morlock, el repugnante

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Cazaba afganos por deporte.

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[Guy Adams] Sonreía inclinado sobre el cuerpo del muchacho y con una mano le torcía la cara ensangrentada hacia la cámara. El cabo Jeremy Morlock se llevaba así su trofeo de cacería, un civil afgano inocente, como solía llevarse los de los alces que cazaba en su pago de Alaska. Las fotos de este militar de 23 años tratando a un ser humano como un animal fueron publicadas la semana pasada por la revista alemana Der Spiegel. Hasta el ejército de Estados Unidos, una institución poco dada a las disculpas, dijo que las imágenes eran "repugnantes".
Anteanoche, Morlock fue condenado a 24 años de prisión por un tribunal militar en la base Lewis-McChord, cerca de Seattle, en el estado de Washington. El cabo se había declarado culpable de ser el líder de un "pelotón de ejecución" de soldados rasos que mataron a tres civiles al azar, por deporte, durante sus doce meses de servicio en la provincia de Kandahar entre 2009 y 2010. Morlock no fue condenado a muerte o prisión perpetua porque aceptó declarar contra sus camaradas "deportivos", con lo que tal vez pueda salir bajo palabra pasados los treinta años de edad.
Este caso, que ya es llamado "el Abu Ghraib afgano", promete dejar muchas preguntas sin responder: ¿sabían sus superiores del deporte que practicaban los soldados? ¿se fijaban siquiera en la salud mental de los hombres a su mando? ¿no serán los acusados apenas la punta de un iceberg mucho mayor? Lo que se sabe de Morlock no ayuda a calmar estas preocupaciones.
Tercero de ocho hijos de una familia de clase obrera de la minoría indígena Athabaska, Morlock nació en Wasilla, Alaska. En la secundaria jugó al hockey sobre hielo con su amigo Track Palin, en el equipo que entrenaba su madre, la ahora famosa ex gobernadora Sarah Palin. En 2006 se graduó y se unió al ejército, que lo envió a la Quinta Brigada de Ataque de la Segunda División de Infantería. Durante su entrenamiento, Morlock reportó episodios de depresión agravados por la inesperada muerte de su padre, que se ahogó en 2007.
A mediados de 2009, Morlock llegó en rotación al sur de Afganistán, por un año, y de inmediato se encontró bajo fuego. Participó en cuatro "contactos" con el enemigo y en tres de ellos sufrió concusiones. En una carta a su madre escribió que "hace apenas tres meses que llegué y ya no creo que alguna vez pueda hablar de las cosas que me están pasando". En la misma carta, le confesaba que no podía dormir y se sentía "traumatizado".
Morlock comenzó a fumar la marihuana que se cultiva en Kandahar y le recetaron diez medicaciones diferentes, incluyendo analgésicos, antidepresivos y pastillas para dormir. Tras su arresto, los médicos militares informaron que tenía síndrome post traumático, drogodependencia y desorden de personalidad. Ninguno de estos síntomas hizo que lo enviaran a retaguardia.
En sus interrogatorios, el cabo contó que comenzó a matar civiles desarmados junto a sus colegas después de la Navidad de 2009, según él con el apoyo de su sargento, Calvin Gibbs. Este suboficial, al parecer, tiene el hábito de cortarles los dedos a los enemigos que mata y dijo que había matado por deporte durante su rotación en Irak. "Si Gibbs supiera que les estoy contando esto, seguro que me hace mierda", les dijo Morlock a los interrogadores en una entrevista que terminó en YouTube. Los abogados del sargento niegan furiosamente que esto sea cierto.
Los tres asesinatos por los que fue condenado Morlock ocurrieron en enero, febrero y mayo del año pasado. No se conocen todos los detalles, pero el acusado dijo que habían acomodado los cuerpos para que pareciera un enfrentamiento.
Lo que está quedando en claro es que la Quinta Brigada de Ataque tiene un problema. Su comandante, el coronel Harry Tunnell, fue súbitamente removido a mediados del año pasado y esta semana fue acusado en la corte marcial de conducir una brigada "disfuncional". Un psicólogo de la defensa dijo que su cadena de mando "creó un ambiente propicio para estos crímenes". Varios soldados dijeron que hablaron con sus superiores sobre problemas de abuso de autoridad y de uso de drogas, pero que fueron ignorados y, en un caso, golpeados para que se callen. Los familiares de un soldado que reveló en un mensaje colgado en Facebook que se estaba matando a civiles inocentes, contactó el comando de la brigada en Seattle pero jamás les contestaron.
Morlock fue arrestado en julio pasado y desde entonces está en soledad. Tuvo un hijo que todavía no conoce. En los interrogatorios previos a su juicio llamó la atención que nunca intentara culpar a las drogas o al stress por sus actos. "Perdí mi norte moral", fue su explicación. Su madre lleva gastados 50.000 dólares en su defensa legal y le dijo a la prensa que su hijo fue condenado para tapar un problema mayor. "Creo que le ordenaron hacer lo que hizo", dijo la mujer. "Creo que sus superiores están involucrados y ellos lo están pagando. Allá pasa de todo...".
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
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cchdh impugna condena contra mapuches

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Recibieron sentencias entre 20 y 25 años cada uno. Comisión Chilena de Derechos Humanos rechaza condena de 4 comuneros mapuche.

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Chile. El grupo de abogados y familiares de los mapuche denuncian que se trata de una"violación de los conceptos fundamentales del debido proceso en un Estado democrático"
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) rechazó las penas de cárcel impuestas contra los cuatro comuneros mapuche juzgados en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (635 kilómetros al sur de Santiago), por los delitos "de robo con intimidación y homicidio frustrado y lesiones".
La lectura del fallo del Tribunal se efectuó este martes: "Héctor Llaitul, sindicado como líder de la Coordinadora Arauco Malleco, fue condenado a 25 años de cárcel, mientras que Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical recibieron sentencias de 20 años cada uno, quienes fueron acusados de haber atentado contra un fiscal chileno en el año 2008".
La Coordinadora Arauco Malleco es una organización social que lucha por la reivindicación de los derechos territoriales y políticos de los indígenas.
El presidente de la Cchdh, Gonzalo Taborga, denunció que más allá de las acusaciones que pesan sobre los indígenas, la condena se dicta para silenciar a "los mejores representantes políticos del pueblo mapuche en su demanda histórica por la devolución de sus tierras".
Igualmente, el grupo de abogados y familiares de los mapuche denuncian que se trata de una"violación de los conceptos fundamentales del debido proceso en un Estado democrático", que "terminará dejando a Chile en una muy mala condición ante la comunidad internacional de los derechos humanos".
Por su parte, Elías Paillán, periodista del Observatorio Ciudadano, calificó el juicio como "emblemático y sin precedentes", porque durante tres meses la parte acusadora ha presentado pruebas insuficientes, y porque se aplicó la ley Antiterrorista, en circunstancias cuando no existían argumentos fuertes para ser aplicada.
Paillán recordó también que "las condenas se basan en testimonios de testigos secretos y protegidos, testigos de oído que entraron en evidentes contradicciones y falsedades", y que, incluso, denunciaron torturas por parte de las autoridades.
Los familiares de los mapuche consideran dichas pruebas como inaceptables y han dejado saber que solicitarán ante un tribunal superior la nulidad de este juicio.
En tanto, Taborga denunció que, aunque el Tribunal dice que ninguno fue condenado por terrorismo, contra ellos "se aplicó una ley Antiterrorista, cuya propia naturaleza es antidemocrática, en el sentido que se gestó bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), precisamente para castigar a todos los disidentes del sistema".
El abogado exigió al Tribunal de Cañete respetar los convenios internacionales suscritos por Chile, en los que se determinan una serie de instrumentos jurídicos y de concepciones de reconocimiento de la cultura y la sociedad étnica que caracteriza a la nación suramericana.
"Vamos a ver si los sentenciadores recuerdan aplicar el Convenio 169, que establece que las condenas tienen que ser proporcionadas a la forma cultural de percibir los fallos, entendiendo que ellos son otro pueblo dentro de la nación chilena", afirmó.
La defensa de los comuneros expresó que la condena "sólo busca callar la lucha de los mapuche por sus derechos y en particular por la histórica reivindicación de sus tierras". Los abogados informaron que este mismo martes recurrirán a la Corte Suprema para presentar un recurso de nulidad del proceso.
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
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ciudad sin jóvenes

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Rosario, los medios, hace 35 años. El discurso de los medios gráficos rosarinos -con especial énfasis en La Capital en torno a la juventud en los primeros años de la dictadura, 1976-1978. El golpe de estado no implicó sólo un cambio de autoridades en la ciudad sino también un claro acatamiento de las pautas del Proceso.

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[Laura Luciani] Argentina. El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas en su conjunto derrocaron el gobierno de María Estela Martinez de Perón e instauraron un gobierno de facto a cargo de la Junta Militar presidida por el teniente general Jorge Rafael Videla; con ello se inauguró una de las etapas más represivas que la historia del país ha conocido hasta el momento. El objetivo principal fue trastocar y redefinir las relaciones entre sociedad y estado existentes así como desarticular la movilización social a partir de la implementación del llamado Proceso de Reorganización Nacional (PRN). Ello implicó una doble estrategia que significó por un lado la represión directa sobre aquellos sujetos que consideraban el "enemigo subversivo"; por otro, la incorporación de mecanismos de disciplinamiento efectivizados a través de diversos comunicados y decretos que limitaron la participación de las personas en la vida pública. Los partidos políticos fueron suspendidos, la acción sindical fue restringida y las organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles de izquierda y peronista fueron disueltas así como muchos dirigentes nacionales, provinciales y municipales fueron detenidos. Estas medidas tenían como objetivo más amplio reestructurar y modificar las pautas y comportamientos de la sociedad argentina en su conjunto así como redefinir el rol de las distintas instituciones.
En consonancia con los cambios operados a nivel nacional la provincia de Santa Fe fue intervenida. El primer interventor provincial fue el coronel José María González, en abril lo reemplazó en ese cargo el vicealmirante Jorge Aníbal Desimone quien se mantendría en ese puesto hasta 1981. Asimismo en la ciudad de Rosario el intendente Rodolfo Ruggeri fue encarcelado (junto a otros políticos y funcionarios provinciales y municipales) asumiendo el cargo el coronel Hugo Laciar reemplazado luego por el capitán Augusto Cristiani que ocupó ese lugar hasta 1981; luego asumió Alberto Natale como intendente civil en el contexto de un reordenamiento político que se iniciaba con la asunción de Viola como presidente de facto.
El golpe de estado no implicó sólo un cambio de autoridades en la ciudad sino que significó un claro acatamiento de las pautas que el PRN planteaba y la imposición desde arriba de estrategias de despolitización y disciplinamiento social en los diversos ámbitos públicos de la ciudad. La instauración de la dictadura fue posible a partir de este conjunto de medidas coercitivas impuestas desde el Estado y también gracias al apoyo tibio en algunos casos, elocuente en otros que recibió el PRN desde diversas instituciones como la Iglesia, algunos partidos políticos en la provincia de Santa Fe el PDP, por ejemplo e inclusive de los medios de comunicación locales que legitimaron en primera instancia el golpe y sustentaron luego el gobierno militar con mayor o menor énfasis por lo menos hasta iniciada la década del 80.
Así, los medios gráficos de la ciudad de Rosario se constituyeron para los primeros años del gobierno militar en una herramienta esencial en la difusión y legitimación del proyecto dictatorial en el ámbito local, no sólo porque reprodujeron, aplaudieron y apoyaron el discurso militar sino porque además incorporaron toda una agenda de cuestiones que consideraban ineludible para el PRN. Cabe recordar que para marzo del 76 dos periódicos circulaban en la ciudad de Rosario, ambos con características diferentes. La Tribuna, un diario vespertino, de pocas páginas, con información general aunque con una fuerte presencia de las secciones de deportes y quiniela, ya que se constituía como un diario de raigambre popular y barrial. La Capital, matutino que se perfilaba como un periódico hegemónico en Rosario y el cordón industrial, no sólo porque tenía una tirada promedio de sesenta mil ejemplares semanales y cien mil los domingos, o por su trayectoria a lo largo de todo el siglo sino porque era el diario de referencia con respecto a temas de la ciudad. A ellos se sumaría a mediados de 1977 El País, que en su primera etapa y hasta diciembre era de tirada vespertina transformándose luego en matutino. Si bien El País intentó constituirse como una alternativa, no logró consolidarse como una empresa rentable en la ciudad, cerrándose a mediados de 1978. El estudio sobre la prensa gráfica local señala que tuvieron un rol central en la instalación de una agenda de problemas de diversa índole. En ese sentido me interesa destacar aquí las prácticas discursivas que esos medios construyeron en torno a los jóvenes durante el período 1976/1978, ya que esta fue una temática recurrente permitiendo reproducir y consolidar estereotipos hegemónicos respecto de la juventud.
Si bien los medios gráficos de la ciudad tuvieron, en general, un discurso de apoyo al gobierno militar nacional y local, ese apoyo se construyó desde distintas estrategias y gradualidades. En líneas generales es posible decir que el discurso de los medios, se construyó durante la fase más represiva de la dictadura en una estructura discursiva binaria afianzando y difundiendo la lógica sobre la cual se asentaba la práctica represiva del terrorismo de estado. Como señala Pilar Calveiro, en ‘Poder y Desaparición’ las lógicas totalitarias son lógicas binarias, construyen su poder a partir de "concebir el mundo como dos grandes campos enfrentados", donde la construcción de la identidad propia rechaza toda posibilidad de otro, otro que es siempre enemigo. Así la "subversión" es ese otro contrapuesto al "ser nacional" que, según el discurso militar, para sobrevivir debe aniquilarla. Esa estructura binaria construida desde los discursos oficiales se reproduce y difunde en otros espacios a la vez que impregna las prácticas enunciativas respecto de múltiples temáticas. Así, los diarios de la ciudad construyeron su discurso también desde una lógica binaria que permeó las interpretaciones sobre la realidad social y que ayudaron en el proceso de legitimidad que se estructuraba respecto de la dictadura impuesta en marzo de 1976, ya no sólo la "subversión apátrida" se oponía al ser nacional, occidental y cristiano, el caos se oponía al orden, un orden que no sólo era la negación del conflicto social y político sino la negación de toda diferencia en los diversos planos de la vida cotidiana. El caos era la inmoralidad, la basura, los perros callejeros, el ruido molesto, el cirujeo, las "gitanas", los jóvenes y el orden era pensado como la erradicación de todos ellos, la restitución de los "valores morales", del decoro.
Dicho discurso se inscribió en la lógica propia del contexto enfatizando una retórica conservadora y fuertemente anclada en la idea de orden, así como en la apelación constante a "salvar la patria". Si bien este pareciera presentarse simplemente como un reflejo del discurso militar y del proyecto del PRN, debemos tener en cuenta que es el mismo periódico quien lo promueve desde las distintas secciones.
En tanto promotor de determinadas acciones y valores el diario La Capital construyó una prédica que intentó ser ejemplar no sólo para la sociedad rosarina sino también para las instituciones y espacios estatales con los cuales entablaba diálogos y discutía. En este sentido algunas de las temáticas a tratar referían específicamente a los problemas cotidianos de los rosarinos como el ruido, la basura, las inscripciones en las paredes, las acciones municipales, etc. Si bien los temas no eran privativos de este proceso histórico y pueden observarse en otros contextos sociopolíticos, en esta coyuntura adquirieron un lugar central en tanto permitió expresar parte de los valores y acciones del "deber ser argentino". Asimismo, junto a los problemas cotidianos que en la narrativa se presentaron como parte de la agenda de cuestiones necesarias a tener en cuenta para constituir ese "bienestar general necesario" , también es posible observar que algunos sujetos eran centro de atención de los editoriales, y como correlato en las cartas de lectores. Es claro que entre esos sujetos se encontraban los jóvenes.
Ya desde el inicio de la dictadura, éstos fueron centro de atención del discurso militar desde una doble mirada. Por un lado los jóvenes representaban el futuro y en ellos se depositaba también la responsabilidad de llevar adelante el PRN. Por otro lado los jóvenes eran vistos en forma negativa, como sujetos peligrosos, rebeldes, por el cual se apelaba a diversas instituciones que llevasen adelante la tarea de "forjarlos" a la propia imagen. En ese sentido los diarios reprodujeron gran parte de ese discurso e incluso ayudaron a construirlo, configurando estereotipos hegemónicos.
En principio es posible observar que los textos periodísticos de aquellos años reprodujeron y difundieron una imagen de la juventud como un todo homogéneo representado en la figura del varón de clase media y estudiante. También es posible observar que en algunos medios, y específicamente en el diario La Capital, se enfatizaba en un discurso que ayudaba a la conformación de percepciones negativas sobre los jóvenes.
En diciembre de 1975, por ejemplo, ante el incendio de una calesita, un editorial aseveraba: "Que en una antigua plaza de Rosario, la plaza López, dos o tres individuos jóvenes hayan quemado una calesita y bailado alrededor del fuego como celebrando un rito, nos parece una acto que linda con lo terrible". Y agregaba: "Vivimos un tiempo en donde todo parece posible, el tiempo del amor y del desprecio, de lo sagrado y lo profano. Las cosas que ocurren se mezclan en un caos que parece preparado con diabólica lucidez. Nos asustan algunos hechos que no deberían asustarnos, sentimos miedo de nada, permanecemos indiferentes ante ciertos horrores. Estamos confundidos, acaso porque la confusión sea el signo secreto de la vida (...) ¿Cómo medir el valor de algo en momentos en que todos los valores parecen subvertidos? ".
Si bien la cita da indicios de la sensación de miedo y caos generalizado que el mismo diario reproduce, no podemos dejar de observar que el editorial se refiere a la acción de jóvenes considerándola abominable, temible. Esa percepción va a surgir frecuentemente en los editoriales y también en las cartas de lectores.
Como ya hemos mencionado, la sección carta de lectores no era un espacio marginal en el diario, ya que no sólo incorporaba la voz del lector al discurso del diario sino que generalmente lo que allí se decía era retomado por los editoriales. En días previos al golpe de estado en una de ellas se aludía al aspecto de los jóvenes: "En estas épocas de cambios hay costumbres de las que duele despedirnos. Por ejemplo la manera en que los alumnos del colegio nacional se presentaban para ir a clase. Me parece bien que cada uno vaya como quiera pero hay algunos alumnos que antes deberían pasar no sólo por una peluquería sino por debajo de la ducha."
En la misma fecha un editorial recibía con beneplácito el uso de saco y corbata en la universidad -especialmente para docentes en tanto "entrañan el propósito de asegurar el umbral de decoro en las aulas superiores". Como es posible observar, entre fines de 1975 y principios de 1976, el problema del aseo, la vestimenta, la salida de los jóvenes en la noche eran cuestionadas tanto desde las cartas de lectores como desde los editoriales y ello no era un elemento casual en su discurso. Por el contrario se inscribía en el marco de un discurso general de existencia de anarquía y desorden en todos los aspectos de la vida, incluso en cuestiones cotidianas. La percepción de que todo estaba "patas arriba" ayudaba no sólo a configurar una visión negativa sobre los jóvenes sino también a plantear la necesidad del restablecimiento del orden.
Ya con el golpe militar las percepciones en torno a ese grupo no difirió, desde otra carta de lectores publicada en agosto de 1976 y titulada "Delincuencia" el lector refería a los 12 consejos para lograr la "delincuencia juvenil", entre ellas transcribo:
"1) Comenzad desde su más tierna infancia a dar al niño todo lo que quiera. 2) No le deis una educación religiosa. Aguardad que sea él mismo quien lo resuelva cuando cumpla 21 años. 3) Jamás le enseñéis la distinción entre el bien y el mal. 4) Permitidle leer todo lo que caiga en sus manos. Preocúpate de esterilizar los vasos y servilleta que usa, pero no os molestéis en vigilar el alimento que nutre su mente. Si seguís estos doce consejos vuestros hijos serán otros delincuentes, si hacéis lo contrario serán un día sanos y honrados ciudadanos".
Otro editorial publicado en julio de 1977 refería a su comportamiento en el transporte público del siguiente modo: "Lo mismo que se trate de varones o de niñas, hacen gala de una total falta de urbanidad. Forman corrillos en los pasillos, dificultando en extremo la de por sí difícil en las horas ’pico’, se comunican entre si a gritos y no son escasas las veces que hacen objeto de pesadas burlas al resto del pasaje".
Los jóvenes en general se presentaban así como un foco de atención: "faltos de moral y de urbanidad" o posibles "delincuentes"; se constituían en sujetos potencialmente peligrosos que, desde la prédica del periódico, tanto las instituciones como el estado debían encauzar. Aún cuando desde La Capital se evidenciaba un cuestionamiento general respecto de la juventud, era frecuente la asociación entre "delincuente subversivo" y joven. Dicha asociación se realizaba especialmente desde los comunicados -y desde el discurso militar insistiendo generalmente en la "corta edad" del "enemigo subversivo". Sin embargo esta asociación trascendía los comunicados y desde los medios se alertaba a la población respecto de la necesidad de investigar la documentación de las parejas jóvenes que quisiesen alquilar un inmueble. Según José Lofiego, miembro del Servicio de Informaciones de la policía de Rosario: "Les habíamos dado una especie de formulario mimeografiado con algunos interrogantes básicos, sobre todo movimientos sospechosos de personas que nadie los conocía en el barrio, de personas jóvenes con hijos de poca edad, hacíamos hincapié sobre todo en eso". Como es posible observar, en el imaginario militar de aquellos años subversión y juventud eran términos que se articulaban proponiendo un abanico de interpretaciones y aunque no todos los jóvenes eran considerados subversivos la construcción discursiva ayudaba a crear un ambiente de duda sobre ellos estigmatizándolos.
Aún cuando la llegada del golpe no modificó las percepciones que el diario construía en torno a la juventud, sí se propuso enfatizar las acciones del gobierno de facto que buscaban encauzarla, refrendando no sólo el discurso sino también apoyando fervientemente esas acciones. El 24 de marzo Videla en nombre de la Junta Militar llamaba a "restituir los valores esenciales" y convocaba a los jóvenes a sumarse a esa tarea. Tanto su incorporación en el PRN como las acciones disciplinarias tendientes a "guiar" los comportamientos sociales juveniles se constituyeron en cuestiones subrayadas por los medios locales desde diversas secciones; asimismo no sólo se informaba de temas tales como las nuevas normativas impuestas en algunas escuelas sobre la vestimenta de estudiantes o sobre la campaña moralizadora llevada adelante por la Jefatura de Policía, sino que desde los editoriales se aplaudía tales acciones en tanto se sostenía que "la juventud, en especial, desprovista muchas veces del resguardo necesario dentro de este tipo de cosas es, indudablemente la principal beneficiaria de esta acción moralizador".
En abril de 1976 una carta de lectores de La Capital recibía con satisfacción las medidas tendientes a restringir la circulación de los jóvenes en los horarios nocturnos ya que "con medidas así, lograremos aunque sea de a poco, encauzar a la juventud. Si los padres no se ocupan, ya se ocuparán las autoridades de que no anden a deshoras por allí, a merced de las malas compañías y de todos los peligros que acechan por las calles".
En septiembre de 1977 La Capital planteaba que "la juventud también es valiosa protagonista en el presente" pero que en los años pasados: "desvirtuóse el papel de la juventud en nuestra comunidad, haciéndosela tempranamente destinataria de funciones y atribuciones que no sólo no le correspondían sino que atentaban contra esenciales valores de la civilidad argentina. No debe olvidarse que en los oscuros días en que el terrorismo había montado su maquinaria al amparo oficial, fue calificada de ’maravillosa’ a aquella parte de la juventud argentina enrolada en la subversión, y que equivocadamente creían que poner bombas era parte de una tarea patriótica".
En tanto los jóvenes eran llamados a actuar en ese presente el diario los incluyó en su discurso sin dejar por ello de marcar la potencialidad del peligro que surgía cuando eran "manipulados" por el "terrorismo" que los influía con valores ajenos al "ser argentino". Al presentarse a la juventud como un peligro latente, se apelaba especialmente a la responsabilidad instituciones consideradas claves para la formación de esa nueva juventud. Por ello también se enfatizaba desde diversas perspectivas el lugar que ocupaban la familia, la educación secundaria, la Iglesia para inculcar los valores necesarios que no permitiesen esta "intromisión foránea". En diciembre de 1976 La Capital se refería a la familia planteando que "debe constituirse en un bastión inexpugnable para cualquier clase de ataque que pretenda destruirla o desnaturizarle sus funciones esenciales y su protección acabada y plena depende de un justo ordenamiento social". En octubre de 1977 otro editorial planteaba que ante la posibilidad de que los jóvenes fueran "blanco propicio para tentaciones que pueden desviar su camino" la responsabilidad de los padres se volvía ineludible: "El sentido ético de la existencia basado en los tradicionales y permanentes valores morales, debe ser inculcado cotidianamente por los padres pues nada ni nadie puede reemplazarlos en esa responsabilidad que es divina y humana. Vigorizar a la familia como institución equivale a vigorizar a la subsistencia misma de la sociedad, porque esta se basa primaria y fundamentalmente en aquella".
El análisis realizado nos permite pensar que la construcción discursiva de los medios en torno a la juventud no era casual ni menor, sino que se constituía en una herramienta esencial en el proceso de construcción de representaciones más generales que legitimaban el PRN a la vez que impartía pautas y valores que consideraban "esenciales" en esa construcción del "ser nacional".
Mientras La Tribuna y El País retomaron desde sus páginas algunos de los puntos más contundentes del discurso oficial, insistieron en menor medida en cuestiones como, por ejemplo, la temática de la juventud. Sin embargo en la construcción de esas representaciones cobró fuerza la acción discursiva de La Capital, que en tanto se consideraba un claro defensor del PRN, promovió actitudes, valores y problemáticas que no dudó en levantar como banderas de su propio discurso. Así las representaciones hegemónicas en torno a la juventud instituyó a los jóvenes como un todo monolítico y homogéneo -y masculino , presentándose desde los editoriales como una problemática recurrente incluso desde los meses previos al golpe de estado. La construcción de los jóvenes como peligrosos, ajenos y contrarios a la sociedad llevaba a excluirlos, dejando de ser un sujeto social con sus propias pautas, con sus propios comportamientos para convertirse en un problema a resolver, una cuestión de la cual el estado debía encargarse para ordenar, disciplinar y en ocasiones reprimir.
[La autora es docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y becaria de CONICET.]
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
©rosario 12

ayudaron a hacer justicia

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En Santa Fe se recordaron en la plaza situaciones que ayudaron a que haya justicia. El gobernador Binner y varios de sus ministros se entremezclaron con la multitud integrada, en su mayoría, por pibes que nacieron en democracia. La memoria apuntó a personas que con su accionar posibilitaron que haya castigo para los represores.

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[ Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La Plaza de la Memoria recordó ayer tres historia de solidaridad y coraje. El testimonio de un baqueano, Carlos Castellanos, que permitió descubrir en junio de 2009 una tumba clandestina en el campo San Pedro, de propiedad del Ejército, donde se rescataron los restos de ocho desaparecidos, cuatro de ellos ya identificados. La entrega de un militante del peronismo revolucionario, Juan Perassolo, que alentó a sus compañeros a denunciar el genocidio ante la Conadep, en 1984, en tiempos de incertidumbre y desconfianza, que cuarto de siglo después, en 2009, permitió enjuiciar a siete represores de Santa Fe. Y el ejemplo de una familia del barrio Santa Rosa de Lima que escondió en su casa los 120 legajos de la Conadep Santa Fe, en 1984, cuando un grupo de tareas asaltó los Tribunales de Rosario y cargó en un camión las pruebas contra el terrorismo de estado y las complicidades civiles y económicas. "Queremos rendir homenaje a quienes contribuyeron con su trabajo a la lucha por los derechos humanos. El camino del pueblo está hecho por hombres y mujeres de carne y hueso.", dijo Jorge Castro, uno de los oradores.
El acto reunió a cientos de santafesinos en la plaza de Mayo. El gobernador Hermes Binner y varios de sus ministros se entremezclaron en la pequeña multitud integrada, en su mayoría, por pibes que nacieron en democracia, después de la dictadura. Esa fue la característica de la convocatoria: la masiva participación de jóvenes que ayer levantaron las banderas del Peronismo Militante, el Movimiento Evita y agrupaciones como Martín Fierro y la Cámpora, que tomaron el legado de Néstor Kircher y defienden a la presidenta de la Nación.
Antes de los discursos se exhibieron dos videos. Uno sobre el martirio de Silvia Suppo, la testigo de lesa humanidad asesinada hace un año en Rafaela, el 29 de marzo de 2009, y otro del testimonio de Carlos Castellanos, cuando volvió al campo San Pedro, en 2009, para guiar a los investigadores de la Casa de Derechos Humanos e indicarles el lugar donde había un enterramiento clandestino. Le erró sólo por 300 metros.
En la plaza estaban la esposa y tres de los cuatro hijos de Castellanos y algunos de sus nietos. El baqueano falleció antes del descubrimiento de la fosa común. "Acá el verdadero héroe es Castellanos", dijo Castro al recordar que el testigo reveló por primera vez el secreto de los represores, en 1985, cuando la Conadep se había disuelto "lo que le valió que lo echaran del campo como un perro". Los investigadores de la Casa de Derechos Humanos lo volvieron a localizar en 2006 y ratificó el mismo testimonio que había brindado 21 años atrás. "Tuvo el mismo compromiso. Por eso queremos rendirle el homenaje que se merece", agregó Castro.
El 2 de setiembre de 2006, Castellanos volvió al campo San Pedro junto con los investigadores y los guió hasta el lugar donde, en junio de 2009, se encontró la tumba clandestina. "Lo único que nos pidió es que reserváramos su nombre y el de su familia. Y ese recorrido que hizo entonces por el campo siguiendo las huellas de su memoria sirvió para que el Equipo de Antropología Forense pudiera encontrar la fosa común con los restos de ocho compañeros", agregó. Cuatro de ellos ya fueron identificados: María Esther Ravelo, Gustavo Pon, María Isabel Salinas y Carlos Alberto Bosso.
Castro recordó también a Perassolo, ya fallecido, "un compañero con su compromiso político cuando salió de la cárcel y su militancia sin renunciamientos", señaló. Perassolo era esposo de Anatilde Bugna, testigo y querellante en el primer juicio de lesa humanidad en Santa Fe.
Al final, Castro reveló otro secreto santafesino. "Eran momentos difíciles", dijo. "En 1984, un grupo de tareas había asaltado los Tribunales de Rosario y se llevó todas las pruebas contra el terrorismo de estado y las complicidades civiles. "En Santa Fe, la Conadep tenía en su poder 120 denuncias. Y en esos 120 legajos fueron llevados y escondidos en la casa de la familia Salas, en el barrio Santa Rosa de Lima que los custodió", concluyó.
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
©rosario 12

matan a sexto testigo

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Murió baleado Juan Caba, otro testigo de la desaparición de Iván Torres en Chubut. Juan Caba era cuñado de Iván y testigo en la causa por su desaparición. La policía de Chubut, el gobierno y la Justicia arrastran al Estado argentino al banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La de Caba es la sexta muerte en el caso.

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[Horacio Cecchi] Argentina. La causa por la desaparición de Iván Eladio Torres, ocurrida el 2 de octubre de 2003 a manos de la policía de Chubut, con ayuda de su brazo gubernamental y tribunalicio –según acusación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– sumó un nuevo escabroso hecho: la muerte de Juan Pablo Caba, cuñado de Iván y testigo de la causa, pese a que tenía orden de protección sobre su persona por parte de la CIDH en enero de 2005 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2006. Caba fue baleado en la calle el 7 de marzo pasado, y murió después de 15 días de agonía en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. La dudosa fuente policial dijo que fue baleado en un "confuso incidente" y que murió por infección hospitalaria. Caba es el sexto testigo de la desaparición de Iván que sufre muerte violenta en circunstancias "confusas". Dos de ellos estaban detenidos el día en que Iván fue amasijado a golpes en la comisaría 1ª de Chubut. Y un tercero vive, pero un homónimo fue asesinado. Las familias de Iván y de los testigos son constantemente amenazadas. Tamara, una amiga de Iván, fue violada creyendo que era hermana de Iván. Cuando el violador la dejó, le dijo: "Andá a la comisaría 1ª que te tomo la denuncia". La muerte del protegido Caba es el síntoma de la desaparición forzada de personas: para mantener silenciado el secuestro de Iván debe continuar silenciando bocas en el tiempo.
Dos días antes del 24 de marzo, que hace memoria sobre las miles de desapariciones forzadas durante la dictadura, Juan Pablo Caba murió en la terapia intensiva del Hospital Regional de Comodoro. Fue baleado en el estómago el 7 de marzo en un incidente que, según las versiones policiales regadas a diestra y siniestra, fue "confuso". Caba no pensaba lo mismo. Consciente, cuando lo internaron, dio a entender que lo habían emboscado. Para entender quién y por qué, la memoria siempre trae aire fresco: Caba era cuñado de Iván Torres, desaparecido en democracia el 2 de octubre de 2003. Junto a Iván, indiazo, pobre, de piel oscura, y sostén de los chicos de la calle, eran perseguidos permanentemente por los policías, especialmente de la 1ª. Caba y un grupito de amigos de Iván (Tamara Bolívar, Cristian Gamín, Gerardo Colín, Luis Oliva y Mauricio Agüero) conocían los métodos de persecución policial y habían escuchado del propio Iván el relato de su detención anterior, el 26 de septiembre de 2003, cuando lo llevaron a la comisaría, lo molieron a palos y después lo llevaron a un monte fuera de la ciudad, lo desnudaron y le gatillaron en la cabeza.
De aquella detención quedaron los testimonios de Dante Camaño y Diego Alvarez. Camaño porque estaba detenido y vio cuando lo ingresaban. Y Alvarez porque fue detenido junto con Iván. Camaño, testigo de la metodología de persecución de la policía chubutense, apareció muerto en otro incidente "confuso". Alvarez, no, pero otro muchacho, Hugo Alvarez, apareció colgado en lo que sostienen que se trató de una "confusión" de identidades. El Alvarez sobreviviente fue intimidado por la propia fiscal Ibáñez, a cargo de la causa, cuando enterada de que el joven sostenía su declaración cayó en su casa a la 1 de la mañana acompañado por Bustos, jefe de la Brigada de Investigaciones, "El, que no entre porque es el que me pegó cuando me detuvieron", dijo Alvarez. "Es de mi absoluta confianza", cruzó la fiscal y lo hizo pasar.
Testigos de la segunda detención de Iván fueron Alberto Gajardo, Miguel Sánchez y David Hayes, que estaban alojados en las celdas de la 1ª el 2 de octubre de 2003. Hayes escribió una carta que entregó a María Leontina Millacura Llaipén, madre de Iván, en la que describía cómo, dónde y quiénes habían golpeado a su hijo, y quién lo había retirado del lugar. El 10 de enero de 2005, los familiares de Iván pidieron a la CIDH la protección de los testigos, entre ellos Hayes. La orden de protección llegó el 18 de enero. Un día antes, Hayes fue acuchillado y detenido, en un incidente "confuso". Gajardo no murió, pero asesinaron a un homónimo. Tras la muerte de Hayes, Sánchez también escribió una carta a la madre, relatando lo que vio. Amenazado y golpeado, le salvaron la vida al trasladarlo a Río Grande por indicación de la Corte Interamericana. Otros dos testigos, Walter Mansilla y Gastón Vara, también murieron en hechos "confusos", el primero apareció como NN y el segundo, cuya acta de defunción apareció cuando fue citado a declarar.
Habrá que agregar la violación a Tamara con tarjeta policial y las amenazas a familiares y a las abogadas, Verónica Heredia y Silvia de los Santos. Todos, con protección de la CIDH y la Corte. Pero en Chubut, la protección es confusa y policial.
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
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delitos cometidos por revolucionarios

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Fallo de Casación sobre un atentado de 1976. La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los delitos sindicados a organizaciones armadas durante la dictadura no configuran violaciones a los derechos humanos.

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Argentina. La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los crímenes atribuidos a organizaciones armadas durante la dictadura no son delitos de lesa humanidad y por ende se encuentran prescriptos. Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo se pronunciaron en el expediente por el atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ocurrido tres meses después del último golpe de Estado. Destacaron la "orfandad probatoria" y la escasa "seriedad" de una imputación "generalizada" que incluye desde el ex jefe montonero Mario Firmenich hasta sobrevivientes de la ESMA e incluso desaparecidos, y confirmaron los sobreseimientos. Los abogados José María Sacheri y Norberto Giletta anunciaron que apelarán la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.
Al mediodía del 2 de julio de 1976 una bomba explotó en el comedor del edificio de Moreno 1431. El atentado provocó la muerte de 23 policías y de una mujer, civil, que visitaba a una amiga. Hubo sesenta heridos. La dictadura encabezada por Videla, Massera & Agosti hizo justicia a su manera. "Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal", firmaron dos días después en una pared de la iglesia de San Patricio los asesinos de los sacerdotes palotinos. La causa llevó finalmente el nombre de José María Salgado, un miliciano montonero que había trabajado hasta el día anterior como policía en Superintendencia. Salgado fue secuestrado el 12 de marzo de 1977, fue torturado en la ESMA y entregado a la Federal, que antes de ejecutarlo le arrancó los ojos. "Abaten al autor de un trágico atentado", titulaba Clarín el 4 de junio, al difundir el comunicado del Primer Cuerpo de Ejército sobre el supuesto "enfrentamiento armado".
El primer intento de reabrir la causa fue frustrado por la jueza María Servini de Cubría. El pedido lo había formulado Hugo Biazzo, uno de los heridos, con el patrocinio de Giletta, ex juez de la dictadura y célebre por rechazar hábeas corpus por medio de su secretario Alfredo Bisordi, actual defensor del torturador Luis Patti. Los acusados por Giletta, que nunca llegaron a estar imputados por un fiscal, fueron Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Lauletta, Lila Pastoriza (ambos sobrevivientes de la ESMA), Norberto Habegger y Marcelo Kurlat, ambos desaparecidos. En 2007, la Cámara Federal confirmó que el atentado no era un delito de lesa humanidad. En 22 carillas los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah admitieron que era un episodio "aberrante", pero que "no basta el inconmensurable daño ocasionado" para aplicar la imprescriptibilidad contemplada en el derecho penal internacional.
Los querellantes interpusieron un recurso de casación, que rechazó el martes la Sala I del tribunal penal. Los camaristas descartaron que Montoneros hubiera perpetrado crímenes generalizados contra la población y destacaron que ni siquiera está demostrado que Salgado haya sido el autor del atentado. "La orfandad probatoria es de un grado tal que impide formular cualquier tipo de imputación. Ni siquiera hay evidencias que arrojen mayores precisiones acerca de las circunstancias que rodearon el hecho", destacó Madueño. "Ningún tribunal de Justicia puede aceptar con visos de seriedad la imputación que hace la querella en forma generalizada respecto de personas que dice pertenecieron a una agrupación que militaba en la época bajo la nominación Montoneros", agregó.
Los magistrados rechazaron la aplicación de la categoría de lesa humanidad al hecho. "Para que una conducta sea calificada como de lesa humanidad, el acto debe haber ocurrido en el marco de un ataque generalizado o sistemático a una población civil. Esto es lo que se conoce como ‘elemento de contexto’", apuntó Madueño. Enumeró cinco "elementos esenciales": la existencia de un ataque; que se encuentre dirigido contra una población civil; que sea generalizado o sistemático; que la conducta del infractor forme parte del ataque, y que el autor sepa que su conducta forma parte de ese ataque.
Los jueces citaron como antecedente el fallo "René Derecho" de la Corte Suprema de Justicia, en el cual estableció que "lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control". Ante los delitos comunes, como la autoría no proviene de una estructura estatal o análoga, la víctima cuenta con la protección de la organización política que integra (en tal caso el Estado), que cuenta con medios para investigar y condenar a los culpables. En cambio, en los crímenes de lesa humanidad "las víctimas se encuentran absolutamente desamparadas porque la agresión proviene, por hipótesis, precisamente de la organización política que debe protegerla y defenderla, a lo que se suma la posibilidad de destruir pruebas y garantizar la clandestinidad por parte de quienes deberían investigar los delitos".
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
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molestó absolución de arango bacci

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A EE.UU. no le gustó la absolución de Arango Bacci. El Almirante (r) Gabriel Arango Bacci, quien en 2007 salió de la Armada por presuntos nexos con el narcotráfico. La embajada detalló debate con magistrado de la Corte Suprema y recalcó cambio de última hora en la Fiscalía.

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Colombia. Por determinación discrecional del mando superior, y en momentos en que ostentaba el grado de almirante, en 2007 salió de la Armada el oficial Gabriel Arango Bacci. Pronto trascendió que su retiro obedecía a presuntos nexos con el narcotráfico. El asunto suscitó un proceso penal y una polémica pública a la que abiertamente se sumó el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, interesado en el caso. Pero el almirante Arango fue absuelto y el sinsabor norteamericano quedó evidenciado en los cables diplomáticos enviados a Washington.
En noviembre de 2009, el embajador William Brownfield, ante la decisión de la Fiscalía de pedir la absolución de Arango, remitió un cable expresando que el oficial había tenido que retirarse de manera forzada por sospechas de narcotráfico, basadas en evidencia convincente de que Arango había ayudado a traficantes de droga a evadir las patrullas de interdicción estadounidenses y colombianas. Por eso, agregó Brownfield, el entonces comandante de la Armada, almirante Guillermo Barrera, había intervenido en el tema llevando el caso Arango a la Fiscalía.
Sin embargo, agregó Brownfield, el caso había dado un giro inusual porque un fiscal encargado por Guillermo Mendoza Diago le había pedido a la Corte Suprema de Justicia la absolución del almirante. Y que además, ese mismo fiscal (Jesús Antonio Marín) había descalificado a los testigos porque tenían contactos con la DEA y la CIA, al tiempo que sugería que el almirante Barrera acusó a Arango Bacci falsamente para destrozar su carrera en la Armada. Y luego relató los pormenores de un incidente durante una cumbre del Poder Judicial en el departamento de Boyacá.
Recordó el cable que el 5 de noviembre, de manera privada, el embajador había comentado el caso al presidente de la Corte, el fiscal y el procurador, al tiempo que dijo a la prensa que Estados Unidos tenía interés en cómo iba a terminar este asunto. De paso, expuso el tema al entonces ministro de Defensa Gabriel Silva —hoy embajador en Washington—, quien agradeció al embajador por su afirmación pública en un caso de corrupción que dañaba la reputación de los militares. Y luego añadió que si tenía que perseguir a oficiales por abusos necesitaba apoyo público.
En respuesta a las manifestaciones del embajador, el magistrado de la Corte Suprema Alfredo Gómez Quintero lo criticó por estar interfiriendo en asuntos internos de Colombia y lo instó a que presentara sus evidencias para implicar a Arango. En el cable quedó manifiesta la definición de la Embajada del magistrado Gómez: Un opositor consistente de la extradición y de las políticas estadounidenses en Colombia. Y agrega el reporte a Washington que el entonces presidente de la Corte Augusto Ibáñez minimizó los comentarios del Embajador.
En la parte final del cable, el embajador anotó que no estaba claro qué había hecho cambiar el rumbo del caso Arango en la Fiscalía y la Procuraduría, aunque el ministro de Defensa había dicho que sospechaba que había corrupción de por medio. A su vez, el reporte incluyó la advertencia que había hecho la DEA de que el caso nunca había sido sólido. De todos modos la Embajada concluyó que la petición de absolución de Arango y de investigar a Barrera significaba un paso hacia atrás para la justicia colombiana.
Y dos veces en el mismo cable, la Embajada reiteró que si el almirante Arango Bacci era puesto en libertad, se estaba enviando el mensaje de que los oficiales de bandera en Colombia eran casi inmunes de ser procesados. Una preocupación muy seria por los efectos negativos que el tema podría traer en los casos de derechos humanos que envolvían a los militares. Es decir, un retroceso en momentos en que  el gobierno de Estados Unidos presionaba para procesar a militares de alto rango en temas de derechos humanos.
Días más tarde, la Embajada remitió un nuevo cable en el que se ocupó del caso Arango Bacci. Lo hizo en el marco de una visita a Bogotá del jefe de operaciones navales de Estados Unidos Gary Roughead. El reporte diplomático contextualiza el país a finales de 2009. Habla de la inversión extranjera, de los pasos significativos del combate al narcoterrorismo, y refiere que el entonces presidente Uribe, de manera privada, había comentado que estaba haciendo todo lo posible por perpetuar su carrera presidencial.
Luego expresó que Colombia era un aliado firme de Estados Unidos, pero que la Embajada estaba decepcionada con la Corte Suprema por negar la petición de extraditar a guerrilleros condenados por secuestrar a ciudadanos norteamericanos. El cable destacó a Colombia como el cuarto mercado más grande de exportaciones de la región y destacó que, a pesar de que el acuerdo de defensa que convenían los dos países era un tema bilateral, el gobierno Uribe lo veía como estrategia disuasoria contra Hugo Chávez.
El cable habla de los apremios del TLC, del escándalo de los falsos positivos, de la estigmatización del gobierno a las ONG como organizaciones terroristas, y en medio de la sucesión de temas, regresó al asunto Arango, presentado como caso de narcocorrupción. Tras resumir lo ya contado, el reporte añadió que el embajador Brownfield defendió las acciones del almirante Barrera pero que, para hacer las cosas peores, Procuraduría y Fiscalía insistían en que se habían falsificado evidencias para denunciar a Arango.
En diciembre de 2009, en un cable titulado ‘Las cortes colombianas dan dos pasos hacia adelante y uno atrás’, la Embajada de Estados Unidos resaltó la condena a 40 años de prisión del exgobernador de Sucre Salvador Arana y el fallo del Tribunal de Bogotá que sentenció a 40 años de prisión al general Jaime Humberto Uscátegui por la masacre de Mapiripán. No obstante, registró que, en un acontecimiento esperado pero problemático, el 3 de diciembre la Corte Suprema de Justicia había absuelto al almirante Arango.
En efecto, el alto tribunal exoneró al almirante Arango y la Embajada de Estados Unidos reportó que, en cambio, la Corte había ordenado abrir investigación contra el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, el almirante Guillermo Barrera y el capitán Jorge Tovar, por entregar pruebas a la prensa en contra de Arango antes que a las autoridades. El cable incluyó la reacción del embajador reclamando quién había entregado la información a los narcos para que evadieran las patrullas de interdicción.
El último día de diciembre de 2009, a manera de resumen del año, entre múltiples temas la Embajada sostuvo que Cartagena jugaba un rol decisivo en el futuro de Colombia y que la efectividad de los esfuerzos se iba a ver en la zona de los Montes de María. El informe admitió que los traficantes de droga, con lanchas rápidas o semisumergibles, habían vuelto a enviar droga por el mar, y que los esfuerzos antinarcóticos eran vitales, ya que en 2008 se había logrado que el precio de la cocaína subiera el doble en EE.UU.
El cable concluyó con una nueva alusión al caso Arango, manifestando que había sido obligado a retirarse en 2007 por evidencias de que había conspirado con traficantes de droga; y que el almirante Guillermo Barrera había dado un paso adelante llevándolo a la Fiscalía. Pero que cuando el proceso estaba para condena a mediados de 2009, un nuevo fiscal le pidió a la Corte que lo absolviera. La Corte concedió la petición y el embajador apoyó públicamente a Barrera por haber llevado el caso a la opinión pública.
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
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miles contra el olvido

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Multitudinaria marcha por la memoria con candidatos políticos y gran participación de la juventud. Los organismos de derechos humanos leyeron dos documentos en el patio cívico, tras la marcha que comenzó en la plaza San Martín. Entre los miles de manifestantes se pudo ver a Rossi, Giustiniani, Mónica Fein y al intendente Lifschitz.

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[Guillermo Zysman] Argentina. A lo largo de 25 cuadras, más de 30 mil rosarinos se movilizaron ayer hacia el Monumento a la Bandera para recordar el 35º aniversario del último Golpe de Estado que inauguró la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y ex presos políticos encabezaron la heterogénea marcha que tuvo como principal protagonista a la juventud. Desde La Cámpora, pasando por la JP, Giros y movimientos universitarios, los jóvenes coparon las calles rosarinas con sus banderas y consignas. Uno de los momentos más intensos de la movilización fue frente a la Catedral: "Ustedes callaron cuando se los llevaron", gritó la multitud contra la Iglesia. En el acto se leyeron dos documentos: uno elaborado por Familiares que reivindicó la política de Derechos Humanos del Gobierno que permitió "el enjuiciamiento de los genocidas como política de Estado" y otro suscripto por el colectivo de las agrupaciones sociales y políticas convocantes que destacó condenas recientes en Rosario pidió mayor celeridad en las causas pendientes en la región.
El punto de encuentro previo a la marcha fue la Plaza San Martín. Allí confluyeron gremios, agrupaciones políticas, movimientos sociales, organizaciones juveniles y los movimientos de Derechos Humanos. Entre murgas y bombos, la convocatoria ya desbordaba a los organizadores.
La movilización partió por calle Santa Fe hasta Oroño. Pasó por los Tribunales Federales de Rosario, donde se sustancian los juicios locales por la Verdad Histórica y luego tomó San Luis hasta Buenos Aires. En cada esquina los jóvenes dejaban una pintada con una consigna temática: desde el pedido de justicia por Silvia Suppo, pasando por la aparición con vida de Julio López quedaron planteados en el pavimento.
Al llegar a Buenos Aires y Córdoba, la multitud ovacionó a las Madres y Abuelas de la Plaza que semana a semana hacen su ronda en la Plaza 25 de Mayo. De inmediato llegó la crítica a la Iglesia.
"El Monumento nos quedó chico", planteaban los organizadores del acto mientras las columnas empezaban a ocupar las escaleras. La larga espera fue amenizada con la ocurrente murga ‘La Memoriosa’, que le puso ritmo y ruido a las consignas de la jornada.
Entre los miles de manifestantes se pudo ver al jefe de la bancada kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, al senador socialista Rubén Giustiniani, a la candidata del PS a la intendencia, Mónica Fein y al propio intendente Miguel Lifschitz. Binner estaba en Santa Fe.
El documento de Familiares rescató sin eufemismos la política de derechos humanos del gobierno. "Es irrefutable, que a partir del año 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner y posteriormente con el gobierno de Cristina Fernández esa búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia adquirió el rango de política de Estado, proporcionando así las condiciones indispensables y concretas para avanzar en esta cuestión central para el proceso de consolidación y profundización de la democracia en la Argentina", plantearon.
"Reivindicamos -siguieron- que en este nuevo aniversario la lucha por la Memoria y los Derechos Humanos nos encuentre madurando esa unidad por la que tantos compañeros ofrendaron sus vidas, y de la que depende el futuro de cualquier proyecto nacional y popular. Muchos temas pendientes nos interpelan y sabemos que la construcción de una alternativa no se logra de un momento para otro. Comprometernos será la mejor manera de honrar la memoria de aquellos que dieron su vida por un proyecto nacional y popular. El futuro es hoy, la unidad se construye día a día aún en la diversidad. Ese es el desafío".
Luego dijeron lo suyo los ex detenidos. "Es importante para la salud de los pueblos festejar las victorias. Por eso celebramos las cinco condenas obtenidas en el marco del primer juicio a los genocidas en Rosario, en la causa Guerrieri, del mismo modo que lo hicimos con la sentencia de la causa Brusa en Santa Fe", señalaron.
"Será responsabilidad de todos nosotros continuar la pelea para que los genocidas tengan lo que corresponden: la cadena perpetua con cárcel común y efectiva. Si en 2010 conquistamos las cinco condenas en Rosario, en este 2011 vamos por más genocidas en la cárcel", agregaron sobre el final del documento de consenso.
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
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