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concejal nacho y los hijos de uribe


Qué tan cerca estaban los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez del entonces concejal de Santa Marta, Héctor Rodríguez y éste a su vez de los paramilitares de Hernán Giraldo. La versión de ’El Canoso’ y la respuesta de los Uribe.
Colombia. Héctor Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez Acevedo fue elegido concejal de Santa Marta con el apoyo del bloque Resistencia Tayrona, obteniendo en el año 2003 una de las más altas votaciones. La orden en las 93 veredas de la Sierra Nevada era votar por él. Con el aval de Hernán Giraldo fue escogido como el candidato que esa organización armada apoyaría al concejo de la ciudad para que gestionara recursos para construir escuelas, puestos de salud y mejorar las vías.
Giraldo necesitaba a un concejal, es lo que ha dicho en sus versiones ante Justicia y Paz desencantado de haber votado por todos los políticos del Magdalena que fueron a su campamento a prometer y pedirle su apoyo, pero nunca hicieron nada.
José Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, dijo en una versión ante Justicia y Paz que conoció a Rodríguez desde 2003 cuando él asumió como comandante político del Resistencia Tayrona y el político había empezado su campaña al concejo de la capital del Magdalena de la mano con el exsenador Luis Eduardo Vives Lacouture. Además, en una finca del papá de ‘Nacho’ en Buritaca, los paramilitares hacían reuniones y se escondían de antinarcóticos.
‘Nacho’ era la voz de la Sierra en el concejo, su campaña la inició con una estrategia encaminada a la erradicación de los cultivos de coca y es célebre una foto del exconcejal con el exsenador Luis Eduardo Vives arrancando varias de ellas con sus manos. El respaldo político de los paramilitares a Rodríguez no era un hecho que pasara desapercibido, más aún si muchos candidatos subían al campamento de Giraldo a pedirle apoyo en sus aspiraciones.
Rodríguez, un arquitecto de 30 años y sin mayor trayectoria política, obtuvo el aval del movimiento Colombia Viva y consiguió la segunda votación más alta en las elecciones para el Concejo, con 3.188 sufragios. La primera fue la de Romualdo de Jesús Macías Sobrino, también relacionado con paramilitares.
Su campaña política del 2003 se desarrolló principalmente en el corregimiento Guachaca, en las estribaciones de la Sierra, donde su padre tenía una finca.
El joven político no sólo contaba con una ‘gran sombrilla política’, tenía una buena fachada económica.
Es hijo del oficial Héctor Rodríguez (QEPD), retirado de la Armada Nacional, propietario de unas prospera naviera que prestaba servicios portuarios, con oficinas en el edificio Bahía, donde también tenía oficina José Gelvez Albarracín, alias ‘El Canoso’. Nacho era en enero del año 2004 una celebridad en Santa Marta. Y la afinidad entre alias ‘Nacho’ y ‘El ‘Canoso’, estaba determinada por la misma vocación: la política.
Mientras Rodríguez era el concejal que representaba a Hernán Giraldo ante la administración de Santa Marta, Gelvez Albarracín llevaba un año como comandante político del grupo.
En su primera versión ante Justicia y Paz (mayo 24 de 2010), ‘El Canoso’ revela existencia de otro pacto entre políticos y paras en Magdalena, Pacto de El Difícil), dio a conocer cómo fueron escogidos el gobernador Trino Luna, así como alcaldes (incluido el de Santa Marta), concejales y diputados. ¿A qué se dedicaban ‘El Canoso’ y ‘Nacho’ Rodríguez en Santa Marta? Era algo sobre lo cual los samarios tenían certeza: eran la cara política del paramilitarismo.
’El Canoso’ fungía de enlace político entre los paramilitares y el entonces gobernador Trino Luna Correa, tanto así que en 2005 apareció una foto en la que se ve al gobernador Luna presidiendo una delegación de empresarios, periodistas y finqueros magdalenenses que viajó a Quindío para observar el funcionamiento de las fincas turísticas y tomar el modelo y replicarlo en la Sierra Nevada. Esto no tendría nada de particular, de no ser porque en la foto de los delegados figura ’El Canoso’.
En su momento, Pablo Beltrán, secretario de la Gobernación, dijo que en el momento en que se hizo ese viaje, ’El Canoso’ no estaba en dificultades con la justicia. Por eso, al no existir ningún impedimento legal, fue incluido en la comitiva como propietario de fincas en la Sierra Nevada. Además, explicó que la mayoría de los viajeros eran finqueros y empresarios del sector turístico, y que como resultado de esa visita, hubo un intercambio de experiencias y hoy hay 16 fincas operando como hoteles en Magdalena y que se están habilitando otras 45.
Sin embargo, según varios testigos, para el momento del viaje a Quindío, en Santa Marta era un secreto a voces que ’El Canoso’ era conocido como el segundo al mando de ’Hernán Giraldo’. Otro de los acompañantes era el entonces concejal Héctor ’Nacho’ Rodríguez, del que luego se sabrían sus vínculos con el narcotráfico y sus relaciones también con Hernán Giraldo, de quien se dice habría obtenido su respaldo para sus aspiraciones electorales.
En Santa Marta y Magdalena la penetración de los grupos armados ha sido algo normal. El mercado estaba en manos de Hernán Giraldo y la construcción y los negocios turísticos estaban en manos de personas que han terminado extraditadas como ‘El Mono’ Abello (negocios agrícolas e inmobiliarios); y algunos miembros de la familia Olarte (Marco y Aristóteles), propietarios de varios hoteles y fincas bananeras, han estado en la cárcel por narcotráfico o por presuntas relaciones con bandas criminales.  
Gelvez ha dado detalles de cómo fue la campaña de Trino Luna en el 2003, que para entonces no tenía ni para los transportes. Por eso, cuando la semana pasada reveló detalles de la presunta participación de los paramilitares en la concesión del Parque Tayrona, su versión provocó revuelo, porque la gente se pregunta en Santa Marta es: ¿si las autodefensas controlaban el territorio y muchos negocios, cómo era que les iban a concesionar el parque y dejarlos a ellos por fuera? Es algo que las autoridades deberán investigar, mientras tanto ese contrato estará bajo sospecha.
También se refirió ‘El Canoso’, a la relación entre ‘Nacho’ y los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Jerónimo y Tomás, quienes según el excomandante paramilitar, iban con frecuencia a Santa Marta y tenían negocios de artesanías. ‘Nacho’ les vendía aretes, pulseras y ensaladeras al parecer y de acuerdo con la versión de José Gelvez, el político había cultivado una amistad con Jerónimo y Tomás Uribe, con quienes había empezado una relación comercial, de la cual resultó una amistad.
Los Uribe iban con alguna frecuencia a Santa Marta, y en una de esas ocasiones ‘Nacho’ le presentó a ’el Canoso’ a los hijos del presidente. En esa ocasión fueron hasta el Parque Tayrona en un remolcador de la naviera de la familia del exconcejal. Ese día, recuerda Gelvez, los escoltas se quedaron en Santa Marta, en la marina del edificio La Cascada, mientras los hermanos Uribe se fueron a las playas del Parque Tayrona.  Según la versión del paramilitar, los hermanos Uribe se fueron con Nacho y Gelvez hasta unas playas, hicieron disparos con los fusiles y departieron hasta las cuatro de la tarde.
La fiscal le preguntó cuál era la relación entre los hijos de Uribe con Nacho, a lo cual contestó diciendo que él los conocía desde el año 2003, que participaron en una comparsa en los carnavales de Barranquilla que se llamó la ‘Fiebre Amarilla’, en defensa del Tití cabeciblanco, que estaba en riesgo por la fiebre amarilla. Cuando Jerónimo y Tomás iban a Santa Marta, hacían planes con Nacho. También relató que al exconcejal y a los Uribe los unía el negocio de las artesanías, pues Nacho tenía una empresa que se llamaba Artcoco y puso en contacto a Tomás y a Jerónimo con indígenas y artesanos. Esta relación hizo crecer el negocio de ‘Nacho’, pues les suministraba productos a Salvarte.
El paramilitar aseguró que los hijos del presidente sabían de sus vínculos con las Auc, y además conocían que ‘Nacho’ había sido elegido con el apoyo de los paramilitares. Incluso, los Uribe preguntaron si podían conocer al señor Hernán Giraldo, y se hizo la consulta con respuesta positiva de Giraldo, pero nunca se realizó la reunión. También dice que compartieron en una ocasión en Bogotá en el restaurante Gaira en la fiesta de lanzamiento de Laura Abisamabra, aunque ese acto no tenía nada que ver con la organización paramilitar.
Rodríguez fue capturado y extraditado a Estados Unidos en 2008 por los delitos de concierto para suministrar material de apoyo a una organización terrorista extranjera (las Auc) y concierto para portar, usar y poseer un arma de fuego durante y en relación con narcotráfico y delitos violentos. El año pasado regreso en silencio a su natal Santa Marta luego de pagar 36 meses de cárcel.

La Respuesta de los Uribe Moreno
En un comunicado, Tomás y Jerónimo reconocieron que sí conocieron a "Héctor Ignacio Rodríguez, en el año 2004, por amigos comunes de Santa Marta y por su participación en una compañía que fabricaba artesanías de coco con artesanos de la Sierra Nevada, promocionadas en programas financiados por el gobierno americano".
En el comunicado los Uribe aseguraron que "jamás tuvimos indicios de la vinculación del señor Rodríguez con actividades ilícitas o grupos al margen de la ley. Los encuentros que sostuvimos, entre ellos un paseo de una tarde al parque Tayrona, a plena luz del día, estuvieron rodeados de personas serias como el actual alcalde de la ciudad de Santa Marta, que confiaban plenamente en el señor Rodríguez y pueden dar fe de la reputación que lo precedía".
Para terminar, en el comunicado los Uribe dijeron que "el testimonio del criminal alias ’El Canoso’ -a quién no conocemos- está plagado de mentiras: falsos encuentros y falsas intenciones, la mayor de todas, la más absurda e imposible de probar, nuestra supuesta intención de reunirnos con Hernán Giraldo, a quién jamás hemos conocido y por quien jamás hemos preguntado".
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
©verdadabierta

llevan 30 días en huelga de hambre


En delicado estado presos políticos mapuches en huelga de hambre hace más de un mes.
Chile. La huelga de hambre de los presos políticos mapuche condenados por el tribunal de Cañete por delitos asociados a la presunta participación en el atentado contra el fiscal Mario Elgueta superó los treinta días.
Los comuneros fueron sentenciados a 25 y 20 años de cárcel y se están movilizando para exigir un juicio justo, pues durante el proceso anterior se utilizó la ley antiterrorista y tanto organismos nacionales como extranjeros registraron fuertes irregularidades.
Por esta razón, Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical comenzaron el día 15 de marzo una huelga de hambre para exigir que se realice un nuevo proceso.
Sin embargo, estos comuneros, que antes protagonizaron también la huelga del 2010, se encuentran en un delicado estado de salud y a la fecha ya han bajado la totalidad del peso que perdieron en la anterior movilización, que se extendió por más de tres meses.
Las manifestaciones de apoyo continúan. Esta mañana se realizó una jornada de movilización a las 11 horas en la Plaza Hospital de Temuco. A las 18:00 horas en Concepción se está convocando a una marcha desde la Plaza Perú, mientras en Santiago a las 19:30 horas se realizará la tradicional movilización desde Alameda con Ahumada hasta la Plaza de Armas.
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
©radio udechile

se votó ley contra desaparición forzada


Con el voto de diputados, se incorporó al Código Penal la figura de desaparición forzada de personas. La Argentina incorporó una norma sin precedentes a escala internacional.
[Miguel Jorquera] Argentina. Los diputados convirtieron ayer en ley la incorporación al Código Penal de la figura de Desaparición Forzada de Personas, cuyo delito –"en el que participen las fuerzas de seguridad y con el apoyo o la aquiescencia del Estado"– no prescribirá "hasta tanto la persona sea hallada o restituida su identidad". La ley sancionada por la Cámara baja salda una deuda pendiente desde hace tiempo con la sociedad sobre todo en el enjuiciamiento de los crímenes del terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura militar y a la vez incorpora a la legislación argentina una norma sin precedentes a escala internacional.
La sanción de la ley ni siquiera requirió de debate, sino algunas precisiones sobre el proyecto de la senadora kirchnerista Blanca Osuna y que ya tenía media sanción de la Cámara alta. "La incorporación de la desaparición forzada de personas, establecida en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad e imprescriptible, tiene un enorme valor simbólico social", dijo el presidente de la Comisión de Legislación Penal, el cívico Juan Carlos Vega.
El diputado cordobés dijo que de esta manera se cumplía con el mandato de la reforma constituyente del ’94 que dio jerarquía institucional a diez tratados internacionales y que la incorporación de esta figura al Código Penal "no registra antecedentes" internacionales, así como la "palabra desaparecidos tampoco tiene homónimos en otros idiomas".
Para salvar las circunstancias de la falta de quórum para votar y a la espera de que otros diputados volvieran al recinto, el diputado kirchnerista Remo Carlotto tomó la palabra. "Es una acción de carácter puramente político, no sólo jurídica. Estamos dando respuesta a nuestra historia y a nuestra lucha, con la construcción de una patria que respete irrestrictamente los derechos humanos", sostuvo antes de afirmar que "el término desaparecido fue acuñado por los familiares de las víctimas, ante la indefinición de su situación".
Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e hija de desaparecidos, tampoco quiso estar ausente a la hora definir la importancia de la sanción de la ley. Coincidió con Carlotto en definir que la norma "viene a saldar una deuda pendiente desde hace tiempo" y a "cumplir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".
"Sabemos lo que es no encontrar a un ser querido, de los padecimientos de los familiares y allegados de las personas que no encuentran", dijo Donda. La diputada también se refirió a los "desaparecidos en democracia", como los jóvenes Luciano Arruga –"existen testigos de que fue llevado detenido (hace más de dos años) a una comisaría de La Matanza, donde fue torturado antes de su desaparición"– e Iván Torres, "desaparecido hace ocho años en Chubut, donde testigos protegidos por la CIDH murieron en situaciones muy dudosas".
El primer artículo del proyecto establece que se "impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al funcionario público o la persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando ese accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o informar sobre el paradero de la persona".
La pena será de prisión perpetua si la víctima resultara muerta o se tratara de una mujer embarazada, de una persona mayor de 70 años o con discapacidad. En cambio, podría reducirse la pena a "un tercio del máximo y la mitad del mínimo" para los autores o partícipes del delito que "liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permitan su aparición con vida".
"La Argentina es pionera en llevar adelante los juicios a los genocidas, sin embargo para dictar sentencia por ejemplo a (Antonio Domingo) Bussi y (el sacerdote confesor de la bonaerense, Christian) Von Wernich los jueces debieron apelar a otras figuras penales, ya que no existía una categoría específica para la desaparición forzada", ejemplificó ante Página/12 la autora del proyecto.
"Esta ley representa un avance muy importante en la profundización de la política de derechos humanos que tiene la Argentina desde 2003, y con la incorporación de esta figura estamos completando la tipificación de todos los delitos de lesa humanidad en la ley penal argentina", expresó la senadora Osuna, quien además integra la Comisión Interpoderes para la Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, creada por la Corte Suprema, y que tiene como objetivo aunar esfuerzos que permitan resolver dificultades y demoras en la sustanciación de estas causas.
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
©página 12

se impuso la historia


Saludo el derribo final de una de las leyes más vergonzosas de mi país y de la historia por la lucha por los derechos humanos. Ahora sólo queda destruir otra tradición: la del miedo.
[Jorge Majfud] En las últimas horas hemos leído y escuchado a militares retirados manifestando nerviosismo por posibles juicios por crímenes y violaciones durante la dictadura y apelando al respeto por la voluntad del pueblo que ratificó la ilegítima Ley de Caducidad con una mayoría simple de abstenciones. Alguno incluso sacó a la luz un supuesto "pacto entre combatientes", aludiendo al presidente de la República, los tupamaros y los ex militares represores. Como siempre, los pactos dejan por fuera a las verdaderas víctimas, a todos aquellos que fueron aterrorizados con una sistemática caza de brujas y bajo la cobarde excusa de que "los fines justifican los medios".
Hemos repetido desde hace años el más básico de los conceptos: los derechos humanos no se negocian ni se plebiscitan. Cualquier ley que viole un solo derecho humano no sólo es inconstitucional; es inmoral y contra todo derecho natural.
En una democracia las decisiones de la mayoría se respetan. Excepto cuando se violan los derechos humanos de una sola persona. De lo contrario, deberíamos estar de acuerdo con las hordas que apedrean a las adúlteras y queman a los ladrones, por una simple razón de mayorías. Una democracia es mucho más que una simple dictadura de las mayorías. En una democracia las leyes no se violan; se cambian. Y el respeto y protección de los derechos humanos, así como el ejercicio de la justicia son sus componentes más básicos.
Saludo el principio del fin de esta Ley de Impunidad, no con alegría, sino con la serenidad que requiere y otorga cualquier acto de justicia.
No hay nada que festejar. Sólo hay una gigantesca lección histórica que aprender. Siempre he creído que la justicia que tarda no llega. Pero algo es algo y, sobre todo, queda la continuidad de un camino que afortunadamente y con mucho trabajo nos ha alejado algo de los tiempos de los barcos negreros, de los campos de concentración y la picana eléctrica.
No hay nada que festejar. Algo de la justicia que los uruguayos renunciaron o negaron a alguno de sus compatriotas apenas podría comenzar hoy. Podría. Conociendo los antecedentes, nada es seguro.
[El autor es escritor.]
14 de abril de 2011
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condenados son peligrosos


Carlotto: "Son peligrosos tengan la edad que tengan". La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo manifestó esta tarde su satisfacción por las condenas perpetuas en cárcel común a las que fueron sentenciados los represores Reynaldo Bignone y Luis Abelardo Patti.
Argentina. Carlotto afirmó que los represores "son peligrosos tengan la edad que tengan" y afirmó que la reclusión en cárcel común evita que "se burlen de la justicia saliendo, veraneando, estando de fiestas familiares, como si fueran personas comunes".
"No son personas comunes, tengan la edad que tengan, son reincidentes. Si le permitiera lo volverían a hacer", afirmó Carlotto, que además sostuvo que "hay muchos países que están mirando a la argentina con mucho respeto, porque llevamos la bandera, como pueblo, de la verdad y la memoria".
Por su parte, Taty Almeyda, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora afirmó que las organizaciones de Derechos Humanos "nunca pensamos que este día llegaría". "Les hemos dado la oportunidad a estos genocidas para que se defiendan con abogados, pero, sinceramente, son delitos de lesa humanidad. Ningún tipo de perdón puede haber acá, para eso está la justicia, que los ha condenado", concluyó.
14 de abril de 2011
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perpetua para patti y bignone


Juicio por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín condenó al ex subcomisario y ex intendente de Escobar al hallarlo responsable de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio.
Argentina. El ex intendente de Escobar y ex subcomisario Luis Abelardo Patti fue condenado a prisión perpetua a cumplirse en una cárcel común por el asesinato de un militante de la juventud peronista y el secuestro de un ex diputado nacional en la última dictadura militar, entre otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El dos veces intendente de Escobar, diputado electo impedido de asumir su banca por las denuncias en su contra y ex subcomisario de la Policía Bonaerense recibió así la primera condena en su vida, en particular por la privación ilegal de la libertad y partícipe primario del asesinato del militante de la Juventud Peronista, Gastón Gonçalves, y el secuestro del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, asesinado luego en un simulacro de accidente.
El Tribunal Oral Federal 1 encuadró además los delitos como de "lesa humanidad" y ordenó revocar beneficios de prisión domiciliaria vigentes para que todos los condenados cumplan sus penas en cárceles comunes, decisión que provocó un cerrado aplauso en la sala de audiencias del auditorio Hugo del Carril en la localidad bonaerense de José León Suárez.
El veredicto fue leído por la presidenta del Tribunal, Lucila Larrandart, quien también actuará como jueza de ejecución penal, es decir, instrumentará la condena a la hora de resolver el traslado a establecimientos penitenciarios, aunque aún habrá que definir si esto se cumplirá de inmediato o una vez que la pena quede firme, ya que será apelada por las defensas ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
En el caso de Patti, aún permanece internado bajo custodia en la clínica privada Fleni de Escobar, tras sufrir un accidente cerebro vascular y se presentó al juicio casi siempre en camilla mientras que siguió casi todas las audiencias desde una ambulancia estacionada en el ingreso al recinto.
El veredicto se dio a conocer al término de un juicio oral donde se condenó además a perpetua al ex dictador Reynaldo Bignone, al ex general Santiago Omar Riveros, al ex agente de Inteligencia del Ejército Martín Rodriguez y a seis años de cárcel al ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini.
Bignone y Riveros ya tenían penas de 25 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio anterior ante el mismo Tribunal Oral Federal 1 de San Martín en otro tramo de la causa por violaciones a derechos humanos en la jurisdicción de Campo de Mayo.
La audiencia final del juicio no contó con la presencia de Patti en el recinto. El único acusado que escuchó la condena en persona fue su ex superior en la comisaría de Escobar y también condenado por primera vez, Meneghini.
Patti fue juzgado desde setiembre de 2010 y condenado hoy por el secuestro de militantes de la JP en Escobar, entre ellos de Gastón Gonçalves, por cuyo asesinato fue encontrado partícipe primario; de la privación ilegal de la libertad del ex diputado Muñiz Barreto y su secretario Juan José Fernández y también del secuestro y desaparición de jóvenes estudiantes de la zona, todo apenas concretado el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Para los jueces Patti es culpable también de "tormentos agravados a un perseguido político" en referencia a Muñiz Barreto y otros dos casos por los que fue condenado, los de Guillermo y Luis D´Amico, desaparecidos.
Salvo en el caso del ex comisario Meneghini, las condenas coincidieron con los pedidos de pena hechos por los fiscales Marcelo Garcia Berro, Javier De Luca y Juan Murray y los querellantes hijos de Goncalvez, Gastón y Manuel y los hijos de Muñiz Barreto, Juana y Antonio y Maria Isabel D´Amico, presentes todos en la audiencia.
14 de abril de 2011
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derechos humanos, ola imparable


Más allá del debate en Uruguay y sus costos –si es que los tiene–, quizá convenga inscribir el fallo de la Corte Interamericana y sus consecuencias en una ola que supera a los uruguayos, piensen lo que piensen y hayan adoptado la táctica que fuese: la ola del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
[Martín Granovsky] Uruguay. El propio Pepe Mujica suele levantar una ceja cuando lo dice: "Quieren hacernos pelear entre nosotros". Y agrega: "No hay que darles el gusto". No le pone sujeto a la frase, y eso es parte de su picardía política, pero la repite cuando queda involucrado en una situación que no buscó: la de un Pepe caricaturizado como una suerte de oriental moldeado a gusto del establishment.
El 30 de marzo, Mujica dijo durante un acto en la embajada argentina: "No soy hombre de lamentarme ni de lamerme las heridas. Aprendí que en la vida hay deudas que nunca se pagan y cuentas que nunca se cobran. Elijo, sin olvidar el pasado, mirar hacia adelante".
Sus críticos por izquierda hicieron lo mismo que sus aduladores por derecha: esquivaron la expresión "sin olvidar el pasado". Es decir, quisieron menemizarlo.
El problema para Mujica es que hasta la votación de ayer en el Senado parecía eterno el vigor de dos consultas vinculantes. Una en 1989, por la que la mayoría del pueblo se pronunció a favor de la impunidad para los militares que habían violado los derechos humanos. Otro referéndum, con el mismo resultado, se realizó en octubre de 2009, junto con las últimas elecciones presidenciales que ganó, justamente, Mujica. Dirigentes del Frente Amplio acostumbran reflexionar que la simultaneidad fue un error. El tema no estaba candente y los candidatos se concentraron en sus campañas, con lo cual una consulta que podría haber tenido otro resultado en otro momento, por ejemplo en estos días, repitió la frustración del ’89.
Uruguay tiene una característica peculiar. Salvo la consulta sobre la caducidad, cada referéndum dio un triunfo a la izquierda. Logró mayoría para rechazar una Constitución que quería dejar de regalo la dictadura, para oponerse a la enajenación de empresas públicas y para que no se privatizaran el agua potable y las cloacas. En la última victoria, en particular, sí fue útil la simultaneidad entre la campaña por el agua y la presidencial. Como el tema estaba instalado en la discusión cotidiana de los uruguayos, Tabaré Vázquez y el Frente Amplio lo capitalizaron para vencer en las presidenciales del 31 de octubre de 2004, que dieron lugar al primer gobierno del Frente el 1º de marzo de 2005.
La coalición de gobierno quedó, así, en una disyuntiva. Por un lado las consultas ya eran parte de su tradición política de legitimación popular. Por otro, en materia de derechos humanos habían dado un resultado contrario al que buscaban. Con otra singularidad más: incluso en medio de la vigencia de la Ley de Caducidad de 1986, el avance en la comprensión cada vez más masiva del pasado dictatorial permitió o sirvió de presión, según el caso, para que una parte de la Justicia encontrara recovecos legales y pudiera juzgar a oficiales en actividad y en retiro. A la vez, Mujica recortaba presupuesto a las Fuerzas Armadas. Este cuadro explica la discusión intensa sobre el tema dentro del Frente Amplio. El FA decidió por mayoría reformar la Ley de Caducidad. Por respetar esa mayoría es que anunció la renuncia a su banca de senador el ex dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, preso de la dictadura como Mujica, quien insistió en que seguiría comprometido con el gobierno y el FA. Fernández Huidobro votó a favor de la iniciativa por disciplina partidaria, al revés de su colega Jorge Saravia, que votó en contra. Recién después Fernández Huidobro renunció. La renuncia es una facultad individual. El voto es una decisión política, es decir de compromiso colectivo.
"La Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", dijo este año en el caso Gelman vs. Uruguay el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desató la discusión de ayer en el Senado.
Más allá del debate en Uruguay y sus costos –si es que los tiene–, quizá convenga inscribir el fallo de la Corte Interamericana y sus consecuencias en una ola que supera a los uruguayos, piensen lo que piensen y hayan adoptado la táctica que fuese: la ola del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los exiliados argentinos y los organismos de derechos humanos tomaron principios que venían del Juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis, el Juicio a las Juntas de 1985 los recuperó, la doctrina creció con los juicios por la verdad, se hizo más intensa con la discusión que desató el apresamiento de Augusto Pinochet en Londres, se consolidó con los juicios en Chile y se afirmó tras la anulación de la Obediencia Debida, el Punto Final y el indulto. Hasta Brasil de las Fuerzas Armadas intocables creó, con Lula, su Comisión Nacional de la Verdad para investigar la dictadura 1964-1985 y la presidenta Dilma Rousseff definió que la cuestión de los derechos humanos –tanto para intervenir contra la lapidación de una iraní como para cuestionar las torturas de la base norteamericana de Guantánamo– será parte de su estrategia diplomática.
Una ola imparable.
14 de abril de 2011
13 de abril de 2011
©página 12

hijos rosario cumple dieciséis


Festejo de cumpleaños frente a los tribunales. Padres que viven en sus Hijos.
Argentina. "Los juzga un tribunal, festejamos todos", es el lema que eligió Hijos Rosario para salir a la calle a conmemorar sus 16 años. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido (H.I.J.O.S.) nació en la semana santa de 1995, en Cabalango, Córdoba. La mayoría eran veinteañeros, o menos aún. Mucho camino recorrieron desde entonces. Mañana, a las 18, harán una instalación urbana frente al Tribunal Federal donde se juzga a Ramón Genaro Díaz Bessone, ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, cuatro policías que integraron la patota de Feced y un civil, el único al que la agrupación no acusa. La fiesta será también una forma de volver a la vida a sus padres. El encuentro tendrá música también. Tocará la banda Sinapsis y cerrará El regreso del Coela Canto, liderada por Andres Abramovsky.
"Elegimos ese lugar porque nos parece muy significativo, por el momento que se está viviendo, que se ha logrado llevar a los represores al juicio oral después de tantos años, así que decidimos festejarlo ahí, con un encuentro y una instalación urbana con fotos cotidianas de aquellos militantes de los 70", expresó Ingrid Schegtel, militante de Hijos. Recopilar esas fotos familiares, de sus padres, de compañeros de sus padres, les llevó casi un año pero el viernes estarán allí. Al mismo tiempo, hoy se cumple un año del fallo de la causa Guerrieri, que condenó a prisión perpetua, de cumplimiento efectivo en cárcel común a cinco represores del Ejército.
Mucho camino recorrió Hijos desde la época en que escrachaban a los represores en su casa, bajo el lema "Si no hay justicia, hay escrache", para combatir la impunidad. Hoy, muchos militantes de aquella agrupación se sientan como querellantes en los juicios orales y públicos que ya condenaron a 200 represores en todo el país. En Rosario, hubo cinco condenas en la causa Guerrieri, el año pasado, y está en marcha la producción de prueba de la causa Díaz Bessone. Entonces y ahora, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello, Alvaro Baella y Ana Claudia Oberlin (en la causa Guerrieri) representan como abogados a querellantes, no sólo hijos, sino también Madres y sobrevivientes.
Schegtel forma parte de los equipos de investigación sobre lo ocurrido durante la represión ilegal en la zona. Desde su creación, Hijos se sumó a la lucha por la memoria y la justicia, que en 2003 tomó otro impulso. "Tuvimos un crecimiento muy importante. Fue muy diferente en la década de los 90, cuando era pura resistencia, y ahora, si se quiere, estamos más aplicados, porque estamos con los juicios y nos sentimos actores directos porque elegimos formarnos, ya sea con los compañeros abogados, o con los equipos de investigación para ser partícipes activos en el armado de las causas", expresó Schegtel.
Y el rescate de la lucha de sus padres es otra premisa de Hijos, por eso decidieron poner sus imágenes en el encuentro. "Son fotos de esa generación de los 70, eso es lo que queremos reivindicar, ese espíritu de lucha, a través de la cotidianidad. También hay dedicatorias de libros, distintos elementos, porque apuntamos a rescatar la vida", afirmó Schegtel.
14 de abril de 2011
13 de abril de 2011
©rosario 12