Blogia

mQh

rezando por el demonio


columna de lísperguer
Gobierno participa en misa fúnebre por diputado Lobos.

Hay gente que cree de verdad que una persona que apoyó los crímenes de la dictadura y apostó su vida en la defensa de un régimen criminal, despótico y profundamente anticatólico, puede también ser una persona buena con boleto al cielo después de su muerte. Hace algún tiempo discutía yo con mi tía, intensa y píamente católica, y naturalmente enemiga del régimen de Pinochet, porque rezaba ella por el alma del dictador. Consultamos con un sacerdote, porque en mi opinión rezar por Pinochet es lo mismo que rezar por el demonio. El cura dijo que lo que correspondía era rezar por ellos. ¿Para que sus almas ardan eternamente en el infierno? Nos dijo que no se puede pedir a Dios que provoque la perdición de alguien. ¿Tenemos que orar por Satanás? El cura dejó de responder. No Dios, quizá, pero muchos de nuestros santos pueden interceder por nosotros contra el Mal. Y la UDI es el partido del Mal.
lísperguer

el coronel que marcaba gente


Procesado por 79 casos de secuestros y torturas y 22 homicidios. Al ex jefe de Inteligencia militar se le dictó la prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario, por ser "partícipe necesario" de secuestros y homicidios y se le trabó un embargo por 7 millones 250 mil pesos.
[José Maggi] Argentina. El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó ayer al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121, coronel Alfredo Sotera, por 79 casos de secuestros y torturas y 22 homicidios. Se trata del autor del informe que lleva su nombre y que detallaba los objetivos marcados por la represión y que fuera aportada a la causa Guerrieri por el ex policía y agente de inteligencia, Adolfo Salzman. El rol asignado a Sotera -que fue jefe de la inteligencia militar hasta diciembre de 1976- es el de haber "marcado a los objetivos" que luego fueron detenidos o secuestrados tanto por la Patota de Feced, como por el personal del Ejército.
Para la justicia federal, Sotera fue "partícipe necesario" de 13 casos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas; otros 66 casos de secuestro seguido de tormentos, por 17 hechos de secuestro, torturas y homicidios (entre los que se cuentan la Masacre de los Surgentes) y otros 5 homicidios. Y le dictó un embargo por 7 millones 250 mil pesos.
Bailaque procesó a Sotera por las muertes de José Oyarzabal, Sergio Jalil, Daniel Gorosito, Oscar Manzur, Santiago Werle, Eduardo Pérez, Cristina Constanzó, Daniel Barjacoba, Eduardo Laus, María Cristina Márquez, Analía Murgiondo, Roberto De Vicenzo, Rut González, Miriam Moro, Estrella González, Antonio López y Héctor Vitantonio.
También lo encontró penalmente responsable como partícipe necesario de las muertes de Miguel Gauseño, Carlos Kruppa, Osvaldo Matosky Szeverin,
Cristina Cialceta (la joven asesinada junto a su novio el francés Yves Domergue y cuyos cuerpos fueron identificados en Melincué). La justicia también responsabilizó a Sotera por el crimen de Alejandro Stancanelli ocurrido en plena vía pública en Oroño y San Luis en 1976.
A Sotera se le dictó la prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El ex jefe de Inteligencia había sido indagado por el juez Bailaque en el marco de la causa Feced, en su etapa instructoria, el pasado 3 de marzo en San Isidro. Del procedimiento participaron los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta quienes concretaron las imputaciones, que ascienden a más de un centenar de víctimas que en su mayoría pasaron por el Servicio de Informaciones (SI).
Los fiscales le atribuyeron "haber formado parte en su carácter de jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario de un grupo de personas incluyendo, entre otros, a Leopoldo Fortunato Galtieri, Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Ramírez, Agustín Feced, Raúl Guzmán Alfaro, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, César Peralta, José Carlos Scortecchini, que operaron en la época del gobierno de facto en el marco del plan clandestino y sistemático de persecución, secuestros, torturas y desaparición física de personas que integraban movimientos agrupaciones tildadas de realizar actividad subversiva", vale decir, el delito de asociación ilícita.
En aquella indagatoria al referirse a su actuación a la fecha de los hechos, Sotera dijo que "los problemas subversivos los averiguábamos con nuestro personal y con la policía, quienes estaban en la calle". Reconoció además que "tenía contacto con jefes policiales" así como que en las denominadas reuniones de información que se llevaban adelante tanto en el Comando como en Jefatura y que participaban de las mismas el comandante, personal del Destacamento de Inteligencia 121, la policía y otros elementos, como sacerdotes, como el obispo. De la misma manera, manifestó que parte del personal estaba en la calle, buscando información en universidades y sindicatos.
En esa indagatoria dijo también que "el destacamento, como parte del Ejército, estuvo a cargo de la lucha como todas las armas, porque si no la subversión tomaba el país, era un problema gravísimo. Sufrimos esas circunstancias y las resolvimos. Eran problemas que teníamos y queríamos evitar que llegara a las casas de uno".
13 de abril de 2011
12 de abril de 2011
©rosario 12

desaparición forzada es delito


Diputados aprobó en comisión la figura de la "desaparición forzada". Cuenta con media sanción del senado. El plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Legislación Penal, presididas por Victoria Donda (Libres del Sur) y Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) aprobó el proyecto que incorpora al Código Penal el delito de desaparición forzada de personas y modifica el Codigo Procesal Penal.
Argentina. La iniciativa, aprobada el año pasado en la Cámara alta, crea un nuevo tipo penal: la privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. Encuadra además ese hecho en la falta de información brindada desde el Estado, o en la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a informar sobre el paradero de esa persona. El proyecto contempla, asimismo, penas de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada.
La norma determina que cuando las desapariciones forzadas terminen en la muerte de la víctima o con la imposibilidad de sus familiares de hallarla, la pena será de prisión perpetua. Esa misma condena se aplicará también en el caso de que la víctima sea una mujer embarazada, un menor de dieciocho años, un mayor de setenta, una persona con alguna discapacidad, o para alguien nacido durante la desaparición forzada de su madre. La escala penal podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo si los involucrados liberan con vida a la víctima o proporcionan información que permita la efectiva aparición con vida.
La norma dispone también que el juez podrá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la causa si surge la presunción de que podrían estar involucradas en el hecho como autores o partícipes. De acuerdo con el texto, los magistrados no podrán disponer el archivo de las causas hasta que la víctima no sea hallada o restituida su identidad.
13 de abril de 2011
12 de abril de 2011
©página 12

fascistas no son humanos


"Parecen humanos, pero no lo son". Estela de Carlotto declaró en el juicio por el robo de bebés durante la dictadura. En el proceso donde están acusados Videla, Bignone, el Tigre Acosta y otros represores, la presidenta de Abuelas recordó el secuestro de su hija Laura, la aparición de su cuerpo y la búsqueda de su nieto. "No queremos revancha, solamente justicia", dijo.
Argentina. Estela de Carlotto vio a su hija Laura por última vez el 1º de agosto de 1977. Movió cielo y tierra en su búsqueda, hasta que a fines de octubre del año siguiente recibió un llamado de la comisaría de Isidro Casanova. Le pedían que se presentara, y "oportunamente" le "notificarían" por qué. Allí fue con su marido. "Fue un viaje interminable", contó, en el que pensaron desde lo peor hasta lo más esperanzador, al punto de ilusionarse con "que encontraríamos a Laura y su hijo". Pero lo que hallaron fue el cuerpo de ella sin vida. Estela atinó a levantar los diarios que la cubrían, y sólo vio su vientre perforado, cubierto de pólvora. "Se ve que le dispararon para no dejar rastros del embarazo", dijo, ya que había dado a luz dos meses antes, en cautiverio. "Cuando pregunto dónde está el bebé, me dicen ‘aquí no hay bebé’ (...) Yo no suelo elevar el volumen de mi voz, pero en ese momento no pude más y (al guardia) le grité ‘¡asesino!’ y le señalé el crucifijo que tenía en la pared y le dije ‘¡El los va a juzgar, asesinos!’" Carlotto todavía busca a su nieto, uno de los 34 casos de menores apropiados durante la última dictadura que están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), donde la titular de Abuelas de Plaza de Mayo declaró ayer.
"Pensaron que al entregarme a mi hija muerta de 23 años me iban a aniquilar. Lejos de eso seguí luchando con la fuerza del amor (...) seguí con las Abuelas", dijo. "Mi compromiso, por el que hoy estoy acá, es para demostrar que hubo un plan sistemático de apropiación, para contar cómo ocurrieron las cosas, porque tenemos pruebas de todo lo que afirmamos. Para que la historia se cuente como fue y para que no se repitan estas atrocidades", dijo Carlotto ante el tribunal. "A estos hombres que reivindican los delitos que cometieron y no nos dicen dónde están nuestros nietos, espero que les caiga todo el peso de la ley", afirmó, en alusión a los represores que están en el banquillo por el robo de hijos de desaparecidos: los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, Jorge "el Tigre" Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic y el médico Jorge Magnacco, a cargo de los partos en la ESMA. "Parecen humanos pero no lo son", dijo la presidenta de Abuelas.
Carlotto había empezado a declarar el 30 de marzo, pero su testimonio quedó trunco por un corte de electricidad. El nombre de Bignone apareció más de una vez ayer en su relato, cuando recordó que en la búsqueda de su hija –y también de su marido, que estuvo secuestrado– había llegado a entrevistarse con él. La segunda vez, a mediados de diciembre de 1977, le advirtió: "Si mi hija ya está muerta, devuélvanme el cuerpo". El 31 de diciembre de aquel año recibió una carta anónima en la que le decían que Laura estaba bajo la órbita de las fuerzas de seguridad. El día que la citaron a la comisaría para avisarle del fallecimiento de su hija estaba junto al cuerpo de un joven NN. Tenían los cadáveres en una furgoneta. En el cementerio, un empleado se quejó de que todo el tiempo le llegaban cuerpos sin identificación, que enterraba como NN.
En un viaje a Brasil junto con otras Abuelas, recordó Carlotto, pudo empezar a reconstruir lo que le había pasado a su hija. En ese país, en 1980, estuvo con ex detenidos que habían estado con mujeres embarazadas en centros clandestinos de detención. Alcira Ríos le contó que había estado en La Cacha (en la localidad de Olmos) con una chica a la que llamaban Rita, que era el apodo de Laura, y que había tenido un varón y había podido pasar cinco horas con él. Estela le mostró una foto y confirmó que se trataba de su hija. Alcira, relató Estela, le dio la buena noticia sobre el nacimiento de su nieto y ella tuvo que contarle que a Laura la habían matado. Recordó también que, como una burla, dos días después de enterrarla recibió la respuesta al recurso de hábeas corpus que había presentado en la Justicia: "No se encuentra detenida y se desconoce su paradero".
En parte de su declaración, Carlotto recorrió ante el TOF6 –que preside María Roqueta– la lucha de las Abuelas desde sus inicios, cuando se juntaban en La Plata, luego en la confitería Las Violetas –simulando algún festejo– y hablaban por teléfono en código. Se refirió a sus gestiones incesantes ante autoridades civiles, judiciales, militares y eclesiásticas, donde la respuesta era el silencio o, peor, la amenaza. Recordó que en la búsqueda de su nieto había ido a la Casa Cuna. En realidad, en ese momento pensaba que podía ser una beba. Preguntó por un caso cuyas características podían ser coincidentes con los de su nieto/a y dijo que podía ser su abuela. La niña ya no estaba, y Estela pudo ver en el libro de la mesa de entradas el nombre del juez de menores a cargo: Gustavo Mitchell, actual integrante de la Cámara de Casación Penal. "Voy a hablar con el juez y no me recibió, me mandó alguien de su custodia, le dije quién era y me dijo que no me iba a recibir y que me cuidara porque por lo que hacía podía aparecer en una zanja. Se lo dije y él no me lo desmiente. Me dice que lo hizo para que no me pase nada, pero en el contexto que se vivía descreo que fue para cuidarme", aseguró Carlotto.
Hubo un reconocimiento sobre los niños hijos de desaparecidos que, recordó la titular de Abuelas, corrió por cuenta del ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps, que en declaraciones a un medio español dijo: "Yo mandé a matar cinco mil subversivos pero ningún niño". Se refirió a que había hecho entregar algunos de ellos "a organismos de beneficencia para que les encontraran nuevos padres (...) los padres subversivos educan a sus hijos para la subversión".
Su hija Laura, dijo Estela ayer, era "la muestra de que las mamás luego de dar a luz (en los centros clandestinos) eran asesinadas". "Sobre su tumba prometí que seguiría luchando por su justicia y por la de sus 30 mil compañeros", dijo. Destacó a las Abuelas de Plaza de Mayo como una organización única en su especie, en el mundo, y que cuenta entre sus grandes logros con la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, clave en la búsqueda y el hallazgo de 103 chicos (hoy jóvenes) apropiados. "No queremos revancha, solamente justicia para que se escriba la historia con toda la verdad (...) La justicia será la única forma de que esta democracia sea permanente y que no se repitan estos crímenes."
12 de abril de 2011
13 de abril de 2011

©página 12

cidh falla a favor de mapuches


Fallo de la CIDH en favor de una comunidad mapuche de Villa La Angostura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno que adopte medidas para garantizar "la vida y la identidad" de una comunidad que viene siendo hostigada y despojada de sus territorios desde hace años.
[Darío Aranda] Argentina. "Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao." Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar "medidas urgentes", se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.
En Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial. También es ley el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal, que deja clara la obligatoriedad de consultar a las comunidades sobre cualquier acción que pudiera afectar su territorio. A pesar de la legislación, en noviembre de 2009 fue desalojada parte de la comunidad Paichil Antriao. Y comenzó un proceso de amenazas y continuos procedimientos policiales para que cesen los reclamos territoriales y para desalojar al resto de la comunidad.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Opdhi) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de dos años de proceso, el 6 de abril último la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada y solicitó al gobierno nacional que "adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe –sitio sagrado– (...) de manera tal que se preserve el lugar".
La Comisión instó a implementar "las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao" y para que "los que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar". Y solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión también protege el rewe (sitio sagrado comunitario).
"Se solicita al gobierno de Argentina que adopte las medidas necesarias para atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar", instó el organismo de derechos humanos y otorgó un plazo de 20 días para que el Gobierno informe qué medidas concretas adoptó en resguardo de la comunidad y las solicitudes vigentes.
Mario Railaf, de la comunidad Paichil Antriao, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció al gobierno provincial por "complicidad con los empresarios" que avanzan sobre territorio indígena y se mostró dispuesto a "poder dialogar con el gobierno nacional para buscar soluciones que respeten nuestros derechos y nos devuelvan el territorio ancestral".
El director del Odhpi, Juan Manuel Salgado, consideró "un gran paso adelante que la Comisión obligue al Estado Nacional a intervenir" y llamó la atención sobre la "notable ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en este conflicto al igual que en el de Formosa. El organismo que debiera proteger los derechos indígenas desaparece en cuanto tiene problemas con los gobiernos provinciales".
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitió en febrero de 2010 el dictamen 017. Constató que la Municipalidad de Villa la Angostura incurrió en discriminación racial en perjuicio de la comunidad Paichil Antriao al desconocer en su Carta Orgánica el carácter de pueblos originario de la comunidad.
Un mes después, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Actuación 47/10. Solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que "como autoridad de aplicación y de manera perentoria vele por los derechos de los pobladores aborígenes de Neuquén y ejecute el relevamiento territorial de la provincia según la Ley 26.160". La Defensoría cuestionó la pasividad del INAI. A un año de ese pedido, la Ley 26.160 aún no fue implementada en Neuquén.
En marzo último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado nacional y al provincial sobre los desalojos y la violencia contra el Pueblo Mapuche e instó a que se "investiguen los desalojos, sancionen a los responsables y compensen a los afectados". También solicitó al Gobierno que adopte medidas urgentes para combatir los "prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial".
El Odhpi emitió en julio de 2010 su "Informe de situación 2009-2010", donde detalla que en Neuquén existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio o hacer uso efectivo de sus derechos. En contraposición, ningún funcionario provincial ni particular ha sido imputado por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. "El cuadro de discriminación racial en el ámbito de la Justicia es claro", afirma.
El Observatorio de Derechos Humanos comprobó la represión a comunidades, la judicialización de la protesta y alertó sobre el "total incumplimiento" de la legislación indígena. Definió la situación provincial como "discriminación institucionalizada" y afirmó que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.
Jueces empresariales
La comunidad Wiñoy Tayin Rakizuam ("Volver al pensamiento originario", en idioma mapuche) vivió siempre en Aluminé, Neuquén. Pero en 2005 se presentó un empresario, alambró tierras de veranada, las reclamó como propias y exigió el retiro de animales. Como la comunidad no abandonó la tierra ancestral, el empresario comenzó un juicio por "usurpación" y "daños y perjuicios". Por esa causa, la jueza de Zapala Gloria Anahí Martina acaba de ordenar embargos por seis millones de pesos contra la comunidad mapuche (200 mil pesos por cada uno de los treinta referentes de la comunidad). Ya incautaron un auto, grupos electrógenos, carretillas, picos y palas, entre otras herramientas de trabajo.
"Que se trabe embargo preventivo en bienes hasta cubrir la suma de 173.766,33 pesos reclamada como capital y 30.000 pesos para responder a intereses, gastos y costas resultante de la demanda entablada en su contra." Textual del acta de notificación que llegó la semana pasada a treinta autoridades de la comunidad mapuche, que forma parte del Consejo Zonal Pewenche de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Florentino Nahuel es werken (vocero) mapuche: "La semana pasada hubo un embargo cuando los integrantes de la comunidad estaban en el campo. Pero ya estamos atentos de lo que son capaces algunos jueces y no vamos a permitir que usurpen el territorio y roben nuestras herramientas de trabajo y animales. El pueblo mapuche de Neuquén no permitirá un nuevo atropello".
13 de abril de 2011
12 de abril de 2011
©página 12

los vuelos de la muerte


Un fiscal pidió detener a los tripulantes de un vuelo de la muerte. Los tripulantes del Skyvan de Prefectura, Enrique José De Saint Georges, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, fueron identificados en el vuelo que arrojó al mar a Azucena Villaflor y a la monja francesa Léonie Duquet.
[Diego Martínez] Argentina. El 14 de diciembre de 1977, entre las siete y las ocho de la tarde, un secuestrado de la ESMA fotografió a Alice Domon y Léonie Duquet con un cartel de Montoneros de fondo y un ejemplar de La Nación en primer plano. La imagen de las monjas francesas, ideada por el capitán Jorge Acosta para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada, es la última prueba de vida del grupo de Madres de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz. A las 21.30 de aquel miércoles, día habitual de "traslados" en la ESMA, el Skyvan PA-51 de Prefectura Naval Argentina despegó desde el aeroparque Jorge Newbery. Según la planilla del vuelo, no transportó pasajeros, voló tres horas y diez minutos, y, sin escalas, regresó al punto de partida. Seis días después aparecieron en playas de San Bernardo y Santa Teresita los restos de Duquet, que en 2005 identificó el Equipo Argentino de Antropología Forense. El uso de los Skyvan está denunciado desde 1983 y es el avión del que estuvo a punto de caer Adolfo Scilingo mientras arrojaba prisioneros al mar. A partir de documentos obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio y del trabajo de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, que permitió por primera vez identificar un vuelo de la muerte concreto, el fiscal Eduardo Taiano pidió ayer la detención e indagatoria de los tripulantes del Skyvan: Enrique José De Saint Georges, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino. La decisión sobre sus futuros depende del juez federal Sergio Torres, que a más de tres lustros de la confesión de Scilingo todavía no indagó al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el superior que le acercaba a las personas drogadas para arrojar al vacío. Ayer al mediodía, a pedido de Página/12 y con el fin de evitar una nueva fuga en la causa ESMA, la fiscalía informó al juzgado de Torres que Arru debía volar a las nueve de la noche rumbo a Madrid como comandante de un Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas.

Veintiocho Años No Es Nada
El primer testimonio sobre los Skyvan lo aportó en marzo de 1983 el inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ex ayudante del general Harguindeguy. "Escuché al teniente de navío Norberto Ulises Pereiro afirmar que se utilizaban aviones de la Prefectura Nacional Naval para el transporte y lanzamiento en altamar de prisioneros políticos secuestrados –dijo–. Estos aviones, de fabricación irlandesa, de buena capacidad de carga, y con una rampa en la parte trasera, cuya marca no recuerdo, resultan apropiados para la misión encargada", precisó. El marino le contó "que un prisionero había arrastrado en su caída al vacío al suboficial encargado de su eliminación". El contraalmirante retirado Pereiro era piloto de los L-188 Electra, el otro avión que la Armada usó para desaparecer enemigos. Fue agregado naval en Washington durante el menemismo y es el actual vicepresidente de la Sociedad Militar Seguro de Vida.
La segunda denuncia, sobre la que el Poder Judicial tomó nota la semana pasada, está en la Conadep desde enero de 1984. Es una carta firmada por la "oficialidad joven y no corrupta de la Prefectura Naval" sobre camaradas que "actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA", que recibió el ministro del Interior de Alfonsín, Antonio Tróccoli. La nota ratificó el dato sobre los Skyvan y señaló a un responsable directo: "Hilario Ramón Fariña. Prefecto general –aviador–- era quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA", precisa el escrito. Fariña tiene hoy 82 años, 35 impune. Entrevistado por Página/12, negó los vuelos y luego relativizó: "De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía".

"La Tripulación Normal"
Scilingo confesó en 1990, en una carta al dictador Videla, su participación en dos vuelos, ambos desde Aeroparque. "El primero, con trece subversivos, a bordo de un Skyvan de la Prefectura", apuntó. Cinco años después relató la historia. "El sistema para eliminar a los elementos subversivos era orgánico. Mover aviones no los mueve una banda, sino una fuerza armada", explicó. En un pizarrón del casino de oficiales de la ESMA leyó los nombres de los verdugos. Vio cuando adormecieron a los secuestrados, cuando los cargaron al camión y luego al avión. Subió con su jefe, el "teniente Vaca", a quien luego identificó como Torres de Tolosa. "Estábamos tan convencidos que nadie cuestionaba, no había opción. La mayoría hizo un vuelo, era para rotar gente, una especie de comunión", aclaró, y categorizó victimarios: oficiales superiores, suboficiales, médicos que daban la última inyección en vuelo e "invitados especiales" que daban "apoyo moral".
"Al salir de Aeroparque se daba un plan de vuelo: la base aeronaval de Punta Indio. Al llegar a Punta Indio se enfilaba mar afuera", relató. "Se los desvestía desmayados y, cuando el comandante daba la orden en función de dónde estaba el avión, se abría la portezuela y se los arrojaba desnudos, uno por uno", dijo. "En el Skyvan, por la portezuela de atrás, que se abre de arriba hacia abajo. Es un gran portón pero sin posiciones intermedias. Está cerrada o está abierta, por lo cual se mantiene en posición de abierta. El suboficial pisaba la puerta, una especie de puerta basculante, para que quedaran 40 centímetros de hueco hacia el vacío. Después empezamos a bajar a los subversivos por ahí. Yo, que estaba bastante nervioso, casi me caigo y me voy por el vacío", contó.

¿Qué personal naval iba en cada vuelo?
En la cabina iba la tripulación normal del avión.

¿Y con los prisioneros?
Dos oficiales, un suboficial, un cabo y el médico. En mi primer vuelo, el cabo de Prefectura desconocía totalmente cuál era la misión. Cuando se da cuenta entra en una crisis de nervios. Se puso a llorar. No entendía nada, se le trabucaban las palabras. Eso me puso nervioso. Le empecé a explicar y le dije que hable con los pilotos. Yo no sabía cómo tratar a un hombre de Prefectura en una situación tan crítica. Al final lo mandan a cabina. El Skyvan es una gran caja, con la cabina separada.

El Estado Bobo
El juez Sergio Torres está a cargo de la causa ESMA desde 2003, cuando la confesión de Scilingo se conocía en todo el mundo. La investigación sobre los vuelos, sin embargo, nunca se activó. En 2005, el juez Julián Ercolini declinó su competencia para investigar la confesión del capitán Emir Sisul Hess, quien relató que los secuestrados caían "como hormiguitas", y se la envió a Torres, que recién acusó recibo cuatro años después, cuando Página/12 publicó la historia. Su procesamiento fue confirmado, pero el juez no avanzó contra sus superiores. En el caso del teniente Julio Poch, el impulso de la investigación no fue de jueces argentinos, sino del Reino de los Países Bajos. Sus superiores siguen impunes, igual que el suboficial Rubén Ricardo Ormello, autor de la tercera confesión judicializada, que Página/12 informó en 2009. Torres tampoco indagó a los aviadores y técnicos aeronáuticos condecorados por Massera por su actuación en "operaciones de combate" (sic) como miembros del Grupo de Tareas 3.3, capitanes Hugo Roberto Ortiz, Guido Paolini y Rodolfo Alberto Bogado. Hasta el imputado Carlos Capdevila renegó por la indiferencia de Su Señoría ante los datos precisos sobre represores que aportó el médico de la ESMA. "Mi colaboración no ha sido tenida en cuenta", lamentó.
El disparador de la investigación sobre los Skyvan fue un informe de la periodista Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, quien filmó en Estados Unidos uno de los cinco aviones que Prefectura usó durante la dictadura. Lewin volvió al país con una copia del "Historial técnico de vuelos", que acompaña al aparato hasta el fin de sus días e incluye información valiosa, como apellido del comandante, fecha, procedencia, destino y duración de cada vuelo. A fines de 2009 los datos ya estaban en el juzgado de Torres, abocado desde hace quince meses a conseguir una copia certificada de los documentos. No menos frustrante fue la respuesta del entonces ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Julio César Alak, al pedido de Página/12 de tomar vista de los legajos de los pilotos: lo rechazó sin explicitar motivos, contrariando la política oficial de promover las investigaciones sobre el terrorismo de Estado.
Tras la emisión del informe en Canal 13, el fiscal federal Miguel Osorio, que investiga traslados de secuestrados en el marco de la causa Plan Cóndor, le tomó testimonio a la periodista, analizó las irregularidades que surgían de los registros y solicitó a Prefectura la documentación sobre los Skyvan. A diferencia de la Armada, reticente a entregar las planillas de los Electra pese a las intimaciones de Osorio, Prefectura aportó 2758 planillas de vuelos registrados entre 1976 y 1978, que además de la información del libro del avión incluyen datos imprescindibles, como horarios, tripulación y finalidad.
Del estudio y la búsqueda de un correlato documental de los vuelos de la muerte se ocupó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración. Los registros se volcaron en un cuadro para visualizar regularidades y excepciones. En base al relato de Scilingo y a la velocidad de los Skyvan, se seleccionaron vuelos de más de dos horas y media. Descartados aquellos con destinos que la justifiquen, surgió que el despegue y aterrizaje de los restantes siempre tuvo lugar entre Aeroparque y la base aeronaval de Punta Indio. El dato es sugestivo: los dos vuelos que confesó Scilingo partieron de Aeroparque. En su libro ‘Por siempre nunca más’, agregó que "todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar". La duración es aún más llamativa: los 40 o 50 minutos que tardaba un Skyvan para unir ambos puntos se extienden según los registros hasta cuatro horas y media, al límite de la autonomía del avión. Por último se considera la nocturnidad y la finalidad apuntada.
Los vuelos que sortean todos los filtros y en los que se menciona a Aeroparque como punto de partida y llegada son once en tres años. En ninguno se registraron pasajeros. Diez tienen por finalidad la "instrucción". Sólo uno, el del 14 de diciembre de 1977, tiene un objetivo diferente: "navegación nocturna". Según la planilla de vuelo, el PA-51 voló tres horas y diez minutos, sin pasajeros, al mando de De Saint Georges, Arru y D’Agostino. Los primeros se fueron de Prefectura al año siguiente y vuelan tres veces por mes a Madrid como comandantes de vuelos de Aerolíneas Argentinas. D’Agostino, retirado en servicio, es jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura. Diecisiete días después del vuelo con el grupo de la Santa Cruz un superior elogió el "dominio de sus reacciones emotivas" y aseguró que "aun en situaciones críticas se mantiene sereno".
12 de abril de 2011
©página 12

contabilidad del bloque centauros


Desmovilizados que delinquieron en los Llanos Orientales contaron cómo financiaron el grupo paramilitar para delinquir en esta zona del país, cobrando a todo negocio legal o ilegal que se moviera en esta región del país.
Colombia. Aunque Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’ contó que el día de la desmovilización ordenó a sus hombres desaparecer cualquier rastro de contabilidad "para evitar que pensaran que seguíamos delinquiendo", él y otros dos exjefes paramilitares reconstruyeron un tipo de ‘libro contable’ sobre cómo financiaron al Bloque Centauros.
En la más reciente versión libre conjunta, alias ‘Pirata’, Iván Gaviria alias ‘Miguel Fiscalía’ y Jesús Emiro Pereira alias ‘Alonso’ le contaron a la Fiscalía 16 de Justicia y Paz que sus finanzas se basaron en el cobro de ‘impuestos’ a cada kilo de coca que se producía en la región, a los ganaderos, a los laboratorios de coca improductivos, a los camiones que transportaban víveres, así como a cualquier persona que fuera sancionada, a cambio de respetarle la vida.
Según le contaron a la Fiscalía, el Bloque Centauros, como se le conoció antes de 2004 al Bloque Héroes de los Llanos, tuvo a varios exjefes administrativos y financieros que extorsionaron en los departamentos donde delinquió el grupo paramilitar: Meta, Guaviare, Casanare y Vichada.
En 1997 cuando la Casa Castaño envió a los primeros paramilitares desde el Urabá a los Llanos, el primer jefe de finanzas fue alias ‘Pirata’. Entre finales de ese año y el primer semestre de 1998, el cargo fue asumido por Jhon Lora alias ‘Segundo’. Este, a su vez, le entregó la jefatura a Jesús Emiro Pereira alias ‘Alonso’, que manejó las finanzas desde el segundo semestre de 1998 hasta septiembre de 2000. Uno de sus cómplices en llevar la contabilidad, alias ‘Miguel Fiscalía’, le relató al despacho los pormenores de cómo se llevaban las cuentas y en qué se gastaban la plata.
"Durante el primer semestre de 1998, el Frente Meta recibió $1.914 millones y gastó $1.765 millones en solo seis meses. Para ese año, tenía 263 hombres", dijo ‘Miguel Fiscalía’.
El Frente Meta fue uno de los cinco grupos paramilitares que tuvo el Bloque Centauros. Según ‘Miguel Fiscalía’, en 1998 cobraban a $70 mil pesos el kilo de coca producido en la zona cuando la producción mensual era de 700 kilos. Recaudaron $100 millones cada mes extorsionando a los finqueros y por medio de los retenes a cargo de alias ‘Cremallera’ cobraron $80 millones mensuales en las carreteras del Meta.
"Con ese dinero comprábamos la remesa (alimentos), los elementos de aseo, las pilas para los radios de telecomunicaciones, pagábamos los servicios de salud, comprábamos el combustible, que en promedio eran unos 3.500 galones al mes.  Eso, además de los sueldos, del pago de vacaciones para los que salían permiso, de algunas indemnizaciones para los que murieron en combate y de compras relacionadas con el equipo como los camuflados, botas, medias, licras, brazaletes, chalecos, cobijas y toldillos. Cada paramilitar nos costaba por mes $1 millón 118 mil", señaló alias ‘Miguel Fiscalía’.

Militares, Proveedores
En la versión libre, alias ‘Pirata’ y alias ‘Miguel Fiscalía’ le contaron a la Fiscalía que les compraban fusiles a proveedores como Horacio Pan y Jaime Enríquez. Según los paramilitares, Enríquez luego fue asesinado por las Auc por orden del jefe paramilitar Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’, al descubrir que el proveedor también le vendía armas a Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, el otro jefe paramilitar de la zona y conocido como el jefe de los ‘Buitragueños’.
Según los exparamilitares, el material de intendencia o munición lo conseguían con militares del Batallón XXI Vargas. "El capitán Rivera, el cabo Esteban y el sargento ‘Harold’ nos vendían material. El contacto con ellos lo hacíamos por medio de alias ‘Tatareto’, un muchacho que vivía en Villavicencio y que era muy amigo de los militares", contó alias ‘Pirata’.
En su continuación del relato sobre las finanzas del Bloque, alias ‘Miguel Fiscalía’ explicó que con el crecimiento de la tropa las extorsiones aumentaron y  por tanto las finanzas. En tres años, entre octubre de 2000 y diciembre de 2001, las cuentas les sumaron $4.200 millones anuales por concepto de "impuestos y carreteras" y $1.400 millones "por cobros al narcotráfico", le dijo el exparamilitar a la Fiscalía.
En la continuación de la versión libre, que se realizará hasta el 15 de abril, Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’ le contará a la Fiscalía sobre sus cuentas cuando fue jefe de finanzas entre 2001 y 2004. "Cada semana yo pagaba $40 millones a los comisionistas para que le compraran la base de coca a los campesinos de las región", señaló a alias ‘Don Mario’.
La versión conjunta, que pretende reconstruir las finanzas del Bloque Centauros, reúne a 14 exparamilitares: alias ‘Don Mario’, ‘Pirata’, ‘Policía’, ‘Maicol’, ‘Carecuchillo’, ‘Miguel Fiscalía’, ‘Pájaro’; ‘Tuerca Loca’, ‘Alonso’, ‘Eduardo 400’, ‘Cubarro’, ‘El Flaco’, ‘Pagado’ y ‘Flechas’, además de Orlando Mesa Melo, un exparamilitar que espera la postulación a la Ley de Justicia y Paz.
*La Fiscalía tendrá que investigar y confirmar lo contado por los paramilitares, en esta primera etapa conocida como versiones libres.
12 de abril de 2011
©verdadabierta

exigen salida de pastor rata


Caso del pastor CNI: Exigen su salida de la Iglesia Metodista Pentecostal. Presidente de la comisión de DDHH de la Cámara espera que la iglesia evangélica saque de la presidencia a Roberto López Rojas, quien fue agente en dictadura. En tanto, Mariano Ruiz Esquide (DC) informó que la instancia especializada del Senado analizará el caso del pastor.
Santiago, Chile. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, diputado Hugo Gutiérrez (PC), llamaron a la Iglesia Metodista Pentecostal, la principal congregación evangélica chilena, a sacar de la presidencia del directorio de su organización al ex agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Roberto López Rojas.
"Creo que esta iglesia, con mucha ética y moral, va a tomar las medidas necesarias para que López Rojas deje el directorio", dijo Gutiérrez, apuntando que "la persona que formó parte de la CNI y que, más aún, siguió integrando organismos de seguridad durante la dictadura militar desarrolló una actividad que es totalmente incompatible con lo que desarrolla esta iglesia".
El parlamentario reconoció la labor espiritual de la iglesia metodista, pero advirtió que tener entre sus filas a quien "perteneció a una organización criminal, sin duda hace que se desprestigie esta iglesia".
Subrayó que "una de las cosas que más duele es que López Rojas no se arrepiente de haber integrado los organismos de seguridad de la dictadura, sino que por el contrario considera que es un gran honor. Eso da cuenta de que esta persona no tiene la menor conmiseración  con sus semejantes y menos puede ser obispo o presidente de esta iglesia".
El diputado PC, junto a dirigentes de la AFDD hicieron pública una carta a las autoridades de la Iglesia Metodista Pentecostal, donde llaman a "conminar al presidente del directorio, don Roberto López Rojas, a presentar la renuncia a su cargo".
Recalcan en el documento que "nos provoca una gran molestia que haya personas que en vez de mostrar arrepentimiento, perseveren en reivindicar su participación en grupos represivos de la dictadura que tantas vidas humanas cegaron".
Por eso apuntan que la presencia de López Rojas en la organización eclesiástica "lo único que hace es enlodar el grandísimo aporte ético y moral que esta Iglesia hace a la sociedad chilena".
La misiva subraya que "los valores y principios que la iglesia ha sabido sembrar en nuestro país no pueden ensuciarse por una persona que, lejos de repudiar el proceder de la asociación criminal a la que perteneció, reivindica desvergonzadamente su accionar y se enorgullece de haber formado parte de la misma".

Citación al Senado
En tanto, el presidente de la comisión de derechos humanos del Senado, Mariano Ruiz Esquide (DC), anunció que la instancia analizará el caso de Roberto López.
"Es una noticia muy impactante y al mismo tiempo muy lamentable, porque todas las iglesias son puntos de referencia importante para los derechos humanos como una de las materias más dolorosas que hemos tenido", agregó.
Ruiz Esquide señaló invitarán a la comisión a representantes de las iglesias evangélicas, agrupaciones y a la presidenta del Instituto de Derechos Humanos a la instancia legislativa.
12 de abril de 2011
©la nación