Los militares condenados por las más graves violaciones a los derechos humanos han gozado de extravagantes privilegios en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida. SEMANA estuvo allí y lo que descubrió es indignante.
Colombia. Por años, la cárcel insignia de las Fuerzas Armadas, el Centro de Reclusión Militar (CRM) de Tolemaida, ha parecido más un club de descanso que una cárcel de alta seguridad. SEMANA descubrió que muchos de los 269 oficiales, suboficiales y soldados que pagan allí por homicidios, masacres, torturas y secuestro entraban y salían como Pedro por su casa, tienen negocios dentro y fuera de la prisión y no viven en celdas sino en cabañas. Como si lo anterior fuera poco, muchos de ellos siguen activos y recibiendo sueldos y otros beneficios, pese a tener en firme condenas que llegan a los 40 años. Hay hasta presos que pasaron vacaciones en San Andrés y Cartagena.
Aunque recientemente se tomaron algunas medidas, las irregularidades están lejos de ser erradicadas. El país no tiene idea del relajo que ha imperado en la cárcel más importante de los militares en Colombia. Reclusos entrevistados por SEMANA dicen que, como en el pasado, esas medidas van a ser transitorias, pues, según ellos, habría interesados de alto nivel en mantener en las mejores condiciones a quienes se untaron directamente las manos en tácticas de ’guerra sucia’.
Esas medidas se tomaron a raíz del escándalo que sacudió a la cárcel de Tolemaida el pasado 17 de enero, cuando se conocieron los privilegios de los que gozaban los mayores retirados Juan Carlos Rodríguez, alias ’Zeus’, condenado a 12 años por ser el jefe de seguridad del narco del norte del Valle ’Don Diego’, y César Maldonado, condenado a 25 años por participar en 2000 en el atentado contra el congresista Wilson Borja. El gobierno destituyó al comandante del Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae), nombre oficial del fuerte de Tolemaida, y a los encargados de la cárcel, que los militares conocen como ’Cuatro Bolas’. Aunque sus reemplazos han implementado algunas medidas con el fin de hacer cumplir la ley en el penal, que, como cualquier centro carcelario del país, se rige por normas del Inpec, lo que SEMANA descubrió prueba que los casos de ’Zeus’ y Maldonado son apenas la punta del iceberg. El país no está ante "tres o cuatro sinvergüenzas", como dijo el ministro de Defensa, sino ante todo un sistema indignante de privilegios para los militares condenados por delitos atroces.
Presos con Sueldo
A lo largo de un mes, SEMANA ingresó en diferentes oportunidades a la que se supone es una de las bases militares más custodiadas del país, recorrió en varias ocasiones el complejo y el interior del Centro de Reclusión Militar y comprobó que son increíbles las irregularidades en este lugar. Esta revista tuvo acceso a más de 1.100 documentos e informes internos del Cenae y del penal militar, en donde también están consignadas todo tipo de anomalías que allí han ocurrido durante años.
Uno de los documentos es el listado que elaboró la dirección de la cárcel de Tolemaida tras el escándalo en enero, con la relación de quiénes son los militares detenidos, su situación jurídica, el tiempo que llevan y otros datos. Este listado oficial, de hace un mes, da cuenta de 269 internos, de los cuales 261 están condenados.
De esos 261, muchos de ellos con sentencia en segunda instancia, 179 siguen como miembros activos en las filas del Ejército, a pesar de que en muchos casos llevan varios años presos y la mayoría tiene condenas que van hasta los 40 años de cárcel. Es decir que, a pesar de haber sido declarados culpables de los peores crímenes, esos 179 oficiales, suboficiales y soldados no solo no fueron retirados del servicio, sino que siguen recibiendo en prisión parte del salario que normalmente devengaban y beneficios como seguir cotizando para pensión. Algunos se han pensionado. Y algunos, incluso, han ascendido de rango en la cárcel.
"No es normal que los condenados sigan recibiendo sueldo y, mucho menos, figurando como miembro activo del Ejército. Una vez la condena queda en firme ya no hace parte de la fuerza y por lo tanto no tiene derecho a ningún beneficio, menos a seguir con salario", explicó a SEMANA una exdirectora de la Justicia Penal Militar. Ese pago de los salarios a los condenados suma varios miles de millones de pesos al mes.
"Aparte del sueldo, lo que más importa es que uno siga figurando como activo por lo menos hasta que alcanza el tiempo para la pensión. Acá somos varios los que hemos llegado al tiempo de pensión estando presos. Y la pensión no se la puede quitar nadie", contó a SEMANA uno de los internos.
Negocios, Negocios, Negocios
Al ingresar al complejo militar de Tolemaida, pocos metros después de pasar la guardia, lo primero que se encuentra a mano derecha es un pequeño restaurante, que es de uno de los presos, el sargento viceprimero Orlando Camargo, capturado en 2006 y condenado a 38 años de cárcel.
Allí, en un terreno destapado, están estacionados taxis, microbuses y mototaxis que movilizan a la gente por toda la base, muchos de los cuales pertenecen a los presos. El valor del pasaje va de 500 a 1.500 pesos. "La buseta le puede dejar a uno entre un millón y millón y medio de ganancia al mes", cuenta uno de los internos, condenado a 20 años de prisión. Allí se ve el taxi que pertenece al sargento viceprimero Gerson Galvis, quien fue arrestado en 2006 y condenado a 28 años de prisión por el caso del secuestro y asesinato de unos comerciantes en Barranquilla por parte del Gaula del Atlántico, unidad a la cual pertenecía. También, el microbús que pertenece al sargento segundo Wilson Casallas, capturado en 2005 y condenado a 40 años de prisión por homicidio en persona protegida cuando hizo parte del Batallón Pijaos de la Sexta Brigada del Ejército. Los tres mototaxis y el taxi de ’Zeus’, quien fue autorizado por el director del penal para manejar uno de esos vehículos, también están en el lugar. "Los que estuvieron de malas fueron unos muchachos de la IV Brigada presos acá, a quienes la Brigada les mandó de regalo tres mototaxis nuevos para trabajar, pero con el problema de ’Zeus’ les tocó dejarlas guardadas, por ahora", cuenta un interno, que manejaba un taxi. Por trabajar como ’transportadores’, los detenidos recibían los beneficios de descuento de pena.
"Es completamente ilegal y está prohibido por el régimen del Inpec que los internos manejen cualquier tipo de vehículo, menos los que están con condenas altas. No solo no pueden manejar, sino que no deben incluso salir del penal. Y, obviamente, esas actividades no están contempladas como las autorizadas para reducción de pena", explicó a SEMANA un alto funcionario del Inpec.
Tras ocho minutos de recorrido en taxi desde la entrada de Tolemaida se llega al Parque del Soldado. Allí funcionan una serie de restaurantes, un supermercado, droguerías, papelerías y un pequeño centro comercial para atender los requerimientos de las más de 3.000 personas que habitan el complejo militar. Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel (r) Orlando Pulido, condenado a 30 años de prisión como responsable de la masacre de La Cabuya, ocurrida en Tame, Arauca, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante administrado por el exoficial se llama Héroes y ofrece comidas rápidas y platos a la carta.
"Eso también está prohibido por la ley. Ningún interno, en ningún tipo de centro de detención, así sea dentro de un fuerte, puede tener o administrar un restaurante y mucho menos para lucro personal. Eso lo acabó la ley hace años a raíz de los famosos caspetes", dijo a SEMANA el funcionario del Inpec. Pulido no es el único que tenía ese tipo de privilegios.
Tolemaida: ¿Club o Penal?
Desde el Parque del Soldado hasta el Centro de Reclusión hay otros cinco minutos en taxi. Desde afuera, la primera impresión es que se trata de una cárcel. Muros de cuatro metros de alto, mallas y alambres de púas envuelven las instalaciones y es lo único que se alcanza a ver desde la polvorienta carretera que lleva hasta el lugar. Adentro, las cosas son muy diferentes. Tras pasar la guardia y una reja, lo primero que se ve es un amplio espacio con un pequeño letrero que dice "Área social". En medio de frondosos árboles hay una serie de cabañas, llamadas por los internos "quioscos". Son 39, a los cuales se llega por los caminos adoquinados que rodean el sitio. Si bien no son instalaciones de un Club Mediterranée, las casas parecen más un campo de recreo que alojamientos de un penal. La gran mayoría tiene aire acondicionado, Internet y servicio de televisión satelital, entre otras comodidades. Las primeras cabañas se construyeron en 1998 y la última aún está en proceso.
Los habitantes de estos quioscos tienen condenas superiores a los 25 años. "Si usted tiene plata, puede hacer su quiosco. Eso puede costar entre 5 y 15 millones de pesos. Muchos ahorramos y los construimos. Pero desde hace como unos seis años comenzó a llegar mucha gente. Llegaron los de las Afeur (Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas), de la IV Brigada de Medellín, condenados por la Operación Orión y desapariciones. También los de los Gaulas militares, condenados por ’falsos positivos’, o los costeños del Batallón La Popa de Valledupar, por’ falsos positivos’, y los de la VI Brigada, de casos como los [del asesinato de varios campesinos, en 2004, en] Cajamarca o las masacres [una serie de 20 ejecuciones extrajudiciales, en 2003] de Viotá -cuenta uno de los internos-. Ahí los comandantes comenzaron a regalar quioscos para todos esos muchachos. Mi general Montoya regaló como unos cuatro o cinco a los soldados de las Afeur. Mi general Óscar González también gestionó para la construcción de otros ocho a diez quiosquitos. Ellos nos visitaron y ayudaron mucho. Mi general Montoya estuvo por lo menos diez veces acá y mi general González, más de veinte veces. Siempre que venían a Tolemaida nos decían que qué nos faltaba y en qué nos ayudaban; les pedíamos y ellos hablaban con el director del Cenae y el del CRM para que no nos pusieran ningún problema", explica el interno.
Cuando estalló el escándalo de ’Zeus’ y se reveló que entre los privilegios que tenía estaba una cabaña, el mayor Luis Burbano, director de la cárcel, envió ese día una carta (a la que tuvo acceso SEMANA) al director de Asistencia Social del Ejército, en la que le explicaba que esos quioscos eran simplemente para que los internos recibieran visitas conyugales y eran financiados con colectas que hacían los compañeros de los internos. Sin embargo, al lado derecho del "Área social" se encuentran diez habitaciones destinadas a visitas conyugales. En algunos casos son usadas para ese fin, pero la mayoría de las veces esos cuartos eran alquilados para que se quedaran allí durante días, e incluso semanas, los familiares y amigos de los internos que iban a visitarlos. "Por esos servicios, para que la familia se quedara, uno pagaba 8.000 pesos por el día y 16.000 si era para quedarse en la noche", cuenta uno de los suboficiales detenidos.
"Está explícitamente prohibido que familiares y amigos se queden a dormir en los centros penitenciarios. También es prohibido realizar cualquier tipo de construcción. De hecho, ni el propio Inpec lo puede hacer. Para eso existe una división, adscrita al Ministerio del Interior, que son los únicos en todo el país que pueden ejecutar cualquier tipo de construcción", confirmó a SEMANA un alto funcionario del Inpec.
Los quioscos no son el único ni el mayor privilegio de los que disfrutaban los militares condenados. Muchos de ellos entraban y salían libremente de su prisión y de Tolemaida, e incluso se daban el lujo de vivir por fuera del penal y de la base. Un caso es el del soldado profesional Santiago Escudero Uribe, condenado a 35 años de prisión por el asesinato de dos campesinos en Antioquia, a los que presentó como miembros del ELN muertos en combate. SEMANA corroboró con los vigilantes y administradores del conjunto residencial Campo Hermoso, en la vía entre Melgar y Carmen de Apicalá, que el soldado se quedaba con frecuencia en una de las lujosas fincas de ese conjunto, en donde estaba su familia. Allí lo conocen como el propietario de varias panaderías en Melgar y, obviamente, desconocían que se trataba de un preso condenado. Su caso no es el único.
A algunos de los reclusos se les suministraban carnés que los identificaban como vendedores ambulantes, con los que se movían libremente dentro y fuera del complejo para realizar negocios de venta de productos. "A nosotros nos dicen los motorratones porque andamos en motocicleta con remolque por todo lado. La cosa es simple. Usted hace o compra empanadas o avena o jugos y sale a venderlos dentro de las instalaciones o, si tiene clientes en Melgar o Girardot, también podía ir", explica uno de estos presos-vendedores. "Si a usted lo cogía la noche por fuera o se quedaba tomando cerveza en el parque, lo importante siempre era llamar y decir que no llegaba al conteo", explica.
Salir de fiesta era otra de las grandes ventajas. Uno de los sitios favoritos de reunión es Oro Sólido, ubicado en una de las salidas de Melgar. "Acá ellos venían mucho. Acá se celebraban cumpleaños, despedidas de soltero o solo venían de rumba y por los ’servicios’", contaron a SEMANA uno de los meseros y varias de las jóvenes y atractivas mujeres del sitio. "Como algunos venían muy seguido y se iban de ’amanecida’, ya le cogían confianza a uno y le contaban que eran presos de Tolemaida. Otros solo decían que eran activos, y es difícil distinguirlos porque de allá venían mucho. Pero desde hace dos meses, por el brinco ese (el escándalo de ’Zeus’), como que ya no los dejan salir tanto como antes", afirmó una de las muchachas.
Celular ’de Dotación’
A diferencia de lo que ocurre en cualquier cárcel del país, en la cárcel de Tolemaida los presos están obligados a tener por lo menos un celular. "Eso tiene su razón de ser. Con el celular usted puede llamar y decir que no llega o que está por fuera. Pero lo más importante es que si había una visita sorpresa y era necesario que usted volviera al quiosco o a la celda, por el celular lo ubicaban. Acá existe algo que se llama ’el mapa de riesgo’ para ese tipo de cosas. Eso consiste básicamente en que si hay necesidad de estar en el CRM, el director llama al coronel (r ) Ancízar Hincapié, que es el oficial de más rango y uno de los que más tiempo lleva [preso]. Hincapié llama a otro preso y le dice que tiene que volver a la cárcel. A cada preso se le asigna llamar a un solo compañero y funciona como una cadena. Yo llamo a uno, ese a otro, y así sucesivamente. Cuando el último de los 80 vendedores que andábamos por fuera era notificado, ese debía llamar a Hincapié y ahí ya se sabía que los 80 estábamos enterados. Si usted no tenía celular o minutos para llamar, lo sancionaban con 72 horas sin poder salir", contó uno de los detenidos. "El celular es clave por eso. Para que todo quede callado y no se caliente ninguna vuelta", dijo.
Esa ley del silencio que existía entre los condenados les permitía también a muchos de ellos disfrutar de vacaciones en otras ciudades. "El que estuvo muy de malas cuando salió eso de ’Zeus’ fue el soldado Torres Quintero León. El 13 de enero, él y otros cuatro se fueron a una diligencia a Medellín. Cuando salieron de la Fiscalía se fueron en un avión para pasar unos días en el Decameron de Cartagena. Cuando salió lo de ’Zeus’ en la prensa, el mayor lo llamó y le dijo que tenía que devolverse. Cogieron un avión desde Cartagena a Bogotá pero perdieron unos días de playa", cuenta un compañero del soldado. Torres llegó a Tolemaida en septiembre de 2010, para cumplir una condena de 26 años de prisión por homicidio agravado y tortura cuando hizo parte de las Fuerzas Especiales Urbanas de la IV Brigada en Medellín.
"Torres estuvo muy de malas porque casi nunca se le dañan a uno las vacaciones. Hace como un año, mi (cabo) primero Blandón Vargas Humberto se pudo ir tranquilo la Semana Santa con toda la familia para el hotel Kosta Azul en San Andrés y no tuvo problema. De allá trajo a varios unas camisetas de regalo muy bacanas", cuenta un soldado. Blandón fue capturado en 2001 y condenado a 40 años de prisión por el secuestro, tortura y homicidio de un grupo de campesinos en Antioquia, cuando hacía parte del Batallón Juan del Corral, adscrito a la IV Brigada.
Estas son tan solo algunas de las perlas de lo que ha ocurrido en la cárcel militar más grande del país. El comandante del Ejército, general Alejandro Navas, alega que las irregularidades fueron controladas y corregidas, se destituyeron oficiales que estaban a cargo de la cárcel y se trasladaron algunos presos a La Picota. El segundo comandante del Ejército, general Ricardo Vargas, dijo a SEMANA: "Se van a suspender los teléfonos celulares de los internos, y se está estudiando con el Inpec la forma de conseguir teléfonos públicos. Los jueces tendrán que autorizar los permisos. Estamos mirando cómo se hace la transición de manejo individual de los negocios para convertirlos en recursos que sirvan a toda la población. Los taxis y todos los vehículos que tenían los presos ya se suspendieron". Sobre los condenados que siguen activos, y a diferencia de otras fuerzas, donde el retiro es expedito, en el Ejército "el proceso puede tomar años"dijo Vargas. Y añadió que está haciendo una revisión. "Espero no encontrarme ninguna sorpresa".
Tras el escándalo de hace dos meses y con la llegada de nuevos directores, algunos excesos como los permisos y el manejo de los vehículos han disminuido. Lo cierto es que, pese a esas medidas y a los anuncios del general Vargas, por ahora, los negocios no se han acabado, ni tampoco las cabañas con sus comodidades ni los celulares. Muchos condenados siguen activos y recibiendo sueldo. Además, los internos tienen clara una cosa. "Ahora están apretando un poco con todo. Pero eso va a pasar. Si la mitad de la gente que estamos acá condenados hablara y contara realmente cómo ha sido la historia de la guerra en este país, muchos coroneles e incluso generales acabarían acá, presos con nosotros. No hay un solo comandante del Ejército que no sepa qué es lo que pasa en Tolemaida y solo es cuestión de tiempo para que llamen al director del CRM y del Cenae y todo vuelva a la normalidad. ¿Por qué cree que regalan quioscos, taxis, viajes y no dejan que lo retiren a uno? Ellos son los más interesados en que nosotros sigamos bien acá. Yo llevo diez años acá. Así ha sido y así seguirá", concluye.
3 de abril de 2011
2 de abril de 2011
©semana
[Tania Peña] Chile. El Estado chileno irrespeta los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el derecho a la vida, denunció hoy aquí Mónica Quezada, madre de Matías Catrileo, estudiante mapuche asesinado en enero del 2008.
Argentina. Negrín compareció ante el camarista Enrique Guanziroli, integrante del Tribunal Oral Federal con asiento en Comodoro Rivadavia, en una audiencia preliminar realizada esta mañana. La profesional médica fue citada como testigo ya que al día siguiente de la masacre fue requerida como perito de parte por el padre de María Antonia Berger, una de los tres sobrevivientes del fusilamientos de los 19 presos políticos que una semana antes de los asesinatos se habían entregado luego de su frustrada fuga de la cárcel de Rawson. "Recuerdo que el 23 de agosto, al día siguiente del fusilamiento, me contactó el padre de Berger para que me constituyera como perito de parte e intentara saber sobre su estado de salud, aunque no pude hacerlo pues cuando llegué a la Base ya la habían trasladado" junto con los otros dos sobrevivientes, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar, explicó. El abogado Eduardo Hualpa, apoderado de las familias de las víctimas, explicó a la agencia oficial Télam que "se están tomando declaraciones testimoniales de personas que pudieran aportar algo sobre lo ocurrido en aquella época. (...) No son testigos presenciales, sino testigos de contexto", explicó Hualpa, quien forma parte del equipo de abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). La de hoy fue la primera de una serie de "instrucciones suplementarias" en la que se cita a los testigos para ampliar sus declaraciones originales, en lo que se considera como el primer paso hacia un nuevo juicio oral y público, una vez que la Corte Suprema resuelva "un planteo de la defensa" para excluir el fusilamiento de los detenidos de la amnistía dispuesta por el ex presidente Héctor J. Cámpora en 1973. "No se hace el juicio oral porque el Tribunal interpreta que hacerlo sin que se resuelva primero aquel planteo no tendría sentido" explicó Hualpa. En la causa están procesados siete integrantes de la Armada: Luis Emilio Sosa; el teniente de navío retirado Roberto Bravo (exiliado en Estados Unidos); el capitán Emilio Del Real; el suboficial Carlos Amadeo Marandino; el jefe de la Base, Rubén Norberto Paccagnini, Horacio Alberto Mayorga y Jorge Enrique Bautista, este último por encubrimiento.
Washington, DC, Estados Unidos / México. Las autoridades federales de México deben asumir inmediatamente la investigación de la posible desaparición forzada de cuatro civiles en Ciudad Juárez, presuntamente cometidas por la policía municipal, señaló hoy Human Rights Watch.
[Claudio Leiva Cortés] Chile. Nueve ex militares condenados a cadena perpetua cumplen sentencia en el penal de Punta Peuco, según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP). Estos reos no pueden recibir beneficios antes de 20 años de sentencia y tampoco podrían optar a un eventual indulto por razones humanitarias.
Colombia. La Dirección Nacional de Fiscalías confirmó en las primeras horas de este lunes que se abrió una investigación preliminar de oficio sobre las irregularidades denunciadas por SEMANA registradas en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida.
[Elaine Woo] Casi todos los que están familiarizados con la historia de los años sesenta han oído hablar sobre Timothy Leary y Ken Kesey, los bromistas que difundieron el evangelio de la psicodelia entre la generación de la contracultura. Pero muchos no recuerdan a Owsley Stanley.
[Mariana Carbajal] Argentina. El Concejo Deliberante de General Pueyrredón expresó "su más enérgico repudio" por el fallo de la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal bonaerense por el cual se anuló una condena por corrupción de menores a un pastor evangélico que abusó sexualmente de dos niñas, de familias de escasos recursos, con el argumento de que viven en "comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas" y que además "poseían experiencia sexual". La sentencia fue dada a conocer por Página/12 en su edición del jueves. Ese mismo día, el cuerpo legislativo, con sede en Mar del Plata, resolvió pronunciarse, cuestionando duramente los fundamentos del fallo.