paras siguen matando en el urabá
Entre el 2008 y 2011 ya son nueve los campesinos asesinados que reclamaban la devolución de tierras en el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés. Diversos sectores reclaman mayor protección al Estado.
Colombia. Otro reclamante de tierras del Urabá antioqueño fue asesinado. Se trata de David de Jesús Góez Rodríguez, de 70 años de edad, uno de los líderes del proceso de reclamación vinculado a la Asociación Tierra y Vida, que agrupa a cientos de familias que buscan la restitución de tierras en esa región del país expropiadas de manera ilegal y forzada por grupos paramilitares.
Góez Rodríguez, baleado por sicarios en un sector comercial del suroccidente de Medellín este miércoles, lideraba un grupo de 120 familias que reclamaba la devolución de por lo menos 20 mil hectáreas de tierra ubicadas en la zona de Tulapas, municipio de Turbo, las cuales acabaron en manos de grupos paramilitares que operaron en esa zona del Urabá antioqueño.
"En esas tierras de Tulapas se instaló el campamento de la Casa Castaño a mediados de los noventa", aseguró Gerardo Vega, representante de la Fundación Forjando Futuros, organización no gubernamental que acompaña procesos de restitución de tierras en el Urabá antioqueño, lo que puede explicar el valor que posee ese territorio para quienes aún operan en esa región.
Esos predios están ubicados entre Turbo, San Pedro de Urabá, Arboletes y Necoclí, y su expropiación fue reconocida por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en diversas audiencias de versión libre que dio ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, antes de ser extraditado, en mayo de 2008, a Estados Unidos.
"A la mayoría de la gente la obligaron a vender a bajos precios. Les hacían firmar un poder a los campesinos, porque eran tierras adjudicadas por el Incora (hoy Incoder), y los predios se volvían a adjudicar", explicó Vega.
Justamente uno de esos predios era El Descanso, una finca de 146 hectáreas, de propiedad de Góez Rodríguez. De acuerdo con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), esas tierras fueron ocupadas por guerrilleros a finales de la década del ochenta, pero a mediados de los noventa llegaron los paramilitares y desalojaron a los insurgentes.
"Más tarde, Góez fue obligado a vender su propiedad a Inversiones Tulapas, una sociedad investigada por su presunta relación de testaferrato con las Auc. Hace dos años, el líder reportó amenaza y solicitó protección", sostuvo la Cnrr en un comunicado de prensa.
Al respecto, Carmen Palencia, representante legal de la Asociación Tierra y Vida (anteriormente conocida como Asociación de víctimas para la restitución de tierras y bienes de Urabá), dijo que nadie sabe de quién es Inversiones Tulapas, pero reconoce que esta empresa "fue la primera en empezar a comprar tierras allá, pero para nosotros esas transacciones son ilegales".
De acuerdo con esta líder campesina, sobre las tierras que venía reclamando Góez Rodríguez tienen intereses varios paramilitares, entre ellos Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ex jefe del Bloque Elmer Cárdenas. "La parte que le corresponde a él está sembrada de caucho, teca y melina".
En el pasado, en buena parte de esas tierras se desarrolló el proyecto Tulapas Horizonte de Esperanza, promovido por la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), una organización social creada por el Bloque Elmer Cárdenas que estuvo bajo la responsabilidad de Jhon Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’.
De acuerdo con Vega, cuando entró en vigencia la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, este líder campesino se dispuso a organizar a los despojados de tierras en Tulapas; en total, juntó 120 familias afectadas, ayudó a documentar los casos e inició el proceso de reclamación. "Como resultado de sus denuncias", precisó Vega, "fue detenido el señor Guido Vargas, administrador de esas tierras, lo que le generó a don David graves amenazas que lo obligaron a dejar Urabá y a trasladarse para Medellín, donde solicitó protección".
Pero el líder campesino fue ubicado en Medellín y presionado para que se retractara de las denuncias contra Guido Vargas. "Para salvar su vida, se retractó de algunas cosas que había dicho, lo que permitió que el administrador fuera dejado en libertad. Ahora con su muerte, aseguraron que el proceso judicial no continúe y nos privamos de saber por qué don David se retractó", indicó Vega, quien aseveró que este caso era de conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y Justicia y la Cnrr.
La Asociación Tierra y Vida, a través de su vocera, Carmen Palencia, repudió el crimen. "David era una persona de 70 años, este crimen es una infamia, estamos muy dolidos por eso", dijo la líder campesina y agregó que este asesinato "hace parte de la violencia contra la gente que está reclamando tierras en Urabá, donde nos han asesinados a nueve reclamantes".
Tanto Vega como Palencia rescataron la figura de Góez Rodríguez y destacaron su participación en la creación de la Asociación Tierra y Vida, el 9 de febrero de 2008 en Apartadó, Antioquia. "Nosotros juntamos a Carmen, que adelantaba procesos de reclamación en el centro de Urabá, a Benigno Gil, que venía de Mutatá, y a don David, que bajó con 60 personas desde San Pedro de Urabá para vincularse a la Asociación", narró Vega.
Sobre el homicidio de Góez Rodríguez, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, lamentó el crimen y aseveró que el Gobierno no va a desistir en su propósito de trabajar por la devolución de las tierras a todas aquellas familias desplazadas por grupos armados ilegales.
"El gobierno no va a permitir de ninguna manera que unos cuantos violentos vayan a pretender, con hechos de sangre, interferir o ponerle palos en la rueda a una política de gran aliento social que es hacer todo lo posible para que cerca de 500.000 familias, a quienes les arrebataron a sangre y fuego las tierras, las puedan recuperar ahora".
De acuerdo con cifras de la Fundación Forjando Futuros, la subregión de Urabá 1 millón 162 mil hectáreas, de las cuales se están reclamando 150 mil, es decir, un 12% del territorio. A la fecha, han logrado la recuperación de 4 mil hectáreas.
Intimidación y Muerte
Desde que se constituyó esa iniciativa campesina, sus integrantes han soportado amenazas constantes, atentados y homicidios. En total, son nueve las personas asesinadas durante el proceso de reclamación de tierras. El primero de ellos fue Juan Agustín Jiménez Vertel, asesinado por sicarios el 19 de agosto de 2008 en el Corregimiento El Reposo, de Apartadó.
Luego fue muerto Benigno Gil Valencia, fundador de la Asociación y Presidente de la Mesa Nacional Campesina, en hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2008, en el municipio de Chigorodó.
En esa cadena de muertes violentas contra los reclamantes de tierras le siguió Jaime Antonio Gaviria, testigo del asesinato de Benigno Gil y líder de la Mesa Campesina. Fue asesinado el 5 de diciembre 2008, en Chigorodó.
Los que aparentemente se oponen al proceso de restitución de tierras en el Urabá antioqueño y chocoano asesinaron en Medellín a Adriano Pino el 23 de febrero de 2009; y siguieron con Ana Gómez, reclamante de tierras en el departamento de Córdoba, muerta el 14 de abril de 2009, entre los municipios de Los Córdobas y Arboletes.
El año 2010 fue nefasto para la Asociación. Primero asesinaron a Albeiro Valdés Martínez, en hechos perpetrados el 10 de mayo, en la vereda Cirilo, sobre la vía que conduce a la población de Necoclí; siguieron con Hernando Pérez Hoyos, muerto el 19 de septiembre, en la vereda La Ceibita, corregimiento El Totumo, municipio Necoclí, varias horas después de salir de una reunión con representantes del Gobierno Nacional.
Ese año terminó con el homicidio de Óscar Manuel Maussa Contreras, líder de restitución de tierras y directivo de la Cooperativa Cootragloban. Su muerte se produjo el 21 de noviembre en la localidad de San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar, a donde fue a refugiarse con su familia luego de recibir amenazas por reclamar sus tierras en la vereda La Esperanza, municipio de Turbo.
Los obstáculos que revelan estos homicidios fueron advertidos por el ex jefe paramilitar Ever Veloza García, alias ’HH’, durante una audiencia de legalización de cargos. Según él, no hay condiciones de seguridad para que se adelante un real proceso de reparación a las víctimas y señaló a los grupos rearmados como responsables de esos entorpecimientos. Su versión fue apoyada por la Fiscalía 17 de Justicia y Paz, que advirtió que las llamadas bandas criminales emergentes se apropiaron de los bienes de los paramilitares, una vez se dio el proceso de desmovilización.
Para Gerardo Vega, todos estos hechos deben llevar al Gobierno Nacional a asumir con mayor decisión el tema de la protección de los campesinos que reclaman la restitución de sus predios y a tener en cuenta a las víctimas en diversos escenarios.
"El gobierno tiene que darle mayor participación a las víctimas en el diseño de la política pública; además, integrarlas en la construcción de mapas de riesgo; también es vital que haya mayor decisión económica y política para acompañar la asociaciones de víctimas", dijo el representante de La Fundación Forjando Futuros.
Solicitó también de las autoridades mayores esfuerzos en desvertebrar las llamadas bandas criminales emergentes y la pronta captura de los testaferros de los paramilitares, quienes simulan, según él, ser los legítimos propietarios. Y sugirió "una depuración en la Fuerza Pública y en aquellos institutos que se han prestado para legalizar el despojo de tierras, así como la publicación de los nombres de los testaferros, tal como se hace con los narcotraficantes".
Pese a las muertes, amenazas y persecuciones, la Asociación Tierra y Vida continuará su trabajo en aras de lograr la restitución de las tierras de sus asociados, unos 1.600 en total, y contrario a los riesgos, están trabajando para crecer y constituir trece seccionales en todo el país.
26 de marzo de 2011
25 de marzo de 2011
©verdadabierta
España. El juez español Baltasar Garzón, encausado por intentar investigar crímenes del franquismo pese a una ley de amnistía, presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por considerar que sus derechos habían sido violados, informó el viernes su bufete de abogados.
Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia este viernes las audiencias públicas de su 141 periodo de sesiones con dos importantes casos sobre magistrados destituidos en Honduras y la violencia contra los niños mapuches en Chile.
Uruguay. Juan Gelman y su nieta Macarena le ganaron una nueva batalla a la impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Uruguay por la vigencia de la Ley de Caducidad, que impide que se investiguen, juzguen y castiguen los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985). "Me siento un poco recompensado, pues es reconfortante saber que después de tanto tiempo y sufrimiento al fin se avanzará en una investigación que fue negada durante cuatro gobiernos", dijo Gelman. Los organismos de derechos humanos celebraron la noticia y esperan que, en las próximas semanas, el Congreso uruguayo deje sin efecto la cuestionada ley.
[Claudio Leiva Cortés] Santiago, Chile. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) afirmó este miércoles que el general (R) Manuel Contreras, ex director de la DINA, cumpliría con los requisitos para un indulto por razones humanitarias, tal como lo está estudiando el gobierno. En todo caso, el Presidente Sebastián Piñera afirmó que jamás lo indultaría.
Colombia. Los cables diplomáticos de Washington revelan que el préstamo de bases militares en Colombia para permitir operaciones de los Estados Unidos cumplía tres propósitos. Por un lado, el gobierno colombiano buscaba congraciarse con ese país tras el vencimiento del acuerdo militar con Ecuador para el uso de la base militar de Manta. Así mismo, pretendía redoblar sus esfuerzos en la lucha contrainsurgente. Y además, pretendía enviar un mensaje para disuadir a Venezuela y a Ecuador.
Colombia. En su informe sobre Derechos Humanos 2010, la ONU hace duros cuestionamientos a las Fuerzas Militares y advierte "retrocesos" en la colaboración con la justicia civil en la investigación de graves casos de ejecuciones extrajudiciales.
Colombia. La investigación estudia el supuesto encuentro que se llevó a cabo en la Casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe, en el que presuntamente participaron el exgobernador del Cauca Juan José Chaux; el fallecido vocero político de las AUC Antonio López, alias ‘Job’, y el abogado de alias ‘Don Berna’, Diego Álvarez.