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affd: pastor paria impresentable


AFFD: Caso de obispo evangélico López en la CNI es "impresentable". La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que la situación que involucra al presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal sería impensable en otros países.
Santiago, Chile. La información sobre la participación del actual presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal, Roberto López Rojas, en la CNI durante la dictadura de Augusto Pinochet, que fue confirmada por la agencia EFE, sorprendió a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Su presidenta, Lorena Pizarro, calificó la situación como "impresentable". "Esto que hoy día estamos enterándonos es parte de este dramático cuenta gotas que se vive en el país en relación a los sujetos que pertenecieron a los aparatos represivos", manifestó a Radio Cooperativa.
La dirigente agregó que "en otros países resultaría impresentable e impensable que un obispo de una iglesia haya pertenecido a aparatos represivos, de exterminio, porque todos los que pasaron por estos aparatos no nos cabe duda que sí están involucrados en causas de violaciones a los derechos humanos".
Roberto López confirmó su paso por organismos represores y expresó sentirse "orgulloso" de las funciones que cumplió en la CNI, pero aseguró que no participó en ningún crimen.
12 de abril de 2011
©la nación

conmoción por pastor paria


Obispo Soto: Participación del pastor López en la CNI es "cuestionable". El presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas Chilenas ratificó que hace tiempo contaban con antecedentes de la situación, pero que le corresponde a la Iglesia Metodista Pentecostal tomar alguna medida con respecto al tema.
Santiago, Chile. El obispo evangélico Emiliano Soto, presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas Chilenas, calificó de "cuestionable" la participación del pastor Roberto López Rojas en la CNI durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero aclaró que el futuro del religioso depende de la Iglesia Metodista Pentecostal, entidad del cual es presidente.
Soto informó a Radio Cooperativa que "contábamos con antecedentes por conversaciones personales que él nos había dado hace mucho tiempo atrás y, además, públicamente varios medios ya habían informado del hecho".
Narró el obispo López le informó en su oportunidad que "lo que él desarrollaba lo hacía dentro de una de las ramas de las Fuerzas Armadas, que es precisamente la Armada de Chile. Bajo contrato, fue enviado a cumplir labores de inteligencia y al interior de la CNI especialmente labores secundarias, de acuerdo a lo que él plantea, como fotografiar y conocer lugares".
Con respecto a la situación que afecta al representante de la Iglesia Metodista Pentecostal "podría ser cuestionable".
"Cualquier acción que se haya realizado dentro de un organismo como la CNI es cuestionable. Nuestra mirada a nivel global es que hay revisar y estudiar el caso, porque personas que cumplieron labores de ese tipo resulta reñido con la moral religiosa de poder seguir cumpliendo un cargo tan importante como ese. Pero le compete a la Iglesia Metodista Pentecostal poder asumir una definición con respecto al tema", aclaró.
El obispo Soto explicó que Roberto López no representa a los 2 millones de evangélicos que hay en el país, sino que a los fieles de la Iglesia Metodista Pentecostal que reúne a unas 120 mil o 130 mil personas.
12 de abril de 2011
©la nación

mario iguarán se defiende


"Nadie me compró la Fiscalía": Mario Iguarán. Nunca antes el ex fiscal, hoy embajador en El Cairo, había hablado tan abierta y extensamente sobre la acusación de que los magistrados fueron sobornados para elegirlo a él como fiscal. Además devela las presiones que sufrió por sus investigaciones de parapolíticos y corruptos.
[Angélica Pérez Pérez] Colombia. No es el mismo hombre que encontré en el 2007 en el despacho de la Fiscalía de Bogotá cuando lo entrevisté para Radio Francia Internacional. En ese entonces, Mario Iguarán era una especie de Quijote que como fiscal general estaba metiendo a la cárcel a políticos  embadurnados de pies a cabeza con el paramilitarismo.  A sus repuestas las movía el ímpetu de estar desenterrando la gran fosa en donde había quedado sepultada la justicia colombiana.
Cuatro años después, ahora como embajador colombiano ante el revolucionado mundo árabe, las palabras de Iguarán arrastran el peso del rosario de virulentos ataques, imputaciones e intentonas de atentados de las que ha sido víctima desde entonces.  El más reciente golpe en contra suyo fue la acusación de que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con su complicidad, fueron comprados con dineros de la mafia para que lo eligieran a la cabeza de la Fiscalía.
 
Angélica Pérez: ¿Qué responde a la acusación de fue elegido por magistrados comprados por la mafia?
Mario Iguarán: Como nadie, absolutamente nadie puede decir que me compró ni en un solo caso de los que tuve a cargo,  se les ocurre  decir ahora que yo fui quien compró o permití que compraran, nada más ni nada menos, que a la Corte Suprema de Justicia.  Yo, el fiscal que decidió el caso de Tasmania y que aún es criticado con bastante dureza por el presidente Uribe y vituperado con bastante bronca por aquellos a quienes se ordenó investigar.
No voy a entrar a controvertir lo que de entrada se advierte como un disparate o, mejor, como algo fraguado por los enemigos de la justicia colombiana. Pero tampoco voy a decir que se debe desestimar de plano lo que han dicho los señores desmovilizados. Lo pertinente, pienso yo,  es que se abra una investigación.

A.P.: El paramilitar extraditado Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ aseguró  que el gobierno a través suyo ofreció dinero para conseguir la foto de un magistrado con Giorgio Sale, un empresario italiano capturado en el 2006 por narcotráfico y lavado de dinero. Dijo que usted hizo esa oferta vía Mancuso y que todo ello se hacía en asocio con el abogado Sergio González, con José Obdulio Gaviria, Mario Uribe y Santiago Uribe.
M.I.: Eso es de película. Tendría que no correrme sangre por las venas para que yo estuviera concertando con los que para ese momento ya estaban dedicados de tiempo completo a atacarme, incluso enviando imprecisas fotos y fábulas infames sobre mí a los medios de comunicación. No sé si ellos se las inventaban o se las libreteaban otros.  Es más, algunas de esas historias habían sido declaradas sin fundamento por mi despacho.
No conozco al abogado Sergio González y respecto a los demás solo tengo que decir que ellos sí me conocen muy bien y que el país conoce, aún mejor, la distancia que media entre ellos y yo. Creo que el señor Juan Carlos Sierra me está confundiendo con otra persona o quiere crear confusión para favorecer a algunos ventilando un simple rumor. Porque lo que él dice textualmente refiriéndose a mi es "él como que era el que tenía esa información y la transmitió para que la consiguieran, no sé de más, que le pregunten al tal abogado Sergio González".
Yo a Giorgio Sale no lo conozco y, pese a ello, se ha dicho que cuando yo era Fiscal General viajé con este señor en un avión de la Fiscalía. Acaso se estarán refiriendo a un viaje que hice en 2005 con fines académicos en el que sólo fui a Montería y  regresé a Bogotá como cualquier parroquiano en un vuelo comercial.

A.P.: También se habla de una reunión en la que los magistrados de la Corte compartieron con el empresario Georgio Sale antes de ser capturado y se asegura que usted estuvo presente.
M.I.: Para la fecha en que supuestamente tuvo lugar esa reunión, yo estaba fuera del país. Por la Fiscalía debió asistir mi reemplazo, que era el vice fiscal, junto a otros funcionarios. Entonces, la pregunta es si no conocí al señor Giorgio Sale, si nunca asistí a reuniones con él,  por qué habría de decir que me consta de la existencia de fotos suyas con los magistrados.
Y le está hablando quien fuera el Fiscal General de la Nación cuando el caso de Tasmania. En 2007 aquel paramilitar dijo que el magistrado Iván Velásquez le había ofrecido beneficios, a cambio de implicar al presidente Uribe y a un empresario en un atentado contra un ex comandante de las Autodefensas, alias ‘René’. Y fue la Fiscalía de Mario Iguarán la que  precluyó ese proceso en favor del magistrado Velásquez y ordenó investigar a Tasmania, a su abogado Sergio González y a ‘El Tuso’ Sierra.  Fue la misma Fiscalía la que entonces ordenó compulsar copias para que se investigara a Mario Uribe y a Santiago Uribe,  las personas con las que, según las acusaciones de ahora, yo estaría asociado para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia.

A.P.: ¿Quiénes son sus enemigos como para inventar semejante cuento?
M.I.: Antes de responderle, quiero dejar muy en claro que yo rechazo rotundamente los señalamientos que se hacen en contra de la Corte y reitero que no existe ni acto, ni intención de mi parte por sobornar a los magistrados. Estas patrañas son ideadas y desarrolladas por la animadversión y hostilidad de quienes han pretendido obstaculizar la administración de justicia. Estas acusaciones, fruto de un espíritu malicioso y delincuencial, me han acarreado en lo personal un costo altísimo porque me ha colocado en la mira del sicariato no solo físico –que me ha  llevado a estar aquí lejos de mi país, de mi familia, de los míos – sino también del sicariato moral, todo por el simple hecho de haber tomado la decisión de cumplir con mi deber.

A.P.: ¿Cómo fue entonces su elección como Fiscal General?
M.I.: Yo no voy a decir que yo tenía todas las de ganar en la terna. Tal vez me desluce un poco lo que voy a decir pero, dadas las circunstancias, tengo que hacerlo. Yo había hecho méritos para ser elegido por los magistrados.  Varios de los ellos habían sido mis alumnos en especializaciones y en maestrías de derecho. Yo había sido director de la Escuela Judicial y había instituido el ingreso a la rama judicial a través del concurso. Había sido conjuez de la Corte, juez, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Como viceministro de justicia había gestionado con éxito reivindicaciones laborales de los magistrados auxiliares y otros funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Y un lustro antes de ser candidato para la Fiscalía, hice una especialización en casación penal donde mi tesis era la "prevalencia del recurso de casación penal frente a la tutela". Esa era una tesis respaldada por Corte Suprema.
No quiero jactarme, pero varios magistrados pueden corroborarlo porque lo dijeron el día de la presentación y lo repitieron después, mi exposición fue sencillamente brillante. Yo exhorto a que se le pregunte a los magistrados sobre ello.

A.P.: Mucho se especula sobre su relación con el entonces ministro de Justicia Sabas Pretelt. ¿Hasta dónde la mediación de él a favor de su nombramiento tuvo consecuencias en ejercicio como fiscal?
M.I.: Después de Dios fue el ministro Sabas quien más abogó porque yo fuera en la terna. En el primer borrador de terna estaban inscritos Consuelo Caldas, Camilo Ospina y Jorge Pretelt, que era el candidato de  preferencia del presidente Uribe. Yo no sé qué pensaba la Corte. Mi nombre no aparecía. Después me incluyen en la terna por sugerencia del ministro Sabas. Pero fue tan poca la influencia de Sabas durante mi administración como fiscal que durante ese período no se le resolvió favorablemente lo de la "Yidispolítica". Yo me declaré impedido porque respecto a Sabas Pretelt por mi amistad y el aprecio que le tengo.  Le dejé el caso al vicefiscal quien explicó a la opinión pública por qué no tomó una decisión.

A.P.: ¿Qué trasformaciones sustanciales hubo entre el proyecto inicial de Ley de Justicia y Paz que usted diseñó como viceministro de  Justicia y la Ley que se promulgó?
M.I.:  Yo colaboré en el proceso de formación de la Ley de Justicia y paz porque era mi función como viceministro y porque era un convencido de las bondades de ese  instrumento jurídico y político. Los que no creemos en la guerra, los que le tememos, los que no sabemos si somos capaces de prestar un hijo para la guerra, no descartamos este tipo de salidas. Se trataba de buscar el equilibrio entre los principios de justicia y de paz. So pretexto de justicia no se podía llegar al absoluto sometimiento porque entonces las autodefensas y las guerrillas no se iban a desmovilizar. Y so pretexto de la paz tampoco podíamos llegar a la absoluta impunidad.
Encontré muchas talanqueras en su aplicación, pero yo puedo decir que esta ley ha cumplido con unos mínimos de justicia, de reparación y de verdad. Hoy por hoy, la Fiscalía ha hallado más de  3500 cuerpos ha entregado a los familiares los restos de 1300 víctimas. El que se haya podido sacar a miles de familias de la tortura psicológica de no saber si sus  familiares están vivos o muertos, permitirles desarrollar algo que es tan inherente a la naturaleza humana como es el duelo, todo eso justifica el esfuerzo hecho para sacar adelante ese proceso. Si había un momento gratificante en la Fiscalía era cuando entregábamos los restos identificados a los familiares, porque en medio de una escena tan dolorosa y hasta macabra había, al mismo tiempo, una suerte de satisfacción.

A.P.: La ley ha sido blanco de críticas muy duras. Los defensores de derechos humanos aseguran que deja a los autores de crímenes de lesa humanidad en la impunidad. Voces más implacables dicen que es fruto de la concertación con los paramilitares y que defiende sus intereses…
M.I.: En la elaboración de esta ley se escucharon a todos los estamentos, a las víctimas, a los victimarios. Se tomaba nota y se ponía a consideración lo que cada uno decía, incluidas las autodefensas porque era un proceso en el que lo que primaba era el interés de un país por encontrar una salida hacia la paz. Esta gente no estaba derrotada. Claro que hay críticas pero también hay muchas organizaciones internacionales, incluso cortes internacionales que consideraron que la ley no contrariaba estándares internacionales.
Y es que justicia no siempre es proporcionalidad, de ahí que exista la justicia transicional para procesos como los que vive Colombia. Si no fuera así, pues estaríamos frente a una aberración porque cómo se van a imponer ocho años de cárcel a delitos como masacres y otros contra la humanidad cometidos por estas personas.  Pero es que la justicia también es conformidad, por eso si a esos mínimos de justicia -que en principio ofenden- le agregamos máximos de reparación y de verdad podemos estar hablando verdaderamente de Justicia.    

A.P.: ¿Participaron los paramilitares activamente en la elaboración de la Ley de Justicia y Paz?
M.I.: No. La ley la promovió el gobierno, la aprobó el Congreso y la perfeccionó la Corte Constitucional. Obviamente que había que hacer unas consideraciones respecto a los destinatarios de la ley.  Si el gobierno y el Congreso advierten –como seguramente ocurrió-que al imponer penas de 20 y 30 años de cárcel no se iba a dar un proceso de desmovilización ni un sometimiento a la ley, pues no tenía sentido establecer esas penas. Aquí no nos vamos a echar mentiras diciendo que la ley se hizo sin tener en consideración lo que ellos estuvieran pensando, porque de ser así el resultado hubiera sido una ley inocua y no aplicable. Incluso en mi calidad de viceministro hice, en muchas oportunidades, presentaciones de la ley a los miembros de las autodefensas. Eso no es un secreto.

A.P.: Usted advirtió que lo central es que la ley fuera acompañada de la reparación a las víctimas pero que justamente esa ha sido la gran carencia en su aplicación.
M.I.: Han fallado dos intentos. A veces es un poco incomprensible que  tanto el primero -que en mi concepto es lo previsto por la ley para que esa reparación fuera integral- tanto el segundo  - que fue la reparación administrativa promovida por el gobierno del presidente Uribe ante la inoperancia de la ley, hayan fallado. Yo espero que este tercer intento que es el proyecto de Ley de Víctimas del presidente Santos se pueda materializar.

A.P.: Habría entonces qué detectar donde radica el obstáculo que ha hecho imposible los anteriores intentos por  reparar a las víctimas.
M.I.: Mire, el problema no es la ley. El problema somos nosotros: los operadores jurídicos y administrativos. Porque la ley, aunque no es perfecta, sí está dotada de los instrumentos para hacer efectivos los valores de justicia, verdad y reparación.  Porque si la ley necesitara mas, pues la Corte Constitucional lo habría dicho y porque si fuera contraria a  los intereses de las víctimas, la misma Corte la hubiera declarado inexequible.

A.P.: Un caso en el que debió recibir muchas presiones fue el de Jorge Noguera, el ex director del DAS, por sus nexos con el paramilitarismo, siendo un hombre de la confianza de del presidente Alvaro Uribe…
M.I.: No llevaba un año en la Fiscalía cuando le imputé a Jorge Noguera vínculos con los paramilitares. Un proceso emblemático y complejo en el que, incluso, tuve controversias teóricas jurídicas con la propia Corte Suprema de Justicia que finalmente fueron resueltas.  
Uno puede entender que el presidente Uribe defendiera a sus colaboradores y, debía hacerlo porque por algo los puso ahí. Lo que resulta difícil de entender es que el Presidente no comprendiera que la Fiscalía estaba obligada a cumplir con su deber.   

A.P.: Durante su gestión, se empezó a destapar el expediente de la llamada parapolítica. ¿De dónde partió esa compleja investigación?
M.I.: Fuimos nosotros –y los  titulares e informaciones de los medios son nuestra prueba – quienes empezamos a hablar de parapolítica. Lo hicimos  a partir de la incautación por parte del despacho de la Fiscalía del portátil de alias ‘don Antonio’, hombre de Rodrigo Tovar Pupo. Recuerdo que después de ese hallazgo, visité a la Corte Suprema de Justicia para hablar del fenómeno de la parapolítica. Es a partir de ahí que se tomaron las primeras medidas, como fue la captura  y medida de aseguramiento a diputados de Sucre. Un mes después la Corte se pronunció sobre Álvaro García, Eric Morris, Jairo Merlano y, luego vino nuestra decisión sobre Muriel Benito Rebollo.  En fin, nosotros iniciamos y continuamos la parapolítica manejando el mismo código y  la misma jurisprudencia de la Corte. Y en varias ocasiones, cuando la Fiscalía acusó, la Corte exoneró y absolvió. Y eso no me autoriza ni siquiera a pensar que la Corte estaba generando impunidad.

A.P.: Usted me dijo hace cuatro años que "no fueron las autodefensas las que reclutaron a la clase política, sino que fue la clase política la que reclutó a las autodefensas".  ¿Qué consecuencias le trajo investigar la responsabilidad de funcionarios y dirigentes políticos en la formación y financiación de los paramilitares que cometieron cientos de masacres?
M.I.: Pues las sigo sufriendo hoy. Animadversión, hostilidad, calumnias. Se ha hablado de que las autodefensas hicieron una vaca para que los magistrados votaran por mí. Pero lo que hay es una "vaca" para enlodarme y ensuciar a la justicia colombiana. Aunque, como ya lo he dicho, no voy a entrar a controvertir esas incriminaciones, tengo que prepararme porque ya se podrán imaginar el número de voluntarios listos a coadyuvar con infundios, injurias e imputaciones contra mí y contra la justicia. Pero vamos a salir adelante. Ellos no van a vencer la fortaleza de la majestad de la Corte, la fortaleza del Estado de Derecho y la fortaleza que me dio Dios para ser Fiscal acompañado de unos funcionarios ejemplares.   

A.P.: ¿Fue blanco de persecuciones, amenazas o chantajes mientras fue fiscal?
M.I.: Amenazas sí. Tanto el Ejército como la Policía develaron en varias ocasiones planes para atentar no solo contra mi vida sino contra la de funcionarios de la Fiscalía. En cuanto a las presiones, creo que no se atrevieron a hacerlas aunque las hayan pensado.

A.P.: ¿Cómo fue su relación durante esos años con el presidente Uribe?
M.I.: El presidente Uribe estaba muy pendiente de lo que sucedía en la justicia y de cómo se podía combatir la delincuencia.  Lo que sí puedo decir es que un entorno del Presidente muy cercano a él se vino en contra mío abierta y notoriamente.

A.P.: ¿Estamos hablando de José Obdulio?
M.I.: Pues, sí. Y creo que ustedes los periodistas lo saben muy bien. Yo no puedo negar que muchos casos de los que adelanté como Fiscal generaron molestia en el gobierno. Por ejemplo, cuando dictamos medida de aseguramiento contra Mario Uribe se me tildó de falta de entereza por permitir que los fiscales tomaran  decisiones como esa. Pero yo, respetuoso siempre del principio de autonomía de los fiscales,  acaté, defendí y respaldé las decisiones de mis fiscales siempre y cuando no advirtiera un prevaricato o una decisión abiertamente contraria a la ley. Es que todo se ha confundido en el país, en un momento dado la entereza significó engreimiento, ordinariez y grosería.

A.P.: ¿Y hubo presiones en el caso del ex gobernador del departamento de Sucre y ex diplomático del gobierno Uribe,  Salvador Arana, a quien su Fiscalía  llamó a indagatoria y le dictó medida de aseguramiento por desaparición forzada y homicidio agravado?
M.I.: Ese es uno de los procesos archivados que nosotros revivimos. A Salvador Arana se le había dictado un inhibitorio para que no fuera investigado (firmado por el fiscal anterior,  Luis Camilo Osorio).  Nosotros lo reactivamos, lo vinculamos, le dictamos orden de captura por crear y financiar grupos paramilitares y por homicidio.  No hay que olvidar que lo primeros veredictos en el país por parapolítica fueron dictados por nuestra Fiscalía como sentencia anticipada. Ahí están los casos de Alfonso Campo, Jorge Luis Caballero, Miguel de la Espriella, Carlos Clavijo. Eso demuestra que hubo un buen trabajo de investigación y que el acerbo probatorio de la Fiscalía era contundente.

A.P.: ¿Cree usted que esa articulación entre élite política, económica y mafia amparada en los ejércitos criminales del paramilitarismo se desmontó en Colombia?
M.I.: Yo tengo que hablar sobre hechos. Por eso no puedo decir que el fenómeno continúa. Que aún haya procesos o investigaciones por parapolítica es otra cosa. Me parece que lo que han hecho la Corte Suprema y la Fiscalía es muy alentador, se sigue investigando, juzgando y tomando decisiones.

A.P.: ¿Cómo fiscal de la parapolítica, cuál fue el momento más difícil?
M.I.: Muchos. Muchas decisiones se tomaron con dolor de afectar la libertad de personas que conocía, aunque eso no nos quitó determinación. Se trataba de personas del Congreso, del Gobierno o de la administración pública con las que compartí con ocasión de mi ejercicio profesional o mi tarea académica.  Fue muy difícil tomar esas decisiones pero había que hacerlo y, bueno, ahí están las consecuencias. Imagine usted el exabrupto, ¡decir que a la Corte Suprema de Justicia le pagaron para que me eligiera!

A.P.:  Su primer caso difícil como fiscal fue el juicio contra un grupo de militares del Ejército a los que acusó por la masacre de 10 policías y un informante en Jamundí. Usted desmintió la tesis de que se trataba de "fuego amigo" y dijo abiertamente que se trataba de un acto criminal cuyo móvil fue el narcotráfico. ¿Lo puso en riesgo esa decisión?  
M.I.: Había ocurrido lo de Guaitirilla,  lo de Cajamarca y no se había abierto investigaciones. Pero cuando ocurre lo de Jamundí, ya siendo yo fiscal, me apersoné de la investigación.  Lo de Jamundí tuvo un costo enorme para mi integridad. Fue ahí cuando por primera vez quedé en la mira del sicariato, pero a la vez tiene un valor inmenso para la justicia colombiana.

A.P.: ¿Reabrió usted otros crímenes que habían quedado en la impunidad?
M.I.: Exhorto a que se revise si en el país existía la voluntad jurídica de esclarecer esos delitos. Recuerde también que yo estaba muy recién llegado a la Fiscalía cuando tomé decisiones respecto al asesinato de Luis Carlos Galán y la implicación de Alberto Santofimio, un caso en el que hicimos unos señalamientos muy fuertes, acompañados de pruebas. Le cito otro asesinato que decidimos investigar: el de Liliana Gaviria. Nosotros en la Fiscalía tomamos las primeras decisiones sobre desapariciones a partir de caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y nos encargamos de los casos olvidaos sobre desplazamiento forzado  como el de las negritudes en el Chocó.
Me acuerdo que cuando era viceministro de Justicia  todo el mundo hablaba del poder inconmensurable de Enilce López, apodada ‘La Gata’, en Cartagena. Bueno, pues cuando llegué a la Fiscalía, tomamos la decisión con determinación y la judicializamos. Y no es que fuera ingenuo, no es que no midiera las consecuencias de las decisiones y sus posibles repercusiones no solo en el plano jurídico sino también en el personal. Pero tomé la decisión en el caso de ‘La Gata’, como la adopté en el caso de varios gobernadores y alcaldes como por ejemplo, en el del gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, por enriquecimiento ilícito y corrupción.  

A.P.: El 22 de febrero del 2009, usted ordenó el allanamiento de la sede del DAS para investigar las intercepciones ilegales hechas desde esa dependencia a magistrados, líderes opositores y periodistas, lo que en Colombia se conoce  como el caso de las "chuzadas". ¿Fue realmente un caso excepcional o era algo que ya se ha hecho muchas veces?
M.I.: El espionaje telefónico se ha dado en América, en Europa y lo veo ahora que estoy aquí en África donde no se habla sino de chuzadas.  Y el ejemplo más claro  de ello es lo ocurrido en Italia a finales de los años 80 cuando la justicia descubrió los nexos entre política, economía, mafia y corrupción. Pero lo que yo si debo reconocer es que, a pesar de haber sido profesor por mucho tiempo de derecho comparado,  jamás vi que la historia registrara un incidente tan grave como el del DAS.
¿Qué puedo decir yo al respecto? Qué en muy pocos meses logré abrir investigación y encarcelar a algunos funcionarios. Incluso estaba listo para emitir una medida de aseguramiento contra un ex director pero fui recusado. De la noche de la mañana decidí allanar las instalaciones del DAS. Eso no tenía precedentes pero la frustrante experiencia de la investigación adelantada 20 meses atrás desde la Dirección de Inteligencia de la Policía cuando la Fiscalía llegó cinco días después a hacer el registro y ya no encontró nada, me llevó a ordenar la rápida entrada al DAS sin vacilación.

A.P.: ¿Qué satisfacciones le dejó su gestión ante la Fiscalía?
M.I.: Para no ir muy lejos, puedo asegurarle que más del 75 por ciento de las sentencias condenatorias por asesinato de sindicalistas que se han dictado en la historia judicial del país, se dictaron bajo mi administración.  Los resultados de los falsos positivos son otra gran satisfacción. Nosotros promovimos las primeras investigaciones por ese delito. Y no estoy hablando de dos o tres casos, hablo de más de mil investigaciones y un centenar de sentencias condenatorias. En el tema de corrupción administrativa, varios alcaldes y gobernadores fueron judicializados. Si uno hace un cuadro comparativo de nuestra administración con la historia judicial del país, puede ver los enormes resultados de esos cuatro años en que yo ejercí como Fiscal General.

A.P.: ¿Valió la pena, a pesar de los ataques y acusaciones de hoy?
M.I.: Frente a este perverso y facineroso ataque del que he sido blanco, a veces me lo  pregunto. ¿Valió la pena que mi familia esté pagando un costo tan alto? ¿Valió la pena someterme a todo tipo de pruebas para demostrar que nunca se me pasó por la cabeza una idea tan estúpida como la de pretender sobornar a la Corte? Y entonces me respondo que sí, que valió la pena. Porque en Colombia ahora, por fin, se está hablando de judicializar masacres, magnicidios, desapariciones, desplazamientos, asesinatos de sindicalistas, actuaciones ilegales de los poderes. Basta mirar las cifras para ver si fuimos inferiores a lo que estábamos obligados a cumplir.   Había personajes y poderes que se consideraban intocables y nosotros tomamos decisiones frente a ellos.

A.P.: ¿Cuál es el próximo destino después de vivir de primera mano las revoluciones del mundo árabe?
M.I.: Quisiera regresar a Colombia. Espero que se den las condiciones.  Yo tengo mi conciencia tranquila pero sé que no basta.  Hoy, más que nunca, tengo muy claro que hay que temer, hay mucho qué temer.
12 de abril de 2011
11 de abril de 2011
©verdadabierta

¿hay perros vagos en el más allá?


columna de lísperguer
Murió en accidente diputado de extrema derecha Juan Lobos.

El diputado Lobos también será recordado por su posición sobre el problema de los perros perdidos o abandonados. En noviembre de 2010 propuso el exterminio de estos animales. "(...) Se debe implementar una campaña de eliminación de perros vagos, que hoy no tienen dueño, es una medida que puede resultar dolorosa, pero que debemos adoptar para evitar que se produzcan hechos donde se pone en riesgo la vida y la salud de las personas", concluyó el diputado gremialista. Es evidente que desechó, o nunca leyó, los informes que señalan que los perros que son de verdad un peligro para los humanos son los perros cuyos dueños los utilizan como guardianes y someten a malos tratos y torturas para agudizar su agresividad: los perros de la calle no son responsables ni del 5% de los ataques informados en comisarías y postas. Si hubiese leído estos informes, ¿habría llamado a matar preventivamente a los perros con dueño? Sus planes de exterminio no le harán bien a su recuerdo.
lísperguer

obispo metodista era rata


columna de lísperguer
Obispo metodista era agente de la policía secreta de Pinochet.

Desde los primeros días de la dictadura, cuando se hizo evidente que la iglesia católica rechazaba el golpe de estado y numerosos católicos se acercaron al Vaticano a pedir la excomunión del dictador, este reaccionó acercándose a las iglesias protestantes para facilitarles su mayor difusión e instalación en el país. Para el régimen militar, estas iglesias debían ser el caballo de Troya que facilitaría la barbarie militar. Es naturalmente aberrante que este pastor se defina como cristiano y, al mismo tiempo, partidario de Pinochet, un personaje comparable con Hitler o Idi Amín Dada. Es todavía peor que se sienta orgulloso de haber pertenecido a una organización criminal -la CNI- que la Corte Suprema definió como asociación ilícita terrorista. Ojalá muestren los metodistas suficiente cordura como para deshacerse del nuevo usurpador.
lísperguer

mancuso se queja


El exjefe paramilitar de los bloques Norte, Córdoba y Catatumbo, habló con VerdadAbierta.com sobre la extradición, la mesa de negociación en Ralito, la erradicación de cultivos ilícitos y las nuevas bandas criminales. Entrevista completa.
Colombia. El próximo 13 de mayo Salvatore Mancuso Gómez y otros doce exjefes paramilitares cumplirán tres años de haber sido extraditados a Estados Unidos cuando apenas arrancaba el proceso de Justicia y Paz. La extradición de Mancuso, Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar, Diego Murillo alias ‘don Berna’ y Ramiro ’Cuco’ Vanoy, entre otros, fue un golpe a la verdad, pues al estar fuera del país la posibilidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos se ha visto limitada a unos casos y en otros, como el de ’Jorge 40’, se truncó de manera indefinida.
Mancuso, que solo dio cinco versiones desde Estados Unidos, también dice que no continuará porque no tiene las herramientas para confirmar cada hecho del cual se le acuse, porque si bien algunos fueron ordenados por él, la gran mayoría (10.000 hechos cometidos por 6.000 hombres de los Bloques Córdoba, Catatumbo y Norte), debe confirmarlos con los jefes de cada frente. Sólo el Bloque Norte tuvo una docena de frentes en cuatro departamentos.
Esta semana, después de varios meses, concurrió a dos audiencias ante el magistrado de control de garantías de Justicia y Paz, Eduardo Porras Galindo, mediante videoconferencia desde el centro penitenciario donde se encuentra a dos horas de Washington. Una audiencia fue para un control de legalidad y en otras tres el fiscal Leonardo Cabana había programado imputarle 163 hechos para completar 695 en cinco años, pero por problemas técnicos en la transmisión no alcanzó a terminar con los delitos. Tan sólo el cuatro por ciento del total de los crímenes en los que participó con los bloques que comandó.
A la imputación también asistieron desde videoconferencia en Cúcuta el exjefe Jorge Iván Laverde y otros 32 desmovilizados, quienes aprovecharon para reclamar celeridad en el proceso de Justicia y Paz y también le pidieron al fiscal Leonardo Cabana que no los siga tratando con apelativos ofensivos.
En la audiencia, Mancuso y Laverde, le pidieron al fiscal que no utilizara términos ofensivos contra sus hombres. Mancuso le dijo que ellos están en un proceso de paz, que han aceptado su responsabilidad y confesado sus crímenes, pero ofenderlos no cambia los hechos, pero sí altera los ánimos de los desmovilizados y de las víctimas, que son también ofendidas cuando el fiscal proyecta una y otra vez las fotos de sus familiares muertos.
Nuestro compromiso, agregó Mancuso, con las víctimas y con la sociedad es más fuerte que los adjetivos que usted nos enrostra. Los que estamos ante usted nos desmovilizamos con la ilusión de regresar al seno de nuestros hogares, los que abandonamos porque fuimos víctimas de la guerrilla. Pido, señor fiscal, que Dios lo ilumine para que pueda seguir con este proceso de paz y reconciliación.
Mancuso actualmente se encuentra en la cárcel de Northern Regional Warsaw Jail, a dos horas y media de Washington. Vive en una barricada o galpón con otros 80 presos en 40 camarotes. Tienen tres comedores y puede ver el sol los lunes de 1:30 a 2:30 p.m., siempre y cuando las condiciones lo permitan y haya un guardia que lo cuide.
Entre cada camarote hay una distancia de 90 centímetros y para guardar sus documentos le dieron un baúl de 35 cms de alto por 40 cms de ancho y 90 de largo. En ese baúl guarda lo que puede escribir con un lápiz de 10 cms y los documentos que le llevan sus abogados de los miles de procesos que hay en su contra como excomandante de los bloques Córdoba, Catatumbo y Norte.

VerdadAbierta.com.: ¿Cómo los tomó la decisión del gobierno de extraditarlos, cuál fue la reacción cuando los reunieron para entregarlos a Estados Unidos?
Salvatore Mancuso: Nos preguntábamos cómo era posible que, a quienes no habíamos delinquido después de la desmovilización, nos mandaran a Estados Unidos; además comprometidos con un proceso de paz.
-El mensaje que tenía que mandar el gobierno era que si había alguien delinquiendo, que ese pagara las consecuencias, pero meternos a todos en el mismo canasto fue equivocado. Los desmovilizados que no estaban en el proceso se preguntan: si a quien está cumpliendo lo tratan de esa forma, cómo van a tratar al resto.

V.A.: ¿Van a cumplir tres años de extradición. Cómo ha sido y qué ha significado para usted?
S.M.: Ha sido una forma de retaliación, de alejarnos para que no reconstruyamos la verdad. Al extraditarnos, el gobierno no quiere asumir la responsabilidad. Eso ha afectado enormemente la credibilidad del proceso y ha influido muchísimo en la desconfianza de los desmovilizados, en el rearme de los mismos y en las alianzas que luego se han dado allí con los otros actores delincuenciales de la zona. Quienes estuvimos en las autodefensas creamos órdenes sociales que nos remplazaron y se están reposicionando. Esos órdenes sociales tienen el manejo en las zonas de todo lo que es la ilegalidad: tráfico, oficinas de cobro, grupos delincuenciales; pero también lo que está en la legalidad: llámese organismos del estado, políticos… Y en la medida en que eso se multiplica, porque conocen cómo era el manejo, se van a multiplicar y a reposicionarse en las regiones.

V.A.: Ha dicho que no asiste más a las versiones libres si no le dan seguridad a su familia y garantías jurídicas. ¿Cuáles son las herramientas que necesita para continuar en Justicia y Paz?
S.M.: Me están imputando hechos que confesé en los años 2006, 2007 y 2008. Mientras estuve en Colombia alcancé a confesar más de mil hechos, y en la imputación vamos por el número 300, después de cinco años de estar inmersos en la ley de justicia y paz. ¿Cómo sigo en versión libre a través de video conferencias, si no he vuelto a reunirme con los hombres de los distintos bloques para reconstruir esas verdades? Acá en E.U. fui como a cuatro versiones más, pero realmente me dio vergüenza con las víctimas continuar, porque no tenía las respuestas para todas las preguntas. El fiscal quería que yo leyera lo que decían los otros postulados sin confirmar si era cierto o mentira.

V.A.: ¿Usted y Jorge Iván Laverde le pidieron al fiscal que no los revictimizara, por qué?
S.M.: Hoy en la imputación el fiscal le dijo a los muchachos que eran unos ‘avezados sicarios’. Cómo va a decir eso. Dígale: usted cometió el asesinato en tal parte y por tanto le imputo el delito de homicidio agravado en persona protegida. Pero no tiene porque hacer esos juicios de valor.

V.A.: Una cosa fue el proceso de negociación en Ralito, otra el resultado de la negociación y la desmovilización y otra ha sido el proceso de Justicia y Paz. ¿Habían entendido ustedes que sería distinto a lo que estamos viviendo?
S.M.: El gobierno se dedicó a trabajar para conseguir resultados en las desmovilizaciones, pero no pensó una solución a los problemas que llevaron al surgimiento, al crecimiento y evolución de las autodefensas, la guerrilla, el narcotráfico y las bandas delincuenciales. El gobierno desatendió lo principal: las causas que originaron y mantienen el conflicto. En esos órdenes sociales que creamos, combatíamos todo lo que se oponía a la implantación del estado de guerrilla y ellos al estado de autodefensa. En la medida que la guerrilla compraba secuestrados a las bandas que trabajaban para ellos, había 3.500 secuestros por año. Esas bandas que trabajaban para la subversión en las regiones, nosotros las combatimos y a los que reclutamos se subordinaron. Igual sucedía con los que estaban en la legalidad: llámese fuerzas militares, políticos, gremios económicos, justicia. Más en las zonas donde no había presencia estatal.
Si yo desmovilizo sólo a quien carga un fusil, y creo que con eso acabo el conflicto, nos equivocamos. Propusimos erradicar los cultivos de coca antes de la desmovilización con nuestros hombres y el acompañamiento del gobierno, pero no quisieron. Si no erradicábamos, la gente se iba a juntar con narcotraficantes, con delincuencia común y con la misma guerrilla para retomar su territorio; nadie sabe la cantidad de dinero que eso produce y mientras se van montando, entran en disputa entre ellos. Pero el gobierno no puso atención.

V.A.: ¿Si no existía confianza, por qué siguieron adelante con el proyecto de desarme y desmovilización?  
S.M.: Porque creímos en la buena fe y porque pensamos que estando la Iglesia y la OEA, jamás nos engañarían. Pero a mí lo que me ha sorprendido es que tanto la iglesia como la OEA fueron testigos y se han quedado callados. Monseñor Vidal puede confirmar que dijo Mancuso en la mesa.

V.A.: ¿Se previó en la mesa de negociación de Ralito, o se le advirtió al gobierno, que lo que está sucediendo con el rearme podía suceder?
S.M.: Yo le mandé unas cartas al gobierno al respecto y me mamé de la mesa de negociaciones.  Dije: erradiquemos los cultivos, armemos los proyectos productivos y titulemos las tierras a los campesinos. Cuando me cansé, traté de hacerlo público para presionar al gobierno a que entrara en la erradicación de cultivos con nosotros y nos permitieran participar. ¿Sabes por qué no funciona la erradicación en el país? Porque está diseñada estratégicamente para que siempre haya coca y nunca funcione. El Parque Paramillo es un bosque húmedo tropical, donde hay alta pluviosidad (4.000 mm al año cuando es normal), pero es mucho más; lo que implica que siempre está nublado y quien hace el monitoreo de esa zona es un sistema satelital de UN y nunca va a encontrar el parque completamente despejado en el momento en que está haciendo el barrido.
Cuando me desmovilicé le dije al gobierno: tráigame a la gente de la embajada de EU y a los que van a erradicar que voy a mostrarle los cultivos y me los llevé. El coronel que fue conmigo, el comandante de la Policía de Córdoba (creo que era Arias, no me acuerdo…. Y a Gómez Méndez), los monté en el helicóptero y les mostré cultivo por cultivo, chagra por chagra, los laboratorios donde machucan la hoja para sacar la base. Eso recorrido fue a riesgo que nos levantaran a plomo porque hasta las zonas de la guerrilla los llevé. Les mostré cuáles eran los de las autodefensas, cuáles los de la guerrilla y los de los nuevos grupos. Como ellos no pusieron atención me tocó hacerlo público y cuando lo hice público me llamó el ministro del Interior, Sabas Pretelt y el Comisionado Luis Carlos Restrepo. Fuimos a Bogotá, nos reunimos Vicente, Mancuso y ellos dos. Nos dijeron que querían que participáramos en la erradicación. Naciones Unidas decía que eran mil hectáreas yo les mostré que eran quince mil y que para arrancarlas se requiere alrededor de mil quinientos hombres durante dos años.
Porque en el primer año voy a erradicar la coca completa, la coca vieja hay que arrancarla con azadón y barretón, porque son matas de ocho y diez años con tallo grueso y raíces profundas. Y el segundo año vamos a repasar todo el territorio para hacer un rearranque a todo lo nuevo que han sembrado. Dijeron que no podíamos meter esa cantidad de gente, porque no había suficiente fuerza de policía y ejército para dar seguridad. Nos tocó arrancar como con 400 hombres y luego dijeron que había que reducirlos y terminamos en 230. En el hipotético caso que hubieran seguido trabajando esos hombres se necesitaban seis años para arrancar la coca que había sembrada en ese entonces.
Lo que íbamos arrancando en un lado, los cocaleros lo iban sembrando en otro. Yo me daba cuenta porque yo iba en el helicóptero mostrándoles. Los cocaleros daban plata a los oficiales que estaban al mando para que dejaran unos pedazos que sirvieran de semilleros. Yo me devolvía y los hacía arrancar. Que no que ahí había guerrilla y yo mismo me metía con mis hombres. Si ustedes no quieren préstenme los fusiles otra vez. A mí me tocó enviar 35 mulas de las de nosotros para abastecer las tropas del ejército y la policía que brindaban seguridad en la erradicación. Me tocó montarles repetidoras y prestarles los radios de comunicación, que luego se los regalé a Acción Social, para que pudiésemos tener comunicación entre Ejército, Policía y nosotros porque cada uno de ellos maneja una banda diferente y no podíamos tener comunicación entre nosotros sino a través de un enlace de la policía con el ejército y otro enlace en el ejército. Les dije que nos íbamos a terminar matando entre nosotros sin saber qué estaba pasando. Compré una repetidora con 25 radios y los monté en la zona.

V.A.: ¿Hoy las Bacrim tienen desbordadas a la institucionalidad, por qué está ocurriendo esto si se había advertido que podía ocurrir?
S.M.: Eso tiene solución. El gobierno dice que no quiere dialogar ni negociar con ellos. No hay otra forma que abrir un proceso. Ellos están en las bandas porque el gobierno incumplió, porque no tuvieron opción diferente que irse. Cómo es posible que a algunos de esos muchachos les dijeron que como eran militares y pasaron a las autodefensas, lo que hicieron como militares eso no se los reconoce la ley de justicia y paz. A los que eran guerrilleros les dijeron que lo que hicieron siendo guerrilleros tampoco se lo perdonarían y en una sentencia se dice que tenían que desmovilizarse como guerrilleros. Cómo iban a hacer eso, si nosotros los habíamos reclutado, se salieron de la subversión y se fueron para las Auc.

V.A.: ¿Qué hacer?
S.M.: Propuse en la mesa de negociaciones crear una red ciudadana para el fortalecimiento de la democracia, integrada con unos voluntarios desmovilizados, con todas las redes de cooperantes de la zona y el gobierno reclutaría al resto de las personas en las poblaciones. Eso estaría bajo la dirección de todos los organismos de seguridad, incluida la fiscalía. Pero la coordinación y supervisión es de los organismos multilaterales: UN y OEA. Ellos vigilarían que los desmovilizados estuviéramos cumpliendo. Dijeron que les parecía una idea maravillosa. Ese comité evitaría que la información la dieran o se la vendieran a los actores del conflicto: guerrilla, autodefensas y narcos, como viene sucediendo. El proceso de verificación de la información no debe tardar más de tres o cuatro días, no a la semana o quince días confirmar si por un sitio pasó la guerrilla o las bacrim. Confirmada la información se decide quién actúa, pero se dieron cuenta que esto serviría no sólo para combatirnos a nosotros sino para depurar la corrupción, enseguida se frenaron.

V.A.: ¿Por qué?
S.M.: A mí me llamaba un general de Tierralta y me preguntaba:
- ¿Salvatore tienes tropa en El Diamante?
Yo le decía: sí general, yo tengo tropa en ese sitio.
- Sácalas de ahí Salvatore porque me ha llegado un requerimiento de una organización internacional con una denuncia que las Auc tienen presencia allá, que están amedrentando a los campesinos y que tienes combates con la guerrilla y la población está asustada.
Como no mi general, cuándo llega usted.
- Yo llego mañana a las 12 de la noche.
Faltando una hora yo sacaba la tropa y él entraba con su gente. Hasta seguridad le brindaba para que entrara perfecto. Cuando él salía, entraba con mis tropas.
A los 15 días me llamaba otra vez y me preguntaba:
- ¿Oye Salvatore tú volviste a meter tropa en el área?
Sí mi general…
- Vuelve y sácalas, pero esta vez no las vuelvas a meter sino dentro de un mes porque esta gente mandó otra carta diciendo que ustedes entraron apenas nosotros salimos.
A esa presión internacional es a lo único que le tienen miedo.
Cuando se dieron cuenta que funcionaba de esa forma, que coordinaba y vigilaba nuestro cumplimiento, pero también era para garantizar la transparencia de los organismos del estado, no quisieron implementar el mecanismo de la red.

V.A.: ¿Era previsible que la Oficina de Envigado, Rastrojos, Urabeños terminaran aliados con alias ‘Julián Arango’, ‘El Manteco’, con ‘La Muerte’, con los frentes 5, 58, 18, la Mario Vélez, unidos en la caucana, en el Magdalena Medio, Sur de Bolívar y La Gabarra?
S.M.: Nosotros se los dijimos al gobierno: cuando estos muchachos se den cuenta que el gobierno incumplió, ellos no van a combatir más a la guerrilla. Al contrario, se van a buscar entre ellos para aliarse y en especial cuando la guerrilla había quedado tan diezmada y golpeada por nosotros. Ellos sabían de las redes urbanas que teníamos, el control territorial que habíamos ejercido y el apoyo que tuvimos, tanto de la ilegalidad como de la legalidad, ellos van a querer aprender cómo manejamos el tema y querer sacarle provecho, tanto unos como otros. Al principio se iban a levantar a plomo entre ellos y van a formar un mierdero hasta que se reacomoden, como se están reacomodando. Después que se reacomoden son un bloque.

V.A.: ¿Qué tan grande fue la influencia que ejercieron sobre la población como para convertirla en testaferros de las Auc, que es uno de los temas que comienza a discutirse con la propiedad de la tierra y negocios?
S.M.: Las personas lo hacen porque no tienen otra opción. Cuando los contactas lo único que importa es que tenga la solvencia económica, lo llamas y lo amedrentas y le dices: me lo cargas o me lo cargas, y no le queda otra opción que hacerle. Entonces si no se les brinda un principio de oportunidad a los testaferros van a hacer que los asesinen porque no les van a brindar seguridad, les van a involucrar el resto de sus bienes en extinción de dominio y los dejen en la ruina. Nadie va a querer salir a contar que tenía un bien de otro.
Yo tenía a Aram Assias Solar y pedimos seguridad y principio de oportunidad para él, pero de nada sirvió: lo mataron en Tierralta. Lo que hicimos fue que entregamos los bienes y los denunciamos a la fiscalía. Ya después que estaban denunciados, las bandas emergentes no se podían quedar con esos bienes a pesar de que ellos son los que ocupan en este momento esos bienes. En algunos casos han sembrado coca donde había reforestaciones. Tuvimos que entutelar a Acción Social para que recibieran los bienes porque la única forma de probar que yo no había cumplido, era demostrar que estaba delinquiendo y el presidente Uribe contestó, contradiciéndose, que no estaba delinquiendo.
Tampoco han probado que yo haya mentido, porque a todos los que he mencionado están presos y los que están con procesos van todos presos. Y dicen que no hemos entregado bienes, sí hemos entregado, pero han mantenido una campaña de desprestigio mediático. Ya la Corte Suprema ordenó a Acción Social que recibiera los bienes y aún así, no los han terminado de recibir.

V.A.: Usted dijo que el 35 por ciento del congreso había sido elegido con el apoyo de las autodefensas. Tal y como van las cosas, parece que fueron más. ¿Hasta dónde llegaron los tentáculos de las Auc sobre la política?
S.M.: Creamos estados paralelos, ilegales, creamos órdenes sociales. Y ahí un político tradicional no tenía opción sino pactar con las autodefensas. Por qué, porque si no venía otro que sí pactaba y le quitaba el poder al tradicional. Por eso Juancho López pactó conmigo; porque si no Mancuso pactaba con otros líderes políticos, que son los contrarios a él y lo derrotarían políticamente.

V.A.: ¿Pero si las autodefensas habían capturado las rentas públicas, para qué hacer alianza con los políticos corruptos que la gente estaba repudiando?
S.M.: Nosotros en el año 98 hicimos una cosa que se llamaba ‘Clamor campesino Caribe’ para combatir la corrupción y el primer muerto que produce por orden del comandante ‘Carlos’,  o ‘El Pelao’, fue el tesorero de Valencia por unos  casos de corrupción. Se cogían la plata y se escudaban con la guerrilla y después se escudaban con las Auc. Y a medida que avanzábamos en las investigaciones nos dimos cuenta que tocaba declarar objetivo militar a todos los políticos del departamento y en las zonas donde estábamos. Lo que hicimos fue llamar a los gobernadores y a los alcaldes e implantamos que el 10 por ciento era reglamentario y lo que venía ocurriendo era que pedían hasta el 30 por ciento a los contratistas.
Dijimos: alcalde que pida más del 10 por ciento lo declaramos objetivo militar. Nosotros no capturamos los recursos, le pusimos control. Y a los contratistas los obligamos a cumplir con las obras y ellos eran los que nos pagaban a nosotros un impuesto, que era del cinco o del 10 por ciento, dependiendo de la zona. La llevamos a sus justas proporciones, como decía el expresidente Turbay. Por eso los políticos nos veían como una gran amenaza y nosotros les exigíamos que cumplieran sus promesas.

V.A.: ¿Tres años después de haber sido extraditado, cuando lee las noticias de Colombia, qué pasa por tu mente, en qué piensas?
S.M.: Es increíble que, con todo el cúmulo de experiencias y conocimiento que tenemos nosotros, que hemos implorado que nos permitan ayudar a alcanzar la reconciliación y la paz, cómo es posible que eviten que participemos, que nos cierren los espacios de interlocución, entonces nos preguntamos: ¿a qué están jugando?

V.A.: ¿Cuáles son las herramientas que necesitan para poder aportar al proceso?
S.M.: Yo he escuchado a Hernán Giraldo en sus versiones, porque él está acá. Cuando no le toca a él me toca a mí. El otro día me dijo Salvatore, estoy apurado en mis versiones, me están preguntando por hechos que no conozco y no puede responder y me presionan para que responda. Entonces a todos nos pasa lo mismo: no podemos reunirnos con nuestros hombres, entonces cómo voy a referirme a algo que no recuerdo o no conocí porque no lo ejecuté yo. Estamos haciendo el ridículo porque no estamos construyendo nada y no nos están brindando las garantías jurídicas ni de seguridad a nuestras familias. A Giraldo le mataron un hijo.

V.A.: ¿Tienes la oportunidad de escuchar radio, ver televisión. Cómo te llegan las noticias y en qué piensas cuando las oyes?
S.M.: Aquí hay un televisor en inglés permanentemente, la radio no coge un solo canal en español. Las noticias que me llegan de Colombia son las que me envían por correo mis abogados, o mi esposa, la familia. Los jueves me llega la revista Semana. ¿Qué siento? Una gran tristeza, que se haya desaprovechado semejante oportunidad y que se haya engañado al país. Que hayan triunfado los intereses de pocos, pero de poderosas personas que les interesa perpetuar el conflicto porque viven de él. Realmente me duele mucho ver que Colombia esté en estas situaciones.
En mi Córdoba natal lo que me dicen mis amigos es que están viviendo una época peor que la de la guerrilla, eso me altera. En especial cuando recibo cartas de los amigos que me dicen ‘Mono’, esto ha llegado a niveles como nunca habían estado en el pasado.
11 de abril de 2011
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condenado por muerte de alcalde


Condenan a exparamilitar por asesinato de alcalde de Sitio Nuevo.Un fiscal de Santa Marta condenó a un exparamilitar del Bloque Norte por haber participado en el crimen de un exalcalde del Magdalena.
Colombia. Gonzalo Rafael Peláez Guerrero alias ‘Palermo’ fue condenado a 34 años de prisión por haber participado en el asesinato de Hernán Anselmo Navarro Manga, exalcalde de Sitio Nuevo (2001-2003), ocurrido el 13 de enero de 2005.
Así lo decidió el Juez único Penal de Santa Marta que, tras estudiar las pruebas presentadas por la Fiscalía, lo condenó por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y lesiones personales. "El fiscal del caso, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, estableció que el Alcalde fue abordado por hombres armados en un establecimiento público de ese municipio, donde le dispararon en repetidas ocasiones", indicó la Fiscalía. Ese día también fue asesinado su escolta, Julio Tarazona Ruiz.
Según versiones de los exalcaldes de Sitio Nuevo, Humberto Martínez Charris y Miguel Parejo, investigados por presuntos nexos con el Bloque Norte, el exalcalde Hernán Anselmo Navarro fue quien presuntamente llevó los paramilitares al pueblo. Luego en el computador de ‘Jorge 40’, que resultó ser de alias ‘Don Antonio’, apareció el nombre de Navarro como colaborador del jefe político del Frente José Pablo Díaz, el grupo paramilitar de ‘Don Antonio’.
Sitio Nuevo es un municipio de Magdalena que ha sido centro disputa entre los grupos armados ilegales, por el control de la tierra. En esta zona delinquió el Bloque Norte, el grupo paramilitar de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, que asesinó y desplazó a decenas de campesinos para quedarse con los mejores terrenos.
Alias ‘Palermo’, quien no está postulado a la Ley Justicia y Paz, está preso en una cárcel de Santa Marta.
12 de abril de 2011
8 de abril de 2011
©fiscalía
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paras confiesan crímenes en el castillo


Ex‘paras’ confesaron crímenes en El Castillo, Meta. En una versión libre, tres desmovilizados del Bloque Héroes de Los Llanos confesaron cómo asesinaron de forma sistemática a personas señaladas de colaborar con la guerrilla.
Colombia. El Castillo es un municipio ubicado al suroccidente del Meta que, por su geografía, ha sido centro de disputa entre guerrilleros y paramilitares. En esta zona, privilegiada por estar cerca al piedemonte llanero y bañada por los ríos Ariari, Guape y La Cal, los paramilitares asesinaron a decenas de personas señalándolas de pertenecer o colaborar con el Frente 26 de las Farc.
Así lo contaron en versión libre el exjefe paramilitar de la zona Mauricio de Jesús Roldán alias ‘Julián’, y dos de sus exsubalternos: Heymer Antonio Pulgarín alias ‘Enrique’ y Javier Domingo Romero alias ‘Rujo’. Los tres son desmovilizados del Frente Ariari del Bloque Héroes de los Llanos, el grupo paramilitar de Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’ que delinquió en Meta, Guaviare, Vichada y Casanare y que antes de 2004 era conocido como el  Bloque Centauros.
Alias ‘Julián’, exjefe paramilitar del Frente Ariari, le contó a la Fiscalía 16 de Justicia y Paz que la estrategia para cometer estos asesinatos selectivos se basó en datos suministrados por informantes, exguerrilleros que se cambiaron de bando y hasta políticos como Euser Rondón, exalcalde de La Dorada (2001-2003) y excandidato a la Gobernación del Meta (2004-2007), que luego fue asesinado.
"Nos apoyábamos con información de alias ‘Charro’ y ‘Mocho’, dos personas del pueblo que conocían muy bien la zona. Con alias ‘15-15’ y alias ‘Pepe’, un exmiliciano de las Farc que terminó siendo mi escolta, y así como con alias ‘Cachama’, un guerrillero que capturamos siendo menor, y los exmilicianos alias ‘Miller’ y alias ‘Franklin’, que venían de Lejanías", dijo alias ‘Julián’.
Según los exparamilitares, fue así como en 2004 asesinaron a por lo menos 42 personas en este municipio, de cuyos crímenes ya le han relatado 30 casos al despacho 16 de Justicia y Paz. "El 10 de marzo de 2004 me dieron la orden de retener a un señor, que según alias ‘Pepe’ era miliciano del Frente 26. Lo mantuve en mi casa y le dije que ‘Julián’ lo necesitaba. En la noche los muchachos llegaron con una camioneta de estacas, lo amarramos y lo matamos", dijo alias ‘Rujo’.
Un mes antes de este crimen los paramilitares asesinaron al dueño de unas residencias donde algunos de ellos se hospedaban. "Alias ’15-15’ nos informó que ese señor era un auxiliador de la guerrilla, que le daba información a las Farc sobre cómo entrar al pueblo. Llegué a dormir por varios días en esas residencias y encontramos en una de las habitaciones unos camuflados y antenas de radio", contó alias ‘Rufo’.
Su entonces jefe, alias ‘Enrique’, le dijo a la Fiscalía que él ordenó matar al señor y que, según le contaron, lo enterraron como N.N. en el cementerio municipal. "El cuerpo está desaparecido pero por información de la gente creemos que en ese cementerio hay unos 15 N.N., que fueron personas asesinadas por los paramilitares", señaló alias ‘Enrique’.
El caso que generó más revuelo en la zona, aceptaron los paramilitares, fue el asesinato de María Lucero Henao y de su hijo de 16 años, Yamid Daniel. Ambos fueron asesinados en febrero de 2004, acusados de colaborar presuntamente con la guerrilla. Su familia ha defendido desde hace siete la inocencia de sus familiares, denunciando que ambos fueron estigmatizados por el trabajo de derechos humanos que venía adelantado Lucero, quien trabajó en el sindicato agrario del Meta Sintragim, militó en el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, y luego fue la presidenta de la Junta de Acción Comunal en el Ariari.
Según el exjefe paramilitar alias ‘Julián’, el asesinato de la líder respondió a los señalamientos que realizaba Euser Rondón sobre líderes o políticos de la región. "Euser era muy amigo de ‘Don Mario’ (Daniel Rendón, jefe de finanzas del bloque) y de don Miguel (Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’, jefe paramilitar de los Llanos). Él era el consejero de los ‘paras’ y señaló a varios líderes de ser cuotas de las Farc. Él tenía mucho rencor hacia la guerrilla porque ese grupo le había asesinado al suegro", contó el exjefe paramilitar.
Alias ‘Julián’ dijo que por los señalamientos del político además de Lucero Henao, los paramilitares asesinaron a Mario Castro Bueno y de José Alirio Bernal, el personero y el presidente del Concejo de El Castillo, de forma respectiva. Estos dos crímenes ya han sido documentados por la Fiscalía y aceptados por alias ‘Don Mario’ y alias ‘Julián’.
En la versión libre que continuará el 25, 26 y 27 de abril de 2011, los exparamilitares confesarán otros 12 crímenes que cometieron de forma conjunta en El Castillo. Alias ‘Julián’, quien delinquió primero en el Urabá cordobés y es hermano del exjefe paramilitar Jesús Ignacio Roldán alias ‘Monoleche’, contará sobre otros crímenes que como jefe del Frente Ariari ordenó en la región.
11 de abril de 2011
©verdadabierta