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Presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile fue agente de la dictadura militar.
Chile. El obispo Roberto López Rojas integró la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA como policía secreta de Pinochet. Preguntado si no se considera moralmente impedido de encabezar una institución que aboga por la paz y los derechos humanos, tras haber estado en organismos represivos que violaron esos derechos, como la CNI y los servicios de inteligencia de la Armada, expresó que "no". "Por el contrario, a mucha honra, me siento orgulloso de haber cumplido mis funciones", sostuvo.
El actual presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal, la principal congregación evangélica de Chile, con más de dos millones de fieles, el obispo Roberto López Rojas, fue agente de organismos represivos y de espionaje durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Así lo pudo confirmar Efe a través de documentos de la Marina a los que tuvo acceso y en una entrevista con el obispo, quien aseguró que no estuvo involucrado en "ningún crimen", pero dijo sentirse "honrado" de haber cumplido las funciones que se le asignaron como suboficial de la institución naval.
López integró la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA como policía secreta de Pinochet.
En su currículo figuran cursos de perfeccionamiento en la CNI y en la Marina donde también operó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Armada (Dirinta), entre ellos de "Inteligencia Naval", "Capacitación de inteligencia operacional" y "Guerra especial"
Además, fue agente del Servicio Secreto de la Armada, con operaciones tanto en el ámbito interno como externo de la institución
Su condición de agente aparece confirmada en el "Oficio Ordinario número 1505/0323/1590 INT", de la Marina, al que tuvo acceso Efe.
El documento no detalla qué funciones cumplió el obispo en los organismos donde estuvo, pero señala que López también cumplió tareas en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
En entrevista con Efe, Roberto López confirmó su paso por todos los organismos mencionados, aunque al señalársele la necesidad de grabar algunas de sus respuestas, además de tomar notas, se negó y puso como condición la presencia de un abogado, en una nueva reunión, que él convocaría.
Posteriormente el obispo cambió de opinión y no accedió a una nueva entrevista.
Roberto López no aparece involucrado en delitos de lesa humanidad y asegura que no se avergüenza de su pasado.
Preguntado si no se considera moralmente impedido de encabezar una institución que aboga por la paz y los derechos humanos, tras haber estado en organismos represivos que violaron esos derechos, como la CNI y los servicios de inteligencia de la Armada, expresó que "no".
"Por el contrario, a mucha honra, me siento orgulloso de haber cumplido mis funciones, pues nunca estuve involucrado en ningún crimen", repuso.
En 1985 el juez Carlos Cerda instruyó la causa "ROL 2-77? en contra de la asociación ilícita criminal "Comando Conjunto", por el secuestro y desaparición, en 1976, de los militantes comunistas Edras Pinto Arroyo y Reinalda Pereira Plaza.
Según el expediente de este proceso, el 10 de diciembre de 1985 el juez Cerda ordenó detener a una persona que, desde un vehículo, fotografiaba su ingreso y el del testigo Carlos Paredes a la cárcel santiaguina de San Miguel, donde debía realizar unas diligencias.
Según un oficio redactado por el juez e incorporado al expediente, el detenido dijo llamarse "Roberto Alejandro López Rojas" y aseguró que estaba ahí "para visitar a un amigo que había caído" y que se encontraba detenido.
El juez Cerdas ordenó entonces ingresar a Roberto López al recinto carcelario, para interrogarle e incautarle la máquina fotográfica
En una declaración judicial prestada ese mismo día, López Rojas reconoció haber sido enviado "a tomar fotos de las personas que entraran al presidio"
Posteriormente, el 11 de diciembre de 1985, la Armada envió al juez Cerda el oficio número 40-87, en el que informaba de que López fue enviado a la cárcel "a prestar protección al teniente de la Armada Daniel Guimpert Corvalán".
Este episodio fue confirmado a Efe también por el obispo López, quien permaneció en la Marina entre el 1 de agosto de 1979 y el 15 de julio de 2001.
El teniente Daniel Guimpert fue un triple agente de la DINA, Comando Conjunto e Inteligencia Naval, que actualmente se encuentra procesado por varios crímenes de lesa humanidad.
Testimonios judiciales relativos a los juicios en que está imputado coinciden en que se destacó por su extrema crueldad con los prisioneros.
En 1986 Guimpert figuró en una lista de 40 agentes del Comando Conjunto procesados por el juez Carlos Cerda por el secuestro y desaparición de Edras Pinto y Reinalda Pereira, lista que encabezó el exintegrante de la junta militar, y exjefe de la Fuerza Aérea (FACH), Gustavo Leigh Guzmán, fallecido años después.
11 de abril de 2011
©el mostrador
[Dennis McLellan] Murió este sábado pasado el prolífico director Sidnet Lumet, que fuera nominado cuatro veces a un Oscar y conocido por sus sólidas actuaciones en películas como ‘Doce hombres sin piedad’ [12 Angry Men], ‘Tarde de perros’ [Dog Day Afternoon] y ‘Network, un mundo implacable’ [Network]. Tenía 86 años.
[Victoria Ginzberg] Argentina. Durante diez años se opuso a que le hicieran una prueba de ADN para establecer si era o no hijo de desaparecidos. Allanaron su casa y se llevaron su ropa, pero eso tampoco dio resultado. Lo pararon en la calle, lo escoltaron al juzgado, le pidieron la remera y otras prendas y entonces sí, se estableció que sus padres eran María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, secuestrados en julio de 1977. La confirmación de esa noticia no se la dio un juez, sino la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré. Es que Ezequiel Vázquez Sarmiento trabajaba en la Fuerza Aérea. Es el nieto 102 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo y es la primera vez que da una entrevista. De hecho, él la propuso. "Quiero agradecer", explica: "Yo pensaba que querían revancha y venganza y al final nada que ver. Uno después habla con la gente de allá y lo único que fue es contención y calidez. Para mí, el post enterarme e interactuar con las personas de Abuelas fue muy importante para cambiar los prejuicios".
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Los análisis genéticos demostraron esta semana que María Pía Josefina Kerz es la hija de Cecilia Barral y Ricardo Klotzman, dos militantes desaparecidos el 2 de agosto de 1976, en Rosario. Ellos tenían 24 años. Y ella apenas cinco días, cuando un grupo de tareas la entregó a una familia de la ciudad de Santa Fe con un biberón, un kilo de leche en polvo y dos cartas. Una es la confesión del crimen de sus padres: "La niña proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella", dice la esquela que hoy revela Rosario/12. Era el 21 de agosto de 1976, sábado, casi a las nueve de la mañana, cuando un Ford Falcon verde clarito, estacionó frente a la casa de los Kerz, en Amenábar al 3.000, a cien metros de la Legislatura y a trescientos de la Casa Gris y el Palacio de Tribunales. A bordo, llegaron tres hombres jóvenes: uno de ellos bajó, entró al living sin golpear y dejó la recién nacida. "Esto es para usted", le dijo a la dueña de casa, Mirta Ovidi de Kerz, que estaba en la puerta, como esperando. Su marido, Serafín Kerz, había salido temprano. Afuera, otro de los individuos amenazó con un revólver al vecino de al lado, Francisco Caminos, y lo obligó a encerrase en su casa, aunque antes vio que arriba del auto también había armas largas. Caminos obedeció y los visitantes se fueron. A la semana, los Kerz lograron una guarda y al año siguiente, la adopción, por consejos de la secretaria del Juzgado de Menores de Santa Fe, Margarita Stella Mayoraz, con quien "tenían trato frecuente" y solían verse en la Catedral Metropolitana, después de misa. Antes de su fallecimiento, Mayoraz tuvo que declarar dos veces, en 2002 y 2004, en otra causa por sustracción de identidad de otra menor, hija de desaparecidos, donde le preguntaron si el Juzgado de Menores había investigado el origen de María Pía. Y ella soltó su confesión: "No, nunca lo investigamos", dijo.
Santa Fe, Argentina. La secretaria del Juzgado de Menores de Santa Fe, Margarita Stella Mayoraz, ya fallecida, admitió en dos declaraciones judiciales que el tribunal nunca investigó "el origen" de María Pía Josefina Kerz, la hija Ricardo Klotzman y Cecilia Barral. Y que ella aconsejó al matrimonio Kerz qué debía hacer para quedarse con la recién nacida que un grupo de tareas dejó en su casa. "Yo le aconsejé que pidiera la guarda y después gestionara la adopción para darle un vínculo indestructible", reveló.
Argentina. "Estamos sumamente preocupados por la fuga del genocida de la ESMA Víctor Roberto ‘Lindoro’ Olivera, posibilitada por los responsables de su excarcelación, la Cámara Nacional de Casación Penal, y por quienes debían vigilarlo, el Tribunal Oral y Federal Nº 5", señalaron ayer las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En un comunicado de prensa, recordaron que el represor había sido identificado "gracias al trabajo de los organismos de derechos humanos, algo que debió haber hecho la Justicia", pero "Casación lo dejó en libertad con el argumento de que no se fugaría". Además, subrayaron que el tribunal que debía garantizar que Olivera no se fugara, el TOF Nº 5, integrado por los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Germán Castelli, es "el mismo que tuvo a su cargo la seguridad del represor de la ESMA Héctor Febres, quien murió antes de las sentencias a causa de la ingesta de cianuro en su lugar de detención, sede de la Prefectura". Olivera confesó que en la ESMA hacían desaparecer los cuerpos de los secuestrados incinerándolos, en lo que llamaban "asadito", como alternativa a los vuelos de la muerte. "Su fuga implica no sólo que pueda evadir la acción de la Justicia, sino que constituye un peligro para el avance de la causa y, fundamentalmente, para la seguridad de los testigos que deben declarar desde su condición de sobrevivientes, familiares y compañeros de las víctimas".
[José Maggi] Argentina. El lunes 4 de abril el secretario de Derechos Humanos de la CGT nacional Julio Piumato, provocó una fuerte polémica en el seno mismo de la justicia federal rosarina al declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, en la causa Diaz Bessone. "Laura Cosidoy visitaba a los detenidos que tenían causa federal en calidad de defensora federal. En esas visitas al Gringo Aloisio y el Tortuga Nassini dos presos rosarinos que estaban en la cárcel de La Plata, junto a Piumato , daban cuenta de la bajeza de la conducta de esta persona, que iba con vestimenta provocativa mostrando sus partes pudendas de manera de cautivarlos, y después sin ningún tipo de vergüenza les proponía que si ellos colaboraban y le daban información de lo que pasaba allí, podía interceder ante Galtieri". Tras la declaración Piumato dejó en claro que están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy, "con la larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el jury en su contra".
[Alejandra Dandan] Argentina. Para cada uno, el juicio significó algo distinto. Antonio Muniz Barreto nunca logró dormir antes de las audiencias. Diego, su hermano mayor, el que lleva el nombre del padre, dice que cada día era como limpiar una herida todos los lunes y jueves: "Y empiezo a tener la sensación de que ahora la estoy curando pero que siempre va a estar la cicatriz". Algo de eso sucedió con Manuel y Gastón Gonçalves. Algo de eso, también, con Marisa D’Amico, que sigue convencida de que todavía no termina nada porque tiene que encontrar el cuerpo de sus hermanos. Todos se preparan para acercarse otra vez a José León Suárez, esta vez para la última audiencia: el jueves van a escuchar la sentencia del Tribunal Oral Federal No1 de San Martín, que podrá condenar o no a Luis Abelardo Patti, a Reynaldo Bignone y Omar Riveros, entre otros, por un tramo de los crímenes de la causa Campo de Mayo.