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polis trataron de rematarlo


Un adolescente recibió un balazo y un puntazo después de protestar por un procedimiento policial. Manuel, de 18 años, está internado en el hospital de San Miguel, con protección de la Gendarmería. Fue herido después de que, junto a un grupo de vecinos, intentara impedir la detención arbitraria de unos chicos de su barrio.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Escondido en un cuarto del Hospital Larcade, en San Miguel, Manuel F. pasa las horas, mientras un gendarme controla que solo sea visitado por sus familiares. No está preso ni se lo acusa por algún delito. "Lo están cuidando de la Policía Bonaerense", dice su tía, por lo bajo, en un pasillo del hospital repleto de gente. Hace poco más de una semana Manuel recibió un balazo en la cintura en medio de una discusión con varios oficiales en el barrio Mitre, de esa localidad, y según denuncian los familiares, en su intento por encubrir el ataque, los oficiales lo sacaron del auto que lo trasladaba al hospital, lo subieron a un patrullero y le dieron "un puntazo" en la panza. Luego lo acercaron a la guardia, donde fue operado esa misma noche. La herida de bala le inundó de sangre el estómago y, desde entonces, lo alimentan mediante suero.
El incidente comenzó la tarde del miércoles 16 de abril, cuando dos oficiales de la Bonaerense, una mujer de apellido Ruiz y un hombre que se identificó como Gómez, llegaron en un patrullero de la Comisaría 3ª de San Miguel a una escuela. Al parecer, habían recibido una denuncia anónima sobre una pelea entre estudiantes pero llegaron y no encontraron a nadie. Muy cerca, en Rodríguez Peña al 4300, había un grupo de chicos de 13 y 14 años parados en una esquina. Según los testigos que declararon en la Unidad Fiscal de Investigación 19 de Malvinas Argentinas, ambos oficiales increparon a los chicos y trataron de llevarse a Germán M., hijo de un histórico militante peronista del barrio, afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
"La hermana mayor de Germán, Carolina, se acercó al lugar con otros vecinos que estaban en la puerta tomando mate. A Germán lo habían agarrado del cuello y lo tiraron contra el capot del patrullero. Los dos policías fueron a provocar a los chicos, pero Carolina se plantó. Hubo un forcejeo, los vecinos le tiraron un par de cascotes al patrullero y la policía se fue. Pero antes, la oficial Ruiz le tiró una piedra a la gente", relata Hugo Grillo, militante del Movimiento Evita y allegado al padre de Germán, en cuya casa terminaron refugiándose los chicos, temerosos de una réplica policial. Por desgracia, no se equivocaron.
Al rato llegaron seis patrulleros y un Duna blanco con agentes de civil a esa casa, ubicada en Rodríguez Peña al 4300. Nuevamente apareció el oficial Gómez, quien se desempeña como jefe de calle, y golpeó la puerta de mal modo. "Carolina le explicó que no podían entrar sin una orden de allanamiento, pero los policías la escupieron. Después rompieron una ventana y entraron por la puerta trasera", detalló Grillo. Afuera, frente a la casa, un grupo de vecinos había ido para impedir el procedimiento policial. Allí, algunos vieron cómo la policía les pegaba a Germán y a su madre.
En medio de la protesta contra la policía, en la calle, sonaron dos disparos. Uno de ellos dio en la espalda de Manuel F., un chico de 18 años que integraba el grupo de los que intentaban impedir las detenciones. El proyectil le perforó el estómago y salió por el vientre. El joven, que trabaja repartiendo comida para un bar de la estación San Miguel, fue socorrido por los vecinos, que dispusieron de un auto para llevarlo al Hospital Larcade. "Lo subieron a una camioneta y cuando hicieron un par de cuadras, se les cruzaron dos patrulleros; los policías sacaron a Manuel a los golpes y lo subieron a un patrullero. Un pibito vio cómo le dieron una puntada en la panza para que parezca una pelea. Después lo tiraron en la guardia", dice la tía de Manuel F., que se turna con otros familiares en el hospital para "no dejarlo ni un minuto solo".
Luego de una operación de emergencia, en la que tuvieron que contenerle la hemorragia interna, y de una transfusión de sangre, Manuel F. fue derivado a una sala común el viernes pasado. Allí, según relata un tío suyo que pidió reserva de su nombre, había entre otros tantos pacientes, dos presos custodiados por agentes de la Bonaerense. "Un peligro. Enseguida pedimos protección y logramos que lo cambien de cama y pongan un gendarme a cuidarlo", agrega el familiar. Manuel F. ya declaró ante el fiscal Diego Guida, quien apartó a la Bonaerense del caso y puso a cargo de las pericias a la Gendarmería Nacional.
Los agentes implicados fueron trasladados de comisaría, pero siguen trabajando, lo que provoca mucho miedo entre los familiares. "La bala que lo hirió ya apareció y también los vecinos juntaron otras vainas porque esa tarde la policía disparó varias veces. La madre y el padre de él están muy asustados pero quieren justicia, aunque se tengan que enfrentar con la Bonaerense", dice el tío del joven, que fue asesorado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La salud de Manuel F. mejora, pero lo carcomen los nervios.
En el barrio Mitre hubo protestas de amigos y vecinos del joven para que sean castigados los responsables. "Fue muy alevoso lo que hicieron y por eso deben estar desesperados por tapar todo, Manuel no quiere hablar por ahora, tampoco sus padres, esto les cambió la vida", dice la tía del joven en el Hospital Larcade. El fiscal recorrió esos pasillos, habló con camilleros, emergentólogos y médicos. Ya declararon al menos 15 vecinos, mientras la Policía Bonaerense mantiene la versión de que las heridas fueron provocadas por el "rebote" de un balazo y un puntazo anónimo.
27 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
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habla macarena gelman


Macarena Gelman analiza el fallo que obliga a terminar con la impunidad de los represores uruguayos. Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableciera que Uruguay debe investigar y juzgar a los responsables del crimen de su madre y de la sustitución de su identidad, la joven espera que el Congreso deje sin efecto la Ley de Caducidad.
[Victoria Ginzberg] Uruguay. Macarena Gelman está satisfecha y serena. Es lo que transmite su voz durante la conversación telefónica con Página/12. El jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Uruguay debe dejar sin efecto la Ley de Caducidad, norma que impide el juzgamiento a los represores de ese país. La decisión se tomó en una demanda presentada por la joven y su abuelo, el poeta Juan Gelman, con el objetivo de lograr que en Montevideo se investigue y condene a los responsables del asesinato de María Claudia García Iruretagoyena y la sustracción de su hija, Macarena, que vivió durante 26 años sin saber cuál era su verdadera identidad. El fallo del tribunal internacional debería ser la herramienta que permita terminar con la impunidad en Uruguay. "Justicia obtendremos cuando la sentencia se cumpla", señala Macarena al analizar un hecho que tiene a la vez una dimensión social e institucional y otra íntima y personal, porque habla de su historia y los crímenes de los que ella y sus padres fueron víctimas.
Macarena supo de la decisión de la Corte IDH en Buenos Aires. Había viajado para participar de la inauguración del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos Fernando Ulloa, que se realizó el 24 de marzo. Pero prefirió llegar a Montevideo para analizar el fallo. En el último tiempo, se encuentra a menudo entre una orilla y la otra, porque viene a seguir las audiencias de dos juicios que tienen a ella y a su familia como protagonistas: el de los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor y el del plan sistemático de apropiación de menores. Sus padres, Marcelo Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, fueron secuestrados en agosto de 1976 en Buenos Aires. El fue asesinado. Su cuerpo fue recuperado por el equipo Argentino de Antropología Forense en 1989. Ella, que estaba embarazada, fue llevada al Servicio de Información de Defensa, en Montevideo, y dio a luz en el Hospital Militar de esa ciudad. Hasta hoy sigue desaparecida. Macarena fue hallada en el año 2000 gracias a una investigación encabezada por su abuelo. Desde ese momento han batallado juntos para saber qué pasó con el cuerpo de María Claudia y condenar a los culpables.
El fallo de la Corte IDH estableció que la Ley de Caducidad uruguaya es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También estipuló una reparación económica –a la que el poeta renunció y que la joven donará a una fundación que ayuda a niños en situación de vulnerabilidad– y convocó al estado uruguayo a realizar un acto de disculpas públicas, a instalar una placa en el SID y a abrir los archivos de la represión.
"Mi balance es muy positivo. Este es un proceso que lleva casi cinco años. Era una sentencia muy esperada y si bien teníamos una noción de que pudiera salir para esta fecha, no teníamos la absoluta seguridad así que, aun sabiendo, me tomó por sorpresa", dice la joven

¿Te tomó por sorpresa también el contenido?
Pensé que el fallo iba a tardar un poco más. Creo que no estaba lista, aunque no sé si uno alguna vez está listo. Lo que hicieron fue reconocernos lo que pudimos probar y las pruebas son contundentes. La gran mayoría de lo que plantamos fue aceptado.

Esto implica un cambio general para Uruguay, porque debería anular la Ley de Caducidad, el obstáculo para los juicios a los represores.
Sí, pero no es algo que Uruguay desconozca y lo vaya a saber ahora por la Corte. Existen desde hace mucho años recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido, que hasta ahora no habían prosperado. La característica de un fallo de la Corte es que es obligatorio. Espero que sirva para que Uruguay pueda consolidar su posición en estos temas e ir haciendo un camino. El fallo da argumentación muy buena y espero que se acate. De mi parte, la semana que viene tendría una reunión con el canciller (Luis) Almagro y eso es lo que voy a esperar. El ha sido mi interlocutor todo este tiempo.

¿Se puede decir que el fallo es el primer paso para reabrir definitivamente los procesos contra los represores uruguayos, más allá de los casos puntuales que quedaron exceptuados de la Ley de Caducidad?
Debería serlo. En ese sentido la Corte dijo que la Ley de Caducidad no podía ser un obstáculo para la investigación de mi caso particular ni para otros en similar situación.

Entonces ¿qué debería hacer el estado uruguayo ahora?
Está en proceso la votación de un proyecto de Ley para dejar sin efecto la ley de Caducidad. En esto la Corte ha sido contundente y clara. Eso es lo que está en marcha.

La sentencia debería entonces allanar el camino para la aprobación de esta ley, si hubiera falta de voluntad política para votarla.
La sentencia dice que la ley de Caducidad carece de efectos. Y en el campo político el Frente Amplio ha mandatado a sus legisladores a votar la ley. Es de esperar que acaten ese mandato. Debería ocurrir una votación sin mayores inconvenientes, si bien es un tema que siempre genera discusiones, creo que la postura está clara. Ahora tiene que votar el Senado y después va a volver a la Cámara de Diputados, porque hubo modificaciones.

El fallo establece también que debe colocarse una placa en el SID, donde estuvo secuestrada tu mamá ¿Te satisface este tipo de reparaciones simbólicas? ¿Son importantes?
Son sumamente importantes. Yo expresé en ese sentido que la única reparación simbólica que para mí tendría algún valor es la relacionada con el lugar de detención de mi mamá, que en definitiva fue el único lugar en el que estuvo en Uruguay, o pensamos que es el único lugar. Para mí es muy importante lo que pasó en ese edificio, donde también estuvieron otros compañeros.

¿Qué pasa si Uruguay no cumple el fallo?
Tengo entendido que la Corte tiene mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de las sentencias. No puedo saber qué ocurriría, pero no está en mí pensar que no lo van a cumplir. El Estado ya manifestó ante la Corte que lo va a cumplir y es de esperar que lo haga.

¿Cómo viviste la decisión del tribunal en lo personal? Porque más allá de que esta sentencia abra un camino para Uruguay, también habla de la búsqueda de la verdad y de los responsables sobre el asesinato de tu mamá.
Obviamente conmociona mucho. En realidad tengo una sensación extraña y me cuesta expresarme al respecto. Es muy reciente. Estaba en Buenos Aires cuando me enteré y viajé casi en seguida para acá. Creo que esas cosas uno las analiza o se da la oportunidad de sentirlas realmente cuando tiene un poco de soledad y tranquilidad. Hasta ahora no me ha pasado. Por un lado es alentador, es satisfactorio lo que pasó y por otro habrá que ver cómo se siente uno respecto a esto.

¿Pudiste hablar con tu abuelo?
Hablamos por teléfono casi en seguida de que nos enteramos.

¿Y cómo fue?
Obviamente satisfactorio para los dos. Contentos... no sé si contentos es la palabra, pero sí satisfechos de que un camino tan costoso hubiese dado resultados.

¿Qué fue lo más importante del fallo para vos o lo que más te sorprendió?
Hubo muchas cosas importantes, entre ellas el reconocimiento de mi desaparición forzada por los 23 años que no conocí mi identidad. La determinación de la responsabilidad del Estado es algo muy significativo, el reconocimiento de la violación a todos los derechos que habíamos invocado... realmente tiene muchísimas aspectos para destacar y no creo poder abarcarlos a todos. Capta lo que nosotros planteamos. Sentí que tanto yo, como mi abuelo, como los testigos, fuimos escuchados. Sobre la causa judicial (sobre el asesinato de su madre), por ejemplo, dice que ya había excedido todos los plazos de razonabilidad y que aunque aparentemente la ley de Caducidad no era supuestamente un obstáculo, porque el caso estaba excluido, todos los problemas de la investigación residían en la ley de Caducidad. Es algo que, aunque parece muy fácil de entender, a veces es difícil de transmitir.

¿Qué puede o debe hacer el estado uruguayo sobre la búsqueda del cuerpo de tu madre?
Si yo fui encontrada por una investigación particular, sin todas las herramientas que tiene el Estado, el Estado debería hacerlo. Me planteaban hoy que cómo se podía hacer si los responsables no hablaban. Ese argumento es absurdo. Si resolver crímenes dependiera de que los culpables se declararan como tales, no se resolvería ningún crimen. Lo que hace falta es una investigación, si los responsables hablaran no haría falta. Lo principal acá es vencer la cultura del ‘no se puede’ antes de ver si se puede.

En ese sentido el fallo habla de la necesidad de abrir archivos, esa sería una punta para investigar.
Por supuesto. En realidad hay archivos a los que supuestamente se ha tenido acceso. La Corte decía en su sentencia que no está demostrado que en este caso eso haya sido un beneficio y que no está demostrado que se haya accedido efectivamente a la información, que si bien existe una ley de acceso a la información pública, si la información no está sistematizada y no está ordenada es muy difícil de encontrar, entonces no alcanza con abrir los archivos, tiene que haber un tratamiento de la información y hay que profundizar en ese tema porque es lo que sirve para las investigaciones.

Este fallo, que abre la posibilidad de hacer Justicia en Uruguay, se junta con los dos procesos que se están realizando en la Argentina que tratan sobre el secuestro y asesinato de tus padres y tu apropiación...
Respecto de la justicia en Uruguay, la podríamos obtener cuando la sentencia esté cumplida, ahí será la satisfacción absoluta. Pero por supuesto es una semana muy movida, muy fuerte: tenemos la sentencia del juicio de Orletti en Buenos Aires la semana que viene y que además ocurra en torno a estas fechas tan significativas realmente es una movida muy fuerte. Ayer (por el 24 de marzo) viajé a Buenos Aires para la inauguración del centro Fernando Ulloa, de asistencia a testigos víctimas y es toda otra dimensión que acá no existe. Uno no puede evitar hacer la comparación, sobre todo en mi caso, que voy de un lado a otro todas las semanas. Es muy satisfactorio el proceso que se está dando en la Argentina. Obviamente puede ser mejorado, como todo, pero creo que la apuesta es muy fuerte y se nota que hay una voluntad política y que se trata el tema como política de Estado.

¿Y cómo tomaste que el presidente José Mujica visitara a un militar preso que fue operado?
No me parece ni bien ni mal, no lo entiendo. Me gustaría poder entenderlo. Las señales son confusas. No termino de entender...o lo que entiendo quisiera no entenderlo, pero para mí esta situación es incomprensible. Me cuesta creer que haya sido solamente para comprobar su estado de salud. Si es así, hay muchos otros enfermos que también merecen que su estado de salud sea verificado.
27 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
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piedad córdoba denuncia persecución


Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En Colombia realmente no hay respeto por el sistema", dijo en declaraciones a Efe, "estoy muy afectada porque la persecución en Colombia es muy fuerte".
Colombia. La exsenadora colombiana Piedad Córdoba denunció hoy la "persecución" que sufre en su país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2003 le otorgó medidas cautelares para proteger su vida e integridad.
"En Colombia realmente no hay respeto por el sistema", dijo en declaraciones a Efe, "estoy muy afectada porque la persecución en Colombia es muy fuerte".
La exsenadora habló así después de presentar su caso ante la CIDH en una sesión de trabajo cerrada, durante el 141 periodo de sesiones públicas que celebra la Comisión y que se extenderá hasta el próximo 1 de abril.
Durante la audiencia los abogados expusieron que, a pesar de las medidas de protección dictadas, Córdoba ha sufrido "hostigamiento" por parte de las autoridades y opositores.
"El régimen es el mismo durante muchísimos años, y al que no lo mata, lo desaparece o lo acaba moralmente, como es el caso mío", lamentó la senadora, que dijo sentirse satisfecha del trabajo en favor de los derechos humanos durante más de 30 años.
Su abogado, Rafael Barrios, mencionó las escuchas de las que fue objeto por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal) de Colombia, que realizó una serie de escuchas ilegales a políticos, miembros de la oposición y periodistas.
Barrios, letrado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que lleva el caso de la exsenadora en Washington, indicó a Efe que Córdoba es una "víctima", que fue secuestrada en 1999 "y todavía no se ha hecho justicia" y ha sufrido robos recientes en su apartamento "de objetos personales y documentos relacionados con su actividad como senadora".
También sufre el "hostigamiento" cuando viaja al exterior, ya que según Barrios, es insultada en los aviones, ha sido escupida en algún aeropuerto, "aparentemente por ciudadanos pero que comulgan con el discurso de estigmatización pública de la senadora".
Además, señaló que de la decisión de la Procuraduría que la sancionó con la pérdida de su escaño parlamentario y la inhabilitó por 18 años para ejercer cargo público alguno es ilegal, ya que la decisión debería haber sido tomada por la Corte Suprema.
La senadora continuará con su agenda pública en la capital estadounidense el lunes, cuando participará en una conferencia sobre las perspectivas de paz en Colombia, organizada por The Washington Oficce on Latin America (WOLA).
27 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
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siguen matando a desplazados


El asesinato de tres líderes que luchaban por sus tierras evidencia que el gran desafío del proceso de restitución y de la ley de víctimas es proteger a sus beneficiarios.
Colombia. Mientras la ley de víctimas avanza en el Congreso y el gobierno adelanta su plan de restitución de tierras, los líderes comunitarios que las reclaman están cayendo bajo las balas. La semana pasada, tres más fueron asesinados, en Urabá y Montes de María. ¿Quién va a protegerlos y a asegurarse de que lo que el Estado les entregue no se lo quiten otra vez?
Al mediodía del miércoles 23 de marzo, David de Jesús Góez, de 70 años, cayó a tiros, a plena luz del día, en una zona comercial de Medellín. Representaba a 120 familias que perdieron 20.000 hectáreas en Tulapa, Turbo, en el Urabá, y había huido de la zona por amenazas de muerte.
Bernardo Ríos Londoño corrió igual suerte. El martes 22, a las 6:30 de la tarde, en un retén ilegal en Tierra Amarilla, en la vía hacia Apartadó, unos hombres armados lo fusilaron. Tenía 27 años y era miembro de la Comunidad de Paz.
El viejo David y el joven Bernardo son dos de los 42 líderes asesinados desde 2002 por reclamar tierras. Seis más han caído en lo que va del año, según Codhes, que solo incluye a desplazados. El departamento más afectado es Antioquia, con 14 asesinatos, casi todos en Urabá. La razón ha sido uno de los motores del conflicto en este país: "Tener un metro cuadrado en el Urabá es mejor que tener una mina, me dijo Vicente Castaño", como dijo el paramilitar ’HH’, en versión libre.
Otra de las zonas donde miles de personas sufrieron el despojo son los Montes de María. El tercer líder asesinado -también el miércoles 23- fue Éder Verbel Rocha, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en la región. Lo mataron a tiros cuando volvía de su finca, cerca de San Onofre. No intentaba recuperar su tierra, sino defender la que tenía: se había negado a venderla a un dueño de varias fincas que, se sospecha, tendría vínculos con el grupo de Los Urabeños. Uno de sus hermanos, Guillermo, ya había sido asesinado. "Hoy fue Éder, mañana puedo ser yo. Tenemos miedo", dijo a SEMANA uno de sus familiares.
Justo en Urabá y Montes de María, el Incoder está revocando títulos ilegales y haciendo actos simbólicos de devolución de tierras a los campesinos. A este claro mensaje del Estado responden brutalmente quienes expulsaron a los labriegos. Como dijo el presidente Juan Manuel Santos: "Son asesinatos hechos por gente que quiere detener la política del gobierno".
Lo que estas muertes ponen sobre el tapete es el peligro que amenaza a la ley de víctimas y al proceso de restitución de tierras: pueden aprobarse todas las leyes del mundo, pero de nada servirán si el Estado no protege a quienes reciban lo que los violentos les quitaron. De allí que uno de los capítulos más importantes de la ley de víctimas sea el de la protección que el Estado debe garantizar (Naciones Unidas pidió revisar profundamente los programas de protección).
El gobierno anunció que ha creado un centro de inteligencia, el CI2-RT, para evaluar las regiones donde se adelante la restitución y hacer mapas de riesgo. Una mesa internacional acompañará el proceso, con delegados en el terreno. El Ministerio de Defensa debe garantizar la seguridad de las comunidades y el del Interior, esquemas de protección para los líderes. Sin embargo, no pocos critican la tardanza del gobierno en crear una política efectiva de seguridad en torno a este tema. "No ha habido lentitud, estamos actuando ya pero hay que hacer un esfuerzo grande colectivo para lo que se viene", dice Rafael Guarín, viceministro de Defensa.
El director del Centro Internacional para la Justicia Transicional, Michael Reed, y el ponente de la ley, Juan Fernando Cristo, piden que las medidas de protección se consulten con las víctimas. Como dice el otro ponente de la ley, Guillermo Rivera, el proyecto anterior de ley de víctimas se cayó, en parte, con el argumento de que el gobierno no puede ponerle dos guardaespaldas a cada víctima ni militarizar cada predio que se entregue. No obstante, es necesario un plan de gran envergadura para impedir que lo que se devuelva sea expoliado nuevamente. Sin él, la ley de víctimas podría fracasar, cree Cristo.
Eso es lo que ponen de presente los tres asesinatos de la semana pasada. El proceso de restitución apenas empieza e incluso antes de beneficiarse de él, quienes lo lideran ya están siendo asesinados. La muerte de los líderes campesinos demuestra que el despojo fue real, que no ha terminado y que esta es una guerra a muerte.
27 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
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gadafi colaboraba con la cia


El régimen de Gadafi entregaba nombres de yihadistas a la CIA y al Reino Unido. Sarkozy financió su campaña electoral con dinero libio, pero luego lo traicionó.

Libia. El régimen del coronel Gadadi entregaba en secreto información a Gran Bretaña y a Estados Unidos sobre extremistas islámicos al este de Libia, de acuerdo a cables diplomáticos filtrados y fuentes de inteligencia.
Nombres de cientos de sospechosos fueron entregados a la CIA y a la inteligencia británica.
"Había una fuerte y compartida preocupación de Gadafi y los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido sobre los terroristas yihadistas sunníes, incluyendo al Grupo de Combate Islámico Libio (LIFG)", dijo al Times Paul Pillar, veterano de la CIA que negoció con Libia sobre su programa nuclear.
Cables diplomáticos obtenidos por WikiLeaks ofrecen un retrato del este de Libia como un terreno fértil para el radicalismo. Una fuente contó a oficiales estadounidenses en 2008 que para los jóvenes de Derna, una ciudad al este de Bengasi, "la resistencia contra las fuerzas de la coalición en Iraq era un importante acto de ‘yihad’ y un último acto de desafío al régimen de Gadafi".
Sin embargo, Vincent Cannistraro, ex director de la sección libia de la CIA, dijo que el coronel Gadafi había inundado a Occidente con acusaciones de terrorismo en el este de Libia.
"Gadafi refundió al LIFG con al Qaeda y eso obviamente llamó la atención de los estadounidenses y británicos que, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, buscaban ansiosos informaciones sobre terrorismo", dijo. "No había muchas fuentes y Gadafi estaba proporcionando datos de inteligencia, aunque su motivo era solamente protegerse a sí mismo".
Cannistraro reconoció que "a veces tienes que hacer negocios con gente mala". Pero agregó: "Gadafi es un criminal. No debe haber habido demasiada colaboración".
En contraste, Pillar sostuvo que la información había sido esencial. "Algunos regímenes retratan a sus opositores locales como parte de una trama terrorista más importante, pero este no era el caso. Han habido montones de libios en al Qaeda y entre la resistencia violenta en Iraq y en Afganistán".
Incluso entre los rebeldes que esperan derrocar ahora al régimen hay "fundamentalistas que causan preocupación", advirtió. "Creo que hay una gran posibilidad de que, si cae Gadafi, su influencia será mayor".
La CIA contactó por primera vez al coronel Gadafi a fines de los años noventa, sólo diez años después de que operativos de la inteligencia libia hiciera explotar el vuelo Pan Am 103 sobre Escocia. Se supone que la inteligencia británica se implicó más tarde, después de que el coronel Gadafi renunciara a las armas de destrucción masiva en 2003.
Seis años después, otro cable filtrado decía que "Libia se ha comportado como un importante aliado de las campañas antiterroristas de Estados Unidos y el país es considerado como nuestro principal aliado para combatir el flujo de combatientes extranjeros". El cable, enviado por la embajada estadounidense en Trípoli el 10 de agosto de 2009, enfatizaba que la "relación estratégica [entre Estados Unidos y Libia] ha sido altamente conveniente para ambas naciones".
Una fuente de la inteligencia británica confirmó que el M16 tenía estrechos contactos con el coronel Gadafi. "Supongo que nos daba solamente lo que quería", dijo la fuente. "Pero ahí también había información valiosa".
La estrecha cooperación política y de inteligencia continuó hasta el año pasado, pese a que, en 2009, el Departamento de Estado condenó a Libia por sus violaciones a los derechos humanos.
27 de marzo de 2011
22 de marzo de 2011
©the australian
cc traducción mQh

colombia, el salvador, honduras ante la cidh


La CIDH considera que esos tres Estados no han cumplido las recomendaciones contenidas en las decisiones de la Comisión.
Colombia. Se trata de los casos del periodista colombiano Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez Restrepo, atacado y amenazado por parte del Ejército, de las masacres de El Mozote y lugares aledaños en El Salvador, y de las muertes registradas en un incendio en un penal de Honduras, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia contra Colombia, se refiere al ataque que sufrió el periodista Vélez Restrepo el 29 de agosto de 1996 por parte de soldados del Ejército Nacional. Los hechos ocurrieron mientras el periodista filmaba una protesta en la que miembros de dicha institución golpearon a varios de los manifestantes, hechos documentados por el periodista.
A estos hechos siguieron amenazas de muerte contra Vélez Restrepo y su familia, que se intensificaron cuando intentó impulsar los procesos judiciales.
Tras sufrir un intento de secuestro, el 9 de octubre de 1997 Vélez Restrepo salió exiliado de Colombia y los hechos permanecen en la impunidad.
El caso se envió a la Corte el 2 de marzo.
La demanda contra El Salvador se relaciona con las masacres sucesivas cometidas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en el marco de un operativo militar del Batallón Atlacatl, junto con otras dependencias militares, en siete localidades del departamento de Morazán.
Las masacres, cometidas de manera indiscriminada y con extrema crueldad, dejaron aproximadamente un millar de personas muertas, incluyendo un alto número de niños, y constituyeron una de las manifestaciones más aberrantes de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la época por parte de la institución militar salvadoreña.
Estos hechos tuvieron lugar durante el período más cruel de las operaciones llamadas "contrainsurgencia", desplegadas de manera masiva contra civiles por el Ejército salvadoreño durante el conflicto armado, en abierto desconocimiento de los principios más básicos que inspiran el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, explicó la CIDH.
Debido a la vigencia de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, así como a reiteradas omisiones por parte del Estado salvadoreño, estos graves hechos permanecen en la impunidad.
No se han esclarecido judicialmente las masacres, ni se han dispuesto las sanciones correspondientes, a pesar de que un importante número de responsables ha sido identificado a través de diversas fuentes.
En años posteriores se realizaron algunas exhumaciones, pero las mismas no dieron lugar a la reactivación de las investigaciones, a pesar de reiteradas solicitudes a las autoridades correspondientes.
El caso se envió a la Corte el 8 de marzo.
Por su parte, el caso de Honduras trata de la muerte en un incendio de 107 presos en la bartolina o celda número 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, el 17 de mayo de 2004.
Estas muertes fueron consecuencia directa de una serie de deficiencias estructurales en dicho centro penitenciario que estaban en conocimiento de las autoridades competentes.
Las víctimas, acusadas de pertenecer a "maras", estaban aislados y confinados a un recinto inseguro e insalubre.
El Estado no ha emprendido la investigación de los hechos denunciados y la sanción de los responsables como un deber jurídico propio y de forma diligente.
El caso se remitió a la Corte el 11 de marzo.
27 de marzo de 2011
25 de marzo de 2011
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garzón asesorará a oea en colombia


El juez español Baltasar Garzón trabajará como asesor de la OEA en Colombia para Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP), que debe verificar la desmovilización e reinserción de paramilitares.
Colombia. El juez español Baltasar Garzón trabajará como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó este viernes una fuente del organismo interamericano.
La misma fuente aseguró que Garzón comenzará su cometido "cuanto antes" y que ahora están en curso "conversaciones" con el juez para precisar los términos y los detalles de su nuevo cargo.
La misión de la OEA en Colombia se creó en febrero de 2004 mediante una resolución y tras un acuerdo firmado un mes antes entre el Gobierno colombiano y el organismo interamericano.
La MAPP, con sede en Bogotá y otras trece oficinas regionales, tiene como fin apoyar el proceso de paz de Colombia y verificar la desmovilización y reinserción de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el marco de la Ley de Justicia y Paz, entre otros aspectos.
En febrero, la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, aseguró que el juez español "sería un candidato más que adecuado para colaborar como experto en esa misión".
27 de marzo de 2011
25 de marzo de 2011
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conspirando contra venezuela


¿Qué hacían exmilitares golpistas venezolanos en la Escuela de Inteligencia del Ejército colombiano? Cables de WikiLeaks dejan al descubierto encuentros secretos de los que el propio expresidente Uribe dijo estar sorprendido. Así fue el momento, según las comunicaciones, en el que las relaciones bilaterales pasaron a la paranoia.
Colombia. Tres episodios relatados en las comunicaciones de la embajada de Estados Unidos, muestran el increíble grado de desconfianza que se dio entre Venezuela y Colombia, en los momentos de tensión de los últimos años.
El primero de ellos fue en diciembre de 2005. En ese momento se especuló sobre una supuesta reunión en la que funcionarios de Colombia conspiraban con exmilitares del vecino país para tumbar al presidente Chávez. Tras el incidente, el presidente Uribe regañó al director del DAS Andrés Peñate y éste, bastante molesto por la reprimenda, le contó a la Embajada los detalles de lo ocurrido.
Según Peñate, el presidente Chávez venía acusando al DAS y a la CIA de conspirar contra él y en una reunión le volvió a poner la queja a Uribe. Éste le pidió evidencia y el ministro del interior venezolano, Jesse Chacón, le entregó a la canciller de Colombia, Carolina Barco, una dirección y una foto en Bogotá, de la "oficina secreta donde los militares colombianos y agentes de la CIA estaban conspirando". Chacón le dijo a Barco que su gobierno podía probar que era una sede secreta de la CIA porque habían visto carros de la embajada de Estados Unidos entrando y saliendo.
El presidente Uribe, tras una reunión de Chávez en Santa Marta, admitió que exgolpistas habían visitado una sede militar y dijo públicamente que "el gobierno de Colombia no permite que nadie aquí vaya a armar conspiraciones contra un gobierno democrático".
Barco le entregó la información a Peñate y cuando éste vio la foto se dio cuenta de que se trataba de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Llamó al director de la Escuela y le preguntó si exmilitares venezolanos lo habían visitado y este le respondió que son invitados "muchas veces" para dar su visión sobre las fuerzas armadas de Venezuela, su relación con Chávez y que habían sido la fuente de informes preparados por el Ministerio de Defensa. Con esa aclaración, Peñate pensó que podía dar una mejor explicación y salió públicamente a decir que los encuentros fueron "mal interpretados" que eran solo "encuentros con propósitos académicos".
El presidente Uribe se molestó, dijo Peñate a los de la Embajada, porque lo ponía en una situación difícil frente a Chávez. "¿Acaso vamos a decir que estábamos en una reunión académica, con unos militares golpistas?", dijo el Presidente en público y le pidió al DAS "dejar de teorizar tanto y dedicarse a capturar bandidos".
Curiosamente, Peñate no cree del todo en sus propias palabras, pues le comenta al agregado político de la embajada que usó deliberadamente la palabra "académico" porque no quería revelar que esos encuentros eran para acopiar inteligencia y le admitió además que dado la "proclividad de sus predecesores" él no podría asegurar definitivamente si ellos estaban teniendo alguna "discusión no autorizada" con los venezolanos.
El segundo episodio fue en febrero de 2008. Colombia estaba interesada en modernizar su flota de submarinos con el fin de tener equipos para enfrentar la estrategia de los narcotraficantes de usar semi sumergibles, con el fin de buscar una tecnología compatible con la que usa Estados Unidos y en preparación ante una eventual amenaza regional. Para eso exploraban comprar submarinos equivalentes a los AN/BYG-1 o SUBICS 9000. Frente a posibles suspicacias que se podían despertar en Venezuela se hizo una solicitud "invisible" bajo el título de "actualización de los sistemas de submarinos actualmente utilizados". Aún así, según la Embajada, la "retórica hostil de Chávez" podía generar pronunciamientos de él diciendo que esto sería una "prueba de la conspiración en su contra por parte de Estados Unidos y Colombia". Pero terminan recomendando que aún con ese riesgo, continúen con el procedimiento pues, con o sin compra, Chávez va a seguir haciendo esas acusaciones. Y Finalmente se recomienda que se apruebe la solicitud hecha por la Armada colombiana.
El tercer hecho ya raya en lo absurdo. En diciembre de 2009 una singular cita diplomática se dio en Caracas. La entonces embajadora de Colombia en ese país, María Luis Chiappe, buscaba hablar con el embajador de Estados Unidos, sobre la situación de unos mineros ilegales que eran perseguidos por Venezuela en su frontera. Chiappe, buscó de común acuerdo que la cita fuera en la residencia de la consejera política de la embajada de México, "con el propósito de que no la vieran entrando a la Embajada de Estados Unidos en Caracas", relata el cable.
Chiappe si bien entendía que Venezuela estaba en todo su derecho de deportar a los trabajadores que vivían y trabajaban ilegalmente allí, manifestó su preocupación por que se les respetara los derechos humanos en los operativos de persecución, pues tenía información de que se le había impedido el ingreso a un equipo de la Cruz Roja. Pero la otra preocupación "del gobierno colombiano", según el cable, era que "Venezuela podía intentar acusar a los mineros de paramilitares, o de tener alguna otra nefasta intención".
26 de marzo de 2011
25 de marzo de 2011
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