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condenado por crimen de militante


Condenan a exparamilitar por el asesinato de un miembro de la UP en Antioquia.
Colombia. El Juzgado Primero Especializado de Antioquia condenó a 20 años de prisión a Cardenio Caicedo Mena, alias ‘El Burro’, exintegrante del Bloque Bananero, por su responsabilidad del asesinato de José Guillermo Asprilla Torres.
El líder sindical, que pertenecía a la desaparecida Unión Patriótica, fue asesinado el 23 de julio de 1997. Los hechos ocurrieron en la finca Villa Sol, ubicada en el municipio de Apartadó, cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba la víctima.
Por ese hecho, alias ‘El Burro’ fue condenado por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y hurto calificado agravado. El exparamilitar está privado detenido en una cárcel del distrito judicial de Antioquia.
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
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del río ampliará indagatoria


General Rito Alejo del Río ampliará indagatoria por paramilitarismo. La diligencia se cumplirá este viernes en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.
Colombia. Por su presunta vinculación con grupos paramilitares del nordeste antioqueño y la región de Urabá seguirá rindiendo cuentas ante la Fiscalía este viernes el general Rito Alejo del Río, quien comandaba la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia.
Ante el despacho 22 delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos seguirá rindiendo indagatoria el oficial, de quien se dice mantenía una alianza con el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas.
Al parecer, militares y alzados en armas operaron muchas veces en forma conjunta, pues líderes regionales como la exalcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas, lo señalan de contribuir a la expansión del paramilitarismo en la zona, pues insiste en la connivencia que existió entre las dos fuerzas en los años 90.
Durante su administración, la burgomaestre denunció en más de una ocasión que los hostigamientos armados de los hombres de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ a la población civil, prácticamente, se daban en las narices de los integrantes de la Brigada comandada por del Río.
Por estas acusaciones, Cuartas se enfrascó en una permanente disputa con el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, quien siempre defendió la gestión del general en la búsqueda de la paz en el Urabá, azotada inicialmente por la violencia insurgente y posteriormente la contrainsurgente.
Del Río también fue acusado por el homicidio del líder regional Marino López Mena, asesinado en 1997 en Río Sucio, Chocó; el oficial fue llamado a juicio por homicidio en persona protegida, proceso que se desarrolla ante el Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá
El alto mando militar es sospechoso de haber incurrido en concierto para delinquir, como promotor de grupos paramilitares, que es el cargos bajo examen en su contra en la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH.
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
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acusaciones por desplazamiento


La Fiscalía acusa a 15 personas por desplazamiento en Chocó. Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH dictó resolución de acusación en contra de 15 personas, investigadas por su presunta responsabilidad en la apropiación ilegal de tierras y el desplazamiento de campesinos en el departamento de Chocó.
Colombia. Los hechos investigados, que ocurrieron en 1997, se relacionan con la incursión de grupos paramilitares en las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, jurisdicción del municipio de Riosucio, así como también en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, lo que ocasionó el desplazamiento forzado de las comunidades asentadas en esos lugares.
La Fiscalía también investigó la apropiación irregular de tierras por parte de empresas privadas, que se instalaron en el año 2000 en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó y desarrollaron proyectos de explotación de palma de aceite y ganadería extensiva.
Por esos hechos fueron acusados Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, exjefe paramilitar; Gabriel Jaime Sierra Moreno, Javier José Daza Pretel, Juan José Palacios Palacios, Jorge Luis Santo Ortega, Javier Morales Estrada, Mario León Villa Pacheco, Mario Alberto Vélez Giraldo, Manuel Gregorio Denis Blandón, Sor Enid Ospina Rendón y Katia Patricia Sánchez Mejía, como presuntos coautores materiales de los delitos de desplazamiento forzado en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.
También fueron acusados Raúl Alberto Penagos González, José Miguel Ruiz Cossio y Claudio Adolfo Fregni Ochoa, como presuntos coautores materiales del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica. Estas personas están en libertad y no tienen orden de captura.
En la decisión también fue acusado Remberto Manuel Álvarez Bertel, como posible coautor material de los delitos de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Álvarez Bertel está afectado con detención domiciliaria.
En mayo del año pasado la Fiscalía ordenó capturar, sin beneficio de excarcelación, a 24 empresarios, entre los que se encuentran varias personas de las que fueron acusadas recientemente. Para más información vea el artículo: `Fiscalía ordena capturar a 24 empresarios por desplazamiento en Chocó’.
Por esa investigación, seis personas se encuentran privadas de la libertad y dos más tienen orden de captura vigente.
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
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condenado por asesinato de sindicalista


Condenan a ex‘para’ por asesinato de un sindicalista y un soldado. Un juez de Bogotá condenó a un exparamilitar del Bloque Héroes de Granada por el asesinato de un sindicalista y un soldado, ocurrido en 2001.
Colombia. Jáder Armando Cuesta Moreno alias ‘Medellín’ o ‘Niche’ fue condenado a 16 años y ocho meses de prisión por el asesinato del sindicalista Julio Ernesto Ceballos Guzmán y del soldado Ángel Hipólito Jiménez, ocurrido el 15 de octubre de 2001.
Así lo decidió el Juez 56 Penal del Circuito de Bogotá, después de estudiar las pruebas presentadas por una Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Según la investigación, alias ‘Medellín’ participó en el secuestro de las dos víctimas que fueron incineradas y luego arrojadas a una fosa común en San Rafael, municipio de Antioquia.
La Fiscalía señaló que los familiares de las víctimas tuvieron que pagar $1 millón 500 mil pesos a los paramilitares para poder recuperar los restos de sus seres queridos.
Por estos crímenes, alias ‘Medellín’ aceptó los delitos de desaparición forzada y homicidio en persona protegida. El exparamilitar delinquió en el Bloque Héroes de Granada, el grupo paramilitar que delinquió en la capital de Antioquia y que tuvo entre sus hombres a sicarios que habían hecho parte del Bloque Metro.
Según el listado de postulados a la Ley de Justicia y Paz de la Fiscalía, alias ‘Medellín’ se desmovilizó con el Bloque Cacique Nutibara, el grupo paramilitar que delinquió en el Valle del Cauca. El exparamilitar está detenido en una cárcel de Palmira, en ese departamento.
15 de abril de 2011
12 de abril de 2011
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allende no se suicidó


Juicio al Golpe: Investigación arrojaría que Allende no se suicidó.
[Francisco Marín] Chile. El presente reportaje fue publicado en El Ciudadano la primera quincena de marzo. En lo sustancial, sostiene que no hay ningún argumento de peso que valide la tesis oficial del suicidio. Su difusión causó impacto. Tuvo un alto número de ventas y fue dada a conocer por importantes medios, como Radio Bio Bio. Poco después de aparecida esta publicación, la familia Allende, encabezada por la senadora Isabel anunció –el 11 de marzo- que se haría parte de este caso dejando atrás su negativa de décadas a investigar esta muerte. Fueron más allá: este 13 de abril le solicitaron al ministro Mario Carroza exhumar los restos del mandatario socialista. La senadora Allende se realizó exámenes de sangre, lo que permitirá cotejar su ADN con el que se encuentren en la urna fúnebre. Pronto se podrá saber si los restos enterrados efectivamente corresponden a Salvador Allende. Y también cuál fue la causa de su muerte.
La investigación de la muerte del presidente Salvador Allende Gossens es quizás el juicio más importante que haya tenido Chile en su historia. No sólo pondrá a  prueba la "versión oficial" del suicidio que con tanto ahínco defendieron los promotores del Golpe Militar y que luego fue asumida sin precisar pruebas por la Concertación y el Partido Socialista. También supone un cuestionamiento a la génesis del orden de injusticia instalado desde aquel 11 de septiembre de 1973.
Ha llegado la hora de la verdad. Después de 37 años del golpe militar que acabó con la democracia en Chile, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, investigará las causas de la muerte del presidente Salvador Allende y someterá a prueba la versión oficial según la cual Allende se suicidó y lo hizo con el arma que le dio Fidel Castro.
El militante del Grupo de Amigos Personales (GAP) del ex Presidente socialista, Renato González –mejor conocido como Eladio- quien combatió junto al mandatario en La Moneda, sostiene que nunca ha creído la tesis del suicidio. Dice que su primera convicción nace del hecho de que "Allende siempre luchó y de haber querido morir hubiera preferido hacerlo en combate". Y añade: "Una primera versión del Ejército fue que un GAP lo había ajusticiado. Después no permitieron una autopsia independiente ni el acceso a la prensa.
Además, todos saben que el objetivo de (Augusto) Pinochet no era respetarle la vida, como lo confirman las grabaciones captadas por radioaficionados donde aparece planeando el derribo de un avión con tal de matarlo". Eladio asegura que "todos los que rodeaban a Allende –minutos antes de su muerte- coinciden en que él les habría dado la orden de salir. Pero las versiones sobre qué ocurrió después, no coinciden (…) Yo no descarto que se haya suicidado, pero tampoco que pueda haber intervenido el Ejército en su muerte" .
La muerte de Allende no se explicará sólo dilucidando quién es el autor del disparo letal. Este juicio debiera permitir evaluar la legalidad del bombardeo y ataque a La Moneda que, sin duda, constituyen una evidencia que el objetivo era matar.
El ministro Carroza expresó cuáles son sus impresiones al comenzar este proceso: "La idea es que (la verdad) hay que recorrerla toda porque yo entiendo que esa es la responsabilidad que tenemos". Asevera que "lo que se determine, deberá tender a aclarar la situación en el hecho mismo, pero también todas las responsabilidades que nacen del hecho mismo". Y añade: "No nos ponemos en ningún tipo delictivo determinado, entendemos que puede ser un suicidio, un homicidio (…) obviamente que si hay responsabilidades, tendrán que enfrentarse y asumirse como tales".
Carroza es reconocido por ser un buen investigador. Ingresó en 1977 al Poder Judicial. Antes había ejercido su carrera de profesor de estado en filosofía. Estuvo en tribunales en lo penal, en lo civil; ha sido fiscal, ministro y relator. Ha juzgado los crímenes del Comando Conjunto y el asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz.

Versiones Encontradas
La versión oficial tiene dos soportes fundamentales: El relato del doctor Patricio Guijón, quien asegura ser el único testigo presencial de la muerte de Allende. Y el informe de la autopsia practicada el mismo día del golpe. Este sólo fue conocido el año 2000, con motivo de la publicación del libro ‘La conjura: Los mil y un días del golpe’, escrito por la periodista Mónica González. La autopsia concluye que "el disparo ha podido ser hecho por la propia persona".
Guijón ha sostenido desde el primer día que, cuando la situación de asedio del Palacio se hacía insostenible, Allende ordenó a quienes resistían hacer una fila en la escalera que da a Morandé. Él se habría puesto al final y, sin que nadie lo advirtiera, regresó al salón Independencia. El médico dice que también volvió: A buscar una máscara antigases como recuerdo para su hijo.
En declaración a la Policía de Investigaciones, que aparece en el acta de peritaje, Guijón dice: "Al trasponer la puerta oeste (del salón Independencia) miró hacia atrás y vio que el señor Allende en ese momento se reclinaba hacia el respaldo del sofá. Acto seguido, se acercó para tomarle el pulso y en esos momentos constató una lesión por estallido de cráneo, observando a la vez, que entre ambas piernas se encontraba un arma automática apoyada con la culata en el piso". Este acta de peritaje también fue dado a conocer por primera vez en el citado libro de Mónica González.
En versiones posteriores como la entregada a medios extranjeros nueve días después del golpe –que fue leída por el general Ernesto Baeza-, Guijón afirma que vio al presidente Allende en el preciso momento que se disparaba con un arma que tenía entre medio de las piernas. "Pude ver cómo el cuerpo se sacudía y volaba con el cráneo hecho añicos". Según señala Hermes Benítez, en ‘Las muertes de Salvador Allende’ (RIL, 2006), en esta versión de Guijón -que se transformó en la versión de la Junta Militar- se omite la parte en que Guijón habría tomado el pulso a Allende y movido el arma, porque le hubieran restado credibilidad al relato, cuando los militares se empeñaban en demostrar la tesis del suicidio.
En revista Cauce (N°24, 1984) dice que presenció el suicidio asegurando que escuchó un disparo. A Ignacio González Camus, autor de El día en que murió Allende (Cesoc, 1988), le señaló que escuchó varias detonaciones.
Según Eladio, después de las 13:00 horas, cuando el incendio se expandía por toda La Moneda, el Ejército ingresó: "Lo hicieron por la entrada de Morandé 80 y por la que da a la Plaza de la Constitución. Hubo combate (al interior de La Moneda). Los militares coparon la segunda planta y fuimos hechos prisioneros. Me sacaron a golpes y culatazos por Morandé 80. Yo estaba combatiendo en el gabinete del Presidente (que daba a la Plaza de la Constitución) mientras él estaba 50 metros más al sur, en el salón Independencia (…) Lo acompañaban algunos de sus colaboradores y médicos mientras en los pasillos seguían los disparos que propinaba otro dispositivo GAP que se mantuvo en combate frente a la entrada de Morandé".
El doctor Óscar Soto –en su libro ‘El último día de Salvador Allende’- sostiene que la última vez que vio al Presidente con vida fue como a las 14 horas en la parte superior de la escalera que da a Morandé. En torno a él había seis colaboradores: la Payita –secretaria y amor de Allende-; Arsenio Poupin, subsecretario de Interior; el doctor Jirón; los asesores, Eduardo ‘Coco’ Paredes y Jaime Barrios; y el doctor Enrique París. Según Soto, ellos acababan de comprender que el combate estaba perdido por lo que habían decidido salir y entregarse.
Entonces Allende habría dicho: "Dejen las armas y bajen. Yo lo haré al último". Coincidiendo con otras versiones, Soto sostiene que Allende se devolvió al salón Independencia. Dice que se sentó en el sillón que daba a Morandé y que se dio dos disparos tras lo cual el intendente Huerta habría gritado: "Allende ha muerto". Según Soto, Guijón ingresó después de eso por lo que no habría visto el instante de su muerte. Esta narración entraña severas contradicciones porque si ni Soto ni Guijón estaban en el momento mismo que Allende murió: ¿Cómo pueden haber descrito cómo fue su muerte?
Soto señala que tras la muerte de Allende, ingresaron el general Javier Palacios y Armando Fernández Larios, quienes se quedaron hablando con Guijón, quien les habría dado la versión del suicidio. Posteriormente este último conversó con los policías de investigaciones, entregándoles detalles de su versión que quedaron plasmados en el croquis N°15.254, dibujado por el planimetrista Alejandro Ossandón, y que está contenido en el acta de peritajes.
Fernández Larios sería más tarde condenado por el asesinato de Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffitt. Actualmente vive en Estados Unidos bajo protección oficial.
El doctor José Quiroga, otro de los ocho médicos que estuvo con Allende ese día, en entrevista dada a La Nación (en septiembre de 2003) sostiene que él y otras cinco personas vieron cómo se habría suicidado Allende.
Camilo Taufic expuso el pasado 10 de febrero –en Radio Cooperativa- que Allende fue rematado por el intendente de palacio Enrique Huerta –en un acto humanitario- tras un suicidio fallido. Esta tesis resulta inverosímil ya que siendo médico, el Presidente debe haber sabido cómo provocarse un disparo suicida. Y Huerta no puede responder a esta afirmación porque, al igual que otras 20 personas que estuvieron hasta el final con Allende, fue asesinado en un recinto del Ejército en Colina. Taufic también señala que Allende no andaba con el fusil que le regaló Fidel Castro en su visita a Chile. Eladio, quien estuvo ahí, dice que indudablemente Allende combatió esa mañana, con ese fusil Kalashnikov plegable.
González Camus señala en su libro que el ex rector de la Universidad de Concepción y ministro de Educación de la Unidad Popular, el médico Edgardo Enríquez, quien compartió con Guijón el relegamiento en Isla Dawson, nunca se convenció de la versión que éste emitió respecto de la muerte de Allende. "Que me perdone Guijón, pero me contó tres versiones distintas de la muerte de Allende. Por eso no (le) creo".
Hugo Pavez, abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior manifestó que la versión del doctor Guijón le merece "muchas dudas". No cree que aquél haya podido ver el supuesto suicidio de Allende debido a que en el interior de La Moneda "había oscuridad y gases lacrimógenos que, junto con el humo del gran incendio, hacían que la visión fuese escasa y el ambiente irrespirable". Pavez redactó una querella por el homicidio de Allende que finalmente no será patrocinada por el Ministerio de Interior.
Pavez considera "que no cabe duda que Allende fue asesinado: La investigación podrá determinar si murió por mano propia o por mano ajena. Si murió por mano ajena, está claro que murió asesinado. Y si murió por mano propia, este suicidio habría sido inducido, compelido, obligado por las circunstancias".

Inconsistencias
La versión de Guijón estuvo cerca de convertirse en definitiva. Sin embargo, el informe médico forense del doctor Luis Ravanal –dado a conocer el 8 de septiembre de 2008- en el que analiza las conclusiones de la autopsia Nº 2.449/73 hecha a Salvador Allende por los médicos José Luis Vásquez y Tomás Tobar, modificó esta historia.
El "informe Ravanal" sostiene que las descripciones de las heridas contenidas en la autopsia no corresponden a un suicidio. Según este forense, el orificio de salida de bala descrito en la parte posterior de su cráneo provino "de un arma de bajo calibre, que entró por la cara en la zona próxima al globo ocular derecho y salió por la zona parietal posterior. Y a los pocos momentos de muerto, para simular un suicidio, se le dio un disparo bajo el mentón". Este segundo disparo habría sido con un arma de mayor potencia como un fusil que le provocó el estallido del cráneo.

-Si fuese el caso que Allende fue asesinado y los militares querían simular un suicidio: ¿Por qué dejarían que quedaran ocultas las pruebas del homicidio en el informe de autopsia?
L.R. -Es posible que el doctor Tobar (único tanatólogo del SML -Servicio Médico Legal- del equipo que hizo la autopsia) haya hecho una descripción correcta (y conclusiones incorrectas) como un indicio para que alguien después pudiese controvertir. Acuérdese que estaba rodeado de militares y su margen de acción debe haber sido mínimo. Y es posible que esto se le haya podido pasar a Vásquez (médico de confianza de los golpistas)-.

Ravanal también afirma que si Allende se hubiera disparado con el AK-47 (Kalashnikov) debajo de la mandíbula y cuando permanecía sentado, tendría que haber escurrido mucha sangre por el cuello hacia abajo. Sin embargo, en la foto del cuerpo de Allende que los militares difundieron "en todo el chaleco y el cuello no hay ninguna gota de sangre ¿Cómo se explica eso?"
Ravanal, quien es miembro fundador de la Sociedad Chilena de Medicina Legal (SMEL)y perito judicial inscrito con el registro Nº 1.500 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, señala que el segundo disparo se le debe haber aplicado estando su cuerpo en forma horizontal. Esto explicaría por qué no provocó escurrimiento de sangre hacia la zona del cuello y el tórax.
Aludiendo a que Guijón confesó que él había movido el arma que Allende habría tenido entre las piernas, sostiene: "Eso es muy raro… porque si alguien encuentra un cadáver con la mitad del cráneo ausente y no hay ningún testigo, solamente una persona y más encima esa persona reconoce que manipuló el arma y la cambió de posición, la pregunta bien lógica es: ¿Quién sería el primer sospechoso?"

-Pero doctor ¿No estará insinuando que el doctor Guijón mató a Allende?
-No, lo que quiero decir es que no hay certezas, que no podemos dar por sentado todo lo que allí sucedió con base en un testimonio (que) desde el punto de vista penal tampoco tiene mayor fuerza. (Lo importante) es cómo se comprueba eso. Todo gravita en la prueba objetiva, en el análisis del sitio del suceso, en el informe forense de autopsia y en el informe pericial balístico del arma. Y el arma desapareció como también los proyectiles-.

El mismo reporte de la Policía de Investigaciones habla que había múltiples proyectiles de bala de bajo calibre en el área. Entonces: ¿Dónde están? ¿Quién disparó esas armas? ¿Por qué no podría haber sido uno de esos proyectiles de bala de pistola los que le causaron la muerte? Toda esta evidencia la hicieron desaparecer. ¿Por qué lo hicieron?"-, se pregunta Ravanal.
Según su punto de vista, para aclarar la muerte de Allende, "es fundamental hacer una reconstitución de escena para determinar el ángulo de vista de donde el doctor Guijón vio y pudo ver a Allende suicidarse. Luego, para hacer la proyección de dónde fueron a parar los proyectiles o el proyectil en el caso de que hubiese sido suicidio y para hacer una proyección lineal y decir en esta pared y altura debiera haber quedado el proyectil. Incluso hasta podría estar ahí".
El galeno estima que para esclarecer las causas de la muerte de Allende también es necesario analizar sus restos, realizando pruebas de ADN. Para esto sería necesaria una nueva exhumación.
Luis Ravanal asegura que se requiere una revisión detallada de todo el esqueleto, "en especial del cráneo, el que habría que reconstruir con la finalidad de analizar las características de los orificios de proyectil". Dice que también habría que hacer estudios iónicos para buscar residuos metálicos y de pólvora, tanto en el cráneo como en el o los orificios de bala (en su informe afirma que serían dos los balazos). Especial importancia le asigna al orificio de salida redondeado que aparece descrito en la autopsia como el único disparo presente, el que sería de naturaleza suicida. Explica Ravanal: "Si la pieza donde estaría el orificio estuviese presente, se echaría por tierra la tesis que asegura que sólo se efectuó un disparo (de AK-47). Tendríamos la confirmación de que también hubo un disparo por un arma de menor calibre, es decir, con una pistola o con un revólver".
Consultado el ministro Carroza respecto de si va a solicitar una exhumación nos expresó: "En el Servicio Médico Legal hay una comisión que va a emitir las conclusiones (respecto del informe de autopsia) y después va a interrogar a todas las personas que tuvieron que ver con la autopsia o con las autopsias que se pudieron haber hecho. (Cuando estos informes se evacúen) se tendrá que emitir un juicio respecto de si es necesario o no la exhumación y qué pasos se van a seguir en la eventualidad que esta existiera".
El doctor Ravanal reitera otro elemento que pone en duda la versión del suicidio: La autopsia se hizo en el Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Militar y no en el Servicio Médico Legal. "El hecho que se haya utilizado un recinto que depende administrativamente del Ejército, evidentemente no podía garantizar a los peritos intervinientes la debida independencia". Tampoco se permitió el ingreso de médicos independientes como el diputado Mariano Ruiz-Esquide, quien solicitó participar del procedimiento.
Por otra parte, hasta la fecha, no se conoce el expediente del proceso por la muerte de Allende que estuvo a cargo del titular de la Primera Fiscalía Militar, Joaquín Earlbaum, y que se cerró el 20 de septiembre de 1973 sin castigados ni inculpados. Allí debieran estar las cerca de 70 fotos que los peritos de la Policía de Investigaciones tomaron al cadáver del ex Presidente y al sitio del suceso.

El Capitán Riveros
Eugene Propper, que en su calidad de fiscal investigó el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington, reveló en su libro ‘Laberinto’ el nombre del oficial del Ejército que habría matado a Allende: René Riveros. La información se la entregó quien fue jefe del FBI en Argentina, Robert Scherrer. "El capitán René Riveros era un héroe especial para algunos de sus colegas de las Fuerzas Armadas (de Chile) porque él fue quien mató al presidente Allende en el asalto a La Moneda", escribió Propper en su libro.
En comunicación vía e-mail realizada con motivo de este especial, John Dinges, autor del libro ‘Asesinato en Washington’ nos confesó que Scherrer le ratificó -en 1979- lo mismo que le había expresado al fiscal Propper.
Dinges, quien consideraba a Scherrer "una fuente de oro", señala que Riveros "era un oficial del Ejército que después perteneció a la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina). Viajó a Estados Unidos con pasaporte falso a nombre de Juan Williams, como parte de la operación de asesinato de Letelier".

Allendistas Se Querellan
El lunes 7 de febrero de 2011, militantes del Partido del Socialismo Allendista (en formación) presentaron una querella criminal por la muerte del mandatario. Esteban Silva, uno de los impulsores de esta iniciativa, dijo que aun si se aceptase la versión de que Allende disparó contra sí mismo, de todas maneras se trataría de un homicidio, puesto que la circunstancia del golpe sería –según su parecer– la que lo llevó a la muerte. "La acción militar por tierra y aire que se desató el 11 de septiembre de 1973 sobre el Palacio de La Moneda tenía como objetivo asesinar a Allende y a sus colaboradores", subrayó.
El ministro Carroza acogió a trámite –el 18 de febrero- la querella presentada por los allendistas, determinando que se acumule a la causa. La decisión fue notificada al abogado patrocinante Roberto Ávila, quien expresó: "Una república con la tradición jurídica de la nuestra no puede permitirse que el incendio del palacio de Gobierno y la muerte de un Presidente queden impunes".

La Construcción del Suicidio
Para entender por qué se impuso la tesis del suicidio hay que viajar al funeral oficial que tuvo lugar el 4 de septiembre de 1990. Previo a este, se llevó a cabo la exhumación del cadáver que estaba en el Cementerio Santa Inés de Viña del Mar. Esta ocurrió la medianoche del 17 de agosto. Fue realizada a hurtadillas, en el más completo sigilo.
Sólo estuvieron, además de los panteoneros, el entonces ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa (PS); Javier Luis Egaña y Ximena Casarejos, encargados del funeral oficial; el administrador del cementerio Carlos Salvo; el fotógrafo Jesús Inostroza; el camarógrafo Pablo Salas; y el doctor Jirón, quien representaba a la familia Allende.
No fue fácil ubicar la tumba de Allende entre los muertos de la familia Grove, puesto que no tenía nombre. El féretro, que estaba oxidado y desvencijado, fue abierto ante la expectación de los mencionados testigos. Sin más ayuda que unas linternas y sus recuerdos, Jirón realizó una revisión ocular al que sería el cadáver de Allende. El camarógrafo Salas le preguntó si era Allende el cadáver que allí se encontraba. "Sí, es Allende", respondió lacónico Jirón. Fundamentó su veredicto sosteniendo que reconoció el chaleco y los zapatos del Presidente.
Aunque parezca absurdo, esta ojeada fue el único examen que hubo y que sirvió para validar la identidad de los restos tanto como la existencia del suicidio. Como no se informó en detalle en qué consistió este procedimiento de exhumación, la mayor parte de la población pensó que a Allende se le había hecho una segunda autopsia.
Las imágenes de esta exhumación fueron exhibidas por primera vez en 2009 (19 años después de filmadas). Vienen contenidas en el documental ‘Allende, Caso Cerrado’, producido por la Televisión Española (TVE), el cual apoya la tesis del suicidio.
Luego de la señalada revisión, los panteoneros redujeron el cadáver traspasándolo a una urna de menor tamaño, la que volvieron a guardar entre los muertos de la familia Grove. Permaneció allí hasta que el 4 de septiembre siguiente fue trasladado a gran velocidad –en el contexto del funeral oficial- a su última morada en el Cementerio General.
18 años después de estos sucesos, la familia de Allende aún sostenía que las dudas existentes sobre las causas de la muerte habían sido aclaradas fruto de los exámenes realizados con ocasión del funeral oficial. En septiembre de 2008, al conocerse el metanálisis forense del doctor Luis Ravanal que descartaba el suicidio, el nieto del ex presidente, Gonzalo Meza Allende –quien se suicidó en 2010-, declaró a Radio Cooperativa que durante la exhumación de su abuelo se hizo una autopsia que confirmaba que Allende se había suicidado y que ésta no se dio a conocer porque era "un secreto de familia". La verdad, aunque dura porque contraviene la versión de la familia, es que nunca hubo tal examen.
Las fotos de la exhumación de agosto de 1990 se exhibirían con increíble retraso: En el reportaje ‘Los secretos nunca contados de la tumba de Allende en Santa Inés’, de la periodista Ximena Galleguillos (septiembre de 2003, Siete más Siete), el cual contiene, además, una revelación casi inverosímil: Los panteoneros que realizaron esta exhumación afirman que el 12 de septiembre de 1973, poco después del funeral de Allende, un grupo de partidarios del Presidente intentó secuestrar su cadáver con el féretro. Fracasaron, dice la nota, al percatarse de ello militares que vigilaban el Cementerio.
Galleguillos consigna en este punto el relato del sepulturero Sergio Morales: "Los militares lograron recuperar el ataúd quebrada abajo. Cuando lo trajeron de vuelta estaba desclavado y el vidrio que protegía su cara estaba roto", por lo que los panteoneros habrían podido ver ellos mismos que era Allende a quien enterraban.
Este testimonio se concadena con otro hecho. Según se consigna en el citado reportaje de Siete más Siete, un abogado del Ministerio del Interior (que no se identifica), pidió a Morales y a otros cuatro panteoneros firmar una declaración en la que estos certificaran que los restos exhumados eran los de Allende. Los sepultureros accedieron.
Según narra un panteonero no identificado en el reportaje ‘El suicidio de Allende’, del periodista Francisco Martorell, publicado en Análisis (N°348, septiembre de 1990), en circunstancias que el Presidente era depositado en su tumba, la tapa del ataúd se abrió ante los ojos de los panteoneros sin que nadie más se diera cuenta. "Por espacio de 20 segundos, los sepultureros pudieron ver el rostro de Salvador Allende. ‘Tenía la barbilla ennegrecida, uno de los ojos desviados y parte del bigote volado’". Este hecho casual –de ser cierto- fue el que les permitió a los sepultureros saber que estaban enterrando a Allende. Cabe consignar que ni siquiera la viuda, Hortensia Bussi, a pesar de sus súplicas, tuvo el derecho de ver a su marido en la urna cuando le enterraron.
El texto de Martorell fue decisivo para que la versión del suicidio se impusiera por largos años. Obsérvese cómo cierra el periodista su nota: "Hasta el 17 de agosto de este año (…) existían serias dudas de que Allende se hubiera suicidado (…) Sin embargo, el resultado de la exhumación y reducción de los restos del presidente Allende (…) demostró que el cadáver (…) tenía un orificio en el cráneo que puede corresponder a un disparo de tipo suicida. Los que vieron los restos de Allende y sumaron a ello los antecedentes que tenían, están en condiciones de afirmar que Allende se quitó la vida".
La influencia de este escrito radicó –fundamentalmente- en el hecho que Análisis jugó un rol central en la lucha por el restablecimiento de la democracia. Sus conclusiones fueron reproducidas por las agencias de prensa internacionales, y por un amplio arco de la sociedad chilena, que asumió esta versión como una verdad incuestionable.
La investigación, hoy abierta, puede decir otra cosa.
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
©el ciudadano

los dedos del rehén


columna de lísperguer
OTAN seguirá bombardeando Trípoli.
Es increíble que lo que parece una agresión injustificada pueda llevar a Libia a una guerra civil cruenta que destruirá el país a beneficio de los países occidentales que podrán, seguidamente, reconstruirlo, como en Iraq. Eso no es ninguna garantía ni de democracia ni de progreso. Los aliados de Occidente y enemigos de Kadafi son miembros de otra tribu, no adalides de la democracia, y tienen más interés en el petróleo y privilegios de casta que en ninguna otra cosa. Los fundamentalistas, que gracias a la OTAN ya ocupan una zona del país, recurrirán, como siempre, al terrorismo. Los errores diarios de la OTAN contra blancos civiles son como los dedos cercenados por los secuestradores a sus víctimas y enviados a las familias de los secuestrados para apresurar el pago del rescate. Y este, para el Premio Nobel de la Paz y el mafioso Sarkozy, es Kadafi. Y, en nombre de los civiles, seguirán matando hasta que Kadafi se marche.
lísperguer

para el fa ya pasó el huracán


Tras la aprobación en el Senado del proyecto que deja sin efecto la amnistía en Uruguay. El presidente José Mujica salió a aclarar que no vetará la ley que termine con la impunidad en su país. Un senador frentista renunció a la banca, mientras que otro votó en contra y será enviado a un tribunal de conducta.
Uruguay. El Frente Amplio (FA) está tratando de recuperarse del huracán que resultó ser dentro de sus filas el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, aprobado anteayer en el Senado. Eleuterio Fernández Huidobro se mantiene firme en la postura de abandonar la banca en la Cámara alta por haberse visto obligado a votar una iniciativa en la que no creía. El senador frenteamplista Jorge Saravia será enviado a un tribunal de conducta por su negativa a acompañar la iniciativa de su bloque para dejar sin efecto la norma que impide el juzgamiento de los represores. Mientras que el presidente José Mujica tuvo que aclarar que no vetará la ley cuando finalmente sea ratificada por la Cámara de Diputados. A pesar de que en el FA soplan tempestades, algunos uruguayos están empezando a respirar tranquilos. La Ley de Caducidad tiene sus horas contadas y entienden que la impunidad, también.
La sesión del martes en el Senado confirmó certezas y aportó sorpresas. "El resultado de la votación estaba previsto. Lo que no estaba previsto fue la renuncia de Fernández Huidobro", confesó a Página/12 Jorge Brovetto, el presidente del FA. En pleno debate, el ex militante tupamaro comunicó que por disciplina partidaria iba a aportar su voto pero que no podía mantenerse en su banca.
"Di mi voto para que esta norma fuera aprobada, aunque tengo muchísimas reservas en cuanto a su texto", explicó a este diario Fernández Huidobro. "Yo quedé en minoría y acepté la mayoría del FA en el debate con respecto al texto que procura eliminar los rasgos más nefastos de la ley de impunidad. Pero, a mi juicio y asesorado por los abogados que saben del tema, ese proyecto no va a cumplir con los objetivos que pretende. Ojalá que me equivoque pero va a ser fácilmente cuestionado por la Suprema Corte de Justicia porque contiene unas cuantas inconstitucionalidades", agregó. Huidobro comentó que no recibió reproches de sus compañeros de militancia sino solidaridad y apoyo, como el que manifestó el presidente Mujica el martes por la noche, cuando se acercó al Congreso para abrazarlo. Según confirmaron desde el FA, Huidobro aún no hizo efectiva la dimisión y tendrá que hacerlo en los primeros días de mayo.
Otra de las curiosidades en la votación del martes la aportó el senador Saravia, que es un acérrimo opositor al proyecto interpretativo que impulsó su propio bloque. "Nuestros principios republicanos y defensores de la Constitución nos impedían acompañar una ley que viola flagrantemente la Constitución y que pasa por encima la decisión soberana del pueblo de 2009. Mi postura fue dar el debate ideológico en sala y votar en contra", dijo a Página/12 el legislador que supo integrar las filas del Partido Blanco y después pasar al Espacio 609, en el FA. Saravia aprovechó para referirse a la renuncia de Huidobro y negó que él haya pensado la misma salida. "Yo no creo que la disciplina partidaria esté por encima de la ética política. Su renuncia es un costo político muy grande para el FA", disparó el legislador. Todo indica que Saravia tendrá que dar respuestas ante el Tribunal de Conducta Política de la coalición centroizquierdista gobernante por su desobediencia. Una de las posibilidades es la expulsión, pero la determinación del Frente podría demorarse hasta unos seis meses.
El presidente Mujica tuvo que salir a calmar los ánimos. Coincidiendo con los planteos de los senadores díscolos, el mandatario también había dicho que debería vetar el proyecto interpretativo porque atenta contra la Constitución. Pero después de gestos que encendieron los ánimos, como la visita que realizó al represor preso Miguel Dalmao, tuvo que conceder: "Soy enemigo del veto por cuestión de principios". Y completó: "Porque fui parlamentario y el Parlamento puede tener muchos defectos, pero en alguna medida es la máxima representación. No es una decisión del Ejecutivo vetar una ley del Parlamento, aunque le guste o no".
Así que todo indica que la Ley de Caducidad dejará de tener efectos para el mes que viene. Inicialmente, diputados confirmaron que se iba a tratar la iniciativa en esa cámara el 4 de mayo. Sin embargo, Brovetto confió ayer a este diario que se estaba barajando otra fecha. "Una versión que se maneja es que la sesión de Diputados sea el mismo 20 de mayo, que tendría un carácter simbólico muy importante porque es una fecha de la democracia uruguaya". Ese día, cientos de uruguayos salen a las calles, en silencio, para reclamar justicia por las víctimas del terrorismo de Estado, algo que en el último cuarto de siglo no pudieron conseguir debido a la existencia de la Ley de Caducidad. Desde los organismos de derechos humanos y desde algunos sectores del FA remarcaron que esperan que éste sea el primer 20 de mayo sin impunidad.
"A nosotros nos parece que el proyecto de ley debería aprobarse antes del 20 de mayo, para que para entonces esté promulgado", respondió a este matutino el senador Rafael Michelini, hijo del político Zelmar Michelini, asesinado justamente el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires. Michelini, que fue uno de los principales impulsores del proyecto interpretativo, se manifestó muy contento con la resolución de anteayer y negó que la propuesta contenga fragmentos reñidos con la Carta Magna uruguaya. "Es un paso histórico en la lucha contra la impunidad", celebró.
[Informe de Luciana Bertoia.]
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
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es un paso muy grande


Su lucha y la de su abuelo llevaron al Estado uruguayo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el mes pasado sancionó al país por la vigencia de esa norma que impide castigar a los represores.
Uruguay. Macarena Gelman siguió de cerca la sesión en la Cámara de Senadores que el martes por la noche aprobó el proyecto interpretativo que pretende dejar sin efecto la Ley de Caducidad. Estuvo en el Senado, rodeada de caras amigas, con las que celebró este primer escalón en la eliminación de la norma aprobada en 1986. "Para mí, esto es una etapa intermedia. Si bien costó mucho llegar a esta votación y alcanzar un acuerdo en la Cámara de Senadores, no deja por eso de ser importante y representar mucho. Es un paso muy grande en el sentido de terminar definitivamente con esta ley", dijo ayer la nieta del poeta Juan Gelman a Página/12. Quizá porque sabe que todo cuesta mucho no se adelante para festejar. "No puedo evitar mencionar que falta la instancia en la Cámara de Diputados y para explayarme prefiero que esto suceda y que el proyecto interpretativo esté aprobado definitivamente", remarcó. Macarena no sabe cuándo la Cámara de Representantes de Uruguay va a tratar los cambios introducidos por los senadores. Puede ser el 4 de mayo o puede que se postergue hasta el 20, para darle una carga más simbólica, ya que ese día se recuerda el asesinato de Zelmar Michelini y otros tres dirigentes uruguayos en Buenos Aires. "A mí me parece importante que se vote cuanto antes. Creo que no pierde simbolismo porque es una decisión muy grande. Eso quedará a criterio de la Cámara. En cualquier momento que sea, conserva su importancia", agregó. "Fue una decisión muy digna de nuestros representantes y, por supuesto, celebro lo que pasó", completó la joven. Macarena no lo dice, pero sabe que ella aportó mucho para que la Ley de Caducidad tenga las horas contadas. Su lucha y la de su abuelo llevaron al Estado uruguayo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el mes pasado sancionó al país por la vigencia de esa norma que impide castigar a los represores. Habla de emociones por el fallo, por la resolución de anteayer de los senadores y por la sentencia en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, por donde pasaron sus padres tras ser secuestrados en Buenos Aires. "Es una época muy fuerte para mí, pero estoy bien", se ríe.
[Informe de L. B.]
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
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