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piden renuncia de fuentealba


Diputados piden renuncia del Comandante en Jefe del Ejército por dichos sobre indulto a violadores de derechos humanos.
[Ricardo Salazar] Valparaíso, Chile. Diputados de la Comisión de Derechos Humanos exigieron la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, Juan Manuel Fuentealba, por sus dichos acerca de la igualdad ante la ley de todos los chilenos en vista del proyecto de indulto, presionando para incluir a ex militares condenados crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el Gobierno respaldó al uniformado afirmando que puede opinar "como cualquier ciudadano" y nos descartó incluir los "perfeccionamientos que plantea Fuentealba en la ley".
Los declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Manuel Fuente Alba, generaron una serie de reacciones políticas acerca de la obediencia y no deliberancia de las Fuerzas Armadas en las decisiones del Estado.
El martes, cuando el Ejecutivo anunció el proyecto de indulto excluyendo a violadores de derechos humanos, Fuentealba señaló en el Congreso que "en la Constitución Política de la República todos los chilenos tenemos una condición de igualdad ante la ley y que es un principio constitucional que me parece interesante de tener a la vista, pero respecto del proyecto no me voy a referir".
Sus declaraciones no pasaron inadvertidas entre los parlamentarios de oposición, quienes acusaron que es ilegítimo que Fuentealba se pronuncie sobre un proyecto de ley.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda,  recalcó que "las Fuerzas Armadas tienen que guardar silencio frente a la contingencia política. A mí me extraña que el general hoy día esté opinando en esto, pero las FFAA tienen que guardar obediencia y silencio frente a lo que está ocurriendo, sobre todo en temas legislativos, que son tan delicados".
Una molestia mayor se generó entre los parlamentarios de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara. El presidente de esta instancia, el diputado PC Hugo Gutiérrez, señaló que el titular del Ejército debe renunciar debido a que está representando intereses de grupos privados.
"Lo que está haciendo Fuentealba sin duda es instar al Ejecutivo a que incluya a los que violaron los derechos humanos dentro de los beneficios carcelarios. Esa presión es ilegítima, ilegal y el Presidente de la República debería pedirle cuenta de sus dichos. Lo insto a que mejor presente su renuncia, que se vaya del Ejército y asuma la vocería de los militares en retiro y que violaron los derechos humanos, tal cual lo sostuvo el Poder Judicial chileno", afirmó Gutiérrez.
Mientras tanto, el diputado PS Fidel Espinoza, quien es integrante de la comisión, dijo que este tema debe ser tratado en el Parlamento y el ministerio de Defensa, ante la gravedad del caso.
"El Comandante en Jefe del Ejército se equivoca en su actitud y con eso violenta el alma de los chilenos que sufrieron violaciones a los derechos humanos y de la ciudadanía en su conjunto. Tiene razón en que son chilenos, pero se olvida que son chilenos, pero asesinos. Haré saber esta situación en la comisión de DD.HH. y pediremos que el ministro Allamand tome cartas en el asunto porque es sumamente grave", manifestó Espinoza.
La comisión de Derechos Humanos puede solicitar oficios de información, tanto el Ejército, como al Ministerio de Defensa, o en su defecto, citar al titular de la cartera, Andrés Allamand o al comandante en Jefe del Ejército, para que se haga cargo de sus polémicos dichos.
Sin embargo, desde el Ejecutivo, a través del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, no tardaron en respaldar al uniformado.
Haciendo caso omiso de que se trata del Comandante en Jefe del Ejército, Larroulet señaló que "todo ciudadano, cualquiera sea su cargo, tiene derecho a plantear perfeccionamientos a las iniciativas legales".
El ministro fue más allá y se abrió a la posibilidad de acoger la petición de indulto para ex militares condenados. "Obviamente estamos abierto a que haya perfeccionamientos a esa iniciativa legal en el Parlamento, como la que plantea el general Fuentealba", sostuvo.
En la misma línea, el Presidente Sebastián Piñera afirmó en España que "cuando se habla de razones humanitarias no se puede hacer ninguna distinción por el hecho de ser civil o militar" y aclaró que buscarán incorporar en la tramitación del proyecto en el Congreso el indulto para mayores de 80 años y enfermos terminales.
Ayer, los parlamentarios de la Alianza, María Angélica Criti (UDI) y Alberto Cardemil (RN) manifestaron públicamente su "molestia" con el Ejecutivo por no considerar a los ex militares violadores de derechos humanos en el proyecto que busca descongestionar las cárceles.
10 de marzo de 2011
©radio udechile

cheyre defiende indulto a pinochetistas


General (r) Juan Emilio Cheyre respalda dichos de Fuente Alba y califica de "injusta" la propuesta de indulto. Entrevista exclusiva con Radio Universidad de Chile.
[Juan San Cristóbal] Santiago, Chile. "Es una injusticia aplicar una medida para unos y otros no", afirmó el ex comandante en jefe del Ejército, quien apoyó el argumento de "igualdad ante la ley" esgrimido por el actual líder militar. Cheyre señaló que hoy el país vive una situación distinta, que permite el indulto a procesados por violaciones a derechos humanos, pues no representan "un peligro para la sociedad".
El ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, manifestó su concordancia con la posición de Juan Manuel Fuente-Alba, actual líder de la institución, quien señaló que "todos los chilenos tenemos igualdad ante la ley", frente a la exclusión del proyecto de indulto que prepara el Gobierno de ex militares encarcelados por violaciones a los Derechos Humanos.
"Comparto la opinión del comandante en jefe del Ejército, él indicó dos palabras; ciudadanos y chilenos, entonces debe primar el sentido de igualdad ante la ley, eso es también lo que ha señalado el Presidente Piñera y también hace poco lo escuché del senador Jorge Burgos", declaró Cheyre en el programa El Megáfono de Radio Universidad de Chile.
El general (r) agregó que "es una injusticia aplicar una medida para unos y otros no, ahora si hay un asunto de compromiso con principios universales de derechos humanos, no creo que sea adecuado indicar a gente con grados inferiores como grandes criminales".
Respecto a la posición del Ejército, Juan Emilio Cheyre indicó "que esta institución ha trabajado más que nadie por esclarecer los casos". Incluso, cuestionó el actuar de la Justicia al declarar que "los tribunales se hicieron los ciegos sordomudos durante tantos años, negando cualquier diligencia que pudiera salvar vidas en ese entonces".
Cheyre recalcó que ninguno de los militares que hoy están encarcelados  " constituye un peligro para la sociedad, porque las circunstancias en las que cometieron los delitos pasaron, las organizaciones en las que se escudaron pasaron, el terrorismo de Estado pasó, entonces no hay puerta giratoria, yo no digo que sean santos, si están condenados es por algo".
En esta dirección, Cheyre señaló que fue contactado por parlamentarios "de todos los sectores" mientras ejercía la comandancia en jefe buscando apoyo a planes de indultos estudiados durante la Concertación. Entre ellos, destacó a Ricardo Nuñez y Hernán Larraín, a quienes negó, según dijo, tajantemente su colaboración ante una iniciativa que busque suprimir las condenas que hoy existen en materia de derechos humanos.
10 de marzo de 2011
©radio udechile

ratifican condena contra lópez cabrales


Corte Suprema ratifica condena contra López Cabrales por parapolítica. La Corte Suprema ratificó la condena contra el exsenador cordobés Juan Manuel López Cabrales por nexos con paramilitares.
Colombia. El excongresista Juan Manuel López Cabrales perdió la batalla jurídica que libraba para salirle al paso a la condena que paga por parapolítica, luego de que la Corte Constitucional se negara a anular el fallo.
El exparlamentario había sido hallado culpable del delito de concierto para delinquir agravado, derivado de su comprobado vínculo con paramilitares de Bloque Norte.
En 2008, López Cabrales había sido sentenciado a seis años y dos meses de cárcel y al pago de más de 920 millones de pesos por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que dio cuenta de la alianza existente entre el dirigente y el excomandante paramilitar.
Según la alta corporación, el político liberal ultimó detalles para que el cuñado de Mancuso fuera nombrado en el cargo de secretario de Salud del departamento de Córdoba.
Adicionalmente, López Cabrales fue uno de los firmantes del llamado ’Pacto de Ralito’, en Córdoba, un acuerdo firmado en junio de 2003 entre paramilitares y dirigentes políticos, que buscaba un frente común para defender un proyecto de Estado Nación en Colombia.
10 de marzo de 2011
9 de marzo de 2011
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condenan a fiscal valencia cossio


De fiscal a condenado: el fallo contra Valencia Cossio. La Corte Suprema condenó al exdirector seccional de Fiscalías de Medellín por su complicidad con grupos criminales de Antioquia a una pena de 15 años de prisión.
Colombia. La Corte Suprema de Justicia hizo pública la decisión de condenar al ex fiscal Guillermo Valencia Cossio a 15 años de cárcel los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y falsedad por sustracción, supresión y ocultamiento de documento público.
Según el fallo de la Corte, Valencia Cossio se "comprometió en actividades ilícitas" con Freddy Manco Torres alias ‘El Indio’ y la organización criminal de Daniel Rendón Herrera alias ’Don Mario’ a través del empresario Felipe Sierra.
En su condición de Director Seccional de Fiscalías de Medellín, establece la Corte, Valencia Cossio puso en duda "las fuentes de inteligencia con base en las cuales a Jhon Fredy Manco Torres se le ubicó como el segundo al mando de la organización armada ilegal (de alias ’Don Mario’) y fue, precisamente su injerencia ante quienes intervenían en ese cometido lo que logró tal situación".
Por tal razón, argumenta la Corte, el ex fiscal puso su labor como funcionario público "al servicio de los intereses delincuenciales de una organización armada al margen de la ley" y por tal servicio, fue compensado con una cuatrimoto y 150 millones de pesos.
Sobre el dinero, el Alto Tribunal confirmó que Valencia Cossio incrementó su patrimonio de manera ilícita al "recibir de manera asidua beneficios económicos por cuenta de la… agrupación criminal compuesta por Jhon Fredy Manco Torres y Juan Felipe Sierra Fernández, entre otros, pues a través de estas personas conseguía dineros y bienes muebles que indudablemente contribuyeron a acrecentar su patrimonio durante el periodo en que se desempeñó en dicho cargo público".
"Valencia Cossio, apoyado en el ejercicio de su función pública obtuvo una cuatrimoto avaluada en 40 millones de pesos, además de que recibió de la organización delincuencial la suma de 150 millones, sin
dejar pasar por alto que también fue beneficiado con bienes y servicios que invirtió en la finca la Elvira y que, en general acrecentaron de manera ilícita su haber patrimonial" señaló la Corte.
Además de los cargos por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, el AltoTribunal condenó al ex fiscal por supresión de documento público en cuanto incidió de manera directa en la exclusión de alias ‘El Indio’ del organigrama de la banda de ‘Don Mario’ elaborado por la Policía Nacional en 2008.
Según la Corte, Valencia Cossio incurrió "en un comportamiento de "persuasión" ante el General Pedreros para que finalmente impartiera la orden de excluir a alias El Indio del multicitado organigrama" .
La decisión de la Corte coincide con la petición de la Fiscalía de condenar a Valencia Cossio por los tres delitos por los que se le procesaba; la Procuraduría había pedido que se le condenara solo por uno: concierto para delinquir y que se le absolviera por los otros dos.

El Caso contra Valencia Cossio
El escándalo de la complicidad del exdirector de Fiscalía y los paramilitares, comenzó en 2008 cuando la revista Cambio reveló que John Fredy Manco Torres, ’el Indio’, un desmovilizado de las Auc que se convirtió en el segundo de ’Don Mario’, había desaparecido de la lista de los cabecillas de la tenebrosa organización.
En la crónica de la revista, destapó que en junio de 2006, un fiscal antinarcóticos estableció que ’Don Mario’, ’el Indio’ y otros narcotraficantes hacían parte de una red que exportaba cocaína desde Turbo hacia Europa. La organización tenía enlaces colombianos en el exterior, entre ellos Juan David Naranjo, hermano del director de la Policía, general Óscar Naranjo, y quien fue capturado el 27 de abril de 2006 en Alemania.
En desarrollo de la investigación, el Fiscal pidió autorización para interceptar las comunicaciones telefónicas de decenas de sospechosos y muy pronto aparecieron en el radar de los investigadores los nombres de Camilo Torres, ’Fritanga’; John Manco Torres, ’el Indio’, y Juan Felipe Sierra, un empresario de Medellín socio mayoritario de Control Total Ltda., una empresa de vigilancia y seguridad que funciona en Envigado con una nómina de más de 1.000 personas.
En las interceptaciones surgió el nombre de Guillermo León Valencia Cossio, director seccional de la Fiscalía en Antioquia. El funcionario apareció como interlocutor de Sierra en numerosas conversaciones sobre fincas, viajes, dinero, mujeres, envío de documentos y en tres de las cuales se mencionaba a Fabio Valencia Cossio, el nuevo ministro del Interior.
Según Cambio, en una de ellas, grabada el pasado 13 de junio de 2006, Sierra le dice a Valencia Cossio que John Manco Torres, ’el Indio’, está furioso porque su nombre aún aparece en el organigrama de ’Don Mario’. "Oiga hermano, ¿sabe con quién estamos caídos?", le pregunta Sierra a Valencia. El Fiscal le repregunta que con quién y Sierra responde: "Con ’el Indio’ porque no hemos hecho eso que dijimos que íbamos a hacer y él supo que repartieron eso por allá. Hay que hacerle a eso".
Una semana después, el 20 de junio, Sierra habla en tres ocasiones con Valencia Cossio. En la primera, el Fiscal le pregunta por la identidad del número tres de la organización de ’Don Mario’ (a juicio de los investigadores, lo hace con la intención de "ascenderlo" y sacar a ’el Indio’).
Cinco minutos más tarde, Sierra y Valencia vuelven a hablar. Sierra pregunta sobre la gestión para eliminar a ’el Indio’ de la estructura de ’Don Mario’ y Valencia le responde: "Listo, todo listo. Yo mismo estaba ahí cuando lo sacaron y coincidió con la llegada de un coronel de esos de Inteligencia y reconfirmó lo que nosotros decíamos. Es para que le diga al muchacho (...) quedamos como unos príncipes". Poco después, Sierra se comunica con Valencia y le dice que ’el Indio’ le agradece el favor y le envía abrazos.
En las conversaciones también se revela que los fiscales Valencia y Perla Dávila (de Montería) hablan de montar un operativo con el general Marco Antonio Pedreros, entonces Comandante de la Policía de Antioquia, para justificar un viaje al nudo del Paramillo.
Con esas evidencias, el lunes 4 de agosto de 2008, la Fiscalía decidió actuar y en una operación relámpago capturó en Cartagena, Medellín y Montería a Sierra, a Torres y a Manco.
La Fiscalía mostró a Juan Felipe Sierra como "el enlace entre los narcotraficantes y diferentes autoridades de los departamentos de Antioquia y Córdoba". En la misma operación, capturaron a ‘el Indio’ quien perteneció a las disueltas Auc y quien formó el llamado grupo "Héroes de Castaño", para reemplazar las estructuras paramilitares que dejó la desmovilización; y Camilo Torres Martínez alias ‘Fritanga’ o ‘Mentira’ quien según las autoridades pertenecía a una banda de narcotraficantes que actúa en el golfo caribeño de Urabá. A Sierra el Gobierno lo extradito en Estados Unidos en donde enfrenta un proceso por narcotráfico.
Una vez detenidos los narcoparamilitares, la Fiscalía trasladó a Valencia Cossio a Tunja y lo capturó en esa ciudad el 27 de septiembre de 2008.
En su momento, a través de la emisora La W, el general Marco Antonio Pedreros, ex comandante de la Policía de Antioquia, dijo que no sabía de las investigaciones que había sobre Sierra por narcotráfico y se defendió con el argumento de que en el sistema judicial hay unidades investigativas que no conocen los procesos que se llevan en otros organismos.
Valencia no fue cualquier funcionario. Durante cinco años fue el director encargado de la Fiscalía seccional de Medellín. Era el encargado de administrar la Fiscalía en Medellín y Antioquia, y de liderar la lucha contra las organizaciones criminales. Además, es hermano del anterior ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.
10 de marzo de 2011
©verdadabierta

condenas por masacre de pueblo bello


Condenan a dos exparamilitares por la masacre de Pueblo Bello. Un juez de Derechos Humanos condenó a 30 años de prisión a alias ‘Memo’y ‘Marlon’ por haber participado en la desaparición de 43 personas, ocurrida en 1990. Ejército colombiano colaboró con planes de paramilitares.
Colombia. Un nuevo fallo en la justicia lograron los familiares de las 43 personas desaparecidas por los paramilitares en enero de 1990 en Pueblo Bello, municipio de Antioquia.
Un juez de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario condenó a 30 años de prisión  a los exparamilitares Manuel Arturo Salom Rueda alias ‘William’ y Jesús Aníbal García Hoyos alias ‘Marlon’, después de considerar que fueron responsables de una de las desapariciones forzadas más grandes en la historia de Colombia.
Según la Fiscalía, los exparamilitares cometieron los delitos de homicidio múltiple agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir y terrorismo en esta masacre, que el 31 de enero de 2006 fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado tuvo que pedir perdón público a las víctimas e indemnizarlas con 12.500 millones  de pesos.
La masacre fue ordenada por Fidel Castaño en venganza a la pérdida de 42 reses de una de sus fincas en Córdoba a finales de 1989. Según lo investigado por la Fiscalía, Castaño les ordenó a 60 hombres de su grupo paramilitar llamado ‘Los Tangueros’ asesinar y desaparecer a igual número de personas en Pueblo Bello, porque supuestamente los habitantes de ese municipio habían colaborado a la guerrilla para facilitar el robo del ganado. En su fallo, la Corte Interamericana dijo que el Estado era culpable por omisión, al no tomar las medidas oportunas y eficaces para desactivar los grupos paramilitares que delinquían en el Urabá antioqueño.
El 13 de enero de 1990 ‘Los Tangueros’ llegaron a las ocho de la noche a Pueblo Bello y cumplieron la orden de Castaño. Secuestraron a 43 personas, entre ellas tres menores de edad, y las trasladaron a una finca llamada San Mónica, donde las interrogaron utilizando técnicas de tortura. El 15 de enero, cuando los familiares de las víctimas denunciaron la desaparición a las autoridades, un militar les respondió que los hechos "habían sido un cambio de gente por ganado", refiriéndose a la orden dada por el jefe paramilitar.
En sus relatos, los familiares de las víctimas denunciaron que los paramilitares ingresaron al pueblo con complicidad del Ejército, ya que no fueron retenidos en los puestos de control que había en la zona.  Una semana después de la masacre, según contaron, militares que llegaron al pueblo en un helicóptero le ofrecieron $50 mil pesos a cada familia para comprar su silencio.
Los dos exparamilitares condenados fueron cercanos a Fidel Castaño. Según la Fiscalía, alias ‘William’ fue instructor de autodefensas en las fincas del exjefe paramilitar, mientras alias ‘Marlon’ fue el escolta de Fidel Castaño.
El juez que emitió la condena compulsó copias a la Fiscalía para que los dos desmovilizados sean investigados además por el delito de desaparición forzada. Después de 21 años, 37 cuerpos siguen desaparecidos.
9 de marzo de 2011

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doce mil falsos paras desmovilizados


Sabas culpó a Restrepo de meterle 12.000 paras. Los cables diplomáticos revelados por Wikileaks dejan ver que las desmovilizaciones fueron motivo de conflicto en el gobierno Uribe. Dudas por armas, combatientes y algunos colados en el bloque Cacique Nutibara.
Colombia. El escándalo que hoy se ha suscitado por los presuntos engaños y colados en los procesos de desmovilización de diversos frentes de los grupos paramilitares, y también del denominado bloque Cacica Gaitana, de las Farc, ya había sido advertido por las autoridades y la comunidad internacional en 2006. Las pruebas están contenidas en reportes diplomáticos desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en los cuales quedaron al desnudo las dudas y diferencias entre allegados a estas desmovilizaciones por lo que estaba sucediendo.
En concreto, el 28 de junio de 2006, la Embajada de Estados Unidos remitió un cable diplomático consignando las opiniones del director de la Misión de la OEA, Sergio Caramagna, en torno a las últimas incidencias del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, y en él quedaron claras, una vez más, las desavenencias entre el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt, con el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, precisamente respecto a las desmovilizaciones y los ofrecimientos a los jefes paramilitares.
Caramagna indicó que la relación entre Pretelt y Restrepo estaba de mal en peor, y la razón eran sus mutuos reclamos. El ministro Sabas Pretelt culpaba al comisionado Restrepo de haber metido a 12.000 paramilitares más de los que el Gobierno estimaba; y a su vez Restrepo responsabilizaba a Pretelt de estar haciendo promesas a los paramilitares que el Gobierno no podía cumplir. El delegado de la OEA insistió en su sorpresa de que las negociaciones con los distintos bloques de autodefensas se estuvieran dando por separado.
Pero Caramagna fue mucho más allá y comentó que el ministro Pretelt había manifestado que, a pesar de la decisión de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad condicionada de la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno iba a buscar cómo preservar sus principios. El delegado de la OEA reconoció que nada había unido más a los jefes paramilitares que ese fallo de la Corte Constitucional, pero que los líderes de las autodefensas reconocieron que para ese momento ya muchos de sus hombres ni siquiera se reportaban con ellos.
El cable concluyó citando las preocupaciones de Sergio Caramagna respecto a comentarios atribuidos a Vicente Castaño. El jefe paramilitar le había advertido que más de 200 desmovilizados de rango medio que esperaban que el proceso se cayera en la Corte, estaban proponiendo un atentado contra el Estado y un retorno a las actividades criminales, incluyendo el secuestro, para obtener reconocimiento político del Gobierno. Los jefes ‘paras’ estaban atentos de lo que el Ejecutivo estaba dispuesto a ofrecer a la guerrilla de las Farc.
Pero no fue el único cable diplomático de la época que dejó entrever los dilemas causados por las desmovilizaciones. El 20 de junio de 2006, la Embajada de Estados Unidos envía un informe sobre las armas que fueron entregadas por los grupos paramilitares, e incluye en el reporte las inquietudes de los analistas en el sentido de que muchas de esas armas hubiesen sido entregadas a manos criminales. Ya entonces quedaba en evidencia que al parecer sólo 15.000 de los 30.000 desmovilizados fueran realmente del ala armada de las Auc.
El cable contiene información  sobre las armas y, por ejemplo, expresa que mientras el Bloque Norte aportó hasta tres por militante, en las autodefensas de Puerto Boyacá y el Bloque Central Bolívar hubo hasta cuatro por paramilitar. El cable refiere que, según analistas, alrededor de 4.000 no fueron entregadas y que se clasificaron armas de origen ruso, norteamericano, búlgaro, de Corea y de Polonia. Y armas venezolanas, lo cual evidenciaba que no sólo las Farc se proveían de armas del vecino país.
Con anterioridad —en abril de 2006—, la Embajada de Estados Unidos había remitido otro cable diplomático, producto de una reunión entre un senador norteamericano y un defensor de derechos humanos de Colombia, donde este último le advertía a su interlocutor que el proceso de desmovilización de las autodefensas no era serio y que existían innumerables denuncias sobre asesinatos del paramilitarismo después de iniciado el proceso de paz. El cable destacó las críticas por el manejo de las estadísticas por parte del Gobierno.
En general, más allá de los cables diplomáticos y las revelaciones de Wikileaks, desde el mismo momento de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 en La Ceja (Antioquia), surgieron dudas. En su momento, El Espectador publicó en su edición del 30 de noviembre de 2003 un informe de su enviada especial María Alejandra Villamizar, titulado "Un as bajo la manga en el proceso de La Ceja", donde quedó referido cómo mucha gente que asistió a la desmovilización del Cacique Nutibara quedó con la sensación de haber sido engañada.
Según el informe periodístico, las armas que fueron entregadas no eran las mismas que se habían visto antes; y un conocedor del  Cacique Nutibara observó que no habían aparecido los fusiles de doble mira con que acostumbraban patrullar en Medellín. Varios informes de derechos humanos de la misma época registraron también que durante la desmovilización del bloque Cacique Nutibara se habían reclutado jóvenes únicamente para que participaran en la ceremonia de desmovilización, recibiendo a cambio beneficios económicos.
Aun así, a mediados de 2006, la Embajada envió un reporte sobre  14.078 desmovilizados. El informe quedó encabezado por los 868 combatientes del Cacique Nutibara, y la clasificación incluyó las desmovilizaciones de frentes encabezados por Hébert Veloza, José María Barrera, Guillermo Torres, Luis Eduardo Cifuentes, Salvatore Mancuso, Juan de Dios Úsuga, Jairo Angarita, Alcides de Jesús Durango, Diego Vecino, Don Berna, Pablo Sevillano, Daniel Mejía, Francisco Zuluaga, Vicente Castaño, Diego Martínez, Julián Bolívar, Luis Tuberquia, Ernesto Báez y Macaco.
Lo paradójico es que examinando hoy esa misma lista, así como aparecen jefes paramilitares que terminaron extraditados a Estados Unidos, otros que siguen presos en Colombia y unos más que murieron asesinados, se incluye a Juan de Dios Úsuga, como el principal líder del bloque Calima del Pacífico. Aunque en su momento dicha estructura paramilitar aparecía bajo el mando de Hernán Hernández, hoy Úsuga encabeza las listas de los hombres por capturar, dada su vinculación con las hoy llamadas bandas criminales o bacrim.
En síntesis, los cables de Wikileaks demuestran que, tal como hoy lo están reconociendo jefes paramilitares como El Alemán, El Tuso Sierra, el exsecretario de alias Gordo Lindo y H.H., en los actos de desmovilización del paramilitarismo se metieron muchos goles. De hecho, siempre se tuvo claro que Gordo Lindo, El Tuso y los mellizos Mejía Múnera, se colaron para tratar de lograr sombra en el proceso de paz con el gobierno Uribe, a pesar de que sus actividades siempre estuvieron relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Desmovilizaciones en Entredicho
El escándalo de las presuntas desmovilizaciones ficticias que tiene hoy al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo en la mira de la Procuraduría, que decidió ayer  abrirle indagación preliminar en su contra por las presuntas irregularidades y faltas disciplinarias en ese tema,  empezó cuando los desmovilizados José Alfredo Pacheco y Luis Eduardo Montero aseguraron que el desarme del bloque Cacica Gaitana de las Farc y del bloque Cacique Nutibara de las Auc, en marzo de 2006, fue un fraude. En febrero, fecha en la que este diario publicó los cables de Wikileaks que señalaban lo mismo, un fiscal de Justicia y Paz pidió abrir investigación contra el excomisionado Restrepo, entre otros, por la supuesta mentira. A estos testimonios se sumó el del exjefe ‘para’ Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, quien afirmó esta semana que en  2005 dos bloques de las Auc  fueron un montaje que protagonizaron mototaxistas, vagos y quienes querían ganarse $450 mil. Asimismo, el excomandante ‘para’  Hébert Veloza ,alias ‘HH’, lleva dos días asegurando  que la desmovilización del bloque Granada estaba llena de narcotraficantes que pretendían recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, y que el Gobierno sabía que muchos de esos grupos acababan de surgir. Por su parte, Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordolindo’, denunció desde 2008 que el bloque Pacífico que se desmovilizó no eran  sólo por paramilitares.
10 de marzo de 2011
9 de marzo de 2011
©el espectador

citación con rótulo equivocado


Críticas al tribunal de la causa ESMA porque convoca a testigos que deberían declarar como acusados. Juran decir la verdad, pero a la vez pueden evitar autoincriminarse. Mañana está convocado Rafael Carlos de Elía, quien ya está imputado en la causa.
[Alejandra Dandan] Argentina. Pese a la oposición de los organismos de derechos humanos que integran las querellas, pese a la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y al requerimiento de indagatoria de la fiscalía de Eduardo Taiano, el Tribunal Oral Federal 5 convocó a declarar –para mañana viernes– como testigo en el juicio oral por la ESMA al marino Rafael Carlos de Elía. De Elía fue subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora de 1977 a 1979, y jefe interino durante un período de cuatro meses. La base aeronaval, que estaba a una hora de vuelo de la ESMA, tenía el personal, los instrumentos técnicos y logísticos para los traslados de los cautivos del centro clandestino. De Elía, que es experto en hidrografía naval, está imputado en la megacausa ESMA porque bajo sus órdenes se hallaba el piloto Emir Sisul Hess, con procesamiento confirmado por la Cámara de Apelaciones, por su intervención en los vuelos de la muerte.

La Polémica
La citación a De Elía se produjo cuando las querellas están cuestionando la participación de varios marinos como testigos convocados por las defensas. Su caso es tal vez uno de los más paradigmáticos. Hace unas semanas, sin embargo, declaró Ramón Antonio Arosa, jefe de la Armada entre 1983 y 1989 y quien aunque fue jefe de la democracia escaló posiciones durante la represión. Durante su testimonio dijo aquello de que el operativo de inteligencia de Alfredo Astiz en la Iglesia de la Santa Cruz resultó "exitoso", pero que la Armada se equivocó al no esconderlo y enviarlo enseguida a París.
Pese a eso, el caso que disparó la polémica a comienzos de febrero fue el de De Elía, que debía presentarse en ese momento. Las querellas de los organismos de derechos humanos, que suelen mantener posiciones distintas frente estos testigos, en este caso aparecieron encolumnadas.
El problema es que una persona que se presenta a declarar en calidad de testigo está obligada a decir la verdad, bajo juramento. Al comienzo de la audiencia, debe escuchar al presidente del tribunal que le pregunta si tiene un interés específico con el resultado de la causa o su interés es que se haga justicia. En general, todo el mundo responde que el interés es el de la justicia. Pero por su vínculo con Hess, la respuesta de De Elía podría ser bastante más complicada: "En realidad, en la base de la convocatoria hay una contradicción –explicó Carolina Varsky, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)–, porque va a declarar sobre hechos por los que por otra parte está siendo imputado".
Todo testigo debe decir la verdad pero no puede autoincriminarse. Por esa razón, ante casos similares, el TOF 5 limita la batería de preguntas que podrían llevar a que el testigo deba decir algo contra sí mismo. Eso es lo que supuestamente sucederá mañana viernes con De Elía. Y una de las razones por las que la fiscalía de Pablo Ouviña –a cargo de la acusación– suele agarrarse la cabeza: en esas condiciones y con el poder de las preguntas cercenado, dicen, la presencia de un testigo no sirve o sólo avala la postura de los acusados.
Para salvar el problema, Ouviña planteó en algún momento evitar el juramento. Una situación compleja: rechazada por el TOF 5 y cuestionada por algunas de las querellas, no sólo por las garantías del testigo sino porque sin el juramento de verdad, la palabra del testigo no podría ser bien valorada como prueba. Pese a eso, y en situaciones similares, en otros juicios prosperaron pedidos del tipo. Uno de ellos fue el juicio oral por Mansión Seré, cuando se presentó a declarar como testigo Miguel Angel Ossés, comandante de operaciones aéreas entre 1976 y 1978. En ese caso Félix Crous dejó de hacer preguntas, y pidió relevarlo del juramento. La medida se aceptó y a la hora de la conclusión del juicio, la fiscalía elevó el testimonio para que se inicie una causa. Ossés hoy está procesado.
"Acá lo que hay que decir es que durante el terrorismo de Estado lo que hubo fue una asociación ilícita", dice Ana María Careaga, sobreviviente del circuito Atlético-Banco-Olimpo e hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las madres de la Plaza de Mayo secuestradas en la Iglesia de la Santa Cruz durante diciembre de 1977 y cuyo traslado es una de las acusaciones contra Hess. "Esa asociación fue diseñada y planificada para lograr el control social; hay que decir que se secuestró a miles de personas y que las Fuerzas Armadas, como estructura organizada, estuvieron encolumnadas en la represión. Por eso es asociación ilícita. Entonces, pensar que puede haber determinadas personas que por su responsabilidad en la estructura jerárquica no hayan tenido nada que ver, cuando estuvieron en distintos tramos claves de esa esta historia, es desconocer cómo estaba la estructura de la represión, y la verdad es increíble."
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció los antecedentes de De Elía a comienzos de febrero ante el juzgado federal de Sergio Torres, a cargo de la megacausa de la Escuela Mecánica de la Armada. En ese momento, Pablo Barbuto, del equipo jurídico de la Secretaría, ya le advertía al juzgado que De Elía había sido citado a declarar como testigo en el juicio oral de la ESMA. Torres pasó la denuncia a la fiscalía de Taiano, que evaluó el caso, los antecedentes y elevó el requerimiento para la indagatoria, un pedido que para los organismos de derechos humanos ya ubica a los acusados en situación de imputados. Nada de eso sin embargo detuvo al TOF 5, a cargo de Daniel Obligado, que igual decidió convocarlo.

Espora
Entre abril de 1977 y abril de 1979, De Elía se desempeñó como subjefe de la Base Aeronaval Espora de Bahía Blanca. Durante ese período mantuvo un interinato como jefe de cuatro meses. Luego pasó a Hidrografía Naval y luego revistó en el destructor Storni, en el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. y en la Dirección General de Personal. De acuerdo con los datos acumulados en la causa que se instruye en Bahía Blanca, investigados en la fiscalía de Abel Córdoba, el rol de la Base Espora en la lucha contra la subversión es claro: la base estaba contemplada en el Placintara, el Plan de Contrainsurgencia Terrorista de la Armada Argentina, que en 1975 contempló el lanzamiento de prisioneros vivos al mar. En la propia base, explicaron desde la fiscalía, había una dependencia de Inteligencia Naval ubicada en la cabecera de la pista de aterrizajes. Y contaban con los instrumentos logísticos y operativos para los traslados de los prisioneros de las distintas Fuerzas Armadas. Hess es uno de los vínculos entre la Base Espora y la ESMA, cuyos marinos encontraron ahí los medios necesarios para la ejecución de los vuelos y los traslados.
De Elía tuvo a cargo a Emir Sisul Hess, procesado por su participación en los llamados "vuelos de la muerte". De acuerdo con los datos de la megacausa ESMA, el hombre que se recicló como empresario de turismo y hacía alarde ante sus empleados de haber tirado a las víctimas desde el aire desde donde parecían "hormiguitas", realizó 145 vuelos en el año 1976 desde la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros que funcionó en la Base; y 173 vuelos en 1977. Hess que está procesado entre otros casos por los traslados de las víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz, tiene en su legajo una sanción dispuesta por De Elía en noviembre de 1977. Esto es clave para evaluar el vínculo con el jefe.
"Esa facultad de sancionar a alguien es muy relevante", dijo el fiscal Córdoba en diálogo con Página/12. "De allí puede deducirse que tenía la supervisión concreta de las actividades de su subordinado, podía impartirle órdenes, corregir su actuación y directamente impartirle las ordenes que quisiera ejecutar, contando para eso con la incondicionalidad del ejecutor. Es central ese dato, nadie en una institución disciplinada como las Fuerzas Armadas tiene margen de libertad, salvo el que le permite el superior. Con lo cual, en el plan represivo la conducta del subordinado, involucra la del superior, por eso se habla de cadenas de mandos y no de estratos inferiores o superiores."
Esa línea es por la que se pidió la indagatoria de De Elía. Pero la idea de la cadena de mandos no sirve para exculpar a Hess: con la confirmación del procesamiento a través de la Cámara de Apelaciones, indica una de las abogadas de las querellas, quedó claro que su jefe sabía lo que hacia y dejaba de hacer.
10 de marzo de 2011
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interrogan a guerrieri


Pascual Guerrieri fue indagado por la desaparición de Rubén ‘Tito’ Messiez. Así se expresó el represor al recordar, con cinismo, la disciplina deportiva en la que competía. "No se quién era Messiez", dijo. La declaración de Guerrieri fue tomada en San Isidro, a donde viajaron funcionarios de la justicia federal local.
[José Maggi] [Argentina] El ex jefe de la inteligencia militar en Rosario durante la última dictadura militar, Pascual Guerrieri fue indagado el miércoles 2 de marzo por la desaparición de Rubén "Tito" Messiez, ocurrida en 1977. Con desapego por la causa en la que se lo imputa, Guerrieri mostró su costado más cínico en sus respuestas. "En el ’77 mi problema era el sable, no Messiez, no sé quién era", apuntó en referencia a la disciplina deportiva en la que competía, para arremeter luego con una crítica: "Creo que este es un juicio político a través de la justicia, y ustedes son unos soldados en primera línea", les dijo mirando de frente al juez federal Marcelo Bailaque y a la fiscal federal Mabel Colalongo, quienes frenaron de inmediato el ímpetu del septuagenario militar.
Sin embargo, a renglón seguido, Guerrieri volvió a sorprender, en este caso con un análisis político. "Quiero decir lo que dijo (Carlos) Reutemann ayer: ’luego de la muerte de Kirchner, se produjo un corrimiento de sus militantes a su izquierda’, es esto lo que vengo diciendo y concuerdo con ello", indicó el militar retirado blandiendo entre sus manos un recorte periodístico de esa misma semana con las consideraciones del ex piloto de Fórmula Uno. Para cerrar su atípica declaración, Guerrieri echó mano a una figura automovilística: "No se puede vivir toda la vida mirando por el espejo retrovisor, mirando para atrás porque a la larga vas a chocar. Hay que mirar para adelante".
Guerrieri era el Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 dependiente del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. El delito que se le imputa es la privación ilegítima de la libertad, mediando violencia y amenazas, torturas y posterior desaparición física del militante comunista, que fuera secuestrado el 22 de agosto de 1977 a las 11 en cercanías de la fotocopiadora La Manija ubicada entonces en Entre Ríos al 700, y trasladado luego al centro clandestino de detención conocido como La Calamita.
La declaración de Guerrieri fue tomada en San Isidro, hacia donde viajó una delegación de funcionarios de la justicia federal rosarina, que pudo escuchar frases más que simbólicas sobre el reconocimiento de la metodología aplicada en la represión: "Acá se habla de la famosa doctrina de la seguridad, cuando a mi nunca me llegó en la mano la doctrina de seguridad francesa ni norteamericana, acá las cosas se hacen a la argentina. Este no es el ejército suizo, acá se trabaja en la Argentina". Y después se justificó: "Conozco a muchos de los muchachos que estuvieron en la guerrilla, entiendo que tenían una idea pero no vinieron con los libros, vinieron con las armas a pelear y el Ejército cumplió su función", aunque a renglón seguido se defendió argumentando que "era un cuadro intermedio y recibía órdenes".
La comitiva también escuchó tramos desopilantes para una indagatoria judicial como el pedido que hiciera el especialista en inteligencia militar "para que los argentinos lleguemos a una comunión de perdones de ambos lados, lo que nos va llevar a iluminar nuestras mortajas que están negras, e iluminarlas con los colores de nuestra bandera".
Por momentos el ex militar se intentó erigir en juez de sus verdaderos jueces, con las frases ya descriptas, aunque intercalando actitudes de autocompasión y de victimización: "Soy católico apostólico romano, creo en la justicia divina, Jesús en vos confío, estoy muy mortificado, enfermo, preso con una pena perpetua que con 76 años es una pena de muerte. A veces pienso que me queda solo la pistola, que no la tengo porque la he entregado", balbuceó en su declaración.
Al cierre Guerrieri optó por usar su tiempo en un pedido personal: "Es un pedido médico, quiero que me autoricen a caminar dos veces por semana algunos metros porque sino me dijo el médico que voy a quedar rengo". Lo hizo en alusión a una dolencia que lo aquejaría y que lo obliga a deambular con un bastón, que también blandió en distintos momentos, provocando el nerviosismo de los presentes. Dolencia que en otras épocas no le impidió jugar rutinariamente al tenis, como cuando lo descubriera el periodista Daniel Tognetti de Caiga Quien Caiga.
10 de marzo de 2011
©rosario 12