brutal represión en honduras

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Honduras debe investigar denuncias de brutalidad policial. Se informó que se produjeron golpizas y otros abusos contra manifestaciones del magisterio.

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Washington, Estados Unidos / Honduras. Las autoridades hondureñas deberían realizar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las denuncias que indican que la policía habría apelado a un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones organizadas por el magisterio de Honduras, afirmó hoy Human Rights Watch.
Desde mediados de marzo de 2011, las manifestaciones del magisterio que se opone a las reformas propuestas al sistema de educación pública han culminado en violentos enfrentamientos con la policía. Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles que miembros de la policía nacional han recurrido a un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, y han lanzado gases lacrimógenos indiscriminadamente y golpeado a participantes. Algunos manifestantes habrían atacado a la policía con botellas, piedras y bombas Molotov, y al menos cuatro agentes habrían sufrido lesiones.
"Human Rights Watch reconoce que la policía hondureña tiene el deber de responder ante manifestantes que recurren a la violencia y de investigar casos en que transgredan la ley", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Pero también tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales de los manifestantes".
Sandra Ponce, titular de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, dijo a Human Rights Watch que habían "constatado un patrón de uso excesivo de la fuerza" por parte de policías. Según versiones de la prensa, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio y la Ministra de Derechos Humanos Ana Pineda también han cuestionado las medidas de fuerza empleadas por la policía contra los manifestantes.
Organizaciones locales de derechos humanos informaron que agentes de policía golpearon a manifestantes y lanzaron gases lacrimógenos "indiscriminadamente" contra estos, incluidos los siguientes casos:

- El 18 de marzo, Ilse Velázquez Rodríguez, maestra e integrante de una organización de derechos humanos, habría perdido el conocimiento luego de ser golpeada en la frente por una bomba de gas lacrimógeno. Pocos minutos después, falleció al ser arrollada por un automóvil.

- El 18 de marzo, el dirigente magisterial Adalid Romero habría sido aporreado en la cabeza por policías. Sufrió graves heridas a causa del ataque.

- El 28 de marzo, un grupo de policías y militares habrían golpeado a Mirian Miranda, defensora de derechos humanos y presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Los agentes la habrían encerrado en la paila de una patrulla policial durante varias horas, para luego trasladarla hasta una comisaría. Fue liberada 12 horas después.

A su vez, según informó C-Libre, una organización local que monitorea la libertad de prensa en Honduras, la policía habría agredido a cinco periodistas que cubrían las protestas. Según señaló esta organización, el 21 de marzo un grupo de policías habrían disparado con balas de corcho contra Uriel Rodríguez, camarógrafo de Globo TV, e intentaron confiscar la cámara de Sandra Maribel Sánchez, directora de Radio Galcho. El 22 de marzo, agentes de policía habrían lanzado bombas de gas lacrimógeno contra el automóvil de dos periodistas que entrevistaban a manifestantes: David Romero, director de Radio Globo, y Lidieth Díaz, reportera de Canal 36. El 25 de marzo, Richard Cásula de Canal 36 sufrió lesiones cuando fue alcanzado por una bomba lacrimógena.
Human Rights Watch exhortó al presidente Porfirio Lobo a que informe claramente a las fuerzas de seguridad del Estado que en ningún caso se tolerarán tratos abusivos, y que advierta claramente que los oficiales de cualquier rango que intervengan en este tipo de prácticas serán objeto de sanciones disciplinarias, incluida la pérdida del cargo y acciones penales. Asimismo, debe asegurarse de que los policías que sean juzgados por su presunta participación en delitos sean suspendidos inmediatamente.
"Si el presidente Lobo tiene interés en mantener la legalidad y el orden público, debe adoptar medidas para asegurar que se investiguen exhaustivamente los hechos de brutalidad policial y que los responsables sean juzgados y respondan por sus actos", señaló Vivanco.
30 de marzo de 2011
©hrw

capturan a alcalde de san josé

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El alcalde de San José de Uré (Córdoba) fue capturado este martes en Barranquilla por agentes del DAS. Deberá responder por una desviación de fondos que, según algunos indicios, podrían haber terminado en las finanzas de las bandas criminales.

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Colombia. Hace cuatro años el escándalo de la ‘parapolítica’ estalló a nivel regional, cuando cuatro diputados del departamento de Sucre fueron capturados por la Fiscalía tras comprobar los nexos que estos dirigentes políticos tenían con el Bloque Norte de las Autodefensas de alias ‘Jorge 40’.
Se trataba de Ángel Villarreal Barragán, presidente de la Asamblea Departamental; Johny Villa, vicepresidente, y los diputados Nelson Stamp Berrío y Walberto Estrada. Serían los primeros dirigentes políticos condenados por nexos con paramilitares, en un escándalo que salpicó a casi un centenar de dirigentes en todo el país.
La historia puede repetirse. Este martes, agentes del DAS en Barranquilla capturaron a Bladimir Londoño Zulbarán, alcalde del municipio San José de Uré (Córdoba) y quien llevaba casi un mes prófugo de la justicia.
Se trata de un dirigente político local, casi desconocido para la opinión pública, sobre quien hay serios señalamientos de que sería uno de los alcaldes cooptados por las bandas criminales en el departamento de Córdoba.
La orden de captura que hizo efectiva el DAS pretendía que Bladimir Londoño respondiera por el desvío de 8.000 millones de pesos del sector de la salud hacia particulares, tal como ha sido registrado por los diarios de la región como el Meridiano de Córdoba y El Universal de Cartagena.
Según el DAS, y en una información revelada por el representante Guillermo Rivera en la Cámara de Representantes, precisamente en un debate sobre bandas criminales, el alcalde de San José de Uré "estaría desviando 8.000 millones de pesos de la salud hacia la cuenta bancaria de un mototaxista, supuestamente miembro de una banda criminal", dijo Rivera en el debate que se adelantó en la plenaria.
Bladimir Londoño Zulbarán es el primer servidor público capturado por sus presuntos vínculos con las bacrim. Señalamientos que, ahora, tendrá que enfrentar ante el requerimiento de la justicia.
En el momento de su captura Londoño Zulbarán se declaró inocente de los señalamientos y dijo que "jamás" ha robado dineros del Estado.
La historia del alcalde de San José de Uré no había trascendido en el país. Sin embargo, las denuncias sobre el manejo de recursos del municipio habían sido frecuentes desde comienzos del 2010 luego que los concejales le pidieran al entonces contralor general, Julio César Turbay Quintero, intervenir las finanzas municipales.
Siete concejales de ese municipio, creado por un decreto en el 2007, dieron a conocer al contralor general un listado de supuestas fallas que se estarían dando en la alcaldía de esa localidad.
Según los concejales, no se habían rendido los informes financieros y presupuestales legales respectivos a la corporación, por lo tanto se desconoce la ejecución presupuestal de las vigencias anteriores y actuales.
Los cabildantes también señalaron en ese entonces que no había cumplimiento de las funciones propias del cargo por parte del alcalde Bladimir Londoño Zulbarán, quien, según ellos, permanecía la mayoría de período fuera de la jurisdicción.
Este, sin embargo, no es el único alcalde con sospechas de tener nexos con las Bacrim.
Miguel Ángel Gómez, que había sido elegido en el 2007 con 5.604 votos alcalde de Tarazá, en el bajo Cauca antioqueño, renunció formalmente a su cargo el 20 de agosto del 2010, después de gobernar desde la cárcel por casi dos años.
"La Fiscalía lo ha señalado como presunta ficha del bloque Mineros de Ramiro ’Cuco’ Vanoy, y rastrea el posible desvío de 750 millones del hospital San Antonio de Tarazá hacia la banda criminal conocida como ‘los Paisas’", dijo el representante Guillermo Rivera en el Congreso, sustentado en documentos judiciales.
Aunque en ese debate que adelantó la plenaria de la Cámara sobre las bacrim el Gobierno las calificó como organizaciones con fines económicos antes que políticos, también advirtió que esas organizaciones tienen intereses en intervenir en las próximas elecciones de octubre, donde se escogerán las autoridades municipales y departamentales.
El viceministro de Defensa dijo, en un foro sobre elecciones organizado por SEMANA, que las bacrim quieren administrar territorios para incidir en sus fuentes de financiación. "De ahí la importancia de capturar las autoridades locales por parte de las bandas criminales, a través de las elecciones".
La captura del alcalde de San José de Uré, quien deberá responder por presunta desviación de fondos, podría ser el primer capítulo de la ’bacrimpolítica’.
30 de marzo de 2011
©semana

enfado por rata con permiso dominical

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Senadora Alvear rechaza beneficio de salida dominical otorgada a Odlanier Mena. La senadora DC dijo que el permiso otorgado al ex director de la CNI es "una burla para las víctimas" y lo calificó como "inconveniente" en medio del debate por los indultos.

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Chile. Un categórico rechazo al beneficio de salida dominical otorgado al ex director de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Odlanier Mena, fue el que manifestó esta tarde la senadora de la DC Soledad Alvear.
Esto, luego de que se diera a conocer que el ex líder del organismo de inteligencia del régimen militar, quien cumple condena desde enero de 2009 -tras ser sentenciado a seis años por la muerte de tres militantes socialistas en Arica en 1973-, recibió el beneficio en febrero pasado.
"Rechazo categóricamente esta medida. Es una burla para las víctimas y sus familias que una persona de tan alta jerarquía en los organismos represores de la dictadura y que apenas fue condenado a seis años de cárcel, tras cumplir sólo dos años de reclusión se le haya concedido este beneficio", afirmó Alvear.
Además, la senadora DC y ex ministra de Justicia consideró inconveniente que el beneficio haya sido otorgado justo en medio del debate por el proyecto para descongestionar las cárceles impulsado por el gobierno.
"Es inoportuno que esto haya sucedido en medio del debate por los indultos que ha instalado el gobierno, sobre todo cuando hemos manifestado categóricamente que estamos en contra de cualquier beneficio a los condenados por violaciones a los derechos humanos", dijo.
En esa línea, la senadora recordó que el presidente Sebastián Piñera tiene la facultad de otorgar indultos, y dijo que el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso sólo busca "compartir" las responsabilidades de tomar una decisión delicada.
"Lo hemos dicho varias veces desde que está en debate el hacinamiento penitenciario: el presidente de la República tiene la facultad para indultar, pero ha enviado al Congreso una serie de proyectos de ley que sólo buscan compartir la responsabilidad política de una decisión tan compleja como esta", dijo.
30 de marzo de 2011
©la tercera

por qué torturan al soldado manning

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Estados Unidos debe explicar condiciones de reclusión del soldado Bradley Manning. Confinado sin motivo en una celda de castigo, lo obligan a dormir desnudo.

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Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos debería explicar las razones exactas que hay detrás del trato extremadamente restrictivo y posiblemente punitivo y degradante que el soldado raso Bradley Manning denuncia haber recibido mientras se encontraba detenido en un calabozo de la Base Quantico del Cuerpo de Marines en Virginia, declaró Human Rights Watch.
Manning, 23, es un ex analista de inteligencia del ejército acusado de filtrar cientos de miles de páginas de documentos del gobierno de Estados Unidos a WikiLeaks, una organización periodística. Manning fue acusado originalmente de transferir datos confidenciales a su ordenador, pero a principios de mes le imputaron veintidós cargos más. Se espera que la audiencia por el ‘Artículo 22’, el procedimiento militar previo a una acusación, se realice en las próximas semanas.
Desde su llegada a Quantico en julio de 2010, Manning fue sometido a un régimen de confinamiento extremo y bajo la condición de POI, ‘Prevención de Lesiones’, una categoría de clasificación de los detenidos que presentan riesgos de lesiones autoinferidas. Manning y su abogado han rechazado esta decisión de recluirlo en una celda de alta seguridad y bajo la categoría POI como una decisión impropia e irregular, especialmente a la luz de las repetidas recomendaciones de profesionales de salud mental del ejército de que no sea clasificado como POI. Manning también acusa que se lo retiene en una celda de aislamiento y que no se le permite hacer ejercicios en ella.
A partir del 2 de marzo de 2001 reforzaron el procedimiento de control de suicidios y Manning fue obligado a desnudarse durante la noche. A la mañana siguiente, Manning dice que fue obligado a pararse desnudo en la puerta de su celda, con las manos a los costados, durante varios minutos antes de que le devolvieran su ropa interior. Luego le entregaron una ‘bata’, que es difícil de romper, y le prohibieron llevar calzoncillos en la noche, una práctica común para detenidos con tendencias suicidas. Durante el día puede llevar su ropa habitual. Las autoridades de la prisión tienen la responsabilidad de proteger la vida y bienestar de los detenidos, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para prevenir suicidios o lesiones autoinflingidas.
De acuerdo al reglamento que regula la operación de los calabozos emitido por el secretario de la Armada, cuando un oficial médico considera que un detenido ya no representa un riesgo de suicidio, este debería ser devuelto a recintos apropiados. De acuerdo a un denuncia presentada por Manning los profesionales de la salud mental del ejército han recomendado en dieciséis ocasiones que sea retirado de la clasificación POI. Aunque la queja de Manning fue hecha pública por su abogado, el comandante de la base no ha ofrecido ninguna respuesta formal a sus acusaciones. Si para proteger su intimidad Manning acepta publicar información médica o de salud mental que de otro modo es confidencial, el gobierno debería hacer públicos sus motivos para mantenerlo como POI.
El caso de Manning ha atraído considerable atención debido a su presunta conexión con Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, que publicó materiales confidenciales que se supone le entregó Manning. Los nuevos cargos presentados contra Manning, que pueden ser castigados con la pena de muerte, incluyen ayudar al enemigo, aunque Manning supuestamente entregó esos documentos a WikiLeaks, que no es un agente de ningún gobierno ni un grupo armado en guerra con Estados Unidos. La prohibición de llevar ropa interior se implementó el mismo día en que se presentaron los nuevos cargos.
30 de marzo de 2011
16 de marzo de 2011
©hrw
cc traducción mQh

las mentiras del nuevo señor de la guerra

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columna de lísperguer

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Los motivos de la agresión contra Libia.

La agresión contra Libia no se parece en nada a la intervención en Yugoslavia, donde las evidencias de los crímenes cometidos por el régimen serbio eran ampliamente conocidas (fotos aéreas de fosas comunes, campos de concentración). En Libia no se siguió el protocolo de enviar una comisión de investigación. La prensa occidental acusó a Gadafi de haber bombardeado con aviones a los manifestantes que se habían reunido en Trípoli para exigir su dimisión de Gadafi. Algunos llegaron a decir que hubo más de mil víctimas. En realidad, la manifestación tuvo muy baja convocatoria, y aunque fue reprimida, ciertamente no se corresponde con la imagen transmitida. Sin embargo, una comisión del Parlamento Europeo visitó Libia dos días después y no encontró huella alguna de bombardeo. El informe de la comisión fue ignorado por la prensa. Es evidente, a la luz de los bombardeos contra Trípoli, que la intención de defender a la población civil era y sigue siendo falsa.
lísperguer

ex contralor a la cárcel

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A la cárcel excontralor de Bogotá y exdirectora del IDU. La juez séptima penal de Bogotá aceptó la petición de medida de aseguramiento en contra de Miguel Ángel Moralesrussi y Liliana Pardo hecha por la Fiscalía. La medida también cobijó al exsubdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez Julio.

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Colombia. La juez séptima penal de Bogotá con funciones de control de garantías encontró méritos suficientes para dictar medida de aseguramiento en contra del excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, la exdirectora del IDU Liliana Pardo, y el exsubdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez.
Al dar a conocer su decisión, la juez manifestó que los imputados incurrieron en delitos graves y por tal razón la petición de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía era razonable.
Moralesrussi y Meléndez serán trasladados a la cárcel La Picota, en Bogotá. Liliana Pardo, por su parte, será recluida en el centro penitenciario para mujeres El Buen Pastor, también en la capital de la República.
Por su calidad de exfuncionarios, todos serán llevados a patios especiales. Las defensas de los tres apelaron y a esta hora presentan los recursos con los que buscan impugnar la decisión de la juez.
La medida se da una semana después de que a los exfuncionarios se les imputaran cargos por varios delitos dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por el denominado ’carrusel de la contratación’.
En el caso del excontralor Moralesrussi, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concusión y prevaricato. Según la Fiscalía, que tuvo en cuenta distintas declaraciones de los Nule, el exfuncionario les pidió dinero a los miembros del grupo en dos oportunidades y como contralor de Bogotá no cumplió con sus funciones.
De acuerdo con la juez, Moralesrussi podría enfrentar una condena de entre ocho y quince años de prisión.
A Liliana Pardo le fueron imputados cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión y, en calidad de coautora, el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Según la juez, Pardo podría enfrentar una pena mínima de nueve años de prisión.
Sobre Inocencio Meléndez Julio, la juez aseguró que podría recibir una condena de entre ocho y quince años de cárcel.
A su llegada a la diligencia, Meléndez dijo que asumiría las decisiones judiciales. "Vamos a responder… asumo el mandato constitucional, el mandato legal, cualquiera que sea". No obstante, el funcionario negó que los contratos se hubieran adjudicado de manera irregular.
A Meléndez le fueron imputados cargos por los delitos de prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, concusión como autor, prevaricato por omisión y celebración de contratos con incumplimiento de requisitos legales.

Descalabro ‘Billonario’
En la imputación de cargos contra los tres exfuncionarios, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Germán Pabón Gómez señaló que tiene en su poder una grabación en la que se confirma que Inocencio Meléndez recibió un carro, un apartamento y 250 millones de pesos en efectivo, para un total recibido de 4.500 millones de pesos.
"Inocencio Meléndez Julio participó en la elaboración de conceptos para favorecer a contratistas y a terceros en asocio con la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona", indicó el fiscal, quien aseguró además que Meléndez Julio era llamado por integrantes del grupo Nule como ’Morena Mía’.
Durante su exposición, Pabón Gómez reveló que desde el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, entre los años 2007 y 2010, se produjo un descalabro por la suma de 2 billones 235 mil millones 926 mil 997 pesos, cuando se abrió la contratación para la Fase III de Transmilenio, la malla vial y la valorización para obras en la Carrera Décima, Calle 26 y Carrera Séptima.
 
El ’Carrusel de la Contratación’
Desde marzo del año pasado, en los medios de comunicación comenzó a circular la versión acerca de la existencia de un ’carrusel de la contratación’ en Bogotá.
Según varias denuncias, la familia del alcalde Samuel Moreno, y en particular su hermano Iván, eran quienes supuestamente controlaban desde la administración distrital el funcionamiento de dicho ‘carrusel’.
Sobre el tema, el excandidato del Polo Gustavo Petro, el senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal Carlos Vicente de Roux presentaron un informe sobre la gestión de la administración Moreno en Bogotá. Entre sus conclusiones destacó que Iván Moreno manejaba una ’rosca’ de cinco grandes firmas entre las cuales se repartían los contratos del Distrito.
Petro señaló que los contratistas Julio Gómez, Emilio Tapia, los hermanos Torrado, entre otros, concentraban buena parte de la contratación del distrito.
Al mismo tiempo, el Grupo Nule, empresa que había ganado la licitación de un gran número de contratos, se declaró en quiebra y anunció que no entregaría a tiempo diferentes obras, entre ellas la de la Calle 26 de la Fase III de TransMilenio.
Por esos días, apareció una grabación que da cuenta del cobro de coimas, como lo demostró la Procuraduría General de la Nación, del exrepresentante Germán Olano y de Moralessrusi al grupo Nule para favorecerlo en las posibles investigaciones fiscales.
Tras la apertura de investigaciones a los hermanos Moreno, tanto disciplinarias como penales, Miguel Nule, presidente del Grupo Nule, dijo que en algunas licitaciones en las que participó le habían pedido el 6 por ciento para el senador Iván Moreno y el 2 por ciento para el contralor Moralesrussi, a quien el pasado mes de febrero, junto al exrepresentante Olano, el Ministerio Público destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos.
Según Nule, en declaración a los entes de control, Liliana Pardo, entonces directora del IDU, pidió dinero para que no se declarara desierta la adjudicación del contrato de la 26. En su criterio, el representante Germán Olano, quien pidió 3.500 millones de pesos para evitar que eso no ocurriera, era el intermediario.
Moralesrussi, Olano y Liliana Pardo siempre han negado todas las acusaciones.
30 de marzo de 2011
29 de marzo de 2011
©semana

condenado por 31 asesinatos

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Condenan a paramilitar por su responsabilidad en 31 asesinatos en el Cauca. La pena, de 24 años de prisión, afecta a Aldides de Jesús Durango, alias ’René’, exjefe del Bloque Suroeste Antioqueño de las AUC.

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Colombia. El exjefe paramilitar Aldides de Jesús Durango, alias ’René’, fue condenado a 24 años de prisión por el asesinato de 31 personas cuyos cuerpos arrojó, en su mayoría, al río Cauca, informaron fuentes de la Fiscalía.
En la investigación el fiscal del caso estableció que las víctimas fueron asesinadas por los paramilitares entre junio de 1999 y mayo de 2007 en unos quince municipios del departamento de Antioquia.
’René’ aceptó los cargos y fue hallado responsable del delito de homicidio agravado.
El condenado se encuentra recluido en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Itagüí, en Antioquia.
30 de marzo de 2011
29 de marzo de 2011
©semana

el patrón de las chuzadas

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Ante la CIDH denuncian impunidad en el escándalo de las ’chuzadas’. Las pruebas que demostrarían la autoría intelectual de la presidencia de Álvaro Uribe en las actividades ilegales del DAS son "cada día más contundentes", dijeron ONG que denunciaron la impunidad en ese escándalo.

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Colombia. En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el escándalo de los seguimientos ilegales por parte del DAS y del llamado Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3); la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alevar Restrepo (CCAJAR) denunciaron la ausencia de una investigación integral y exhaustiva del escándalo de las ’chuzadas’.
"Las pruebas que demuestran la autoría intelectual de la presidencia de Uribe son cada día más contundentes", sostuvo Antoine Bernard, director general de la FIDH, quien dijo que el origen de las actividades ilegales del DAS era el intento de su organización de lograr la apertura de una investigación ante la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia, pero que el G3 y sus actuaciones iban más allá de esa ONG.
"El DAS se convirtió en una verdadera policía política, ya no un actor de inteligencia del Estado, sino en una entidad al servicio de intereses personales y gubernamentales volviéndose un instrumento de hostigamiento, desprestigio y persecución a cualquier oponente a la política del gobierno, sin importar que fuera juez de más altas cortes, periodista, político o defensor de derechos humanos", dijo.
Reinaldo Villalba, de CCAJAR, dijo que la persecución del DAS no se limitó a simples interceptaciones y seguimientos, sino que la "actividad criminal detrás alcanzó delitos de mayor dimensión y que no han sido reconocidos", como homicidios, amenazas, actos de sabotaje y órdenes de cometer actos de terrorismo, aseguró.
En opinión de la FIDH, los proceso llevados a cabo hasta ahora también han permitido confirmar la "profunda penetración del paramilitarismo y del narcotráfico a los más altos niveles del DAS", puesto que el proceso contra el exdirector de la agencia Jorge Noguera ha evidenciado "que durante el primer mandato de Uribe el DAS estaba al servicio del narco-paramilitarismo".
Bernard denunció además lo que consideró el "ilegítimo exilio" (asilo) que el presidente panameño, Ricardo Martinelli, concedió a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Villalba dijo que la demora de la Fiscalía permitió la fuga de laexfuncionaria.
También reiteró que las investigaciones no se han adelantado con la debida exhaustividad y criterios de integridad. Para él, "se ha favorecido la impunidad de los más altos responsables hasta hoy", salvo escasas excepciones.
En nombre del gobierno colombiano, Álvaro Osorio Chacón, fiscal jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que las denuncias de las ONG no corresponden a la realidad.
"La investigación avanza paso a paso. Se han logrado grandes avances en el camino de esclarecer la verdad", aseguró.
"No pierdan de vista que la verdad se está construyendo paso a paso y en cada uno de los casos se ha ido consiguiendo una parte de la verdad que permite construir la verdad total. Hay un compromiso decidido de la Fiscalía de lograr esa verdad", aseguró.
Dijo además que "una organización delicuencial, un concierto para delinquir en el cual existen altos funcionarios involucrados, se desvertebra a partir de funcionarios medios y eso es lo que ha hecho la Fiscalía: partir de abajo hacia arriba".
Por otra parte, el gobierno aseguró que se han adelantado trece investigaciones, de las que tres han culminado ya en sanciones y diez se encuentran en distintas fases del proceso.
30 de marzo de 2011
29 de marzo de 2011
©semana