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el abrazo de la justicia


El dictador ha sido condenado.
[Marta Dillon] Si la Justicia tiene un largo brazo, ayer fue capaz de rodearnos a todos. A las mujeres de pañuelo blanco, manos tomadas y brazos en alto en señal de victoria, a la chica que se había pintado en la cara la leyenda Nunca más, a los ex presos políticos que levantaron para las cámaras una bandera discreta hecha de tela y aerosol, a esa madre y esa hija que lloraron abrazadas mezclando lágrimas y sudor y la risa, también, por poder estar juntas en ese momento. El dictador ha sido condenado. El Tribunal Oral Número 1, de Córdoba, dispuso su inmediato traslado a una unidad penitenciaria federal. En la sala donde transcurre el juicio estallan los aplausos, el juez que lee la condena pide silencio y parece hablarles también a quienes, a 700 kilómetros de distancia, en pleno microcentro porteño, se desbordan frente a una pantalla gigante que replica la sentencia. Taty Almeida se saca su pañuelo blanco y hace un dibujo con él en el aire, como si fuera un paso de zamba, envuelve con él a Estela de Carlotto. Madre y Abuela de Plaza de Mayo, como si este acto de justicia hubiera borrado algunas de las trazas del tiempo, bailan dando saltitos convertidas en adolescentes. Una condena no puede borrarlo todo, pero sin duda desarticula en este acto tantos años de impunidad.

Alba Lanzilotto, con la imagen de sus dos hermanas desaparecidas en el pecho, Ana María y María Cristina, cuenta una anécdota mientras agita su abanico. Se trata de una Madre, así con mayúsculas, que después de años de estar sumida en la inconsciencia el martes tuvo un instante de lucidez. Y entonces uno de sus hijos le dijo: "Mamá, los estamos juzgando, acaban de darle perpetua al Turco Julián". La mujer lo escuchó y agradeció: "Que alegría estar viva para poder ser testigo de este momento". Al rato la Madre volvió a su inconsciencia. "Yo no puedo festejar –dice Alba–, no me sale la euforia. Pero sé perfectamente que estas condenas son un remedio, un remedio para curar al país y a muchas personas individualmente." Cuando desde la pantalla montada en el auditorio Emilio Mignone, de la Secretaría de Derechos Humanos, se escuchó la sentencia a Videla, Alba apretó los párpados con fuerza y acarició amorosamente las fotos colgadas sobre su pecho.

Después del pasaje a la cárcel que sacó el dictador Jorge Rafael Videla, el hombre que lleva el nombre de dos muertos –dos hermanos que lo precedieron–, el tipo del bigote tupido y la raya al costado que en 1977, cuando muchos todavía estaban vivos, se jactó en rueda de prensa de que "los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, son una entelequia, están desaparecidos", el mismo hombre que años después, amparado por el indulto que le regaló Carlos Menem –y unos cuantos secuaces, es cierto–, le dijo a un periodista –según consta en el libro ‘El Dictador’, de María Seoane y Vicente Muleiro–, "Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero, ¿qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, en seguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo". Después del turno de ese hombre, llegó la condena a Luciano Benjamín Menéndez, el señor de los cuchillos. Se escuchó la ristra de delitos de los que fue hallado culpable. Se escucharon las palabras mágicas que conjuran la impunidad: prisión perpetua, inhabilitación perpetua, más accesorias y costas cual broche legal para un destino que se agota en el encierro. Tuvo mejor suerte el autodenominado "soldado victorioso ante la guerrilla marxista". A él le tocará una junta médica que evaluará si está en condiciones de seguir a Videla a una cárcel común. Menéndez tiene un extraño record, ésta es su quinta condena a prisión perpetua. Un chico con una remera que pide "Juicio y Castigo" apunta: "Ojalá le alcanzara la salud para morir en la cárcel". No es un deseo piadoso. Es un deseo acunado por tantos años de espera de actos de justicia como el que sucedió ayer.

Eduardo Jozami pasó por cinco penales durante la dictadura, de Devoto a Rawson, recorrió medio país mediante traslados intempestivos y arbitrarios. No lo dice, pero como cualquier otro preso político debe haber visto compañeros morir en la cárcel. Para él, este juicio, estas condenas que siguen sucediéndose en la voz monocorde del juez cordobés tienen el peso específico de dar cuenta de cómo la represión era un entramado del que participaba todo el Estado, aun en sus estratos burocráticos. "Esta es una reivindicación también a los presos políticos", lo alienta Lita Boitano, de Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. "Porque a veces parece que los presos no lo pasaron tan mal como otros, que la cárcel ya era lo mismo que sobrevivir", insiste Lita, con una sonrisa emocionada. Ni falta que hace la jerarquía entre las víctimas, aunque si lo menciona es porque algo se cae en esa grieta. Será que la profundidad de las heridas se parece a la penumbra y todavía falta mucho por decir, por hacer, por juzgar, por reparar. De eso también se trata la justicia, aun lenta y con cuentagotas. Además de las condenas, lo que se ha dicho en este juicio quedará escrito con la letra de molde que impone la ley. Y podrá ser consultado por muchas generaciones en adelante.

El silencio conquista la sala mientras la lectura de la sentencia avanza, morosa, formal, reiterativa. Indiferente a lo que significan frases como "imposición de tormentos agravada por la condición de perseguida política de la víctima" para muchas personas en este auditorio, frente a las puertas del Tribunal en Córdoba y en tantos otros lugares del país. Describen, ni más ni menos, que la planificación de una masacre. Describen también eso sin nombre que atravesó alguien querido, un hijo, una madre, un hermano a quien se buscó, por quien se reclamó, que sigue haciendo falta. Esa reiteración del tormento, tormento agravado, tormento seguido de muerte, como un martillo neumático que golpea cada vez con más fuerza. Tal vez se trate de alivio esa manera de aplaudir y festejar cada vez que la descripción de los hechos se traduce en una condena.

Hay medialunas y sanguchitos en el auditorio, hay mate, café con leche, bebidas frescas para una tarde de calor arrasador. Agueda no come ni bebe. Basta que se la mire a los ojos para que una pequeña inundación se instale entre sus párpados. Ella no es de las que festejan, no puede hacerlo aunque está ahí para escuchar con otros y con otras cómo la Justicia se abre paso. Sus padres, Luis Goyochea y Nelly Moreno, fueron desaparecidos en Córdoba. Ya fue testigo de otra condena a Luciano Benjamín Menéndez, ese general ultranacionalista que en los primeros años de la democracia todavía se sentía con el poder suficiente como para sacar su cuchillo militar y empuñarlo contra quienes lo repudiaban en una de sus tantas visitas a un juzgado. Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, amo y señor del Campo Clandestino de Detención y Exterminio de La Perla, donde la mamá de Agueda fue asesinada, irá a la cárcel o donde sea que terminen sus huesos según la junta médica sin decir todo lo que sabe sobre el destino de tantos. Y eso es algo que a Agueda le cuesta digerir. O mejor, es algo que le duele. Que no hablen o que hablen para soltar su discursito del soldado heroico. Sin embargo, ella sabe, como saben otras "hijas" –así de fácil es nombrar a quien tiene a su padres desaparecidos, diciendo "soy hija", porque el vínculo es algo más que una obviedad, es un relato político– que la rodean, que hay pesadillas que empiezan a disiparse, como esa de encontrarse en la calle con un represor y no saber qué hacer, qué decirle. En ese grupo de cuatro, todas tienen algo que contar. La vez que se cruzaron con Astiz, la vez que Lucía se descompuso sólo de ver al Turco Julián sentado en un bar en Corrientes. Eso, al menos, ya no va a suceder.

Al celular de quien escribe llegan muchos mensajes cuando ya se cuentan 16 prisiones perpetuas en el juicio por el fusilamiento de 31 presos políticos en Córdoba. La mayoría dicen poco; cosas como "abrazo fuerte". Debería corregirme, eso está lejos de ser poco; al contrario, da cuenta de un entramado de afecto que se brinda de muchas maneras, que comparte eso mismo que sucede acá, en este auditorio, donde Madres, Abuelas, ex presos políticos, algún funcionario, muchos militantes jóvenes: la alegría de saber que algunas consignas son más que eso, son un objetivo a cumplir. Y esa que decía "cárcel común, perpetua y efectiva para los asesinos, sus cómplices y sus instigadores" y que los chicos y las chicas de HIJOS saben corear con ritmo, morosamente y con cuentagotas, está empezando a cumplirse. Con el insoportable costo de la desaparición de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo, también presentes, también dolorosamente ausentes. Desde la pantalla se escucha la voz:

"El juicio ha terminado", dice y enseguida se escucha el grito que subraya tantos actos: 30 mil compañeros desaparecidos ¡presentes! El abrazo de la Justicia esta vez es tan largo y tan cálido como fue frío e intransigente con quienes debió serlo.
24 de diciembre de 2010
23 de diciembre de 2010
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diputados más falsos que judas


columna de lísperguer
Diputados manipulan cifras hasta convertirlas en inverosímiles. La derecha necesita la mentira para existir.

Es todavía más vergonzosa que la declaración de los diputados, donde mienten con una impudicia que debería asombrar, diciendo que la guerrilla asesinó en 2009 a 19 mil personas, cuando la realidad es que en los últimos 22 años han habido cerca de 25 mil víctimas, de las cuales 22 mil causadas por paramilitares y fuerzas estatales y solo 3 mil por las temidas guerrillas. Es sorprendente que Colombia no advierta la falsedad, y que los periodistas mismos no enmienden las deficiencias de una nota. Sobre las presuntas relaciones con las organizaciones mapuches en Chile, la embajada escribió al Departamento de Estado que "el problema ha sido magnificado por los medios" y no está la Araucanía en llamas, según decía Piñera. Encima, sus firmantes son en su mayoría de la UDI, un partido ligado a la dictadura y que justificó y defendió las torturas y asesinatos del régimen, vale decir, una organización terrorista. Y no se puede decir que nuestra clase política se alimente de alpiste.
lísperguer


lista de absueltos y condenados


Los condenados, los absueltos, los cargos y las penas.
Argentina. 1 Jorge Rafael Videla. Fue director del Colegio Militar, jefe del Estado Mayor del Ejército y comandante en jefe del Ejército. El 24 de marzo de 1976 encabezó, junto a Emilio Massera y Orlando Agosti, el golpe de Estado que derrocó a María Estela de Perón. Juzgado luego del retorno a la democracia cumplió sólo cinco años de prisión efectiva hasta que recibió un indulto del entonces presidente Carlos Menem. En 1998 volvió a la cárcel por una causa de robo de bebés, aunque días después se le concedió el arresto domiciliario. Hace dos años perdió aquel beneficio y fue trasladado a Campo de Mayo. Se lo consideró responsable de las torturas y homicidios de todas las víctimas de la causa UP1. Le dieron perpetua.

2 Luciano Benjamín Menéndez. Entre 1975 y 1979, fue el comandante del III Cuerpo de Ejército, con epicentro en Córdoba y presencia en diez provincias. Como tal, fue el máximo responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos en estas jurisdicciones y de la existencia de los centros clandestinos en Cuyo y Noroeste. El propio Menéndez presidía la denominada Comunidad Informativa donde confluían las autoridades de todas las fuerzas de Defensa y Seguridad. Hasta ayer contaba con cuatro condenas a perpetua, que cumplía en el penal de Bouwer. Perpetua.

3 Vicente Meli. Fue jefe de Estado Mayor de la IV Brigada desde junio de 1976 y por lo tanto responsable en las decisiones que se tomaron en la provincia para "eliminar a la subversión". También acusado de las torturas y homicidios de todas las víctimas de UP1, Meli cumple detención domiciliaria desde 2007. Perpetua.

4 Mauricio Carlos Poncet. Fue jefe de la División Personal (G1) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada. Desde allí dirigió la custodia y el trato de los presos políticos. Perpetua.

5 Jorge González Navarro. Como jefe del G5 (Asuntos Civiles) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, participó en el diseño y coordinación de la represión en Córdoba. Perpetua.

6 Raúl Eduardo Fierro, alias ‘El Francés’. Fue jefe del grupo de Inteligencia (G2) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada y miembro del Estado Mayor. Algunos sobrevivientes recuerdan haberlo visto en los centros clandestinos La Perla y La Ribera. Perpetua.

7 Gustavo Adolfo Alsina. Fue uno de los jefes de las secciones de la Policía Militar. Participó de los levantamientos carapintadas de Semana Santa, beneficiándose luego con la ley de obediencia debida y con los indultos. Se lo juzgó por tormentos y por el asesinato de René Moukarzel. Perpetua.

8 Enrique Pedro Mones Ruiz. Miembro del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, donde integraba la Compañía de Comando. Se retiró con el grado de teniente coronel. Fue acusado de torturas y por el asesinato dentro del penal de Raúl Bauducco. Perpetua.

9 Miguel Angel Pérez. Miembro del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, es recordado por su testimonio autoincriminatorio en los juicios por la verdad histórica donde confesó haber asesinado a quemarropa a Bauducco en el patio de la cárcel. Perpetua.

10 Marcelo Luna, alias ‘Piruchín’ o ‘Pibe Pedrota’. Fue parte de la patota del D2 y desde ahí responsable de numerosos casos de torturas y homicidios. También fue visto en el centro clandestino Chalet de Hidráulica. Perpetua.

11 Calixto Luis Flores, alias ‘Chato’. Hasta 1977 formó parte del personal del centro clandestino D2. Integró una de las brigadas operativas de La Ribera. El año pasado había sido absuelto en la causa Albareda. Perpetua.

12 Yamil Jabour. Policía retirado con grado de comisario mayor. Fue miembro del Comando Libertadores de América y de la patota del D2. Estaba acusado de cuatro casos de torturas y seis homicidios. Perpetua.

13 Alberto Luis Lucero, alias ‘Cara con Rienda’ o ‘Chatarra’. Fue integrante de grupo calle de la patota del D2 y de la brigada operativa de Pilar. Fue visto también en el Chalet de Hidráulica. Estaba acusado por la aplicación de tormentos a diez detenidos y el asesinato de seis. Perpetua.

14 Carlos Alfredo Yanicelli, alias ‘Tucán’. Uno de los miembros más recordados de la patota del D2. Con la vuelta a la democracia llegó a conducir la policía provincial durante el gobierno de Ramón Mestre. Fue imputado por diez torturas y seis asesinatos. Perpetua.

15 Juan Eduardo Ramón Molina, alias ‘Negro’. Fue integrante de la patota de la D2 que torturó a los detenidos de la UP1 que llevaron hasta el centro para interrogarlos. Perpetua.

16 Carlos Hibar Pérez. Militar retirado, imputado por haber revistado en las filas del Regimiento de Infantería Aerotransportada II durante la dictadura. Acusado de torturar a presos políticos. Fue condenado a 14 años de prisión.

17 Juan Emilio Huber. Ex jefe de la Policía Militar 141, órgano que tomó el control de los pabellones de presos políticos en la UP1 a partir de abril de 1976. Se lo acusó por tormentos. 14 años.

18 Hermes Oscar Rodríguez, alias ‘Salame’. Entre 1976 y 1977 fue el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141, además de ser un asiduo visitante de La Perla y de participar en las reuniones de oficiales en donde se decidía la suerte de los detenidos. El que culminó ayer fue el segundo juicio en su contra. 12 años.

19 Víctor Pino Cano. Fue jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, del que dependían las brigadas que participaron del traslado de los detenidos. Se lo acusó por la imposición de tormentos a todos los presos políticos de la penitenciaría y el homicidio de tres de ellos. Cumple detención domiciliaria en el country Tortugas. 12 años.

20 Fernando Martín Rocha, alias ‘El Tuerto’ o ‘Dardo’. Era oficial principal en el Comando Radioeléctrico. Desde ahí participó en las torturas que sufrieron las seis víctimas de la causa Gontero. 8 años.

21 Miguel Angel Gómez, alias ‘Gato’. Durante la última dictadura integró el grupo de tareas que funcionó con epicentro en la D2. Los sobrevivientes del centro clandestino lo señalan como uno de los torturadores más feroces. Ya contaba con una condena a 16 años de prisión. 7 años.

22 Mirta Graciela Antón, alias ‘Cuca’. Señalada por los sobrevivientes del D2 como la encargada de darle el "tiro de gracia" a los policías que eran asesinados por sus propios compañeros, se convirtió ayer en la primera mujer condenada en Córdoba por delitos de lesa humanidad. 7 años.

23 José Eugenio San Julián. Durante la dictadura se desempeñó como jefe de la Región Noroeste de Gendarmería Nacional. Fue acusado de torturar a seis víctimas de la causa Gontero. 6 años.

24 Ricardo Cayetano Rocha. Fue integrante de la patota del D2. Se jubiló de la policía provincial por incapacidad, con el grado de sargento. Estaba acusado en las dos causas que integraron el juicio. Fue absuelto.

25 Osvaldo César Quiroga. Estuvo en las filas del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, donde integraba la Compañía A. Dejó constancia de puño y letra del retiro de los presos políticos Miguel Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo de Breuil, quienes luego serían asesinados. Fue absuelto.

26 Francisco Pablo D’Aloia. Integró las filas del Regimiento de Infantería Aerotransportada II. Estaba acusado de haber participado del traslado de Vaca Narvaja, Toranzo y De Breuil. Fue absuelto.

27 José Antonio Paredes. También del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, estaba acusado por tormentos. Unos días antes del inicio del juicio había sido encarcelado en la prisión de Bouwer. Fue absuelto.

28 Luis Alberto Rodríguez. Integró la patota de la D2 y se retiró de la policía con el grado de comisario mayor. Estaba acusado de imposición de tormentos a cuatro personas. Fue absuelto.

29 Gustavo Rodolfo Salgado. También formó parte de la patota del D2. Fue visto en el centro clandestino La Ribera. Se lo acusó de torturar a las seis víctimas de la causa Gontero. Fue absuelto.

30 Luis David Merlo. Llegó al juicio acusado de ser ‘El Moro’ Merlo, un mítico represor del D2, ya muerto. Alegó que durante la instrucción de la causa se cometió un "error de identidad" entre él y el oficial principal Luis Ricardo Merlo, quien sí habría sido ‘El Moro’. Fue absuelto.

31 José Felipe Tavip. Médico. Fue el único civil imputado en este juicio, acusado de encubridor por haber fraguado el certificado de defunción de José René Moukarzel. Fue apartado del juicio por razones de salud.
23 de diciembre de 2010
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hermanos noble en rebeldía


Felipe y Marcela no se presentaron en el BNDG.
Argentina. Los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble no concurrieron esta mañana al Hospital Durand, donde habían sido citados por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Sus abogados apelaron la medida que dispuso que les sean extraídas muestras que permitan obtener su ADN y establecer si son hijos de desaparecidos. "Desde diciembre de 2002 está ordenada esta medida de prueba que ocho años después todavía no puede cumplirse", aseguró Pablo Llonto, representante de una de las querellas.
Marcela y Felipe Noble Herrera debían comparecer a las 9 en el Hospital Durand, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos, según la orden de la magistrada que lleva adelante la causa por la posible apropiación de los hijos de la dueña del Grupo Clarín durante la dictadura militar.
Clarín adelantó ayer que los abogados de los jóvenes interpondrían un escrito ante la Cámara Federal de San Martín impugnando la medida solicitada por la magistrada.
"Es un escrito desesperado más para entorpecer y demorar la investigación", sostuvo esta mañana ante la prensa el abogado de una de las querellas, Pablo Llonto, en las puertas del Hospital Durand. "Desde diciembre de 2002 está ordenada esta medida de prueba que ocho años después todavía no puede cumplirse", aseguró Llonto al referirse a la medida ordenada por el destituido juez Norberto Marquevich.
Los abogados Llonto y Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, se retiraron con la notificación de la directora del BNDG, María Belén Cardozo, informando a la jueza Arroyo Salgado la no comparecencia de los jóvenes al BNDG.
Según informaron los letrados de la querella, mientras la Cámara Federal de San Martín no se expida, la magistrada estará en condiciones de ordenar el auxilio de la fuerza pública para obtener las muestras.
24 de diciembre de 2010
23 de diciembre de 2010
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generaciones de la democracia


No podía concebirse una democracia con Videla en libertad.
[Luis Bruschtein] Todo hubiera sido más fácil para esta sociedad si la primera condena a Videla hubiera permanecido en firme. Se hubieran ahorrado casi veinte años de frustraciones. Toda la marcha atrás a la que fue forzado Alfonsín y que profundizó por voluntad propia Carlos Menem y mantuvieron en forma inalterable los gobiernos de la Alianza y los sucesivos de postcrisis, hasta Duhalde, fue una manera de prolongar una situación injusta que sensibilizaba sobre todo a las generaciones de jóvenes que se sucedieron desde aquel momento. Nuevas generaciones de militantes de izquierda, de peronistas y radicales se foguearon en las marchas por Juicio y Castigo.
La condena a Videla resignifica a esta democracia. Es como si la volviera a bautizar. No podía concebirse una democracia con Videla en libertad. Esa carga simbólica se convertía en una carga de dinamita contra la idea de democracia. O de construcción de una democracia verdadera, en un país que casi no tenía experiencias democráticas genuinas. Es difícil de comprobar si, como afirmó Videla, Balbín le pidió el golpe. Pero en esa época, no solamente radicales, sino también peronistas y hasta socialistas y de otras corrientes políticas de izquierda y derecha participaban en las decisiones golpistas. Era una forma de hacer política, desde antes de que existiera la guerrilla. Hasta podría decirse que esa forma de hacer política tuvo mucho que ver con el crecimiento de la guerrilla. Para ser justos habría que decir que también había políticos, como el Alfonsín que llegó a diciembre de 1983, que no habían tenido esos manejos, pero eran una minoría.
En un sistema básicamente hipócrita, la última dictadura militar fue su emergente más ominoso. Se había forjado un camino que llevaba indefectiblemente a ese desenlace. En los demás países de América latina había procesos similares con diferencia de matices. En todos, las Fuerzas Armadas se habían convertido, desde casi principios del siglo XX, en la casta que tutelaba y aprisionaba el juego político. No había ninguna posibilidad de cambio democrático o de gobiernos populares y bajo ese esquema se formaron varias generaciones. Ese también fue un camino casi inexorable. La última generación que se formó bajo ese esquema tomó las armas para romperlo.
Esta vez hubo generaciones que se han formado durante veinte años bajo el signo de esa carga simbólica, en la que una fuerza inasible y suprademocrática impedía que fueran juzgados los torturadores y violadores de la dictadura. Con la condena a Videla y los demás juicios, estas generaciones pudieron llegar a un desenlace positivo de sus luchas y esperanzas.
Así, con las condenas y los juicios, estas generaciones se constituyen en generaciones de la democracia. Son el escalón que permitirá mejorar lo que hay y lograr una democracia superior. Porque con sus luchas, junto a los organismos de derechos humanos y con la decisión política del ex presidente Néstor Kirchner de anular la legislación de impunidad, ellos pudieron derrotar a esa sombra suprademocrática que hacía que la democracia no lo fuera tanto.
Los presidentes y los políticos que obstaculizaron estos juicios estaban diciendo que la democracia es esencialmente injusta, que los delitos más horribles que se cometen desde el poder no pueden ser juzgados por sociedades democráticas. Esos dirigentes que se rasgaban las vestiduras por la democracia fueron sus peores propagandistas. En el fondo, y al igual que la mayoría de los viejos políticos del siglo pasado, no fueron realmente democráticos y formaron generaciones iguales a ellos o, como la de los ’70, totalmente opuesta.
En este caso, la condena a Videla es mucho más que un hecho judicial. La poderosa carga simbólica que implica se proyecta sobre toda la sociedad como una reivindicación de la democracia, porque se logró en democracia. Y además se materializa como un gran acusador de los que todos estos años trataron de impedirla hipócritamente en nombre de una democracia en la que no creen.
23 de diciembre de 2010
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prisión perpetua y cárcel común


Veintitrés condenas y siete absoluciones en el juicio por los fusilamientos de presos políticos en la UP1 de Córdoba. Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 21 policías y militares fueron condenados ayer por el Tribunal Oral 1 de Córdoba y deberán cumplir sus penas en la cárcel. Miles de personas se reunieron en la puerta de tribunales para celebrar.
[Martín Notarfrancesco] Argentina. Como un reloj que de tanto en tanto detiene sus agujas en ese instante preciso. Es el momento en que un tribunal lee la sentencia que condena a un violador sistemático de derechos humanos, a un terrorista de Estado, a un genocida que lo abandona, para siempre, su mejor compañera, la impunidad. Ayer las agujas del reloj de la historia asomaron por Córdoba y detuvieron su marcha a las 17.49, cuando Jaime Díaz Gavier, presidente del TOF 1, le dijo de frente a Jorge Rafael Videla que estaba condenado a la pena de prisión perpetua y que, además, la debe cumplir en una cárcel común. Luciano Benjamín Menéndez y otros 21 policías y militares también fueron encontrados culpables.
Sol de diciembre y calor mediterráneo. El día arrancó agradable. La intensidad y la temperatura fueron subiendo de la mano de un termómetro que rozó los 35 grados. Sólo faltaba la última palabra de Menéndez, que pidió cerrar la ronda. Los otros 28 imputados pudieron hacerlo el martes. A las 11 de la mañana arrancó la última audiencia del juicio. Luego de la intervención del Cachorro, el tribunal pasó a deliberar, anunciando que el veredicto se leería a las cinco de la tarde.

Un Megajuicio
El juicio comenzó el 2 de julio y fue la primera megacausa de Córdoba. Los antecedentes locales se remontan a julio de 2008 y diciembre de 2009, cuando se condenó a Menéndez y otros siete torturadores del centro clandestino La Perla y cinco ex policías del D2, respectivamente.
El juicio que culminó ayer agrupó dos causas: los fusilamientos de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 –UP1– que fueron asesinados entre abril y octubre de 1976, y el expediente "Gontero", que esclareció las torturas sufridas por cinco ex policías y el hermano de uno de ellos, el mismo año. En total, el banquillo de acusados albergó a 31 imputados (uno fue apartado por razones de salud). Fueron 63 audiencias, 110 testigos y 34 años de espera. A lo largo de estos años, la causa por el fusilamiento de los ex presos políticos se convirtió en la causa maldita. Pocos confiaban en que pudiese llegar a juicio un expediente que involucraba a la Iglesia Católica y a la misma Justicia federal, que tenía a su disposición a la mayoría de quienes resultaron acribillados.
Existe otra parte de esta causa que no ingresó en este juicio. Es justamente el tramo que involucra a los funcionarios judiciales de entonces. Jueces, fiscales, defensores oficiales y secretarios que permitieron, con acciones y omisiones, que todo suceda. El trámite está a cargo del juez riojano Daniel Herrera Piedrabuena y constituye una puja, por ahora irresuelta.
En el fallo de ayer, el tribunal hizo equilibrio entre los pedidos de la fiscalía y las querellas. Videla, Menéndez y la cadena de mandos inmediata recibieron perpetuas. Lo mismo que el núcleo duro que operó en el D2 de la policía provincial. En líneas generales el clima fue de satisfacción. Pudo verse a muchos ex presos fundirse en abrazos eternos con sus compañeros de celda. Era la primera condena que recibía Videla luego del Juicio a las Juntas.
La mayor sorpresa estuvo en las absoluciones, siete en total. Nadie esperaba tantas y mucho menos que una recayera sobre Osvaldo César Quiroga, un veterano de Malvinas que en 1976 integró una de las secciones del Regimiento de Infantería Aerotransportada II de Córdoba. En cumplimiento de una orden, el 12 de agosto de 1976 retiró a cuatro detenidos de la UP1. Los trasladó atados unos a otros, vendados los ojos y en el piso de un camión. Luego de una parada intermedia, fusilaron a Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil. El cuarto era Eduardo De Breuil, hermano de Gustavo, a quien le hicieron ver los cuerpos rematados y lo regresaron a la cárcel. En su testimonio recordó que el oficial a cargo del operativo siempre fue el mismo. Quiroga dejó asentada su firma y se responsabilizó de sacar a estos detenidos. Por esta razón nadie comprendió la absolución y tanto la fiscalía como las querellas se mostraron disconformes en este punto, lo que hace presumir un planteo ante la Cámara de Casación.

Las Calles
A partir de las tres de la tarde, organizaciones sociales, políticas, juveniles, sindicatos, murgas y ciudadanos de a pie se fueron arrimando al edificio de los tribunales federales. La convocatoria de los organismos de derechos humanos reunió cerca de mil personas, estimaron desde la Policía Federal. Poco antes de las cinco de la tarde se abrieron las puertas para que algunos ingresaran a colmar la sala de audiencias. El Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, encabezaban la platea de personalidades presentes. El resto lo siguió por los parlantes y pantallas en la vereda, transpirando la gota gorda.
El tribunal marcó el criterio de revocar todas las prisiones domiciliarias y en los casos de enfermedad ordenó que una junta médica diagnosticara si el paciente puede cumplir la pena en la cárcel. En esta situación se encuentra Menéndez, entre otros.
Después de 34 años Videla sigue esmerado en mostrarse igual. Pero tal vez en algún rincón de su interior se encuentre con ese pasado que vuelve. Ahora, a su celda.
23 de diciembre de 2010
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fiscalía apelará las absoluciones


El fiscal Carlos Gonella, dijo estar "absolutamente sorprendido" por el fallo del Tribunal Oral Federal Número 1 (TOF1) que absolvió a los acusados Osvaldo César Quiroga y Gustavo Salgado, para quienes la fiscalía había solicitado prisión perpetua. Y adelantó que apelará una vez que se conozcan los fundamentos.
Argentina. Quiroga estaba acusado de haber participado del fusilamiento de los presos políticos Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Adolfo de Breuil, en un supuesto intento de fuga el 12 de agosto de 1976. "Hay prueba documental, prueba testimonial e incluso hay un reconocimiento del acusado de haber intervenido en un tramo de los hechos", señaló Gonella.
El abogado querellante Hugo Vaca Narvaja, en relación a la absolución de Quiroga, acusado por el fusilamiento de su padre, dijo que el fallo "no se ajusta en nada a la prueba aportada". "Este fallo es absolutamente injustificado. Lo que el tribunal estaría requiriendo es la foto del fusilamiento", de su padre y otros dos presos políticos, para agregar que "nosotros no la tenemos y en este caso creo que hay impunidad".
La abogada querellante en representación del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), María Elba Martínez, manifestó su "disconformidad" con la absolución de Quiroga porque se ha utilizado un criterio que "nos ha llamado poderosamente la atención y esperemos que no haya incidencias políticas en ese aspecto".
23 de diciembre de 2010
22 de diciembre de 2010
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condenan a soldados por asesinato


Un juez penal condenó a una pena conjunta de 270 años de prisión a nueve militares que asesinaron a un joven y lo presentaron como guerrillero muerto en combate, informaron fuentes judiciales locales. El gobierno paga dos mil dólares por guerrillero asesinado.

Colombia. Los condenados, cada uno de los cuales deberá purgar treinta años, son un oficial, cinco suboficiales y tres soldados, indicó en un comunicado la sección de la Fiscalía General en Medellín (Antioquia).
La entidad judicial precisó que los nueve militares hacían parte de un batallón de artillería que el 6 de junio de 2002 reportó como muerto en combate a un presunto miliciano del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que identificaron como Duberney Galeano Mira.
Según los uniformados, Galeano murió en un barrio de Medellín al enfrentarse "a las tropas con un fusil AK-47", agregó la fuente.
"Sin embargo, familiares y vecinos de la víctima declararon a la fiscalía que el joven fue retenido en un billar del sector y que su cuerpo apareció en la morgue de la ciudad", continuó la entidad judicial, que aportó las pruebas que llevaron a la condena de los implicados.
La fuente indicó que los sentenciados son un teniente, cuatro sargentos, un cabo primero y tres soldados regulares, todos ellos como responsables de "homicidio en persona protegida (por el derecho internacional humanitario)".
23 de diciembre de 2010
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