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ambivalencias sobre retirada de iraq


Los iraquíes se alegran del fin de la ocupación norteamericana, pero les preocupa lo que pueda pasar. Temen el estallido de una nueva guerra civil.
[Tim Arango] Abu Ghraib, Iraq. Hace unos días, Hussam Saad estaba en el puesto de verduras al otro lado de la autopista y de la prisión donde dice que trabaja.
"Todavía puedo recordar vigilando la cárcel en la noche, y oyendo las voces y los gritos de la gente que era torturada", dijo Saad, recordando la época en que los estadounidenses estaban a cargo de Abu Ghraib.
Incluso así, dice, ahora es peor.
"Sería mejor", dijo, "si los estadounidenses todavía estuvieran a cargo de la cárcel".
Es difícil verificar las afirmaciones de Saad; el gobierno niega que se maltrate a los reos, aunque el Departamento de Estado dice que los casos de tortura en el país han sido documentados por los propios inspectores del gobierno iraquí. Pero como un indicio de qué tipo de país está dejando atrás Estados Unidos, los comentarios de Saad son asombrosos.
Dado el legado del escándalo de las torturas en la cárcel, esto sería probablemente un lugar tan bueno como cualquier otro para que la inminente partida de las tropas estadounidenses fuera saludada con descarada felicidad.
La ambivalencia refleja todo lo que falta por hacer para volver a fundar este país fracturado -a lo largo de líneas étnicas- como una democracia operacional. Los intentos de incorporar a los sunníes en el gobierno chií han sido a lo menos caprichosos. Las leyes para repartir los valiosos dólares del petróleo entre grupos étnicos y feudos regionales siguen siendo orales. Y casi dos años después de una elección nacional, los bloques políticos del país encarnizadamente divididos no pueden ponerse de acuerdo sobre quién debería dirigir los ministerios de Defensa y del Interior.
La ciudad de Abu Ghraib era en el pasado más famosa por su yogur y quesos que por su cárcel. Durante el gobierno de Sadam Husein, fue una orgullosa área tribal sunní. Hoy, su gente tienen tanto miedo a la brigada local del ejército como a la resistencia.
En cuanto a los salientes americanos, cuyo escándalo dejó una imborrable mancha en la comunidad, los vecinos expresan la misma ambivalencia que se observa en todo Iraq: una combinación de alegría por el fin de ocho años de ocupación y temor por lo que pueda pasar. En el país, el anuncio el mes pasado de que las fuerzas estadounidenses se retirarían antes de fin de año no ha provocado tanto una amplia celebración -aunque algo hay de eso- como en general una silenciosa introspección.
"¿Es verdad, realmente se van a marchar?", se preguntó Ali Sattar, que es dueño de una tienda de artefactos eléctricos detrás de la cárcel, y se quejó del hostigamiento de las fuerzas de seguridad locales.
"¿Qué es lo que hará el ejército iraquí cuando se vayan los americanos?", dijo. "De eso tenemos miedo".
Incluso en casa del anciano sabio de la aldea, donde muchos de los hombres en los últimos años pasaron algún tiempo en centros de detención administrados por tropas estadounidenses aquí y en otros lugares, el inminente fin de la guerra norteamericana ha hecho brotar los mismos sentimientos ambiguos.
Uno de los hombres, Ahmed Ali Dawood, ha saludado el fin de la intervención militar norteamericana en Iraq, pero le preocupa que los iraquíes no puedan superar su propia rabia. Sus amigos y su familia, como en tantas otras comunidades, están divididos entre los que se unieron a la resistencia y los que acogieron a los norteamericanos. "Eso creó odio entre la gente", dijo. "No se puede decir que esas heridas hayan cicatrizado. Todavía no confían en el gobierno".
Dawood pasó tres meses en la cárcel de Abu Ghraib, cuando los americanos todavía la administraban en 2006, por cargos de terrorismo que dijo que eran falsos. "Me trataron como a un animal", dijo. Más tarde pasó "tres años, un mes y doce días" en el Campamento Bucca, una cárcel estadounidense en el sur de Iraq, antes de ser dejado en libertad.
Para Estados Unidos, el fin de su intervención militar es considerado como el cumplimiento de un compromiso que hizo el presidente Obama durante su campaña y la vuelta de página de un doloroso y caro capítulo de su historia más reciente -una que muchos estadounidenses ya han olvidado de todos modos.
Aquí es diferente. La invasión estadounidense y sus secuelas no son más que una capa de un trauma mucho más profundo que empezó hace décadas y estuvo marcado por el terror del Partido Baath y las fosas comunes que generó, la devastadora guerra con Irán y las sanciones internacionales de los años noventa después de la invasión de Kuwait. Todo esto todavía resuena. En una pared en la casa del anciano de la aldea cuelga un retrato enmarcado de un pariente en uniforme militar. Era un oficial del ejército iraquí que desapareció en 1985.
Esa historia hace que los iraquíes se muestren cautelosos sobre el futuro. El jeque Ali Hamad, otro de los hombres reunidos en la casa hace poco para discutir la salida de las tropas estadounidenses, quiere que las fuerzas se marchen, pero le indigna que Estados Unidos no deje atrás un estado más estable.
"Están dejando el país en manos de políticos que son como adolescentes", dijo. "Puede estallar una guerra religiosa. Este es un escándalo mucho más grande que el de Abu Ghraib, esto de dejar las cosas a medio terminar y con estos políticos".
En el puesto de verduras al otro lado de la cárcel, los niños se agolparon alrededor de los adultos, felices, extasiados incluso por la posibilidad de hablar con un extranjero y mostrar los libros de texto en inglés impresos en Londres. Un convoy de vehículos blindados estadounidenses había pasado hace poco por la autopista en dirección al occidente, hacia Jordania y Siria, en medio de otros vehículos, lo que es un signo de lo mucho que ha cambiado todo en el país.
Los niños, que sólo han conocido esta guerra, reían e imitaban el movimiento de apuntar con un rifle y los sonidos del fuego de una ametralladora cuando se les preguntó qué recordarían de los estadounidenses, y dijeron palabras como "caramelos" y "tanques". Luego se echaron a correr.
Saad, que estaba parado cerca del grupo, se identificó como un empleado de la cárcel durante once años -dijo que había empezado durante el gobierno de Sadam Husein. Hoy, dijo, los funcionarios de la cárcel seleccionan a la gente de Anbar y Mosul -es decir, sunníes- y los maltratan, una inversión de las circunstancias durante el gobierno dominado por los sunníes [de Sadam Husein].
Un funcionario a cargo de las cárceles en el Ministerio de Justicia, el general Hamed Hamadi al-Mousawi, dijo que en los centros de detención de Iraq "no se tortura, no se oprime y no hay sectarismos".
"Tratamos de satisfacer las necesidades de los reos en cuanto a alimentación, vestuario, ropa interior, médicos, agua, electricidad", dijo. "Tienen mejor electricidad que la gente fuera. Nunca la apagamos. Lo hacemos por muchas razones. Por ejemplo, para que no escapen".
[Yasir Ghazi contribuyó al reportaje desde Bagdad.]
11 de noviembre de 2011
3 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

la oligarquía al estilo de eeuu


La concentración de la riqueza en unas pocas manos es incompatible con una democracia de verdad.
[Paul Krugman] La desigualdad está de vuelta en las noticias, en gran parte gracias a Ocupemos Wall Street, pero con ayuda de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y sabemos lo que eso significa: es hora de deshacerse de los revoltosos.
Cualquiera que haya estudiado este tema a lo largo del tiempo sabe lo que quiero decir. Toda vez que las crecientes disparidades en los ingresos amenazan con llegar a primera plana, un fiable grupo de defensores trata de borronearlas. Laboratorios ideológicos publican informes en que afirman que en realidad la desigualdad no está aumentando, o que no importa si lo hace. Los expertos tratan de darle una cara más benigna al fenómeno, reclamando que en realidad no se trata de un conflicto entre unos pocos ricos contra el resto, sino de los educados contra los menos educados.
Lo que no debemos olvidar es que todas estas afirmaciones son básicamente intentos de obscurecer la dura realidad: tenemos una sociedad en la que el dinero está cada vez más concentrado en manos de unos pocos, y en la que la concentración del ingreso y la riqueza amenaza con convertirnos en una democracia que sólo lo es de nombre.
La oficina de presupuesto explicó parte de esa obscura realidad en un informe reciente, que documentó una pronunciada reducción en la parte del ingreso total que va a los estadounidenses de ingresos bajos y medios. Todavía nos gusta vernos como un país de clase media. Pero ahora que el ochenta por ciento de las familias con menos ingresos reciben ahora menos de la mitad del ingreso total, esa es una opinión cada vez más ajena a la realidad.
En respuesta, los sospechosos habituales han desenfundado algunos argumentos familiares: los datos son sesgados (no lo son); los ricos son un grupo en constante cambio (no es tan así); etcétera. Sin embargo, el argumento más popular es que podemos no ser una sociedad de clase media, pero que todavía somos una sociedad de clase media alta, en la que una enorme clase de empleados altamente preparados, que poseen las habilidades para competir en el mundo moderno, lo está haciendo muy bien.
Es una historia bonita, y mucho menos perturbadora que la imagen de un país en el que un grupo mucho más pequeño de gente rica es cada vez más dominante. Pero no es verdad.
Los empleados con diplomas universitarios lo han hecho mejor, en promedio, que los empleados sin estudios, y la brecha se ha ampliado con el tiempo. Pero los estadounidenses altamente educados no son de ninguna manera inmunes al estancamiento del ingreso y a la creciente inseguridad económica. Las mejoras salariales para la mayoría de los empleados con diplomas universitarios no han sido nada impresionantes (y desde el 2000 no ha habido ninguna), mientras que incluso los bien educados ya no pueden dar por sentado que conseguirán trabajos bien remunerados. En particular en estos días es menos probable que los empleados con un diploma universitario, pero sin otras especializaciones, reciban cobertura sanitaria de sus empleadores que los empleados con sólo secundaria en 1979.
Así que ¿quién esta ganando? Una minoría muy pequeña de ricos.
El informe de la oficina de presupuesto nos dice en lo esencial que toda la redistribución del ingreso, aparte del ochenta por ciento de menores ingresos, ha ido a los bolsillos del uno por ciento de los estadounidenses que perciben los ingresos más altos. Esto es, los manifestantes que se describen a sí mismos como representantes de los intereses del 99 por ciento, básicamente tienen la razón, y los expertos que les aseguran solemnemente que en realidad se trata de la educación, y no de los beneficios de una elite diminuta, están completamente equivocados.
Si en algo fallan los manifestantes, es que están fijando el umbral muy abajo. El reciente informe de la oficina de presupuesto no mira dentro de ese uno por ciento superior, pero un informe anterior, que sólo llegó hasta 2005, constató que casi dos tercios de la creciente cuota del percentil más alto en ingresos en realidad terminó en el 0.1 por ciento más alto -el milésimo de los estadounidenses más ricos, que vieron crecer sus ingresos reales en más del 400 por ciento en el periodo que va de 1878 a 2005.
¿Quiénes son ese 0.1 por ciento? ¿Son heroicos empresarios creando empleo? No, en su mayoría son ejecutivos de multinacionales. Investigaciones recientes muestran que cerca del 60 por ciento del ese 0.1 por ciento más alto son o ejecutivos de compañías no financieras o hacen dinero en las finanzas, es decir, si lo definimos ampliamente, en Wall Street. Si agregamos a los abogados y a la gente que trabaja en propiedades inmobiliarias, estaremos hablando del 70 por ciento del milésimo más afortunado.
Pero ¿por qué importa esta creciente concentración del ingreso y la riqueza en unas pocas manos? Parte de la respuesta es que la creciente desigualdad ha creado un país en el que la mayoría de las familias no participan plenamente del desarrollo económico. Otra parte de la respuesta es que una vez que te das cuenta de lo ricos que han llegado a ser los ricos, el argumento de que los altos ingresos deben pagar mayores impuestos debe ser parte de cualquier acuerdo presupuestario de largo plazo, es mucho más convincente.
La respuesta más amplia, sin embargo, es que la concentración extrema de la riqueza es incompatible con una democracia verdadera. ¿Puede alguien negar seriamente que nuestro sistema político está siendo deformado por la influencia del gran capital, y que esa deformación es cada vez peor a medida que la riqueza de unos pocos se hace todavía mayor?
Algunos expertos están todavía tratando de diluir la preocupación sobre la creciente desigualdad como algo necio. Pero la verdad que la naturaleza entera de nuestra sociedad está en juego.
[Ilustración viene de Hyper Vocal.]
11 de noviembre de 2011
3 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

obama deporta a latinos


Llevan todo el peso del programa de deportaciones. Según funcionarios, el año pasado fueron deportadas 396 mil 906 personas. Fuertes sospechas de que implementación del programa obedece a criterios racistas que afectan sobre todo a los latinos.
[Julia Preston] Estados Unidos. El programa de deportaciones, que es central en la estrategia de control de la inmigración del gobierno de Obama, ha conducido a la deportación desproporcionada de inmigrantes latinos y a la detención -por las autoridades de inmigración- de cientos de ciudadanos estadounidenses, de acuerdo a un informe de dos facultades de derecho que utilizaron nuevos datos oficiales sobre las deportaciones.
El informe también constató que cerca de un tercio de los alrededor de 226 mil inmigrantes que han sido deportados en el marco del programa, conocido como Comunidades Seguras [Secure Communities] tienen cónyuges o hijos que son ciudadanos estadounidenses, lo que sugiere el amplio impacto que tienen esas deportaciones en los estadounidenses que también forman parte de comunidades latinas.
El informe, que será liberado el miércoles, es el primer análisis de las deportaciones en el marco del programa Comunidades Seguras basado en datos sobre casos individuales, los que fueron obtenidos por recurso a la Ley de Libertad de Información de la facultad de derecho de la Universidad de California en Berkeley y la facultad de derecho Benjamin N. Cardozo de Nueva York.
El programa Comunidades Seguras ha provocado intensas críticas de parte de las comunidades de inmigrantes y de funcionarios locales y del estado, que dijeron que ha conducido a la deportación de muchos inmigrantes que no eran delincuentes peligrosos y ha erosionado la confianza entre las comunidades y la policía local.
Sin embargo, funcionarios del gobierno de Obama han defendido enérgicamente el programa. El martes, funcionarios de inmigración dijeron que las últimas cifras sobre las deportaciones muestran que las Comunidades Seguras y la estrategia más amplia del gobierno de Obama están funcionando y anunciaron que habían deportado un total de 396 mil 906 extranjeros el año pasado, una cifra récord en la última década.
Los funcionarios dijeron que el 55 por ciento de los inmigrantes deportados eran delincuentes condenados, incluyendo 51 mil 620 personas condenadas por delitos graves como homicidio, tráfico de drogas y abuso sexual. Los resultados fueron un 89 por ciento de aumento de las deportaciones de delincuentes desde el inicio del gobierno de Obama, dijeron los funcionarios. De los restantes inmigrantes ilegales deportados, la gran mayoría fueron detenidos poco después de cruzar ilegalmente la frontera o habían retornado ilegalmente después de ser deportados, dijeron los funcionarios.
"Llegamos al gobierno con el objetivo de crear un sistema de control inteligente estableciendo un sistema racional de prioridades, y es lo que hemos hecho", dijo el martes el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, John Morton. "Dijimos que los inmigrantes delincuentes serían nuestra mayor prioridad, y son nuestra más alta prioridad".
En el programa Comunidades Seguras, las huellas digitales de cualquiera que haya sido detenido por alguna policía local son cotejadas con las bases de datos de delincuentes del FBI y también con las bases de datos del Ministerio de Seguridad Interior, que archivan las infracciones a la ley de inmigración. Iniciado en 2008, el programa fue extendido por el gobierno de Obama a más de mil quinientas jurisdicciones, y los funcionarios han dicho que para 2013 abarcará a todo el país.
En una muestra aleatoria proporcionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 375 casos de deportación bajo el programa, que fue analizada por facultades de derechos, los investigadores encontraron cinco casos de ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos por agentes de inmigración, sin una razón clara. Aunque el número de ciudadanos es pequeño, su presencia en la muestra preocupa porque las autoridades de inmigración no tienen atribuciones legales para perseguir o deportar a estadounidenses.
"Si Comunidad Seguras estuviera funcionando correctamente", dice el informe, un cotejo en el marco de la implementación del programa "no resultaría nunca en la detención" de un ciudadano. Basándose en la muestra, los investigadores calcularon que al menos 680 ciudadanos de Estados Unidos fueron detenidos en el marco del programa. Ningún estadounidense fue detenido por inmigración, según el informe.
Funcionarios del gobierno rechazaron enérgicamente las conclusiones del informe diciendo que no era una descripción correcta del programa. "Cualquier insinuación de que estamos deteniendo ciudadanos estadounidenses a sabiendas es falso y es una mala interpretación", dijo Morton.
Los funcionarios dijeron que algunos ciudadanos estadounidenses arrestados por la policía local podrían ser marcados en un cotejo de Comunidades Seguras porque las bases de datos de huellas digitales del ministerio incluyen transgresiones a la ley de inmigración y también casos positivos de inmigrantes que solicitaron residencia legal o se naturalizaron para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Los agentes de inmigración pueden detener a un extranjero ya arrestado por la policía local mientras verifican la condición del legal del inmigrante o la ciudadanía estadounidense, dijeron.
"Cuando determinamos que alguien es un ciudadano, no detenemos ni deportamos a esa persona, porque no tenemos esa atribución", dijo Morton. Pero agregó: "Seríamos irresponsables si no investigáramos a alguien que es sospechoso de un delito y que en los archivos aparece como nacido en el extranjero".
Los investigadores dijeron que la presencia de ciudadanos entre los casos deportados indican que el programa no cuenta con procedimientos adecuados para evitar la detención de estadounidenses y otros que podrían o no ser deportados.
El protocolo de Comunidades Seguras consiste a menudo en detener primero e investigar después, y eso no es lo que dicta la Constitución", dijo Peter L. Markowitz, profesor de leyes de inmigración en la facultad de derecho Cardozo y uno de los autores del informe. Los otros autores son Aarti Kohli y Lisa Chávez del Chief Justice Earl Warren Institute en la facultad de derecho de Berkeley.
"Si esto es lo que se entiende por el debido proceso con respecto a ciudadanos estadounidenses", dijo Markowitz said, "deberíamos estar aterrorizados con respecto a inmigrantes que son el objetivo del servicio de inmigración".
El informe concluyó que el 93 por ciento de los inmigrantes detenidos en el marco del programa de Comunidades Seguras eran latinos, aunque los inmigrantes latinos constituyen sólo el 66 por ciento de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
[Robert Gebeloff contribuyó al reportaje.]
[Foto viene del blog Hora de Cambios.]
10 de noviembre de 2011
18 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

querella por escuchas ilegales


Diputados comunistas se querellan por escuchas telefónicas ilegales. Los parlamentarios denuncian haber sido objeto de "pinchazos" en sus aparatos móviles por parte de miembros de Carabineros. Se pidió una orden amplia para que investigue la PDI.
Valparaíso, Chile. Los diputados del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier y Hugo Gutiérrez, presentaron en el Juzgado de Garantía de Valparaíso una querella por el delito de escuchas telefónicas, buscando esclarecer los dichos que fueron denunciados en la Cámara de Diputados por el ex carabinero Esteban Infante, en julio pasado.
El presidente del PC, Guillermo Teillier señaló que tanto él como el diputado Gutiérrez recogieron las declaraciones de Infante, dado que "él trabajó muchos años en el servicio de inteligencia y por lo tanto, ahora estamos presentando una querella porque estas escuchas son absolutamente ilegales y queremos que se determine cómo se produjeron, cuándo y que se sancione a los culpables".
Consultado sobre si ellos tuvieron indicios que les permitieran constatar personalmente que sus celulares se encontraban intervenidos, Teillier señaló que no, dada la tecnología que se habría utilizado en el mecanismo de escucha.
"Con el sistema tan moderno que existe hoy día la verdad es que pueden ahora mismo estar interfiriéndonos el teléfono a unos cien metros -según lo que nos decían- con unas máquinas que se compraron con fondos especiales que fueron aprobados incluso acá en el Parlamento con el presupuesto que corresponde a Carabineros o a Interior y el costo decían que era de más o menos 300 mil dólares, más la implementación, vehículos y personal, es decir, es muy caro", aseveró el presidente del PC.
Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez afirmó que lo que buscan con esta acción es conocer los antecedentes de la carpeta investigativa y decretar a la Policía de Investigaciones (PDI) una orden amplia de investigar, así como llamar a declarar al denunciante y a otras personas que estuvieron invitadas el 20 de julio a la Comisión de Derechos Humanos donde se hizo la denuncia.
"Nosotros nos estamos haciendo parte a través de esta querella criminal justamente para conocer los antecedentes de la carpeta investigativa que tenemos entendido que ha habido un avance significativo en la investigación; se han logrado determinar cuáles fueron las máquinas utilizadas por parte de carabineros para intervenir teléfonos, también sabemos que se han tomado otras medidas que son atingentes a poder determinar los teléfonos y en consecuencia, nos interesa sobremanera ser parte en esta investigación para tomar las medidas del caso cuando se sepa cuáles son todos los teléfonos que han sido ‘pinchados’ por carabineros de manera ilegal", agregó.
"Creo que como ya se nos ha señalado es un camino largo de recorrer, hay que saber primero cuáles son los números telefónicos que se pincharon con autorización del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía; cuáles teléfonos se pincharon en función de la ley de inteligencia y cuáles son los teléfonos que van a salir de estas máquinas y así vamos a tener nosotros y la sociedad chilena la oportunidad de saber efectivamente si hubo o no de parte de Inteligencia de carabineros estas famosas interferencias telefónicas", concluyó Gutiérrez.
La querella, en su apreciación jurídica, tipifica los delitos de interceptación ilegal, impedir e infiltrar en manifestaciones públicas y la asociación ilícita.
10 de noviembre de 2011
©la nación

a juicio por masacre de mapiripán


Fiscalía imputa masacres de Mapiripán y Caño Jabón a 16 paras. Después de 14 años de impunidad, Justicia y Paz logró que 16 paramilitares aceptaran las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, en las que quedó claro que tuvieron la complicidad de militares.
Colombia. La justicia colombiana logró que 16 paramilitares que integraron las Autodefensas de Córdoba y Urabá, entre ellos Manuel de Jesús Piraban alias ‘Pirata’, fueran imputados por las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, Meta, ocurridas en junio de 1997 y el 4 de mayo de 1998, en esta última aceptaron haber asesinado a 27 personas.
Esta audiencia, sin duda la más polémica porque se destapó que varias víctimas - unas 8 - no había muerto en la masacre de Mapiripán, y el número de personas asesinadas aun está por corroborarse porque solo se ha podido documentar 11 de ellas.
La Fiscalía también ratificó que para cometer estos crímenes los hermanos Carlos y Vicente Castaño tuvieron la complicidad de miembros de la Fuerza Pública, primero en Urabá de donde salieron varios aviones cargados con paramilitares a órdenes de los hermanos Castaño, y después para hacer un largo recorrido por carreteras del centro del Meta en límites con Guaviare, en donde había una base antinarcóticos y varios regimientos del Ejército.
Estas dos masacres, impulsadas por el afán de los hermanos Carlos y Vicente Castaño de hacerse con el control de lo que llamarón "el pulmón económico" de las Farc en Puerto Alvira, Meta, conocido como Caño Jabón, dejaron más de 40 personas asesinadas y generaron el desplazamiento de alrededor de 120 más.
Luego de dos semanas de juicio, el Tribunal de Justicia y Paz ordenó el aseguramiento de los 16 paramilitares.
Durante la imputación la Fiscalía reconstruyó cada uno de los crímenes cometidos por los paramilitares en las dos masacres. Esta exposición fue el resultado del proceso investigativo del despacho 30 de Justicia y Paz, que se basó en el contraste de los testimonios dados por las víctimas y las confesiones de los paramilitares en las versiones libres.
A lo largo de la investigación la Fiscalía ha podido recuperar los cadáveres de viarios de los desaparecidos en las dos masacres, así como identificar varias de las víctimas cuya identidad no se conocía, cumpliendo así lo ordenado por la Corte Interamericana en su sentencia.
Hasta el momento, como resultado de este proceso, la Fiscalía ha compulsado más de 40 órdenes de captura en la justicia ordinaria, sólo en el proceso de la masacre de Puerto Jabón.
Este dato fue dado por la Fiscal, luego de que la magistratura le preguntara qué acciones ha emprendido contra los colaboradores de los paramilitares que no hacen parte del proceso de la justicia transicional. Uno de las afirmaciones que hizo la Fiscalía fue el préstamo por parte de Víctor Carranza de una de sus fincas a los paramilitares días antes de cometer la masacre de Caño Jabón, así como la colaboración de militares y policías en el avance de los hombres de la Accu y de las autodefensas de Martín Llanos.
Por esta alianza entre militares y paramilitares la Corte Suprema de Justicia ya confirmó la condena de 40 años, recientemente reducida a 37, contra el general Jaime Humberto Uscátegui al no impedir la masacre de Mapiripán.
La investigación de Justicia y Paz, puso fin a la impunidad que rodeaba este proceso, y que hasta el momento había sido la mayor dificultad para reconstruir lo ocurrido en Mapirián, La Cooperativa y Puerto Alvira.
Según lo pudo reconstruir la Fiscalía en su investigación, el punto de reunión de las autodefensas de Carlos y Vicente Castaño, previo a la masacre de Caño Jabón fue una finca del zar de las esmeraldas Víctor Carranza, de nombre Brasil.
Allí un grupo de paras, que se habían quedado del grupo que incursionó en Mapiripán, se unieron con los refuerzos que fueron enviados desde Urabá, luego de saber que las autodefensas de Martín Llanos no se unirían a esta nueva acción criminal.
En esta finca, según el testimonio de los paramilitares, recibieron un entrenamiento para acondicionarse para el ataque. Esta finca fue conseguida por José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’, quien fue el puente con el llamado zar de las esmeraldas.
En ella, tal como se lo contó el ex paramilitar Efraín Pérez Cardona alias ‘400’, él se encargó de dictar unos cursos de reentrenamiento, que tuvieron una duración de 18 a 20 días.
En esta finca hicieron prácticas de combate en campo abierto, cómo hacer requisas en los pueblos y caseríos y alias ‘Pataplum’, quien pertenecía al grupo de los Carranceros, les enseñó a armar y desarmar explosivos.
De esta finca salieron el tres de mayo de 1998 con destino a Puerto Alvira, donde el 4 de mayo de ese mismo año cometerían una de las peores masacres que ha conocido el departamento del Meta.
En los próximos meses, el Tribunal de Justicia y Paz deberá proferir la sentencia alternativa a estos paramilitares y se establecerá la reparación a las víctimas de dos de los peores episodios de violencia que ha vivido el Meta.
10 de noviembre de 2011
8 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

fase final en juicio contra el alemán


Un grupo de 150 menores reclutados forzadamente serán las primeras víctimas del Bloque Élmer Cárdenas que serán reparadas.
Colombia. "Buenos días, muchachos. ¿Cómo están?" dijo Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ a la entrada del auditorio del Tribunal de Justicia y Paz, en Bogotá, donde tres magistrados estudian las pruebas que presentó la Fiscalía contra el ex jefe paramilitar por el reclutamiento de 150 menores de edad entre 1995 y el 12 de febrero de 2006 cuando este grupo se desmovilizó.
Mientras el ‘Alemán’ se sentó frente a los magistrados que lo juzgan, una docena de jóvenes que no superan los treinta años lo observaron desde la misma sala, sentados en atrás, mientras otros 75 muchachos escucharon la audiencia desde San José de Apartadó, Antioquia. Los jóvenes fueron reclutados diez años atrás por el Bloque Élmer Cárdenas, a cargo de alias ‘El Alemán’, y por haber sido menores de edad en esa época son víctimas del ex jefe paramilitar. Las leyes internacionales califican el reclutamiento forzado de niños como crímenes de lesa humanidad.
El Bloque Élmer Cárdenas delinquió en el Urabá chocoano y llegó a tener 1.500 paramilitares en sus filas, dejando 11.127 víctimas entre asesinatos, desapariciones y desplazamientos, según el reporte de Justicia y Paz. El grupo comenzó con 40 hombres pero con la financiación de la Casa Castaño, los ganaderos y el narcotráfico se expandió por la región.
La Fiscalía 44 de Justicia y Paz documentó 428 casos de menores reclutados, pero durante el juicio probó 309 casos. Sin embargo, del listado el ex jefe paramilitar solo reconoció 150 casos. Y estos son los que desde el 1 de noviembre de 2011 son presentados en juicio durante el incidente de reparación, la fase previa a que los magistrados emitan una sentencia que condene al ex paramilitar y repare a este primer grupo de víctimas.
Así durante los primeros días de audiencia se presentaron funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, y la Vicepresidencia de la República, que explicaron los programas y mecanismos con que cuenta el Estado para prevenir y atender a las víctimas del reclutamiento forzado. Según datos de la Vicepresidencia, actualizadas a 31 de octubre de 2011, 4.700 menores han sido atendidos por el Programa de Atención Especializado del Bienestar Familiar.
"En 90% las víctimas han contado que estuvieron en grupos armados ilegales con otros mejores. El 80% hicieron parte de esas estructuras forzadamente. Son menores que antes habían sido víctimas de violencia sexual o intrafamiliar, que consideraban que la escuela no les agradaba o les quedaba lejos, que eran obligados por sus padres a trabajar o que no tenían oportunidades", dijo ante el Tribunal Gladys María Fernández, funcionaria de la Vicepresidencia.
Fernandéz señaló que el Estado trabaja principalmente en 145 municipios para prevenir el reclutamiento, y que entre estos están Turbo y Apartadó, dos de los pueblos más golpeados por el paramilitarismo. El primero por el Bloque Bananero y el segundo, por el Élmer Cárdenas.
Varias de las víctimas, ahora mayores de edad, le contaron a VerdadAbierta.com que fueron reclutados por este grupo paramilitar, recibieron entrenamiento militar y portaron armas. "Es un episodio de mi vida. Cada vez que escucho la palabra adolescencia se me parte el corazón, porque yo entré a eso cuando tenía 13 años", dijo una de las víctimas de las cuales se reserva el nombre.
Durante la audiencia, Acción Social presentó un informe sobre los bienes entregados por el grupo paramilitar, teniendo en cuenta que estos son destinados para reparar a las víctimas. Después de la presentación, el Tribunal hizo un llamado a Acción Social para que en un nuevo informe explique por qué, por concepto de ventas y subastas de estos bienes solo ha recaudado $400 millones de pesos, cuando según alias ‘El Alemán’ estos en 2006 estaban avaluados $10 mil millones.
El jueves 3 de noviembre de 2011 ante el Tribunal de Justicia y Paz hablará Nina Winkler, psicóloga alemana experta en estrés postraumático en el conflicto y analista del genocidio en Ruanda. Luego, la Fiscalía comenzará a presentar las pruebas sobre cada uno de los casos de reclutamiento, de manera que los magistrados puedan determinar cómo será la reparación.
El incidente de reparación también abordará el caso del asesinato el 27 de noviembre de 2000 de Rigoberto de Jesús Castro Mora, entonces alcalde de Unguía, Chocó.
[*El incidente de reparación continuará hasta el miércoles 16 de noviembre y reanudará el 29 y 30 del mismo mes.]
10 de noviembre de 2011
2 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

paras y el narcotráfico en caquetá


Los paramilitares que delinquieron en Caquetá tuvieron dos escuelas de entrenamiento y diseñaron tarjetas de ‘vacuna’ y una especie de ‘pasaporte’ para el tráfico de la coca.
Colombia. La incursión paramilitar al Caquetá. Los 552 paramilitares que delinquieron en Caquetá se entrenaron en dos fincas, donde recibieron información sobre armas, táctica militar y hasta charlas para amenazar a la población civil. A partir de 2001, cuando Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ se convirtió en el jefe de este grupo, empezaron a regirse por las normas del Bloque Central Bolívar, Bcb.
Fue precisamente en 2001 cuando el Frente Sur Andaquíes engrosó sus filas, además de la exportación de paramilitares provenientes del Urabá, porque incrementaron sus finanzas cobrando impuestos ilegales al comercio así como al tráfico de cocaína en la región.
Durante la imputación de cargos contra Carlos Fernando Mateus alias ‘Paquita’, Everardo Bolaños alias ‘Jhon’, Omar Osorio alias ‘Maclauss’, Edilberto Correa alias ‘Chepe Listo’ y Álex Miguel Villadiego alias ‘Douglas’, la Fiscalía 27 de Justicia y Paz documentó ante el Tribunal de Justicia y Paz cómo los paramilitares se entrenaron y se financiaron en el Caquetá.

La ‘Logística’
Para incursionar en el Caquetá los paramilitares necesitaron primero contar con antenas de comunicación para planear sus incursiones a los poblados. Según lo contó en versión libre José Germán Sena Pico alias ‘Nico’, el Frente Sur Andaquíes instaló una antena repetidora en la Paujila y La Leona, veredas del municipio de Valparaíso.
Como lo hicieron los demás grupos paramilitares portaron uniformes que los conseguía un integrante del grupo al que llamaban ‘caletero’ o por medio de soldados o civiles que tenían acceso a uniformes que son de uso privativo de las fuerzas armadas. Esta práctica fue recurrente entre 2001 y 2003 cuando el Frente aumentó en hombres.
La Fiscalía documentó que entre 2004 y 2005 el encargado como ‘caletero’ fue alias ‘Pacho Montoya’, quien compraba los uniformes en un mercado ilegal en Bogotá e incluso por medio de una brigada del Ejército. Otros de los uniformes eran enviados por Rodrigo Pérez Álzate alias ‘Julián Bolívar’, segundo de ‘Macaco’ en el sur de Bolívar, que en el corregimiento de San Blas, Bolívar, tenía un dispensario para las Auc que incluía fábrica de uniformes.
En el Sur de Bolívar era Fernando Arsenio García Laguado alias ‘Morocho’, el encargado de fabricar botas, camuflados, cartucheras, portafusiles, arnés, riatas, cinturones, pañoletas, morrales, camisetas y todo lo relacionado con dotación para el equipo de campaña.
Alias ‘Nico’ confesó en Justicia y Paz que a partir de 2001 a cada paramilitar le entregaban brazaletes doble faz de colores con las insignias del grupo, dos uniformes camuflados para el combate, dos tipo militar color negro, dos licra, un par de botas de combate y par de botas de caucho. Estas prendas eran renovadas cada cuatro o seis meses como máximo.
Con dotación, los integrantes del Frente Andaquíes recibieron entrenamiento en una escuela militar que primero estuvo ubicada en la vía al cementerio del corregimiento de Puerto Torres. Entre enero y abril de 2002 los instrucciones fueron alias ‘Milicia’, ‘Doble Cero’ y ‘Camilo’.
Luego, entre noviembre de 2003 y febrero de 2004, los paramilitares se entrenaron en una nueva escuela ubicada en la vereda Paraisito, cerca al municipio de Morelia. Los instructores fueron alias ‘El paisa’, ‘Policía’, ‘Doble Cero’ y el propio alias ‘Nico’, que era el encargado de dar la instrucción ‘política’ e ‘ideológica’ a los nuevos integrantes.
Alias ‘Nico’ le contó a la Fiscalía que una jornada en esas escuelas comenzaba a las cuatro de la mañana y terminaba a las siete de la noche. El horario incluía entrenamiento físico de gimnasia americana con armas y sin armas, y charlas ‘políticas’ sobre las normas de las Auc. A los 25 días, los integrantes iban al polígono para aprender a disparar.
Superada la fase inicial, dijo ‘Nico’, los nuevo paramilitares entraban en una etapa de reentrenamiento que incluía cruce de obstáculos, telaraña, túnel, movimientos tácticos, evacuación de heridos, toma de objetivos, arme y desarme así como técnicas para cómo movilizarse por campos minados.
En versiones libres alias ‘Nico’ y Edilberto Zambrano alias ‘Chepe Listo’ confesaron que estos paramilitares eran también entrenados para dar charlas amenazantes contra la población civil. "Para convocar a la población se le informaba a la Presidente de la Junta de Acción Comunal que se requería de toda la gente en el lugar más cercano. Se les daba un curso amenazante, se les informaba que al Frente Sur no gustaba de los milicianos y se les realizaban advertencias", leyó la Fiscalía ante los magistrados de Justicia y Paz.
Así los ex paramilitares que delinquieron en Caquetá reconocieron que con intensidad, entre 2001 y 2006, asesinaron a personas que tildaron de guerrilleros, infiltrados, drogadictos, violadores y ladrones. Según documentó la Fiscalía, entre las principales conductas de este grupo estuvieron varias formas de tortura así como el secuestro y las desapariciones y desplazamientos forzados.

’Boletas’ para Todo
A la llegada de alias ‘Macaco’ en 2001 al Caquetá, Carlos Fernando Mateus alias ‘Paquita’ y Jefferson Perea alias ‘Serpiente’ fueron nombrados como los jefes de finanzas del grupo.
En versión libre de febrero de 2010, alias ‘Paquita’ le contó a la Fiscalía que el grupo paramilitar cobró impuestos ilegales a todo lo que generara dinero, incluso a la comercialización fuera de la región o a quienes quisieran movilizarse por las carreteras del departamento. Pagaron también por información por personas que supuestamente tuvieran vínculos con la guerrilla.
Así alias ‘Paquita’ dijo que cobró cuotas mensuales al comercio, los contratos municipales y obras civiles, al combustible, los transportadores y a los proveedores de gaseosas y cervezas. Cobraron gramaje por la salida de base de coca de la región, realizaron secuestros, extorsiones y retenes ilegales sobre las principales vías de la región.
No hubo tampoco establecieron comercial que se salvara de lo que los paramilitares llamaron "pago de contribuciones o bonificaciones". Incluso diseñaron un formato con el que citaban a los comerciantes y las estipulaba la cuota mensual. Las víctimas fueron dueños y trabajadores de almacenes de repuestos y del agro, ferreterías, supermercados, avícolas y carnes frías, almacenes de cadena, casas de empeño, licores y bebidas, restaurantes, gimnasios, droguerías y panaderías.
Recibidas las ‘vacunas’ los paramilitares les emitían a las víctimas una especie de recibos o vales que certificaban el monto del pago y la fecha.
Para las personas relacionadas con el negocio del narcotráfico el Frente Sur Andaquíes tuvo otra modalidad. La llamaron cobro de ‘matrícula’, que consistía en una inscripción o autorización para traficar los insumos, la base de coca y la cocaína por las zonas donde delinquía este grupo paramilitar. Según lo documentó la Fiscalía, la inscripción costaba $10 millones de pesos.
"Les aclaraban que la matrícula era una especie de pasaporte que legitimaba su ingreso al Caquetá, para evitar ser sindicatos como financieros de la guerrilla. Si el Frente Sur Andaquíes comprobaba que estaban incumpliendo los compromisos adquiridos, procedían a sancionarlos", leyó la Fiscalía 27 de Justicia y Paz durante la audiencia.
Entre las principales sanciones estuvieron el cobro de multas, el decomiso del dinero, el robo de la droga, la incautación de los bienes y hasta la muerte. Con los comerciantes legales, alias ‘Paquita’ dijo que las sanciones eran similares. En caso de incumplimiento los detenían, les quitaban los vehículos y hasta la mercancía con que se sostenían estos negocios.
El ex jefe de finanzas alias ‘Paquita’ confesó que fue así como el Frente Sur Andaquíes compró armas, vehículos, equipos de comunicación y mantuvo a una tropa donde un jefe de frente ganaba $1 millón 500 mil pesos al mes y un patrullero raso $350 mil pesos de la época, es decir, hace diez años atrás cuando el grupo paramilitar engrosó sus filas.
[*La imputación de cargos es una fase del juicio que se adelanta contra alias ‘Juancho Prada’. Consiste en que la Fiscalía presenta los delitos cometidos por el ex jefe paramilitar ante un magistrado de Justicia y Paz. Después, sigue la formulación y la legalización de cargos antes de que el Tribunal emita una condena contra del ex paramilitar y repare a las víctimas.]
10 de noviembre de 2011
8 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

andrada se negó a declarar


Andrada se abstuvo de declarar y en diez días se definirá su situación procesal. "Yo no voy a decir nada", le dijo el ex servicio de Inteligencia a este diario ante de ingresar al despacho del juez. Andrada está acusado de participar de la patota que secuestró, en el 83, a Cambiaso y Pereyra Rossi.
[José Maggi] San Nicolás, Argentina. Edgardo "Gato" Andrada se abstuvo ayer de declarar ante el juez federal de esta ciudad, Carlos Villafuerte Ruzo, quien lo había citado a pedido del fiscal Juan Patricio Murray por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, en mayo de 1983. El fiscal realizó ayer un nuevo pedido de detención y que se revoque la eximición de prisión que le asegura al ex futbolista de Central y Colón permanecer en libertad. El magistrado también ordenó la declaración indagatoria de Víctor "Chuli" Rodríguez, un teniente coronel retirado que preside la Asociación Sanmartiniana que cruza la cordillera de Los Andes a lomo de mula y que formaba parte del Destacamento de Inteligencia militar de entonces.
Andrada compareció ante el juzgado federal Nº 2 de San Nicolás, y no dijo absolutamente nada. A partir de ayer entonces el juez tiene diez días hábiles para resolver su situación procesal, dictando su procesamiento o su sobreseimiento, o una situación intermedia que es una falta de mérito.
El "Gato" llego acompañado de una mujer, y de su defensor oficial Héctor "Mito" Galarza Azzoni.

-¿Qué le va a decir al juez?- le preguntó este cronista.
-Yo, nada, el juez tendrá que decirme a mí", respondió el Gato antes de la indagatoria que no resultó tal.

A la salida, este enviado de Rosario/12 le preguntó: "¿Por qué decidió trabajar como agente de inteligencia al servicio de la dictadura siendo considerado un ídolo para muchos argentinos?"; "¿Está arrepentido de algo?"; "¿Siente culpa por los delitos que cometió?"; "¿Por qué tenía tantas armas en su casa?"; y "si es inocente ¿por qué no lo demuestra en lugar de quedarse callado?"; fueron algunos de los interrogantes que quedaron sin respuesta.
Un rato más tarde el fiscal Murray explicó que "está acreditado en forma total la existencia del hecho: a Cambiasso y Pereyra Rossi lo secuestraron un grupo de unas veinte personas el 14 de mayo de 1983, y los trasladaron a Zárate (provincia de Buenos Aires) y ultimados a balazos".
Estos puntos ya están incorporados a la causa de 1983, a los que se sumaron cuando se reabrió la investigación entre ellos documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano. También se incluyeron documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
El fiscal tiene en su poder la testimonial de Eduardo Costanzo que ubica a Andrada en el lugar de los hechos como personal civil de inteligencia del Ejército. A esto se suma una documentación que estaba en poder del juzgado federal de San Martín donde ya en 1990 un integrante del servicio de inteligencia del Ejército, mediante el anonimato había escrito un paper, en el que relataba muchísimos hechos realizados sobre finales de la dictadura por la inteligencia militar. "Allí se relataba el secuestro de Cambiasso y Pereyra Rossi y ya se mencionaba a Andrada, como uno de los partícipes de ese operativo", apuntó Murray.
También está acreditado que "Andrada era Personal Civil de Inteligencia del Ejército, que había ingresado en 1982 al Servicio, y que permaneció hasta 2000. En 1983 prestaba servicios en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, es decir hay una concordancia total", remarcó el fiscal.
Paralelamente, en el legajo personal de quien era el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia de Rosario en 1983, Luis Américo Muñoz, se encontró un relato pormenorizado hecho por el mismo militar, de determinados servicios que prestó como oficial de inteligencia. "Allí Muñoz habla de un operativo en 1983, previo a las elecciones, con el fin de neutralizar a determinados elementos subversivos, que trataban de infiltrarse en los partidos políticos tradicionales, que por determinadas referencias no cabe dudas que se refería al secuestro de Cambiasso y Pereyra Rossi", explicó Murray.
Cabe recordar que la última semana se allanó la casa del ex arquero de Central, donde se encontró un "verdadero arsenal" que incluyó armas de guerra. Si bien el ex futbolista tenía la documentación en regla y los permisos correspondientes para la posesión de esas armas, la Cámara Federal de Rosario hizo lugar a un planteo de la Fiscalía que consideraba esa situación como "un peligro para testigos y víctimas".
Por su parte el juez Villafuerte Ruzo hizo lugar al pedido de indagatoria de "Chuli" Rodríguez para el 18 de noviembre por la mañana. "Sobre este imputado en la causa hay documentos que prueban que Rodríguez se desempeñaba en Rosario y en la inteligencia militar en tiempos de ambos secuestros", remarcó Murray.
También Juan Andrés "Barba" Cabrera y Ariel "Puma" Porra deberán pasar por el mismo trámite, al igual que Reynaldo Bignone y Luis Abelardo Patti.
10 de noviembre de 2011
©rosario 12