mandaban a robar a los reos
Un grupo de internos de la Unidad 45 próxima a La Plata denunció que los obligan a salir a robar para los penitenciarios. Mostraron fotos tomadas dentro del penal con proyectiles y uniformes policiales. Robaban autos y viviendas en la ciudad de Buenos Aires.
[Horacio Cecchi] Argentina. Un grupo de presos de la Unidad 45 de Melchor Romero presentó una denuncia ante la Justicia de La Plata: sostuvieron que miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense les abrían la puerta para que salieran a robar. Presentaron fotos, balas que les proveían para robar, artículos robados y señalaron lugares y momentos en que habían robado autos de alta gama y viviendas en la ciudad de Buenos Aires. La denuncia la presentaron a través del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Al rato, recibieron otra visita, de los carceleros, que los amasijaron a golpes. El Comité constató los golpes, pero médicos del SPB no encontraron marcas en los cuerpos de los presos. Una fiscal platense investiga las denuncias, mientras Casal instaló Asuntos Internos en el penal. Resulta curioso que, aunque repetidos, casos como éste no provoquen marchas en reclamo contra la ola de inseguridad.
El 2 de noviembre pasado, un grupo de presos del pabellón 6 de la Unidad 45 en Melchor Romero pidieron la presencia del Comité Contra la Tortura. El motivo: los presos informaron que penitenciarios de esa unidad los obligan a salir a robar desde hacía tiempo. El método es sencillo y no es la primera vez que se denuncia: los guardias abren la puerta y dan permisos de salida a aquellos presos que están dispuestos a robar para ellos. En marzo de 2000, dos presos que habían salido a robar tomaron rehenes en La Paternal y terminaron acribillados por la Federal junto a uno de sus rehenes, que recibió graves heridas de bala. Presos de la ex cárcel de Caseros y Devoto estuvieron vinculados a robos al restaurante Dolli. También, tal como informó Página/12, presos de la Unidad 48 de San Martín denunciaron, en marzo pasado, que debían salir a robar y que luego los autos robados eran cortados dentro del penal, y que uno de ellos se negó y violaron a su mujer.
Cuando los integrantes del Comité Contra la Tortura se presentaron en la U45, los presos detallaron el procedimiento y mostraron fotos que habían tomado con un celular. En las fotos se ve a algunos de los presos con un puñado de balas en sus manos. En otras fotografías se los puede ver vistiendo partes de uniformes policiales. También, registraron fotos de objetos robados como relojes, celulares y alhajas. Y describieron algunas de las viviendas que asaltaron, de donde aseguraron haber llevado 30.000 dólares, electrodomésticos y joyas. También, sitios donde robaron autos de alta gama que luego debían llevar a determinados talleres donde los vehículos eran cortados en autopartes. Los denunciantes sostuvieron que los penitenciarios los proveían de vehículos, uniformes y armas y les indicaban las zonas a robar en la Capital Federal.
Los presos pidieron la asistencia del Comité Contra la Tortura con urgencia. Pero cuando los integrantes del CCT se retiraron recibieron una comunicación telefónica en la que les avisaban que los alojados en la celda 9 del pabellón 6 fueron salvajemente castigados por guardias. "A raíz de estas gravísimas denuncias nos constituimos en la Unidad 45, donde verificamos la gravedad de los hechos denunciados y constatamos las lesiones que padecen Iván Acuña Castaña, Diego Barros Cisneros, Juan Argarañaz Ruiz, Edgardo Cazal López", señala la abogada del CCT Verónica Bogliano en su presentación ante la Justicia. Los médicos del SPB no encontraron marcas de golpes propinados por sus colegas a los denunciantes.
El caso lo investiga la fiscal platense Virginia Bravo, que ya tomó declaración a los presos, que ratificaron su denuncia. También pidió a la Policía Federal que determine si en las fechas y lugares informados se habían recibido denuncias de robos. Mientras, el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, ordenó al director general de Seguridad del SPB, Rubén Mazzeo, que se instale en el penal. También ordenó que la oficina de Asuntos Internos se ubicara en el penal para "colaborar" con la Justicia. Un modo de vigilar (y castigar).
11 de noviembre de 2011
9 de noviembre de 2011
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Colombia. Con la muerte en el campo de batalla del jefe máximo de las Farc, Alfonso Cano, vuelve a ponerse sobre el tapete el dilema de siempre: ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los escenarios posibles: la guerra o la paz? ¿O tal vez, la ’bacrimización’ de la guerrilla?
[Fundación Ideas para la Paz] Colombia. En las zonas de consolidación, el Estado parece que le está ganando la partida a los grupos armados, pero como lo pudo constatar la Fundación Ideas para la Paz - FIP- en su más reciente estudio sobre este plan gubernamental aun faltan garantías para que los ciudadanos se sientan protegidos y oportunidades diferentes a la coca.
Colombia. Aquel día de jolgorio terminó en llanto. Fue en el corregimiento de Sidón, municipio de Cumbitara, a siete horas de Pasto. Los campesinos celebraban las fiestas veredales. Algunos conversaban animadamente, otros escuchaban la música y unos más jugaban fútbol. Por las aguas del río Patía llegaron silenciosos unos treinta hombres de la banda de Los Rastrojos. Avanzaron por entre el caudal que cruza el imponente macizo y solo fueron avistados en el último recodo en Pesquería, una vereda de humildes casas de concreto y madera. Hacía calor. Era el mediodía del pasado lunes 12 de septiembre.
[José Maggi] Argentina. El juez federal Marcelo Bailaque consideró ayer que una violación cometida durante la última dictadura es un delito de lesa humanidad. Bajo esta imputación indagó a Mario Alfredo Marcote, alias "el Cura" quien fuera denunciado por Stella Hernández como el autor de la misma en el centro clandestino de detención que funcionara en el Servicio de Informaciones. En la indagatoria al "Cura" se le imputó el delito previsto en el artículo 119 inciso 3 del Código Penal, que es el de la violación mediando fuerza o intimidación, para lo cual el juez Bailaque declaró por primera vez en Rosario -con un solo antecedente en el país-, a este hecho aberrante como un delito de lesa humanidad y por ende imprescriptible.
[Alejandra Dandan] Argentina. Luis Abelardo Patti vuelve a dar batalla. Esta vez no lo hace de la mano del ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado defensor durante el juicio oral, sino a través de su mujer y patrocinado por Valeria Corbacho, defensora de buena parte del staff de represores procesados en los últimos juicios. Las dos mujeres se sentaron en una sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para pedirle a Casación el reingreso a su condición de detenido domiciliario. Patti está preso en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, las mujeres quieren llevarlo de nuevo a su casa para que pueda seguir supuestamente con la rehabilitación médica en la Clínica Fleni de Escobar. La fiscalía, representada por Javier de Luca, dio batalla a su vez: se opuso al pedido, desarmó uno de los principales argumentos basado en los riesgos del traslado, pero además hizo eje en dos puntos clave: el rol del Estado y no de los particulares como garantes de los derechos de salud de las personas privadas de la libertad y cuestionó, acaso como nunca antes, como "parciales" los informes médicos del Fleni.
Colombia. Una contradicción entre la Justicia Ordinaria y Justicia y Paz quedó en evidencia luego de conocerse detalles de la sentencia a 37 meses de prisión proferida contra Luis Fernando Jaramillo Arroyave, alias ‘Nano’, ‘don Delio’ o ‘23’, quien integró el Frente Anorí del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En la decisión, pesaron más los testimonios de los hombres que estuvieron bajo su mando que los informes de policía judicial.
Valparaíso, Chile. Diputados de la oposición cuestionaron este jueves el nulo avance del proyecto de ley que prohíbe la exhibición de imágenes y monumentos públicos que honren la memoria del ex dictador Augusto Pinochet.