincia y otras 100 mil hectáreas de tierras fiscales".
Admitió luego, ante otra consulta, que los campesinos "igual se siguen quejando" y en ese sentido reconoció que "a lo mejor se quejan porque tal vez no fue suficiente lo que hemos hecho", pero se comprometió a "seguir fomentando el diálogo porque es necesario que nadie tenga que pelearse por la tierra" en su provincia.
25 de noviembre de 2011
23 de noviembre de 2011
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homenaje a 108 desaparecidos


La memoria dijo presente en el Colegio Nacional Buenos Aires.
Argentina. La comunidad educativa del histórico colegio porteño honró a alumnos y docentes desaparecidos y asesinados antes y durante la última dictadura con la colocación de seis baldosas que recuerdan su paso por ese establecimiento. El rector del CNBA, Gustavo Zorzoli, citó a las Madres de Plaza de Mayo al afirmar que se trata "de un dolor que con el tiempo se transformó en lucha, y la lucha en resistencia activa. Donde lejos de paralizarnos, nos movilizó y nos dio valor".

Durante su intervención, Zorzoli evocó la memoria de una ex alumna, desaparecida en 1976 durante la última dictadura militar a los 15 años, la "más joven de una larga lista de alumnos que tiene más de cien nombres y apellidos, y ex docentes". Y luego, destacó el trabajo de "las Madres, las Abuelas, Hijos y Familiares y otros organismos, junto algunos políticos y jueces, por pelear para lograr este momento".
Por su parte, la presidenta del Centro de Estudiantes, Irene Avila, señaló que "este colegio de elite, es también el colegio por el cual pasaron tantas personalidades históricas, y que durante años vio pasar a tantos chicos con conciencia nacional, responsabilidad por su país".
"Este colegio además de Miguel Cané y otras figuras tan importantes, es el de estos 108 desaparecidos a quienes estamos conmemorando con estas placas, y a quienes recordamos día a día militando, estudiando, marchando y preocupándonos por la realidad social", agregó.
El micrófono lo fueron tomando otros familiares y amigos de las víctimas homenajeadas, acompañados por integrantes de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, encabezadas por su titular, Nora Cortiñas; el ex canciller Jorge Taiana; y autoridades de esa escuela universitaria, entre otros.
Con las baldosas, realizadas semanas atrás por egresados y alumnos en el taller de la organización Memoria y Justicia que funciona en el barrio porteño de Almagro, firmes en el ingreso al colegio, se pasó a la habitual lectura de los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado. Las pancartas con sus rostros se alzaban entre el centenar de personas presentes que recordaron a sus seres queridos con un grito contundente: "Ahora y siempre".
[Foto viene del blog de Claudio A. Slemenson].
25 de noviembre de 2011
24 de noviembre de 2011
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alegatos para un juez prófugo


El representante del gobierno ante el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, pidió al Jurado de Enjuiciamiento de magistrados la "destitución" del camarista federal mendocino Otilio Romano por sus vinculaciones con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Argentina. El camarista mendocino no estuvo en la sala de audiencias ya que goza de una visa temporaria en Chile, adonde pidió asilo político. Su defensora, Fabiana León, pidió que los cargos en su contra fueran rechazados porque "no se puede juzgar con los parámetros de hoy lo que ocurrió hace más de 30 años".

Durante su alegato, Ordiales calificó al camarista mendocino como "funcional al aparato represivo del terrorismo de Estado" y aseguró que "deshonró el cargo con el que fue investido por las instituciones de la democracia" ya que "en todo momento mostró su absoluto desprecio por los Derechos Humanos y la ley". Con esos argumentos, Ordiales –quien junto al diputado Carlos "Cuto" Moreno representan al Consejo de la Magistratura en la acusación- pidió la remoción por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".
Ordiales agregó que Romano evidenció una "omisión deliberada, sistemática y prolongada en el tiempo de investigar las denuncias" por gravísimas violaciones a los derechos humanos que recibió, entre 1975 y 1983 cuando aún era fiscal federal y puso énfasis en la "indignidad" demostrada por el suspendido camarista al "fugarse" del país el 24 de agosto.
Por su parte, la defensora oficial negó que su asistido hubiese tomado declaraciones en centros clandestinos de detención, tal como afirmaron varios testigo, al considerar que "los miembros de la justicia federal no tenían la posibilidad de controlar" el accionar de las fuerzas represivas.
Tras los alegatos de las partes, los integrantes del jury se retiraron a deliberar para el dictado del veredicto que, se estima, podría conocerse a mediados del mes de diciembre, pese a que el plazo de 180 días que tiene el jurado para expedirse recién vence en febrero de 2012.
En este juicio político el jurado está presidido por la jueza María Alicia Noli e integrado su colega María Susana Najurieta, los senadores Rolando Bermejo y Emilio Alberto Rached, los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile y el abogado Fabián Antonio Sahade, en representación de los letrados matriculados.
25 de noviembre de 2011
24 de noviembre de 2011
©página 12

kimel absuelto después de su muerte


Para el CELS "aún es necesaria una reforma del Código Civil". Dos años después de su muerte, Kimel fue absuelto por la justicia argentina.
Argentina. La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la condena a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización de 20 mil pesos al juez Guillermo Rivarola impuesta contra el fallecido periodista Eduardo Kimel en 1999 por la publicación de su libro 'La masacre de San Patricio', en donde se detallaba el asesinato de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, muertos el 4 de julio de 1976, en plena dictadura militar.

Los magistrados hicieron lugar al pedido de revisión presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en representación de la hija del periodista fallecido en febrero de 2010. Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció en el 2008 la violación del derecho a la libertad de expresión de Kimel y ordenó al Estado argentino que anulara la sentencia penal contra el periodista y modificara el Código Penal por su incompatibilidad con la Convención Americana.
'La masacre...' había sido publicada en 1989, y en el libro el periodista aludía a la actuación del camarista Guillermo Rivarola, quien como juez tuvo a su cargo la investigación del caso en los años 1976 y 1997, y se preguntaba si "realmente quería llegar a una pista que condujera a los victimarios".
En octubre de 1995, la jueza Angela Braidot, condenó a Kimel. A pesar de que en noviembre de 1996, la Cámara Nacional de Apelaciones anuló por unanimidad el fallo y absolvió al periodista, en diciembre de 1998 la Corte Suprema aceptó un recurso de Rivarola, revocó el fallo anterior y lo devolvió a la Cámara para que dictara una nueva sentencia, que finalmente confirmó la pena original. El caso motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el fallo dictado ahora por la Cámara de Casación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales sostuvo que "esta resolución confirma que las expresiones relacionadas con asuntos de interés público no configuran delitos penales y establece un precedente para que los tribunales argentinos no den curso a demandas de este tipo". "Si bien la despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público ha sido un gran avance en la Argentina, continúa vigente el desafío de generar un cambio cultural que garantice una postura homogénea del Poder Judicial y de los funcionarios y personajes públicos que impulsan querellas por delitos de difamación", agregó el CELS, que recordó que en 2009 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.551 que despenalizó los delitos de calumnias e injurias para expresiones de interés público. "Sin embargo -agregó la entidad-, la inexistencia de mecanismos legales internos para implementar las decisiones de los órganos de derechos humanos mantenía vigente la condena penal a Eduardo Kimel. Por ese motivo el CELS presentó un recurso de revisión ante la Cámara Nacional de Casación Penal con el objetivo de lograr el cumplimiento total de la sentencia de la Corte Interamericana y que se reparen las violaciones a los derechos del periodista y evitar futuras querellas".
El CELS hizo hincapié en que "desde el pronunciamiento de la Corte transcurrieron más de tres años", lo cual "pone de manifiesto las deficiencias del Estado para dar cumplimiento al fallo en su totalidad y la falta de articulación entre sus distintos poderes para evitar que su ejecución dependa del accionar de las víctimas".
En ese marco, la entidad advirtió sobre "el desafío vigente de generar un cambio cultural que garantice una postura homogénea del Poder Judicial y de los funcionarios y personajes públicos que impulsan querellas por delitos de difamación". Y concluyó que "aún es necesaria una reforma del Código Civil para impedir la proliferación de demandas contra periodistas, quienes deben pagar indemnizaciones en concepto de daños al honor y la intimidad en casos de interés público. La amenaza que implica este tipo de sanciones económicas también trae aparejado un efecto de silenciamiento, como ocurre con los procesos penales".
25 de noviembre de 2011
24 de noviembre de 2011
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videla y otros procesados por asesinato


Videla, Menéndez y Harguindeguy, procesados por el asesinato de Angelelli.
Argentina. El juez Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menendez y Albano Harguindeguy por "homicidio calificado y asociación ilícita", por el crimen del obispo Enrique Angelelli ocurrido en 1976. El magistrado entendió que el supuesto accidente de tránsito donde murió el monseñor fue "provocado" y atribuyó la responsabilidad a las máximas jerarquías de la ultima dictadura militar. También fueron imputados el excomodoro Luis Fernando Estrella y el expolicía Juan Carlos "La Bruja" Romero.

La causa, investigada como un accidente automovilístico ocurrido en proximidades de la localidad de Punta de los Llanos, en la provincia de La Rioja, el 4 de agosto de 1976, fue archivada ese mismo año por la justicia provincial. En 1984 la investigación fue reabierta, y calificada como homicidio. No obstante, con las leyes de punto final y obediencia debida en vigencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dispuso su archivo.
Reabierta la investigación, y luego de que el actual Juez Federal de La Rioja reasumiera la dirección de la investigación en 2010, se se estableció que la muerte de Monseñor Enrique Angel Angelelli fue producto de un "accidente automovilístico provocado", que ocasionó la muerta de Angeleli y lesiones de consideración a su acompañante, el exsacerdote Arturo Aído Pinto.
En la resolución se señala, entre otros aspectos, la existencia de irregularidades en la investigación policial del hecho, la presencia de personal de "inteligencia" de ejército y la policía en el lugar del supuesto accidente, la existencia de un sumario paralelo, y fundamentalmente la declaración de los diversos testigos, así como las circunstancias previas, signadas por los homicidios de los sacerdotes Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias y Wenceslao Pedernera en la localidad de Chamical.
25 de noviembre de 2011
24 de noviembre de 2011
©página 12

murió impune chacal bussi


El Mussolini tucumano
Argentina. El mismo día del inicio de un nuevo juicio oral en Tucumán, el amo, señor y fusilador número uno de esa provincia durante la última dictadura militar -declarado insano y apartado de la causa- murió, a los 85 años, por una insuficiencia cardíaca. En 1987, el Punto final de Raúl Alfonsín le garantizó impunidad. Comenzó entonces una extensa carrera política, siempre con epicentro en una provincia abrumada por la miseria.

Antonio Domingo Bussi había nacido en Entre Ríos el 17 de enero de 1926. Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente del Operativo Independencia a Acdel Vilas, otro general insano pero sobre todo impune que pasa sus días en un departamento de Palermo. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó "rematar a la subversión", explicó alguna vez.
El 24 de marzo de 1976 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de "subversivo", que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca. En 2006 perdió un juicio contra el escritor Tomás Eloy Martínez, quien al recordar la historia lo calificó de "tirano" y "feroz exterminador de disidentes".
Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. "Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1", apuntó la Comisión.
Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el exgendarme Omar Torres relató dos fusilamientos de los cuales fue testigo: "El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a la persona". Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego "se echaba leña, aceite y gomas de automóviles". Obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: "Los exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más". Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.
En el 87 lo salvó el Punto final, pero también la justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal provincial, que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas en su contra. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El voto le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. "Imperfecciones propias de mi naturaleza humana", había justificado.
En 1999 volvió a ser electo diputado. La APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993. La Cámara le impidió el ingreso al Congreso. El año pasado la Corte Suprema falló que debió respetarse el voto popular, pero el mandato había concluido. El Tribunal de Honor del Ejército, que nunca le cuestionó secuestrar o torturar, lo sancionó por mentir. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero su detención le impidió asumir. El juez federal Jorge Parache le concedió arresto domiciliario en su casa de Pilar, que violó según denunció la Secretaría de Derechos Humanos provincial.
La Comisión Bicameral Investigadora formada en 1984 compiló una nómina de 507 secuestros durante la guerra sucia en Tucumán: 387 personas detenidas desaparecidas, otras 96 que luego recuperaron su libertad y 24 cuyos cadáveres fueron recuperados. El 68 por ciento de los 507 secuestros se produjeron en 1976 y 1977, mientras Bussi fue interventor federal y jefe militar de la provincia.
25 de noviembre de 2011
24 de noviembre de 2011
©página 12