Blogia

mQh

juez garzón se viene a colombia


Santos confirma que Garzón asesorará a Colombia a través de la OEA. La incorporación de Garzón se producirá cuando deje su asesoría en la Corte Penal Internacional (CPI), que ejerce en la actualidad, dijo el presidente.
Colombia. El juez español Baltasar Garzón asesorará a Colombia a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó en Madrid el presidente Juan Manuel Santos.
"Se ha dispuesto que el juez Garzón, a través de la OEA, preste su asesoría, que consideramos importante por su experiencia en asuntos como la Ley de Justicia y Paz", señaló Santos.
Según el presidente, el juez español tiene "una experiencia que a nosotros nos sirve muchísimo y queremos utilizar esa experiencia mejorando toda la estructura jurídica en la aplicación de esa ley y lo que se viene ahora con otros frentes de la política colombiana".
La incorporación de Garzón se producirá cuando deje su asesoría en la Corte Penal Internacional (CPI), que ejerce en la actualidad, dijo el presidente, que no dio una fecha concreta.
Sobre la situación actual del juez, a quien el Tribunal Supremo español decidió la apertura de un juicio por ordenar la grabación de conversaciones entre imputados en la trama de corrupción conocida como el "caso Gurtel", Santos dijo que "todo el mundo es susceptible de ser juzgado o acusado", pero también "todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario".
"Respetamos mucho al juez Garzón", afirmó el presidente, quien destacó que el magistrado español "fue muy importante para Colombia, para validar internacionalmente el proceso de aplicación de los principios de Justicia, Verdad y Reparación", que permitió la desmovilización de más de 30.000 miembros de los grupos paramilitares.
"Eso creo que no tiene antecedentes en el mundo y por eso hemos valorado positivamente la posibilidad de que el juez Baltasar Garzón continúe asesorándonos en temas donde él es especialmente conocedor", añadió Santos.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, en la que participará el magistrado español como asesor, se creó en febrero de 2004 tras un acuerdo firmado un mes antes entre el Gobierno y el organismo interamericano.
La decisión del Tribunal Supremo español es la segunda causa que llevará a Garzón a juicio, ya que el alto tribunal decidió anteriormente sentarle en el banquillo acusado de prevaricación por declararse competente para investigar las desapariciones durante el franquismo.
El magistrado tiene abierta una tercera causa en el Alto Tribunal español por los supuestos cobros recibidos del Banco Santander, durante su estancia entre 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York.
En la actualidad trabaja como asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, tras recibir una invitación del fiscal jefe de ese órgano, Luis Moreno Ocampo, después de que fuera suspendido en sus funciones como juez de la Audiencia Nacional española.
11 de abril de 2011
©semana

empezó juicio contra juan pablo sánchez


Arranca juicio a ex por ‘parapolítica’. En el primer día de juicio, el ex congresista caldense Juan Pablo Sánchez rechazó las acusaciones que lo vinculan con ‘Ernesto Báez’ aunque aceptó haber coincidido en una reunión con el ex jefe paramilitar.
Colombia. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo el primer día de audiencia del juicio al ex representante a la Cámara por Caldas Juan Pablo Sánchez, por el delito de concierto para delinquir agravado.
Durante el primer día, el ex congresista se defendió de las acusaciones en su contra y aseguró que su llegada al Congreso fue gracias al apoyo de estudiantes de la Universidad de Manizales y no al apoyo de paramilitares al mando de Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’, antiguo jefe político del Bloque Central Bolívar de las AUC.
Según Sánchez, nunca tuvo apoyo político ni económico de los ‘paras’ para su campaña al Congreso en 2006, afirmación contraria a las declaraciones de ‘Ernesto Báez’ quien en varias oportunidades aseveró haber elegido a Sánchez como candidato a la Cámara y haberle enviado dinero para la financiación de la campaña. "Nunca he comprometido mi nombre con los paramilitares", puntualizó el ex congresista.
Sin embargo, Sánchez reconoció haber coincidido en una reunión con el ex jefe paramilitar celebrada en febrero de 2006, meses antes a las elecciones. Según Sánchez, en un primer momento asistió a la reunión con el propósito de hablar de temas de paz y sin saber que el ex jefe paramilitar estaría.
Posteriormente, relató Sánchez, ya en el bus que lo llevaría al sitio de la reunión en el municipio La Merced, se enteró de la participación de ‘Báez’. No obstante, Sánchez explicó que decidió asistir puesto que sabía que ‘Báez’ ya tenía calidad de desmovilizado y que portaba salvoconducto avalado por el gobierno. "El papel que cumplió Báez (en la reunión) fue animar a los estudiantes" señaló el ex congresista.
La investigación contra Sánchez Morales surgió a partir de varias declaraciones de desmovilizados quienes aseguraron que el ex congresista fue elegido como candidato a la Cámara de Representantes del 2006 en  una reunión en la que participaron Ferney Tapasco González, entonces Presidente del Directorio Liberal de Caldas, y el jefe paramilitar ’Ernesto Báez’. En el mismo encuentro aparentemente se definió la distribución de los liberales del departamento para hacer campaña.
Sánchez fue capturado en septiembre de 2009 y llamado a juicio por la Corte Suprema en abril de 2010. Su llamado a juicio coincidió en ese momento con la condena al ex congresista Dixon Ferney Tapasco, por parapolítica, y la captura en marzo de 2010 de su padre Ferney Tapasco González, al que investigan también por sus posibles nexos con las Auc.
Sánchez ocupó el quinto renglón de la lista, pero llegó al Congreso en 2009 debido a que tres de los otros integrantes de la lista fueron detenidos por parapolítica. Él corrió igual suerte dos meses después de haberse posesionado.
Las evidencias, que ha analizado la Corte Suprema para condenar a otros dos ex congresistas caldenses,  Dixon Tapasco y Emilio Enrique Ángel, también hacen parte del expediente en contra de Sánchez Morales.
Precisamente durante el primer día de audiencia declaró el ex congresista condenado por ‘parapolìtica’, Emilio Enrique Ángel. Según Ángel, nunca participó en reuniones con ’Báez’ en compañía de Juan Pablo Sánchez, contrario a las declaraciones del ex jefe paramilitar.
Ángel aseguró que a pesar que estaban en la misma lista, nunca tuvo mucho contacto con Sánchez y tampoco supo de sus nexos con grupos paramilitares en Caldas.
El juicio contra Sánchez continuará a instancias de la Corte Suprema hasta el próximo viernes.
11 de abril de 2011
©verdadabierta

robo de bebés fue sistemático


Carlotto: "Hubo un plan sistemático para el robo de bebés".
Argentina. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo reanudó esta mañana su testimonio en el juicio oral y público contra los represores Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y Jorge 'el Tigre' Acosta, entre otros. Carlotto relató la forma en la que le fue entregado el cuerpo de su hija, afirmó que la apropiación de bebés era "una práctica permanente y siniestra" y manifestó que "no queremos revancha, solamente justicia para que se escriba la historia con toda la verdad".

Tal como lo hizo el 30 de marzo último cuando comenzó su testimonio, Carlotto recordó que el ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps, en declaraciones periodísticas reconoció que "yo mandé matar cinco mil subversivos, pero ningún niño" que "eran entregados a otras familias para que los eduquen, porque si se los dábamos a sus abuelos iban salir subversivos".
También declaró que un recurso de "habeas corpus" que había presentado por su hija Laura recibió como respuesta judicial que "no se encuentra detenida y se desconoce su paradero" y ese mensaje le fue entregado "dos días después de haberla enterrado".
Carlotto relató que vio por última vez a su hija el 1 de agosto de 1977 y que el 31 de diciembre de ese año recibió una carta anónima en la que le decían que Laura estaba detenida bajo la órbita de las fuerzas de seguridad. Agregó que una compañera de cautiverio de su hija le contó en abril de 1987 que Laura estaba detenida en el centro clandestino "La Cacha", en la localidad platense de Olmos, y que tenía un embarazo de seis meses.
A través de una hermana del ex dictador Reinaldo Bignone, logró entrevistarse en 1977 con él para pedirle por su hija y su marido, que estuvo secuestrado entre el 1 y el 25 de agosto de ese año. Carlotto relató que a mediados de diciembre de 1977 tuvo una segunda reunión con Bignone en la que le dijo al dictador que si su hija "ya está muerta, devuélvanme el cuerpo".
La titular de Abuelas declaró que junto a su esposo recibió una citación de la comisaría de Isidro Casanova, en la provincia de Buenos Aires, donde la convocaban "por un tema que oportunamente se le notificará" y concurrieron esperanzados de que "Laura y su bebé estaban ahí".
Carlotto refirió que en el lugar le dijeron que "lamentaban informarle" que su hija –por entonces de 23 años- "estaba fallecida" junto a otro joven, y que la intimaron a retirar el cuerpo "antes de las 12 de la noche" pues caso contrario sería "enterrada como NN". "Yo no suelo elevar el volumen de mi voz, pero en ese momento no pude más y le grité ‘¡Asesino!’ y le señalé el crucifijo que tenía en la pared y le dije ‘¡El los va a juzgar, asesinos!’", tras lo cual retiró el cadáver de su hija que estaba en "una furgoneta de una empresa fúnebre" cuyo conductor le advirtió que "estaba cansado de retirar cuerpos que se inhumaban como NN".
Recordó que sus familiares le pidieron que no participase, en la comisaría, del reconocimiento del cadáver de Laura pues "estaba irreconocible" por lo que decidieron velarla a cajón cerrado y recién pudo "ver sus huesitos" cuando el Equipo de Antropología Forense lo exhumó. Esos profesionales constataron que la joven había sido asesinada cuando estaba "tirada en el suelo" mediante balazos disparados "desde una distancia no superior a los 30 centímetros" y que, efectivamente, había dado a luz una criatura dos meses antes del crimen.
El robo del nieto de Carlotto es uno de los 34 casos de apropiación de menores que se están juzgando. Los bebés nacieron en los centros de detención y exterminio ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield, La Cacha, Comisaría 5ta. de La Plata, El Vesubio, El Olimpo y Automotores Orletti. También llegan a juicio las apropiaciones de los diputados Victoria Donda y Juan Cabandié y de la nieta de María Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo.
Junto a los dictadores Videla y Bignone también están acusados el ex jefe de inteligencia de la ESMA Jorge 'el Tigre' Acosta, el médico Jorge Luis Magnacco, a cargo de los partos en ese lugar; el ex general Santiago Riveros, el ex prefecto Jorge Antonio Azic y los ex almirantes Rubén Franco y Antonio Vañek, que se negaron a declarar.
Videla se negó a declarar -mediante una videoconferencia porque está internado por una fractura múltiple en un brazo-, ya que consideró que está "condenado de antemano".
11 de abril de 2011
©página 12

prohíben minería en zona mapuche


Un fallo del máximo tribunal neuquino protegió los derechos mapuches. El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén denegó una apelación del gobierno neuquino y convalidó la prohibición de que la empresa minera Cormine avance sobre territorio mapuche. El reclamo lo había presentado la comunidad de Campana Mahuida.
[Darío Aranda] Argentina. Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
La comunidad mapuche Mellao Morales habita la localidad de Campana Mahuida desde el siglo XIX. Está integrada por 300 familias que se dedican a la cría de ganado y pequeñas chacras para autoconsumo. En octubre de 2007 comenzaron a observar vehículos que se internaban en el paraje y subían para la zona del cerro Tres Puntas. Se sorprendieron por la existencia de exploración minera en su territorio e, incluso, de un contrato entre Cormine y la compañía china Emprendimientos Mineros SA.
La comunidad presentó en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares. Infima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por, según la misma empresa china, 1800 millones de dólares.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al Superior Tribunal (STJ). El 28 de septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén devolvió la causa a primera instancia, pero antes hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. En la práctica, implicó el freno de la actividad minera. El STJ dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la Provincia de Neuquén.
La Fiscalía de Estado y Cormine apelaron con un recurso extraordinario. Y el Superior Tribunal acaba de volver a fallar contra el gobierno neuquino. La resolución 141, del 29 de marzo pero difundida esta semana, aclara que no corresponde una presentación como la realizada (por no tratarse de una sentencia definitiva) y cuestiona duramente a Cormine y a la Fiscalía porque su apelación "no logra realizar una crítica razonada a las circunstancias que fueron ponderadas para tomar la decisión (de detener la actividad minera)". Precisa que el recurso extraordinario carece de argumentos que permitan tomar otra decisión respecto de lo vigente en el Convenio 169, en los "derechos (indígenas) involucrados (...) y los principios constitucionales".
"Esperábamos el fallo porque es claro que no se respetaron nuestros derechos. Los políticos nos maltrataron para que demos marcha atrás, pero es una decisión tomada. Como pueblo mapuche no queremos minería en nuestro territorio", afirmó el lonko de la comunidad Mellao Morales, Pedro Beroiza.
El máximo tribunal fue particularmente duro con la Fiscalía de Estado. "No guarda coherencia la conducta desplegada por la Fiscalía." Y reafirma la vigencia de la resolución 6941 del Superior Tribunal porque, en la presentación judicial, Cormine y Fiscalía "no han logrado desvirtuar los argumentos allí brindados".
La resolución 6941, dictada el 28 de septiembre de 2009, marca la prevalencia del derecho indígena, la necesidad de prohibir la actividad minera y es un antecedente de peso para otros conflictos entre pueblos originarios y empresas extractivas. Ordenó respetar los derechos indígenas y frenar el avance minero.
Remarcó el derecho a consulta de las comunidades y recuerda que la propia Constitución de Neuquén determina la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurando su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten.
Desde la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, no respondieron los llamados de este diario. Idéntica decisión tomó el presidente de Cormine, Martín Irigoyen. Desde el área de prensa de la Gobernación emitieron un comunicado y adelantaron que será la única expresión sobre el caso: "Nada dice la resolución sobre la cuestión discutida en el juicio y lejos está de afectar el Informe de Impacto Ambiental o cualquier otro documento relacionado con el Proyecto".
Aún falta la sentencia que dirima la cuestión de fondo (la legalidad del contrato minero sin consulta a la comunidad mapuche).
Elena Picasso, abogada de la comunidad y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), está a cargo de la defensa de la comunidad junto a Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué. Deja claro que aún no hay que festejar porque la disputa judicial continúa, pero sí se permite una sonrisa: "El derecho indígena está muy por encima del Código de Minería. Y, sobre todo, la tierra y el agua están más protegidas al cuidado de los pueblos originarios que en manos de las mineras".
11 de abril de 2011
©página 12

sobre sidney lumet


Adiós a un gran cineasta, neoyorquino por excelencia.
[Luciano Monteagudo] Fue, mucho antes que Woody Allen, el cineasta neoyorquino por excelencia, aquel que siempre prefirió las calles de Manhattan a los estudios de Hollywood, el director que sin presumir de su categoría de auteur le dio al cine estadounidense un puñado de clásicos –desde ‘Doce hombres en pugna’ hasta ‘Tarde de perros’, pasando por ‘El prestamista’ y ‘Sérpico’– que se animaron a enfrentar no sólo a sus personajes, sino también a sus espectadores con incómodos, desafiantes problemas de conciencia. Prolífico pero nunca venal, Sidney Lumet –fallecido ayer a los 86 años, en la ciudad en la que nació y trabajó casi toda su vida– construyó un cuerpo de obra sin duda irregular, hecho de más de 40 películas, pero casi siempre muy personal, ajeno a las modas y los condicionamientos de la industria. Era un consumado director de actores y un cineasta de una poderosa fuerza dramática.
Como recordaba Peter Bogdanovich, Lumet no sólo era hijo de Nueva York, sino también "un hijo del teatro". Siendo muy joven actuó en Broadway y antes de eso en los escenarios idish, a la edad de cuatro años. Esa experiencia le permitió alcanzar una compenetración extraordinaria con sus intérpretes que le fue muy útil para sus primeras experiencias en la televisión, allá por los años ’50, cuando por limitaciones técnicas un programa dramático todavía se emitía en directo, como un trapecista que se lanza al vacío sin red. De hecho, Lumet se convirtió en el mascarón de proa de un grupo de realizadores –Arthur Penn, John Frankenheimer, Martin Ritt, entre otros– que para las historias del cine pasó a denominarse "la generación de la televisión", por su origen en los sets de TV.
Por cierto, su debut cinematográfico, la famosa ‘Doce hombres en pugna’ (1957), protagonizada por Henry Fonda como el único, solitario integrante de un jurado que no está dispuesto a condenar a un hombre simplemente para poder irse antes a su casa, fue la réplica de una exitosa emisión televisiva que había dirigido originalmente Franklin J. Schaffner. Pero el dominio de todo el elenco y la precisión de sus planos le valieron a Lumet, ya en su debut, la primera de sus cuatro candidaturas al Oscar al mejor director. Como tantas otras injusticias de la Academia de Hollywood, nunca lo ganó, hasta que en 2005 le entregaron una estatuilla honoraria por el conjunto de su carrera, "un premio consuelo por tantos años de olvido", como escribió Manohla Dargis en The New York Times. "Quería un Oscar, maldición, y creo que me lo merecía", reconoció el propio Lumet.
Para su segundo largo, ‘Ambición de gloria’ (1957), volvió a contar con Fonda, y para el cuarto, ‘El hombre en la piel de víbora’ (1959), Lumet se dio el lujo, nada menos, de juntar a Marlon Brando con Anna Magnani y Joanne Woodward, para la adaptación de una pieza de Tennessee Williams, ‘Orfeo desciende’, escrita por su propio autor. Las versiones cinematográficas de grandes textos de la dramaturgia estadounidense se convertirían en su primera especialidad: a ‘Panorama desde el puente’ (1962), de Arthur Miller, con Raf Vallone y Jean Sorel, le siguió ‘Largo viaje de un día hacia la noche’ (1962), de Eugene O’Neill, con Katharine Hepburn, Ralph Richardson y Jason Robards. Pero su pulso auténticamente cinematográfico brillaría recién en ‘Límite de seguridad’ (1964), una estupenda película de cámara protagonizada nuevamente por Henry Fonda, esta vez como un presidente estadounidense enfrentado a la crisis de un holocausto nuclear, en un momento particularmente sensible a ese tema, como lo prueba también el ‘Doctor Insólito’ de Stanley Kubrick, estrenada ese mismo año.
El talento de Lumet como director volvería a manifestarse en ‘El prestamista’ (1964), un tour de force para Rod Steiger como el conflictuado personaje del título, obsesionado con sus recuerdos como sobreviviente de un campo de concentración. Aquí Nueva York, particularmente Harlem, ya tenía –en la extraordinaria fotografía de Boris Kaufman, el mismo cameraman de ‘Nido de ratas’– una importancia fundamental. "En mis películas, las locaciones son personajes en sí mismos", decía Lumet. "La ciudad es capaz de expresar toda la atmósfera de una escena."
Otras películas importantes de este período fueron ‘La colina de la deshonra’ (1965), con Sean Connery, y su versión de ‘La gaviota’ (1968), de Antón Chejov, con James Mason. Durante los años ’70, Lumet alcanzaría algunos de sus mayores éxitos, tanto de crítica como de boletería: ‘El gran golpe’ (1971) y ‘Hasta los dioses se equivocan’ (1972), ambas con Connery; las famosas ‘Sérpico’ (1973) y ‘Tarde de perros’ (1975), ambas con Al Pacino; ‘Crimen en el Expreso de Oriente’ (1974) y ‘Poder que mata’ (1976), sobre guión de Paddy Chayefsky, corrosiva visión del mundo de la televisión, con Faye Dunaway, William Holden y Peter Finch.
De la década siguiente sobresalen ‘Será justicia’ (1982), con Paul Newman; ‘Daniel, el último testigo’ (1983), sobre el tristemente célebre caso Rosenberg durante la "caza de brujas" del macartismo, y dos notables películas policiales, en las que Nueva York vuelve a ser protagonista: ‘Príncipe de la ciudad’ (1981), con Treat Williams, y ‘Preguntas sin respuesta’ (1989), con Nick Nolte.
La despedida de Lumet como director no pudo haber sido mejor: en el 2007, a los 83 años, entregó uno de los mejores films de toda su carrera, ‘Antes que el diablo sepa que estás muerto’, un thriller seco y de-sencantado, que va creciendo hasta convertirse en una sangrienta tragedia de cuño shakespeareano. Hay mucho de misantropía en la visión de este film de Lumet, que no tiene nada de invernal ni de testamento. Es ciertamente la película de un cineasta en su madurez, que ve al mundo "como un lugar maligno" (así lo describe uno de sus personajes), pero que es capaz de expresar esa desilusión con una energía y una ferocidad sin atenuantes.
11 de abril de 2011
10 de abril de 2011
©página 12 

murió farley granger


Actor mejor conocido por sus papeles en películas de Hitchcock.
[Dennis McLellan] Murió Farley Granger, atractivo actor durante el periodo de posguerra en Hollywood que era mejor conocido por sus papeles estelares en las películas de suspense de Alfred Hitchcock, ‘Extraños en un tren’ [Strangers on a Train] y ‘La soga’ [Rope; Festín diabólico]. Tenía 85 años.
Granger murió de causas naturales el domingo en su casa en Manhattan, informó una portavoz de la oficina del forense de la Ciudad de Nueva York.
En una carrera que empezó como adolescente cuando fue descubierto en una producción local por el director de reparto Samuel Goldwyn, Granger debutó en el cine como un joven ruso en la película ‘La estrella del norte’ [The North Star], de 1943.
Fue protagonista de películas como la pieza maestra del cine negro de Nicholas Ray, ‘Los amantes de la noche’ [They Live by Night], de 1949; del drama policial de Anthony Mann, ‘La calle de la muerte’ [Side Street], de 1950; y la saga histórica de Luchino Visconti, ‘Senso’, de 1954.
"Delgado y atractivo, poseía una sensibilidad que podía sugerir tanto el lado oscuro como la vulnerabilidad de sus personajes" escribió el crítico de cine Kevin Thomas, que trabajaba para el Times en 2003.
En la película ‘La soga’ (1948), con James Stewart, Granger y John Dal, representa a dos jóvenes amigos que cometen un homicidio y ocultan el cuerpo en su departamento. El rodaje ininterrumpido durante diez minutos hizo famoso a Hitchcock.
En el clásico de Hitchcock ‘Extraños en un tren’, de 1951, Granger es un campeón de tenis cuyo encuentro casual con un meloso psicópata en un tren amenaza más tarde con destruir no solamente su carrera, sino su vida misma.
"Representaba a héroes sensibles, románticos, a veces condenados al fracaso", dijo Thomas el martes, observando que Granger "tenía gracia y elegancia naturales".
"Era muy popular en ese entonces, un rompecorazones. Las máquinas publicitarias de los estudios estaban en su apogeo, y aparecía en todas las revistas de cine de fines de los años cuarenta y principio de los cincuenta.
Granger recordó sus días como actor principal en su libro de memorias de 2007, ‘Include Me Out: My Life From Goldwyn to Broadway’, lo que incluyó la revelación de que era bisexual. Escribió el libro con Robert Calhoun, su pareja desde principios de los años sesenta.
En el libro Granger describe abiertamente sus romances, juergas y aventuras con hombres y mujeres, incluyendo a las actrices Ava Gardner, Barbara Stanwyck y Shelley Winters, así como el compositor Leonard Bernstein y el dramaturgo Arthur Laurents (que escribió el guión de ‘La soga’).
"Nunca he ocultado nada y nadie me preguntaba nada", dijo Granger a la Associated Press en 2007. "Se supo hace unos diez años, cuando era viejo. Arthur Laurents dio una entrevista en la que me expuso públicamente".

Hijo de un exitoso concesionario de automóviles, Granger nació en San José el 1 de julio de 1925. Después del crash de la bolsa en 1929, la recién empobrecida familia se mudó a Los Angeles, donde Granger fue descubierto a los diecisiete y firmó un contrato de cien dólares a la semana con la compañía Goldwyn.
Después de aparecer en su segunda película, el drama de la Segunda Guerra Mundial, ‘Corazón púrpura’, en 1944, Granger se enroló en la Armada y pasó la mayor parte de su servicio en tiempos de guerra en Hawai.
Varios años después de reanudar su carrera cinematográfica, Granger se sintió incómodo con algunas de sus películas "basura" en las que Goldwyn le exigía aparecer, so pena de suspenderlo sin paga si rechazaba los papeles que le asignaban.
En 1953, Granger compró su contrato con Goldwyn y dejó Hollywood para estudiar actuación y probar suerte en teatro en Nueva York.
"Me costó hasta el último centavo", escribió en su libro, "pero estaba obedeciendo a mi corazón y estaba haciendo lo que tenía que hacer".
Además de papeles esterales en películas como ‘La muchacha del trapecio rojo’ [The Girl in the Red Velvet Swing] y ‘La calle desnuda’ [The Naked Street], Granger pasó la mayor parte de los años cincuenta trabajando en series antológicas para la televisión en vivo como ‘Playhouse 90’ y ‘The United States Steel Hour’.
Más tarde tuvo apariciones ocasionales como actor invitado en series de televisión como ‘Matt Helm’ y ‘El crucero del amor’ [The Love Boat] y en culebrones como ‘Al filo de la noche’ [The Edge of Night] y ‘Una vida para vivir’ [One Life to Live].
Pese a varias actuaciones en Broadway, las giras con el National Repertory Theatre y un premio Obie por su papel en la pieza en off-Broadway ‘Talley & Son’, en 1986, Granger contó al New York Times en 2007 que sus años en el teatro nunca estuvieron a la altura de sus esperanzas.
Analizando retrospectivamente su carrera en una entrevista de 2007 con el diario Star-Ledge, de Nueva Jersey, Granger dijo: "Fue simplemente suerte. Y testarudez. No iba a tolerar que nadie me dijera que no podía hacer esto o lo otro. Eso no me importaba. Simplemente iba a seguir mi propio camino. Estaba determinado a vivir mi propia vida".
Calhoun, pareja de Granger toda la vida, que fue productor ejecutivo de ‘El mundo gira’ [As the World Turns] y ‘La luz que guía’ [Guiding Light], murió en 2008.
11 de abril de 2011
30 de marzo de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh

agente volvió al lugar del crimen


Un bonaerense testigo del caso de J. L. Suárez fue detenido después de una reconstrucción. Durante una reciente reconstrucción por las muertes de dos jóvenes y heridas a un tercero, uno de los policías, que en la causa aparecía como testigo, fue reconocido por los vecinos como uno de los que dispararon balas de plomo y quedó detenido.
[Carlos Rodríguez] Argentina. Una novedad de suma importancia –y también sorprendente– se produjo en la causa en la que se investiga la muerte de dos jóvenes y las lesiones graves que sufrió un tercero en José León Suárez, como consecuencia de una represión policial que incluyó disparos con balas de plomo. Por los hechos ocurridos el jueves 3 de febrero pasado había un solo policía detenido, el oficial subinspector Ezequiel Vega, de la comisaría 2ª de San Martín, quien fue el primero en reconocer que había utilizado postas de guerra –de plomo– para reprimir a un grupo de personas que se había movilizado en torno de un tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino (CNA), que descarriló en las cercanías del barrio De la Cárcova, donde vivían las dos víctimas fatales y el joven herido. La sorpresa es que, durante un reciente reconocimiento judicial en el lugar de los hechos, un policía citado como testigo de lo ocurrido fue denunciado por vecinos del barrio como otro de los agentes que habían disparado contra los tres chicos. Ahora, luego de que se reunieran una serie de pruebas que se suman al testimonio de los vecinos, el juez de la causa dispuso la detención del policía en cuestión, Gustavo Sebastián Rey, mientras que los fiscales solicitaron que se le dicte la prisión preventiva como presunto autor de las dos muertes.
Tras la confesión y la detención del subinspector Vega, la fiscalía lo había señalado, en principio, como el presunto responsable de las muertes de Franco Almirón, de 16 años, y de Mauricio Arce Ramos, de 17, y también por las heridas graves que sufrió Joaquín Romero, de 19. La presunción surgía del hecho de que, de acuerdo con el testimonio de varios policías, el único que había cargado su arma, una escopeta 12.70, con balas de plomo, había sido Vega. Sin embargo, a partir de la inesperada acusación contra Rey, ahora se sabe que hubo otros uniformados que usaron ese tipo de munición, en lugar de las postas de goma, como marca el reglamento en casos como el ocurrido en José León Suárez.
En consecuencia, y a partir de las primeras pericias realizadas por expertos de Gendarmería Nacional, todo hace suponer que, por la posición que tuvieron en el lugar de los hechos, durante los incidentes, lo más probable es que Rey haya sido quien mató a Almirón y a Ramos, mientras que Vega sería el responsable de las heridas de balas de plomo que recibió Romero. La hipótesis es preliminar porque resta conocer el resultado de otras pericias complementarias. Del mismo modo, se sospecha que otros policías habrían disparado también con balas de plomo.
Al principio, la policía y el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, así como voceros de la empresa CNA, habían asegurado que el descarrilamiento del tren de carga había sido producto de una supuesta "maniobra organizada" por un grupo de jóvenes para robar la mercadería que llevaba la formación. Por esa razón, según Casal, la policía tuvo que reprimir para evitar el saqueo y también como respuesta a los disparos que habrían realizado algunos de los que rodearon el tren.
"Esa versión policial ha sido puesta en serias dudas porque todo parece indicar que el descarrilamiento se produjo por deficiencia de las vías porque, en el sector donde ocurrieron los hechos, los rieles están torcidos, como formando una ‘S’, lo que indicaría que fue un accidente no provocado por nadie. El problema se debió a la ineptitud de los rieles de soportar el paso del tren", le aseguró a Página/12 el abogado querellante Juan Carlos García Dietze, quien representa a las familias de Ramos y de Romero.
"Está probado que Ramos, Almirón y Romero recibieron impactos de balas de plomo. Lo que ocurre es que ahora, después de la acusación contra Rey, que es integrante de la Policía Bonaerense 2, la sospecha es que los disparos que fueron fatales los hizo este oficial y no Vega." Las pericias planimétricas que hicieron los expertos de Gendarmería, a cargo de la tarea porque la Policía Bonaerense fue separada de la investigación, establecen "con claridad la posición en las que estaban, durante la represión, los dos policías y la que tuvo Rey es la que coincide con el recorrido de los proyectiles que terminaron con la vida de Ramos y Almirón".
Como se informó en su momento, Almirón tenía entre cinco y seis impactos de bala, mientras que Ramos sólo presentaba uno que fue igualmente fatal. Las postas de plomo de las escopetas 12.70 que usa la policía tienen nueve perdigones por cada cartucho. "Por la ubicación en la que estaban y en la que cayeron los dos chicos que murieron, es probable que un solo disparo realizado, se cree que por Rey, podría haberlos matado a los dos, ya que estaban en línea recta hacia el lugar desde donde hizo los disparos este policía", precisó García Dietze. Una fuente cercana a la investigación le había dicho a este diario que cada perdigón de los que dispara la 12.70 puede producir el mismo daño que el proyectil de una pistola 9 milímetros.
El abogado querellante dijo que, a poco de producirse el descarrilamiento, la empresa CNA pidió la intervención policial y comenzaron a llegar al barrio De la Cárcova policías uniformados en motos, los que se internaron en el barrio para alejar a los jóvenes que se habían acercado al tren. Los policías que dispararon, lo hicieron desde las vías, a unos cien metros del lugar donde estaban las tres víctimas, sobre la primera calle del barrio, paralela a las vías.
De hecho, el policía Rey fue señalado como uno de los que disparaban, semioculto tras los vagones descarrilados. En el caso de Rey, se lo reconoció también porque el día de los hechos llevaba puestos unos anteojos oscuros, los mismos con los que fue visto durante el reconocimiento al que se había presentado como testigo. Este hecho ocurrió hace unos quince días y Rey fue identificado por varios vecinos del barrio, que habían sido convocados por la Justicia para hacer una reconstrucción de los hechos, indicando el lugar donde estaban los tres chicos y la zona desde la cual disparaban los policías.
"¡El era uno de los que disparaba ese día!", exclamó uno de los vecinos, cuyo testimonio fue ratificado por otros. Allí comenzó a complicarse la situación de Rey. El día de los hechos, en la represión participaron unos 50 policías, armados con escopetas y armas cortas. Se cree que al principio dispararon con postas de goma pero, como se acabaron las mismas, siguieron luego con cartuchos con perdigones de plomo. "Hubo un momento en el cual algunos móviles se dirigieron a la comisaría 4ª (con jurisdicción en la zona) para buscar municiones de goma, dado que se les habían acabado." Se cree que se hicieron cerca de 500 disparos con postas de goma.
Vega, aunque admitió que había disparado con plomo, sostuvo ante la Justicia que se había equivocado. "Eso es imposible –sostuvo García Dietze–, porque Vega admitió que es instructor de tiro y por esa sencilla razón es imposible que se pueda haber equivocado. Nadie puede hacerlo porque los cartuchos de plomo son de color rojo, y los de goma de colores claros, como blanco o amarillo. Tampoco Rey podría alegar que se confundió, porque la diferencia de color es notoria."
Respecto de si se trató de un "enfrentamiento", como argumentó al principio Casal y la policía, el abogado consideró que sólo hay "un video en el cual aparecen dos personas disparando supuestamente contra los policías. Lo curioso es que mientras uno dispara, el otro va recogiendo los casquillos que quedaban en el piso. Es algo raro que un civil tome esas precauciones". Por lo demás, está probado que ninguna de las tres víctimas tenía armas. "Los que estaban rodeando el tren sólo tiraron piedras contra la policía."
En la causa ahora hay dos detenidos, por decisión del juez Nicolás Schiavo, mientras que el fiscal Marcelo Sendot pidió que se dicte también la prisión preventiva de Rey, por doble homicidio. En el caso de Vega, si bien ahora se cree que sólo habría sido autor de las heridas que sufrió el chico Romero, su situación sigue siendo grave, porque se lo acusa de "tentativa de homicidio" porque, como señaló el abogado querellante, "tenía que haber imaginado el daño que podía hacer disparando con balas de guerra contra personas que estaban a cien metros del lugar desde donde dispararon".
Un testigo de identidad reservada sostuvo que él estuvo a punto de morir cuando Ramos cayó herido. "El joven dijo que le había gritado a Ramos que se tirara el piso, mientras él hacia lo mismo. Suárez no lo hizo y las balas que podían haber afectado al testigo, mataron al otro chico." García Dietze sostuvo que las declaraciones de los testigos demostrarían que "es mentira lo que dijeron los policías en cuanto a que disparaban hacia el piso. Todo indica que tiraron al cuerpo, a matar. No fueron disparos al voleo".
11 de abril de 2011
©página 12

fuero o desafuero


El escándalo de Tolemaida sobre las condiciones de reclusión de los militares que cometen delitos fuera del servicio abre también la discusión sobre su juzgamiento y defensa.
Colombia. La semana pasada tuvo lugar algo insólito en lo que va de este gobierno: el primer choque público entre los dos ministros más importantes del gabinete. A raíz de las revelaciones de SEMANA sobre las privilegiadas circunstancias en las que transcurría la reclusión de docenas de miembros del Ejército presos en Tolemaida, Germán Vargas, de Interior y de Justicia, y Rodrigo Rivera, de Defensa, quedaron en orillas opuestas en un debate que, en el fondo, toca un tema casi tabú en Colombia: ¿deben el espíritu de cuerpo y su expresión legal, el fuero militar, proteger a uniformados que cometen delitos que nada tienen que ver con actos del servicio?
El lunes 4, Vargas Lleras propuso trasladar a los 952 militares que están recluidos en nueve cárceles militares a la nueva penitenciaría de Guaduas, con capacidad para 3.500 internos. "Las Fuerzas Militares pueden cumplir con esa función", replicó de inmediato Rivera, en La FM de RCN, apoyado por el comandante del Ejército, general Alejandro Navas. Ambos anunciaron una comisión de verificación para las irregularidades denunciadas en Tolemaida y detallaron las medidas que fueron tomadas desde diciembre para ponerles fin. El martes 5, la polémica subió de punto. El ministro del Interior se quejó de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) "no ha podido ejercer control ni vigilancia sobre reclusión en guarniciones militares, porque no permiten su ingreso", muy molesto porque una solicitud del Inpec, a fines de febrero, para visitar Tolemaida, había sido negada un mes después por su comandante. El Ejército alegó "un probable error de trámite". El pulso público en el seno del gobierno dio paso al silencio. La discusión apenas empieza. Y va mucho más allá de las condiciones de reclusión de los militares.

Las Manifestaciones
Esta desavenencia ministerial es apenas la punta del iceberg. En enero, Tolemaida se vio sacudido por la fuga del mayor retirado César Alfonso Maldonado, que pagaba una condena de 25 años por participar en el atentado contra el congresista de izquierda Wilson Borja, en 2000, y por el descubrimiento de que otro mayor retirado, Juan Carlos Rodríguez, alias ’Zeus’, condenado a 12 años por ser jefe de seguridad del capo del narcotráfico del norte del Valle ’Don Diego’, vivía en una cabaña con todas las comodidades, hacía fiestas y se movía casi libremente dentro de la guarnición. Fueron destituidos los responsables del penal, se limitaron los permisos y, al parecer, todo quedó bajo control. Luego salió a la luz el polémico papel de la Defensoría Militar Integral, una oficina privada con apoyo del Ejército, en la defensa del subteniente Raúl Muñoz, acusado de violar y matar a unos niños en Arauca. Las acciones de Demil, que usó un helicóptero militar para enviar personal a interrogar a los niños, y unos mensajes Twitter amenazantes con los que respondió a una denuncia del columnista Daniel Coronell llevaron a la renuncia de su director. El ministro de Defensa presentó al Congreso un proyecto de ley para crear una defensoría militar pública, la cual reemplazaría a Demil. Por último, esta revista reveló las condiciones ’vacacionales’ en las que pagaban hasta hace poco sus ’condenas’ muchos de los cerca de 300 militares recluidos en Tolemaida por homicidio en persona protegida, tortura, secuestro, violación y otros crímenes.
Tras estos escándalos y el debate de los ministros yace un problema de fondo. La tradición del fuero militar en Colombia ha conducido, infortunadamente, a que el espíritu de cuerpo -en particular dentro del Ejército- a veces termine defendiendo casos de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. "Está obrando -dijo a SEMANA la directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente- un espíritu de cuerpo que le está haciendo un daño terrible al Ejército".
Con frecuencia, la reclusión parece una jaula de oro. Al recibir condena en firme, se escurre hasta la última gota de los plazos legales antes de dar al culpable de baja, y, entretanto, continúa recibiendo sueldo y pensión. Algunos hasta ascienden en la cárcel. En cambio, miembros de las otras fuerzas, distintas al Ejército, son dados de baja mediante la facultad discrecional y no son recluidos en condiciones privilegiadas.
La visión de los militares es muy distinta. Según el experto Alfredo Rangel, "la percepción en las Fuerzas Militares es que el fuero militar se ha abolido y que, en el conflicto interno, cualquier homicidio, aun en condiciones de servicio, puede ser investigado como una violación a los derechos humanos. El solo hecho de que se abra investigación a un oficial, con la lentitud de la justicia ordinaria, le daña la carrera y lo obliga a vender el carro e hipotecar la casa para defenderse". Según él, esto está afectando la moral y la capacidad operacional, en especial del Ejército. Sin embargo, dice, no se dan cuenta de que "en la situación en la que estamos falta solo un pasito para que pasen a cárceles civiles, y la opinión lo aceptaría".
Con cerca de 2.400 casos de ’falsos positivos’ en trámite ante la justicia, el número de militares procesados y condenados va a subir -y aumentarán los escándalos si no se toman medidas de raíz-. Por eso, lo primero es que acepten que el espíritu de cuerpo termina donde empiezan los crímenes que no tienen que ver con el servicio. Esos crímenes deben ser asumidos por la justicia ordinaria, y los uniformados condenados deben ser recluidos, así sea en una prisión exclusiva, bajo control civil, no militar. Llorente cree clave, además, la defensoría militar: "Sí ha habido una guerra jurídica contra ellos. Estos servidores del Estado que dan la vida por otros tienen derecho a una buena defensa. El problema es cuando la defensa se tergiversa y empieza a ser mal utilizada".
Toda esta controversia debe servir para discutir el tema abiertamente y de cara a la sociedad. Los militares necesitan la Justicia Penal Militar para todos los actos cometidos en razón de su servicio. Y esa justicia hay que fortalecerla. Pero los abusos de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales o las condiciones de reclusión extravagantes para criminales que mancillaron el uniforme y el honor militar no pueden despertar el espíritu de cuerpo. Por ahora los dos ministros, del Interior y Defensa, y el general Navas están citados al Congreso esta semana. Las diferencias públicas entre ellos pueden haber cesado, pero el verdadero debate apenas empieza.
11 de abril de 2011
9 de abril de 2011
©semana