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represores volverán a la cárcel


Excarcelaciones anuladas en Bahía Blanca. Cincuenta represores vuelven a la cárcel.
Argentina. La Justicia Federal revocó un fallo de la Cámara de Casación Penal, que había dispuesto la excarcelación de medio centenar de procesados por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Entre los que deberán volver a prisión figuran el contralmirante retirado Carlos Alberto César Busser, que comandó el desembarco naval en la guerra de Malvinas y el vicealmirante Eduardo René Fracassi, que fue jefe de la infantería de marina y secretario general naval en 1978.
La decisión fue tomada por los jueces bahienses Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni, al aceptar un pedido del fiscal Abel Córdoba en base a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido parámetros de evaluación de riesgos, que podría tener alcances en todas las jurisdicciones del país.
Los sospechosos habían sido liberados gracias a un fallo de la Cámara de Casación Penal que indicaba que los procesados no podían seguir tras las rejas sin ser sometidos a juicio por un período mayor a tres años, pero la Corte Suprema de Justicia avaló mantener las prisiones preventivas en los casos en donde se justifique la complejidad de la investigación judicial, los riesgos de fuga y la gravedad de los delitos imputados.
Las primeras tres excarcelaciones revocadas en Bahía Blanca fueron dispuestas días atrás por la Cámara Federal local, a las cual se sumaron 23 revocaciones a ex miembros del Ejército y a 22 oficiales de la armada, dispuestas por los jueces de primera instancia a cargo de las causas.
14 de enero de 2011
13 de enero de 2011
©página 12
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paripé hipócrita e irrelevante


columna de lísperguer
Diputado de extrema derecha, y ex subsecretario de la dictadura, hace mea culpa, pero no renuncia a ideología del crimen.

A muchos enfermos mentales que recuperan la cordura, no les cree ni confía nadie, menos si la recuperación no implica ningún cambio en su conducta. Serían más creíbles estos políticos de extrema derecha si, reconsiderando su participación en la dictadura, hubieran renunciado o renunciaran para siempre a la política y a sus beneficios; si dejaran de proteger a los criminales y exigiesen, junto al resto de la ciudadanía, limpiar a ffaa, carabineros y poder judicial de sus elementos criminales pinochetistas; enviar a cárceles comunes a los militares y civiles pinochetistas condenados; degradar, expulsar y expropiar a elementos de las ffaa y carabineros implicados en violaciones a los ddhh; derogar la ley de amnistía; abogar por la abolición del sistema binominal, que impide que seamos una democracia; y exigir una asamblea constituyente y nueva Constitución. Lo que algunos ven como mea culpa, otros lo ven como un paripé hipócrita e irrelevante.
lísperguer

cae testaferro de mancuso


Capturan presunto testaferro de Mancuso en Córdoba. El abogado Jaime José Pareja Alemán, cercano a políticos del departamento, es acusado de lavado de activos.
Colombia. El 6 de enero pasado detectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) capturaron en Montería, Córdoba, a Jaime José Pareja Alemán, señalado de estar a la cabeza de una red de testaferros de bienes de Salvatore Mancuso y otros paramilitares del San Jorge y Sinú, pertenecientes al bloque Córdoba de las Auc.
Después de una investigación de tres años, las autoridades acumularon suficientes pruebas para capturar y acusar a Pareja Alemán. Según el Das, el abogado traspasó bienes de ex ‘paras’.
Un mes antes también detuvieron a Rodrigo Manuel Brieva Caraballo, Antonio María Petro Hernández y Gonzalo Riaño Vargas, que supuestamente conformaban la misma red de testaferros.
Dentro de la operación, se ocupó el hotel Corralejas en la vía entre Tierralta y Urrá, Córdoba, avaluado en 5.000 millones de pesos, que fue entregado a la Dirección Nacional de Estupefacientes. El inmueble, según la investigación, fue primero de Mancuso y después pasó a las manos de Jairo Angarita, alias ‘Andrés’, ex jefe ‘para’ asesinado, que querían ocultarlo a las autoridades después del proceso de desmovilización.
Pareja es el padre del diputado de Córdoba, Jaime Isacc Pareja Náder y defensor de varios dirigentes políticos. Rodrigo Brieva fue concejal en Montería y formó parte de la lista de candidatos a la Cámara de Representantes que acompañaron a Miguel Alfonso de la Espriella en el período 2002-2006.
13 de enero de 2011
11 de enero de 2011
©verdad abierta
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dudas sobre mea culpa


Diputado Jiménez pide hechos concretos a Cardemil tras su "mea culpa". Paripé de mea culpa de diputado de extrema derecha y ex subsecretario del Interior de la dictadura.
Valparaíso, Chile. El parlamentario PPD indicó que las palabras quedan en el aire sino se concretan en hechos "como apoyar proyectos de ley que garanticen la justicia por las atrocidades cometidas bajo el gobierno burocrático militar, y entregar antecedentes a la justicia sobre el paradero de los prisioneros políticos desaparecidos".
El diputado PPD, Tucapel Jiménez, valoró el mea culpa de su par de Renovación Nacional, Alberto Cardemil, por el papel que jugó en la dictadura de Pinochet, desempeñándose en distintos cargos de responsabilidad política como el de Subsecretario del Interior. "Siempre es bueno reconocer sus errores, aunque hayan pasado 21 años", señaló Jiménez.
Sin embargo, el parlamentario indicó que hubiese esperado una autocrítica más profunda y sentida, reconociendo que lo ocurrido no se justifica de ninguna manera. "Cardemil señala que lamenta no haber hecho más para que los cuerpos de los compatriotas asesinados se entregaran a sus familias. Pero no critica el fondo, las torturas y los asesinatos. También, critica la extensión de la dictadura y no su propia existencia".
De igual modo, Tucapel Jiménez declaró que "este mea culpa queda en palabras huecas si no se manifiesta en hechos concretos, como apoyar proyectos de ley que garanticen la justicia por las atrocidades cometidas bajo el gobierno burocrático militar, y entregar antecedentes a la justicia sobre el paradero de los prisioneros políticos desaparecidos".
"Convoco a Cardemil a que juntos le pidamos al Gobierno urgencia inmediata para discutir el proyecto que interpreta el artículo 93 del Código Penal, que impide concretamente la aplicación de la Amnistía. Así también, que se le ponga urgencia al proyecto que establece una nueva causal de revisión, con objeto de poder revisar delitos de lesa humanidad que fueron sobreseídos por la justicia".
Agregó, "esto me parece un verdadero mea culpa. Hacer algo para que nunca más se repitan estas atrocidades en Chile, no sólo de la boca para fuera", expresó.
13 de enero de 2011
12 de enero de 2011
©diario de la cámara
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raúl hasbún condenado a 20 años


Raúl Hasbún condenado a 20 años por asesinar dos militantes de la UP. El ex jefe paramilitar de Urabá admitió su participación en el asesinato de Alirio Alzate y Pedro Mosquera.
Colombia. Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Ponte’ o ‘Pedro Bonito’, fue sentenciado a 20 años de cárcel por un juez en Antioquia por el asesinato el 16 de diciembre de 1996 de Alirio de Jesús Alzate Arroyave y Pedro Antonio Mosquera, trabajadores en plantaciones de banano y militantes de la Unión Patriótica (UP).
Los dos agricultores viajaban en un bus en Carepa, Antioquia, a trabajar, cuando un grupo de hombres armados entró y los bajó del vehículo a la fuerza. Al día siguiente sus cadáveres fueron encontrados a un lado de la carretera.
Urabá fue desde finales de los ochenta uno de los bastiones de la Unión Patriótica. A partir de 1988 grupos paramilitares empezaron a tomarse la zona y a enfrentar la guerrilla. Asesinaron y masacraron a decenas de campesinos, sindicalistas, políticos y militantes de la UP.
Hasbún, antes de ser jefe paramilitar del Frente Arlex Hurtado, fue dueño de más de cuatro mil hectáreas de fincas en Urabá. En 1996 contactó  a los hermanos Castaño, que le entregaron el mando de 40 hombres. Según ha contado Hasbún coordinaba las acciones ilegales entre las autoridades, las Convivir y los paramilitares.
También se ocupaba de las finanzas de las autodefensas, garantizando la entrada de millones de pesos a las Convivir gracias a sus contactos con los empresarios bananeros y directivos de empresas exportadoras, con las que se acordó el pago de tres centavos de dólar por caja de banano exportada.
Raúl Hazbún está detenido en la cárcel de Alta Seguridad de Itagüí, Antioquia.
13 de enero de 2011
11 de enero de 2011
©verdad abierta
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lo juzgan por 150 asesinatos


‘El Iguano’ tendrá que responder por 150 asesinatos. Los crímenes fueron cometidos por las autodefensas de la Casa Castaño en Chocó entre 1998 y 1999. Dirigía el bloque paramilitar Catatumbo.
Colombia. Jorge Iván Laverde Zapata, alias ’El Iguano’, ex jefe del Bloque Catatumbo, será interrogado en versión libre por su responsabilidad en el asesinato de 150 personas en Chocó, cuando delinquía en la Casa Castaño.
Un sacerdote, un personero y numerosos campesinos están entre las 150 personas asesinadas por sus presuntos vínculos con la guerrilla. La mayoría de los crímenes fueron cometidos en Quibdó, Pizarro, Alto Baudó, Carmen de Atrato, Juntas de Tamaná y Puerto Meluk, en Chocó.
Según la Fiscalía ‘El Iguano’ también va a denunciar presuntas relaciones entre las autodefensas y militares, políticos y funcionarios.
La versión libre de Laverde Zapata ante la Fiscalía 46 de Justicia y Paz se desarrollará en Medellín entre el 7 y el 11 de febrero de este año, con transmisión en directo para las víctimas en Istmina y Quibdó.
13 de enero de 2011
11 de enero de 2011
©verdad abierta
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mujeres víctimas de la violencia


La guerra y las 500 mil mujeres víctimas de la violencia sexual. Según un estudio en los últimos nueve años 489.687 mujeres han sufrido violaciones, acoso, imposiciones sociales, prostitución forzada en zonas de conflicto. Según el estudio, 94 mil mujeres han sido violadas en zonas de conflicto.
Colombia. Si las cifras de violencia sexual en Colombia publicadas en la encuesta de las ONGs Oxfam, Casa de la Mujer, Sisma Mujer, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras, son ciertas, el país enfrenta uno de los peores dramas de la historia del conflicto.
Según el documento, el 17.58 por ciento de las mujeres en Colombia fueron víctimas de violencia sexual entre 2001 y 2009, es decir en total, según las proyecciones de la encuesta, 489.687 mujeres.
El informe calculó que 94 mil mujeres han sido violadas, 50 mil han tenido un embarazo o un aborto forzado, 175 mil han sido víctimas de acoso sexual, 48 mil obligadas a hacer trabajos domésticos y los armados han tratado de regular la vida social de 327 mil de ellas.
El contraste de las cifras con lo que hasta ahora la justicia ha descubierto muestra que aún falta mucho por hacer para revelar el alcance de estos crímenes contra las mujeres y castigar a los victimarios.
Para Oxfam la cantidad de delitos sexuales en Colombia es comparable a países con conflictos internos prolongados y donde los crímenes contra las mujeres son usados como un arma de guerra. Según el informe: "la violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado".
Oxfam hizo entrevistas a mujeres y una de cada cinco se siente intimidada por la presencia de hombres armados. En numerosos casos de masacres se han registrado testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual.
Una investigación de abril de este año de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, logró que mujeres sobrevivientes de dos masacres, la de El Tigre en Putumayo y la de Chengue en Sucre, contaran lo que le sucedió a sus pueblos y cómo fueron víctimas de abusos por parte de los paramilitares.
En Chengue, según el informe, varios hombres del Bloque de los Montes de María aprovecharon para intentar abusar de las mujeres. Una de ellas recuerda: "Muchos hombres armados entraron a la casa, tiraron la puerta. No me podía mover porque me caí ocho días antes, estaba paralizada. Me tranquiaron (violaron) todos y me pegaron contra el suelo. Me desmayé".
Otro caso, reportado por la Revista Cambio, es el de Lucrecia*, que contó que en 1995 un guerrillero de las Farc la amenazó porque su hermano estaba prestando el servicio militar. Le dijo que si no se acostaba lo mataban. Un día, se lo encontró con otros tres guerrilleros, quienes la violaron y le dijeron que su hermano se merecía ese castigo por no querer estar con las Farc.
Según el estudio la forma más común de violencia sexual es la de "regulación de la vida social". En las proyecciones del mismo, Oxfam cree que este tipo de delito tocó a 327 mil mujeres. Por ejemplo los paramilitares y la guerrilla prohibían que las mujeres se vistieran de una manera, les negaban entrar a billares o discotecas y controlaban con quién salían.
Investigadores de Mujeres Por la Paz (MPP) le dijeron a VerdadAbierta.com que conocieron varios casos en Valledupar donde los ‘paras’ quemaron con ácido a las jóvenes por ponerse camisetas sugestivas o pantalones descaderados. "Son talibanes colombianos", dijo una abogada de la Ong.
El informe calcula que 49 mil mujeres fueron obligadas a hacer servicios domésticos. En muchas regiones del país los paramilitares y la guerrilla forzaron a las mujeres a enrolarse para cocinar, ser enfermeras o hacer el aseo. Pero pocas mujeres denunciaron el delito, pues no lo consideraron como tal.
En Sucre Marco Tulio Pérez, alias ‘El Oso’, del bloque de los Montes de María de las Auc, fue acusado de obligar a una mujer que no quiso tener relaciones sexuales con él a servirle ocho días en la casa. También hay casos donde intimidaron a las mujeres para barrer las calles del pueblo. En la audiencia muy pocas quisieron confrontar el desmovilizado, pues estaban amenazadas.
El estudio se hizo en 15 municipios de Antioquia, Caldas,  Caquetá, Córdoba, Bogotá, Meta, Magdalena, Huila, Nariño y Valle. Interrogaron a 2.693 mujeres entre 15 y 44 años. Después proyectaron los porcentajes y resultados estadísticos del estudio sobre la población femenina de 417 municipios golpeados por la violencia, donde viven cerca de 2,8 millones de mujeres, para poder tener aproximaciones globales.

Ignorancia
Uno de los resultados más preocupantes es que muy pocas mujeres se consideran víctimas.
Cuando los investigadores de Oxfam y Casa de la Mujer les preguntaron si habían sufrido por delitos de este tipo, sólo el 6,5 por ciento dijo que sí. El porcentaje llegó a 17,5 por ciento, tres veces más, cuando les explicaron qué la violencia sexual también incluye regulación de la vida social, servicios domésticos obligatorios, aborto, prostitución, embarazo o esterilización forzados.
Así 60 por ciento de las mujeres víctimas de la esterilización forzada no creen que sea una forma de violencia sexual, o más de 44 por ciento no consideraron el acoso sexual como un crimen.

Miedo
El miedo es sin duda el principal obstáculo para que el delito no sea visible. El estudio muestra que el 80 por ciento de las víctimas de algún tipo de violencia sexual no han denunciado lo que les pasó. Entre las razones están: "prefiero dejarlo así" (47 por ciento), miedo (29 por ciento) o la falta de confianza en la justicia (7 por ciento), entre otros.
Además, entre las víctimas, 69 por ciento piensa que la presencia de grupos armados es un obstáculo para denunciar. Y es que a pesar de la desmovilización de las Auc, las regiones siguen tomadas por bandas criminales y guerrilla.
Ese el caso de Ana*, quien fue violada por paramilitares. Según recuerda: "No preguntaron nada. Sacaron a mi marido, en ropa interior, lo amarraron. A mí me apartaron y abusaron de mí. Solamente me decían perra, esa era la palabra que más escuchaba Yo les suplicaba que vieran mi estado, estaba embarazada. Se reían a carcajadas".
Tras huir a otro lugar con sus hijos, tuvo que poner una acción de tutela para obligar la Fiscalía a abrir una investigación. Miembros de un organismo de seguridad la ubicaron y la citaron en la misma región donde había sido violada. Días después, un periódico regional divulgó su foto, su historia y el  pueblo donde vivía.
Ese día empezaron sus problemas. La llamaron varias veces amenazándola. Ana también recibió una carta con un dibujo intimidatorio: una cruz, un revólver y un águila, en la misiva le daban 72 horas para salir del pueblo. "Ahí me vi acorralada, me di cuenta que me iban a matar".
La historia de Ana resume los peligros que acechan las mujeres víctimas de abusos sexuales: amenazas, falta de investigación de la justicia, poco acompañamiento de los funcionarios encargados de estos crímenes, desplazamiento.
Y si las cifras reveladas en el estudio de Oxfam y la Casa de la Mujer, se aproximan a la realidad,  lograr que se conozca sus historias, se investigue y condene a los responsables, es un desafío y una deuda enorme para la justicia colombiana.
[*Los nombres de la víctimas fueron modificados por razones de seguridad.]
13 de enero de 2011
16 de diciembre de 2010
©verdad abierta
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los dieron de baja


Dados de baja los dos carabineros acusados de corrupción. Los funcionarios de la 13ª Comisaría de San Gregorio, comuna de La Granja, fueron grabados con un celular cuando pedían dinero a un grupo de jóvenes sorprendidos con drogas.
Santiago, Chile. Carabineros confirmó la destitución de dos carabineros que, de acuerdo a una denuncia dada a conocer por Chilevisión, solicitaron dinero a un grupo de jóvenes que fueron sorprendidos con marihuana y cocaína para devolverles la droga y dejarlos libres.
Se trata del cabo 1º Alejandro Rebolledo Cofré, con 3 años de servicio, y el carabinero José Sepúlveda Riquelme, con 15 años de carrera, pertenecientes a la 13ª Comisaría de San Gregorio, en la comuna de La Granja.
Ambos funcionarios protagonistas del acto de corrupción fueron identificados gracias al video grabado con un celular por los mismos jóvenes, que debían pagar $100 mil para borrar todos los antecedentes del hecho.
La información sobre la destitución fue entregada a radio Cooperativa por el coronel Rodrigo Soto, la Prefectura Santiago Cordillera. "Se dispuso de un destacamento con participación del personal de las unidades involucradas, para identificarlos. Se logró a las 2 horas dar con las personas que aparecieron en el video, se les ubicó, se les entrevistó y una hora después se les dio de baja por el hecho", informó el funcionario.
Según los antecedentes, la grabación corresponde a septiembre de 2010, momento en que los carabineros piden el dinero al grupo para devolverles la droga y borrarles los antecedentes, situación que según los jóvenes es habitual en la población San Gregorio.
13 de enero de 2011
12 de enero de 2011
©la nación
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