asesinan a indígena en el cauca

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Tras conmemoración de matanza de El Naya en el Cauca. Se trata de Hugo Ulcué. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que su cuerpo fuera abandonado en cercanías del cabildo, es un "acto de advertencia".

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Colombia. Un activista indígena fue asesinado tras regresar de los actos conmemorativos del décimo aniversario de la matanza de El Naya, en la que murieron al menos medio centenar de personas, denunciaron portavoces de la minoría étnica del Cauca.
El aborigen Hugo Ulcué, quien habita en el pueblo Paez o Nasa, fue encontrado muerto cerca de la sede del cabildo de La Playa Alto Naya, situado en la zona boscosa del puerto marítimo de Buenaventura.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín) indicó en un comunicado que el crimen fue cometido por desconocidos en la mañana de este martes.
"El cadáver fue abandonado en cercanías de la sede del cabildo" de La Playa Alto Naya "como un acto de advertencia", agregó la Acín, que reúne a las autoridades indígenas de los paeces, que ocupan un territorio montañoso y boscoso en comprensión del Cauca y la región vecina del Valle del Cauca, a la que pertenece Buenaventura.
La organización no gubernamental subrayó que Ulcué acababa de regresar a su comunidad tras participar en la conmemoración del décimo aniversario de la matanza de El Naya, región selvática en los límites del Cauca con el Valle del Cauca.
Al menos medio centenar de afrodescendientes, indígenas y colonos murieron a manos de paramilitares del Bloque Calima de la disuelta organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se tomaron la región a comienzos de abril de 2001.
La incursión también dejó un número de desaparecidos no establecido y causó el desplazamiento de más de 4.000 habitantes.
El aniversario fue conmemorado el pasado día 11 en Timba, aldea rural de la población caucana de Buenos Aires.
Ulcué "fue una de las víctimas que con más insistencia y firmeza cuestionó los mínimos avances del proceso jurídico que buscan esclarecer los hechos y los responsables de la masacre de El Naya", advirtió la Acín.
La asociación aborigen informó que el indígena era hermano de la gobernadora del cabildo La Playa Alto Naya, Nelly Ulcué, quien en unas declaraciones recogidas por la misma fuente afirmó: "vinimos a reclamar verdad y justicia y vea lo que nos pasó".
14 de abril de 2011
13 de abril de 2011
©semana

ex khmer rouge apela sentencia

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Ex alcaide khmer rouge apela sentencia. Abogados piden liberar al ex alcaide, conocido como Duch, en momentos en que empieza a cumplir su condena por crímenes de guerra.

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Camboya. Los abogados camboyanos de Duch, el ex alcaide de una prisión khmer rouge, recurrieron su sentencia a 35 años de cárcel por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El hombre de 68 años, cuyo nombre real es Kaing Guek Eav, admitió haber supervisado la tortura y muerte de cerca de quince mil hombres, mujeres y niños en la cárcel de Tuol Seng, en la capital camboyana, durante el régimen comunista de 1975 a 1979.
Duch, que volvió al tribunal el lunes, fue sentenciado en julio pasado a 35 años de cárcel por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Stephanie Scawen, de Al Jazeera, informando desde fuera de los tribunales en Phnom Penh, dijo que la sentencia fue conmutada por diecinueve años, debido al tiempo que ya pasó en prisión y sobre la base de que Duch estuvo detenido ilegalmente durante años.
"Debido a su detención ilegal, le redujeron la sentencia en cinco años", dijo.
"Y luego le descontaron once años por el tiempo que ya lleva en la cárcel. Algunos dicen que eso significa que sólo tendrá que cumplir treinta años, pero el tribunal insistió esta mañana que la sentencia se mantiene en 35 años".

En Apelación
La fiscalía quiere imponer una sentencia más severa contra Duch. Pero sus abogados solicitan su libertad, argumentando que sólo obedecía órdenes. Dicen que su caso cae fuera de la jurisdicción del tribunal.
"El caso se centra en si Duch era un dirigente de alto nivel o uno de los más responsables. Los abogados dicen que los documentos muestran que él era un cuadro de bajo nivel y por tanto no era uno de los dirigentes", agregó nuestro corresponsal.
"Tenía que obedecer órdenes y no actuó solo, no tenía poder de decisión sobre el destino de los detenidos, entre los cuales había amigos y familiares -incluso su propio cuñado".
Durante su juicio en el tribunal por crímenes de guerra de la ONU en Camboya, los que trabajaban bajo órdenes de Duch en el centro de detención declararon que todo el mundo le temía.
Durante el juicio, Duch pidió perdón por los crímenes cometidos bajo su dirección en la cárcel, donde los detenidos eran torturados para que se denunciaran a sí mismos y a otros como espías extranjeros.
Pero las víctimas pusieron en duda la sinceridad de su remordimiento después de que pidiera ser absuelto.

Responsabilidad
Anne Heindel, jurista del Centro de Documentación de Camboya, que reúne evidencias sobre las atrocidades de los Khmer Rouge, dijo que Duch no aceptaba responsabilidad por los crímenes.
"Dice que era una pieza más en el engranaje del partido comunista, que debido a no era totalmente autónomo en la toma de decisiones, su culpa es menor", dijo.
Nacido en 1942 en el centro de Camboya, a Duch se lo recuerda como un maestro honesto que se dedicaba a ayudar a los pobres antes de convertirse en un cuadro khmer rouge en 1970.
"Me uní a la revolución para transformar la sociedad, para oponerme al gobierno, para oponerme a la tortura", dijo, durante el juicio.
"Sacrifiqué todo por la revolución, sincera y absolutamente".
En las zonas controladas por los rebeldes, eligió el nombre Duch como su nombre de guerra porque era el nombre de un estudiante ejemplar en una escuela de su juventud.

Cárceles en la Jungla
Duch supervisó una serie de cárceles en la jungla antes de dirigirse a Tuol Seng después de que el régimen se apoderara de Phnom Penh en 1975.
Lo que empezó con unas decenas de prisioneros se convirtió en un torrente diario de condenados que llegaban a Tuol Seng, o S-21, a medida que el régimen se deshacía de sus "enemigos".
Siempre meticuloso, Duch levantó un enorme archivo de fotos, confesiones y otros documentos con los que los fiscales pudieron reconstruir los últimos meses en la vida de miles de detenidos.
Tras el derrocamiento del Khmer Rouge, mantuvo funciones en el movimiento comunista que luchaba contra las tropas respaldadas por Vietnam.
Fue arrestado después de que Nic Dunlop, un reportero gráfico irlandés, lo descubriera trabajando con un nombre falso para una agencia humanitaria cristianas al oeste de Camboya.
Antes de eso, muchos habían asumido que había muerto después de que desapareciera cuando las tropas vietnamitas derrocaron a los Khmer Rouge en 1979.
"Le dice a Nic Dunlop: ’Cristo lo llevó a encontrarme’", dijo Duch en el juicio.
14 de abril de 2011
28 de marzo de 2011
©al jazeera

academia niega realidad extraterrestre

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columna de lísperguer

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FBI desclasifica documentos sobre extraterrestres.
Esta liberación de documentos previamente secretos sobre el fenómeno extraterrestre se une a iniciativas gubernamentales anteriores, como la inglesa hace tres años. Uno sólo puede imaginar la enorme cantidad de información todavía clasificada que deben tener los gobiernos. Es lamentable que las universidades no estudien el tema, ni otros que a nivel de sensibilidad pública son igual de importantes. Sigue siendo gracioso que todavía nieguen algunos el fenómeno y se sientan obligados a divertirse con el tema y burlarse de las personas que sí han sido testigos. Esta actitud inhibe su estudio, pese a que los testigos (yo entre ellos) somos millones. En realidad, si no fuesen las actuales universidades centros de ignorancia y superstición, su estudio debiese ser una disciplina académica.
lísperguer

caducó la impunidad

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Caduca no sólo por anacrónica, sino porque la izquierda gobernante uruguaya finalmente cerró filas en torno de una política unívoca en favor de la verdad y la justicia.

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[Mercedes López San Miguel] Uruguay. La ley de impunidad que fue promulgada hace 25 años y ratificada en dos plebiscitos comienza a caducar. Caduca no sólo por anacrónica, sino porque la izquierda gobernante uruguaya finalmente cerró filas en torno de una política unívoca en favor de la verdad y la justicia. Y lo hizo en gran medida en respuesta a la presión ejercida a través de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), los pronunciamientos de la Corte Suprema y la infatigable pelea de los organismos de derechos humanos.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) del pasado 24 de marzo en el caso Gelman dejó en claro que la Ley de Caducidad debe ser declarada sin valor jurídico para que las víctimas puedan obtener justicia. Y que el Estado uruguayo debe identificar y castigar a los responsables del secuestro y asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman y mamá de Macarena. El abogado José Luis González, ex representante del caso, destacó tras la votación de ayer el camino que allanó el organismo que depende de la OEA. "La votación de ayer en el Senado es consecuencia de una histórica discusión acerca del contenido y la vigencia de una ley que desde sus inicios fue cuestionada y ahora se ve condicionada por la resolución de la Corte Interamericana."
Desde que la joven Macarena Gelman supo la verdad sobre su historia y se reencontró con su abuelo en el año 2000, reclaman juntos la erradicación de una norma que impide que se juzgue a los uniformados acusados de delitos de lesa humanidad. Macarena se involucró tenazmente en la búsqueda de los restos de su madre y participó activamente de la campaña por el "Sí" a la anulación de la amnistía en el plebiscito de octubre de 2009. Como en 1989, la iniciativa popular no reunió los votos suficientes (obtuvo el 47 por ciento de los sufragios) para hacer efectiva esa proclama. Ese resultado adverso podría explicarse quizá por el hecho de que el referéndum se hiciera el mismo día que la elección presidencial y, según criticaron los organismos de derechos humanos y la central PIT-CNT, no tuvo la difusión necesaria y la izquierda no se involucró como se hubiera esperado.
Días antes de la consulta, la Corte Suprema de Justicia uruguaya determinó que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso del secuestro y asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. Ya en febrero de ese año –2009– tanto el Ejecutivo como el Congreso habían declarado inconstitucional la polémica norma para el mismo caso.
Si bien el primer presidente frenteamplista Tabaré Vázquez se limitó a marcar algunos casos de violaciones a los derechos humanos por fuera de la Ley de Caducidad para que sean juzgables, no avanzó en la anulación de la norma contando con una mayoría en ambas Cámaras.
El Frente Amplio ayer usó su mayoría parlamentaria para avanzar en su promesa de aplicar una política de Estado profunda a favor del enjuiciamiento de las atrocidades de la pasada dictadura (1973-1985). Podría decirse que el contexto propició este cambio de posición de la coalición de centro-izquierda. No sorprendió que el Frente Amplio votase en soledad. Los partidos conservadores de Uruguay (Nacional y Colorado) mantuvieron su negativa a dejar sin efecto la ley.
El oficialismo logró pasar la votación en el Senado sorteando obstáculos. El proyecto interpretativo de la ley obtuvo media sanción en Diputados el año pasado, pero se trabó en la Cámara alta por la negativa de tres senadores frentistas. Uno de los tres legisladores en rebeldía es el referente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, autor de ‘Memorias del calabozo’, quien votó a favor pero renunció a su banca. El otro senador es Rodolfo Nin Novoa, ex vicepresidente de Tabaré Vázquez, que ayer optó por no ir a la sesión y el tercero es Jorge Saravia, el único que votó en contra.
El diputado oficialista Felipe Michelini afirmó que no hubo un cambio de actitud del Frente Amplio. "La lucha contra la impunidad no es un camino recto, es un camino de avances y retrocesos, se pensó que la etapa que se vivía en el gobierno de Tabaré no era propicia para la eliminación de la ley, se apostó por una reforma constitucional que no pudo concretarse. En el programa del FA está la erradicación de la norma. Ahora lo estamos concretando. Es una ratificación del rumbo." Lo dice uno de los hijos de Zelmar Michelini, asesinado en mayo de 1976. En un día histórico.
14 de abril de 2011
13 de abril de 2011
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por qué derogan la amnistía

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Tres artículos violan la Constitución uruguaya.

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Uruguay. El proyecto interpretativo que aprobó ayer el Senado pretende dejar sin efecto la ley 15.848, más conocida como Ley de Caducidad. En concreto, como se trata de una norma interpretativa no anula a la sancionada en 1986, pero hace que algunas partes de ella dejen de estar vigentes. Según el proyecto interpretativo, los artículos de la Ley de Caducidad que violan la Constitución uruguaya son:

- Artículo 1: Allí se reconocía que prescribió la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales.

- Artículo 3: En esa parte se establecía que el juez que recibiera una denuncia debía pedir al Poder Ejecutivo que determinara si ese hecho estaba comprendido dentro del artículo 1, es decir si ya había cesado la voluntad estatal de castigar ese crimen.

- Artículo 4: El juez podía remitir al Poder Ejecutivo las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la ley (diciembre de 1986) para que dispusiera investigaciones.

En el proyecto interpretativo se deja en claro que no puede invocarse la cosa juzgada ni las prescripciones para los secuestros, desapariciones o asesinatos. También que todas las causas judiciales que quedaron suspendidas por la vigencia de la Ley de Caducidad serán reiniciadas de oficio. De acuerdo con lo que explicó a este diario el senador Oscar López Goldaracena, se le introdujeron algunas modificaciones a la iniciativa que en octubre pasado obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. En los últimos retoques se hizo especial énfasis en la independencia del Poder Judicial. Pero además, se toman en cuenta todas las veces que la Corte Suprema de Justicia uruguaya declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y se generalizan esos efectos. "Las modificaciones que se realizaron no hacen a la esencia del proyecto aprobado en Diputados, pero sí lo mejoran. Los cambios se hicieron obedeciendo a algunos planteos de constitucionalistas.
"Básicamente, se declara incompatible la Ley de Caducidad con respecto a la Constitución y a los tratados internacionales suscriptos por Uruguay para asegurar la total vigencia de los derechos humanos", explicó a Página/12 el diputado oficialista Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo en el Frente Amplio. Puig confirmó que el 4 de mayo se estará votando el proyecto en la Cámara de Representantes. Se espera que la ratificación de los diputados sea sólo un trámite.
[Informe de L. B.]
14 de abril de 2011
13 de abril de 2011
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derogan amnistía en uruguay

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El senado uruguayo aprobó dejar sin efecto la ley que impedía juzgar las violaciones a los derechos humanos. El Frente Amplio terminó con la amnistía en Uruguay.

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Uruguay. El Senado uruguayo aprobó ayer el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad. Durante 25 años, esa norma impidió que se persiguiera y se juzgara a los responsables de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos durante la dictadura que gobernó al país entre 1973 y 1985. Los opositores Partido Nacional y Partido Colorado votaron en contra de la iniciativa promovida por el gobernante Frente Amplio (FA). Pero también hubo discrepancias dentro de las filas de esa coalición de centroizquierda. El histórico militante tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro se encolumnó por disciplina partidaria a favor del proyecto presentado por el FA, pero anunció que renunciaba a su banca.
La sesión comenzó cerca de las 10 de la mañana y se extendió hasta bien entrada la noche, cuando el FA hizo valer sus 16 votos frente a los quince de la oposición. Sea cual fuere su color partidario, la mayoría de los senadores tenía algo que decir al respecto de la Ley de Caducidad, que desde 1986 impide que sean juzgados los represores uruguayos. Hace tiempo que la Ley de Caducidad ocupa el centro de la discusión política en la República Oriental. Un debate acalorado que divide a quienes se manifiestan a favor de extirparla del ordenamiento jurídico y entre los que quieren mantenerla, alegando que fue ratificada por la ciudadanía en dos plebiscitos.
Ese clima se respiró en el Senado. Por el oficialismo, le tocó romper el hielo al senador Oscar López Goldaracena, un conocido jurista y activista de derechos humanos. "Esta Cámara tiene la posibilidad de empezar a enmendar el error político de haber dictado una ley que ampara la impunidad de criminales de lesa humanidad, removiendo la mochila que pesa sobre la sociedad uruguaya", comenzó el abogado que representa al Movimiento Independiente por los Derechos Humanos, en el FA. López Goldaracena remarcó que era importante eliminar los efectos de la Ley de Caducidad para evitar que las atrocidades perpetradas por los militares vuelvan a repetirse.
Aunque no todo fue una postura uniforme dentro de la coalición de centroizquierda. Desde que en octubre del año pasado se aprobara en la Cámara de Diputados, el proyecto interpretativo estuvo paralizado en el Senado, donde tres senadores oficialistas se negaban a acompañar la iniciativa de su bloque. En marzo, el FA pudo destrabar la situación y alcanzó los votos necesarios para que el proyecto saliera. Sin embargo, los senadores díscolos siguieron haciendo sentir su rechazo. El ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa salió del recinto e hizo ingresar a su suplente que votó junto al FA. El legislador frenteamplista Jorge Saravia se mantuvo firme en su postura de no apoyar la iniciativa para interpretar la Ley de Caducidad y denunció que se trataba de un "disparate jurídico".
Pero la novedad del día la trajo el ex tupamaro Fernández Huidobro, que renunció a su banca porque tuvo que obedecer el mandato de votar a favor de la iniciativa. "Se dice con razón, dentro de nuestra fuerza política, que hay que acatar el mandato de la mayoría. Creemos que es así y por eso lo estamos acatando, votaremos por disciplina. Pero el pueblo también fue mayoría dos veces", disparó, refiriéndose a los plebiscitos de 1989 y 2009 en los que la mayoría de la sociedad se negó a anular la Ley de Caducidad. El presidente José Mujica fue anoche hasta el despacho de Huidobro y le expresó su solidaridad.
Desde el Partido Nacional, el primero en hacer uso de la palabra para protestar contra la iniciativa oficialista fue el senador Francisco Gallinal. "Lejos de ser interpretativa, esta ley es innovativa", se quejó. "No acompañamos porque hay dos pronunciamientos populares en este sentido. Ese es un argumento formal, que a nuestro juicio es muy importante", dijo el referente blanco a Página/12. "Entendemos que esta propuesta le genera grandes problemas a la sociedad, ya que significa trasladar toda la cuestión al Poder Judicial", agregó. Gallinal invocó nuevamente el Pacto del Club Naval de 1984, cuando las principales fuerzas políticas y los militares en el poder negociaron la apertura democrática. "Este proyecto interpretativo rompe el equilibrio que supuso la salida institucional de 1985, donde se aprobaron dos amnistías: una para los militares y otra para los presos políticos tupamaros", apuntó el político conservador.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones estudiantiles y de trabajadores hicieron poco caso a los dichos de los partidos tradicionales. Desde las barras del Senado, algunos siguieron de cerca a los senadores. Otros estuvieron afuera escuchando el debate por altavoces. Todos coincidieron en que el de ayer fue un día para celebrar. Pero saben que todavía falta camino para recorrer hasta que el 4 de mayo próximo la Cámara de Diputados ratifique el proyecto aprobado ayer por los senadores.
"Uruguay se va a poner en una buena posición en lo que respecta a la salvaguarda de los derechos humanos frente a la comunidad internacional. Después de casi medio siglo de existencia de esta ley, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman y con esta resolución que hoy tomó el sistema político, nos están dando la razón. Esto también le demuestra al movimiento popular que la perseverancia y la lucha de la sociedad terminan dando resultados", resaltó Raúl Olivera, de la central obrera PIT CNT.
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) fue más cauto a la hora de las celebraciones. "Nunca nos bajamos del caballo de la nulidad. No lo logramos. Por supuesto que apoyamos y creemos que hay que hacer todo lo necesario para acabar con la impunidad. El Estado no puede seguir sin dar respuestas a lo que dijo la Corte Interamericana, que señaló que la Ley de Caducidad es un obstáculo para la Justicia. Para nosotros, no es la mejor salida pero hay que seguir avanzando en el Nunca Más y para que estas cosas queden saneadas", afirmó Ana Aguerre.
Desde Crysol, la Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay, definieron la de ayer como una jornada de emociones. "Para nosotros, la anulación de la Ley de Caducidad es una de las razones fundamentales de nuestra lucha. Venimos exigiendo esto para que se investigue qué pasó con nuestros compañeros desaparecidos y para que se juzgue a los torturadores, y así se abra el camino para conocer la verdad", concluyó Julio Martínez.
[Informe de Luciana Bertoia.]
14 de abril de 2011
13 de abril de 2011
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fbi desclasifica documentos sobre ovnis

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FBI desclasificó documentos sobre ovnis y extraterrestres. Entre informes policiales y de testigos, destaca uno dirigido al Director de la Oficina Federal de Investigación, que revela que un agente de la Fuerza Aérea confirmó la recuperación de platillos voladores y cuerpos en Nuevo México.

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Estados Unidos. El FBI publicó en internet numerosos informes desclasificados, en entre ellos algunos sobre avistamientos de ovnis y hasta reportes de extraños cuerpos recuperados de naves voladoras, que han encendido la polémica.
Entre dichos documentos, se encuentra uno que ha llamado la atención de los aficionados al tema extraterrestre: está firmado por el agente Guy Hottel y en él revela que un investigador de la Fuerza Aérea confirmó la recuperación de tres platillos voladores en Nuevo México.
Fechado el 22 de marzo de 1950, el informe está dirigido al director del FBI, y señala que los objetos fueron descritos como "de forma circular, con centros abombados de 50 pies de diámetro".
"Cada uno estaba ocupado por tres cuerpos de forma humana, pero de sólo tres pies de alto", aseguró el agente. Los individuos "vestían ropa metálica de una textura muy fina. Cada cuerpo estaba vendado como los pilotos de pruebas", dice el reporte.
El informante citado por Hottel, cuyo nombre fue ocultado por el FBI antes de hacer públicos los textos, señala que cree que las naves cayeron a tierra "gracias a que el gobierno tenía fuertes radares en el área y se cree que éstos interfieren con el mecanismo de control de las naves".
Los documentos referentes a los Objetos Voladores No Identificados (UFO, en inglés) se encuentran el sitio oficial The Vault (http://vault.fbi.gov/UFO) (La Bóveda) y cabe señalar que corresponder a informes recibidos por el FBI, y pese al contenido explícito sobre testimonios de avistamientos, no existe uno en que el organismo declare la existencia de seres extraterrestres.
Pese a que ha sido lo que más ha llamado la atención de los internautas, la web del FBI no sólo mantiene reportes sobre el tema ovni, sino que también de personalidades y casos de diversa índole, y que pueden ser consultados por cualquier persona que acceda al sitio.
13 de abril de 2011
©la nación

fiscalía acusa a palmicultores de chocó

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Por desplazamientos. La Fiscalía acusó a 15 palmicultores por su supuesta responsabilidad en los delitos de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.

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Argentina. La Fiscalía acusó a 15 personas del sector palmicultor como presuntos responsables del desplazamiento forzado de centenares de campesinos, en complicidad con paramilitares, en el departamento de Choco, informó la Fiscalía.
El fiscal Héctor Cruz Carvajal, de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, llamó a juicio a las 15 personas -detenidas desde mayo del 2010- por su supuesta responsabilidad en los delitos de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.
El documento de la Fiscalía, de 258 páginas, da cuenta de que en febrero de 1997, a través de una operación militar llamada ‘Génesis’, miembros del Ejército y paramilitares "incursionaron de manera violenta" en zonas rurales del municipio de Riosucio, departamento de Chocó.
Durante la acción armada, los paramilitares "sistemáticamente ejecutaron actos hostiles contra las comunidades afrodescendientes" o negras.
A partir del año 2000, explicó el fiscal Cruz, "empresas privadas, cuyo objetivo es el cultivo de palma o la ganadería extensiva (…)se asentaron con el objeto de implementar un proyecto agroindustrial enfocado principalmente en la explotación de la palma de aceite".
Entonces los representantes de las empresas palmiculatoras, "apoyados en miembros de las autodefensas (o paramilitares), emprendieron la tarea de darle visos de legalidad a la ocupación de las tierras" de las que habían desplazado a las comunidades negras.
Esos palmicultores recurrieron a la compra de tierras de nativos a "precios irrisorios soportadas en documentos falsos", o a suscribir contratos a nombre de personas que aparecían muertas años atrás. Con base en esos fraudes, la Fiscalía también estableció que esos palmicultores consiguieron "respaldar créditos bancarios y obtener incentivos estatales" como préstamos, aunque no cuantificó la cantidad de dinero.
Tras la decisión de la Fiscalía, el caso de los 15 detenidos pasa a un juzgado para la fase de juicio. Los ahora acusados podrían verse enfrentados a penas de cárcel superiores a 10 años.
Todos los llamados a juicio están detenidos en cárceles de las ciudades de Bogotá, Medellín y Montería.
Por estos mismos hechos, otros seis implicados ya aceptaron cargos, mientras 20 personas más están pendientes de una eventual acusación.
Los investigadores no han cuantificado cuántas personas de esas comunidades afrodescendientes fueron desplazadas por la acción paramilitar.
Según los investigadores, el proyecto de los paramilitares era ampliar los territorios sobre los cuales tenían control, pero además sacar provecho económico de esas tierras, que antes fueron dominadas por las guerrillas.
13 de abril de 2011
12 de abril de 2011
©semana