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más víctimas de cura represor


El fiscal federal Gonzalo Stara incorporo nuevas pruebas contra Eugenio Zitelli. Tres testigos de la causa Díaz Bessone sumaron evidencias del paso del entonces capellán policial por el Servicio de Informaciones. La fiscalía incluyó los dichos de Tomasa Verdún, Graciela y José Villarreal en el pedido de indagatoria.
[José Maggi] Argentina. El fiscal federal Gonzalo Stara reforzó con tres testimonios el pedido de indagatoria Eugenio Zitelli, que fuera capellán de la policía rosarina durante la última dictadura. Se trata de las testimoniales vertidas en la causa Díaz Bessone frente al Tribunal Oral Federal Nº 2 el 18 de octubre por Tomasa Verdún, Graciela Esperanza Villarreal y José Raúl Villarreal. Los tres refirieron la presencia de un sacerdote en el Servicio de Informaciones, y uno de ellos reconoció la voz de Zitelli. Stara solicitó al juez federal de la cuarta nominación, Marcelo Bailaque que incorpore los tres testimonios "como elementos de convicción que refieren a la posible responsabilidad penal de Zitelli en los hechos que se denunciaron oportunamente y que se investigan en esta causa".
A Zitelli se le imputa haber privado de la libertad corporal en forma ilegal, abusando de sus funciones, mediante el uso de violencia y amenazas, y por haberse prolongado el cautiverio durante más de un mes además de haber impuesto tormentos psíquicos a Graciela Beatriz Borda Osella, María de las Mercedes Sanfilippo, Olga Delfina Cabrera Hansen, María Inés Luchetti de Bettanin, Elba Juana Ferraro de Bettanin, Darío Castagnani y María Herminia Acevedo de Fernández, mientras permanecieron privados ilegítimamente de su libertad en dependencias de la Jefatura de Policía de la provincia de Santa Fe. Concretamente, por haberlos sometido en forma sistemática y generalizada, a condiciones inhumanas y degradantes de detención, caracterizadas por prohibición de habla, golpes continuos, amenazas constantes, desnudez forzada, deficiente alimentación, condiciones deplorables de higiene y salud, además de haberlas sometido a sesiones especiales de interrogatorios bajo la aplicación de corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo, golpes y otros suplicios".
En tercer lugar, el fiscal Stara lo imputa de "haber tomado parte de una asociación integrada entre otros por Leopoldo Fortunato Galtieri, Julián Gazari Barroso, Carlos Alberto Ramírez, Agustín Feced, Raúl Haroldo Guzmán Alfaro, Hugo Diógenes Sandoz, Ramón Genero Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, Carlos Scortecchini, Carlos Ulpiano Altamirano, Lucio César Nast, la que estaba organizada, decidida y dispuesta a poner en práctica una pluralidad de ataques a los individuos y a la sociedad, mediante la comisión de delitos indeterminados, pero esencialmente dirigidos contra la vida, la libertad y la integridad psíquica de las personas".
Cuando Tomasa Verdún relató su paso por el Servicio de Informaciones y, en particular, sobre las sesiones de torturas dijo: "Había más personas, yo los escuchaba cuando torturaban a los otros. Conmigo estaban tres que iban y venían o alguno a veces se iba a ver que información me sacaban. Había más gente colaborando que estaba torturando".
La Fiscalía le preguntó si desde eso que oficiaba de sala de torturas fue conducida a algún otro lugar del Servicio de Informaciones en algún momento. La testigo respondió: "Mientras estaba ahí porque me torturaban y después estaba muy, muy lastimada, estuve muy enferma. Veía a los que estaban torturando todas las noches y todos los días traían chicos en cantidades y torturaban a todos. Cuando estaba tirada veía que decían prepárense porque esta noche van a volar en un avión. Lo primero que pensé que era en serio volar en avión, pero después escuchaba que se reían y gozaban, escuché que iban a la orilla del río, no sé a los que llevaban, desaparecían"...
El desgarrador relato continúo. "Así es que, por eso vuelvo a repetir que fue la noche del terror, las noches que viví ahí, de día, de noche, veía a los compañeros, cómo torturaban a la gente que estaban ahí, es más un, un día que estaba tirada así veo uno con sotana, creo que un sacerdote, un cura, no sé qué era cuando lo vi dije ’ay, qué alivio por lo menos alguien se va a ocupar de nosotros que estamos aquí tirados’. El se iba y hablaba con los que estaban torturando".
La testigo contó: "Vi la parte de los pies, de la sotana cuando estaba hablando con los que estaban torturando. No pude escuchar qué decían porque era el horror, los gritos creo que de acá no sé hasta dónde se escuchaban, fue muy terrorífico. Ya le digo que cuando vi este sacerdote pensé que venía alguien que nos podía decir por favor no, no sé, dije ’encontré uno bueno’, alguien que me va a salvar porque no tenía nadie para preguntarle de nada ni por qué esto, ni por qué aquello, o por mis hijos, que era lo que más me interesaba porque ellos me decían que estaban mis hijos ahí, que si yo no cantaba la verdad los iban a matar a mis hijos".
Luego de este relato, la Fiscalía le preguntó si, estando en Alcaidía, por conocimiento directo o a través de otras personas, supo que en algún momento hubiera ido un religioso, mientras ella estaba detenida. La testigo respondió que sí, que "ahí se había acercado un sacerdote, era alguien que fue a hablar con una de las chicas creo, ahí me enteré que estaba él, que era el padre Zitelli que es quien iba a hablar con una de las compañeras".
La Fiscalía le preguntó si lo pudo ver y ella respondió que sí y si la persona esa que ella describió que pudo ver por debajo de la venda estando en el Servicio de Informaciones era la misma persona que luego vio en la Alcaldía. La testigo respondió: "Creo que sí porque no había otro, creo que era el único que tenía (sotana). No había otra, supongo que sí. Además cuando fue a hablar con las chicas ahí, también con María Inés (Lucchetti de Betanín) lo señalaban como el sacerdote, el padre". La Fiscalía le preguntó si recordaba cómo estaba vestido ese sacerdote en la Alcaldía; la testigo respondió: "Con sotana andaba".
Por su parte, Graciela Villarreal manifestó en la audiencia que, estando en Devoto, le dijeron que iban a salir para Pascua, no para Navidad. "Así pasaron los años, hasta el cura -recuerdo-, el cura que nos fue a visitar de Rosario, nos planteaba que firmemos el arrepentimiento". La testigo no recordaba el nombre de este sacerdote.
Por su parte, José Raúl Villarreal apuntó: "en esa especie de sótano, no sé cuánto tiempo ahí ya realmente uno pierde toda la noción del tiempo, no sé si por el estado mismo, porque había muy poca luz y porque está oscuro, está permanentemente oscuro. Empiezan a alimentarnos de una forma despreciable, el olor de la comida era de un podrido terrible. Recuerdo el aliento de otros presos. Y pensaba ’bueno, cerrá el estómago y comé porque no sabés qué podés comer mañana’. Uno lo tragaba. En esa situación estuvimos días. Después de un par de días que estábamos en ese sótano, siento la voz, una voz hablando en nombre de Cristo y, no sé, sugiriéndole a los detenidos que estábamos allí que confiáramos en Dios. Soy católico, no practicante, pero bueno me resultó fácil concluir de que era un eclesiástico que estaba allí entre nosotros y hasta donde puedo ver, con gran asombro, veo que la persona, este cura era el que le había dado el último adiós a mi padre, porque mi padre que falleció en el año 1969, pertenecía a las filas policiales. Como se usaba todavía en aquellos tiempos que se velaba al fallecido en su domicilio, y mi padre fue velado en mi domicilio donde detienen a mi hermana. El capellán este había estado hablando conmigo en aquellos tiempos, para sorpresa mía, estaba entre medio de todos los que habíamos sido golpeados, que estábamos todos en ese sótano. Estaba la palabra de este cura en medio de todos los detenidos allí. No puedo recordar el nombre pero era el capellán de la policía porque era el mismo que despidió los restos de mi padre en mi casa con guardia de honor y todo. Mi padre estaba en funciones en la policía cuando falleció. Si bien era administrativo, no era operativo".
27 de diciembre de 2010
26 de diciembre de 2010
©rosario 12
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gallesio aprueba orden de no portar armas


Enrique Gallesio, ex comandante de la Gendarmería, cree que prohibición de portar armas durante manifestaciones, es una orden racional.
[Raúl Kollmann] Argentina. "La orden de la ministra Nilda Garré de que no se utilicen armas de fuego frente a protestas es absolutamente racional. Y tampoco las postas de goma: el control es difícil y, además, desde cerca, pueden matar. El personal de civil es mejor no utilizarlo. Facilita algunas detenciones, pero también es difícil controlarlo. En caso de ser necesario, también deben estar sin armas de fuego y bien identificados. En otros países, se preserva en forma estricta el espacio público, o sea que no se permite que muy poca gente corte una vía o una avenida. En ese caso, después de que se intenta la negociación, la disuasión, interviene un cuerpo especializado, con un mando muy preciso, superioridad numérica y usando mucho la inteligencia. Debo decir que la Gendarmería actuó en esto sin disparar un tiro en los últimos años." El diagnóstico lo realiza Enrique Gallesio, comandante general retirado de la Gendarmería, fuerza en la que estuvo a cargo de la división Orden Público. Gallesio fue subsecretario de la gestión bonaerense de León Arslanian, integra el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) y es profesor de la Universidad de Quilmes en el posgrado sobre Análisis del Delito.
"Es obvio que había que tomar una decisión –señala Gallesio–. Venimos de tres muertes en Río Negro, tres muertes en Soldati, la de Mariano Ferreyra en Barracas y las dos en Formosa. Es razonable entonces que la ministra Garré haya tomado la determinación de que no se porten armas de fuego. Y tampoco las postas de goma. Está claro que es muy difícil el control de los cartuchos. En estas escopetas terminan apareciendo postas de plomo. Hay efectivos que las compran y las ponen por miedo o por las dudas. Insisto, siempre el control fue complicado. Además, la bala de goma disparada a muy corta distancia produce lesiones graves y hasta la muerte."

De todas maneras, buena parte de la población piensa que el Estado termina en la inacción y un grupo muy chico termina afectando a gran cantidad de gente.
Hay que trabajar en revisar los modus operandi y cuáles son las formas en las que debe intervenir el Estado. Lo primero es que tiene que haber un gran esfuerzo en la negociación y el diálogo. Se necesita un comité que conduzca estas situaciones con instrucciones muy precisas. Cuando se llega a intervenir, se tiene que hacer sin armas letales como hemos dicho. El desalojo se puede hacer con agua entintada, con los camiones hidrantes, con la superioridad numérica. Está claro que el policía de la comisaría no sirve para esto: tiene que ser gente bien entrenada para estas situaciones y con experiencia.

Siempre las fuerzas, en especial la Policía Federal, recurren a personal que está de civil. En Constitución volvieron a aparecer, incluso armados.
Por supuesto que con ese personal civil se pueden hacer detenciones en forma más fácil, sorpresiva. Pero lo ideal es no utilizarlo, porque se escapan del control. En caso de necesidad, deben estar bien identificados y sin armas de fuego. Lo mejor, no usarlos. El Estado tiene muchísimos recursos, los tiene que usar con inteligencia. La mayoría de los países son estrictos en la preservación del espacio público, pero hay que hacerlo con capacidad, con organización y con cuerpos que tengan preparación y experiencia. La Gendarmería ha trabajado en esa situación sin disparar un tiro en los últimos años.

En las últimas semanas hubo que afrontar las tomas de predios.
En las tomas siempre hay personas presionadas por otras. La mayoría de los que están, están asustados, tienen miedo. Pero los punteros o los vivos les prometen cosas, los tienen presionados diciéndoles que ya no les van a conseguir tal o cual cosa. Por eso el juez Daniel Rafecas estuvo perfecto: se identifica a los cabecillas, se libra la orden de captura y eso hará avanzar mucho las cosas con el objetivo de desocupar el espacio público ocupado. La clave es reunir información. Hay que hablar con la gente y escuchar. Además, todos los diálogos de los ocupantes se dan por celular, de manera que los jueces tienen que ordenar escuchas para saber cuáles son las claves de esa toma. Muchísimos seguro que no están de acuerdo. Y es muy importante entender que no son el enemigo. Es gente muy humilde. Lo que hay que establecer es quiénes son los que persiguen el lucro económico o político. Insisto, el Estado tiene muchos recursos para afrontar la situación.

¿Era necesario un Ministerio de Seguridad?
Lo fundamental es iniciar un proceso de cambio en las fuerzas de seguridad. Y ese proceso debió empezarse antes. Nilda Garré está bien elegida porque es leal a la Presidenta, que es un elemento fundamental respecto de quien está a cargo de la seguridad, y viene de una gestión en Defensa en la que se requirió mucha personalidad. Por otra parte, está en sintonía con el Acuerdo para una Seguridad Democrática que han firmado los dirigentes de casi todas las fuerzas políticas. También es importante el hecho de que Garré viene con experiencia en la gestión administrativa. Insisto en que este cambio de las fuerzas de seguridad debió empezar antes.
27 de diciembre de 2010
26 de diciembre de 2010
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mataron a testigo clave


Hallan muerto a testigo clave en entierros de desparecidos en Uruguay. El ex soldado había aportado datos precisos y hasta un croquis de los cementerios clandestinos utilizados durante la última dictadura militar uruguaya.
Uruguay. Un ex soldado uruguayo que aportó información sobre el entierro clandestino de personas durante la última dictadura militar en Uruguay (1973-1985) fue hallado muerto y su cuerpo mutilado, informó hoy la prensa de Montevideo.
Julio Ramírez, de unos 60 años de edad, era un "testigo clave" en la investigación que lleva adelante la Justicia uruguaya en torno al entierro de cuerpos en los Batallones números 13 y 14, ubicados en poblaciones cercanas a Montevideo, indicó La República.
El ex soldado había aportado datos precisos y hasta un croquis de los cementerios clandestinos, agregó. Un equipo de arqueólogos y antropólogos prevé próximamente realizar excavaciones en uno de esos Batallones procurando hallar restos de desaparecidos.
Según sus hermanos, Ramírez habría sido asesinado entre el 12 y 13 de diciembre y su cuerpo fue encontrado mutilado el día 21 en el río Uruguay. El hombre trabajaba en un establecimiento agropecuario de la zona.
Fuentes no identificadas citadas por el diario aseguraron que el ex soldado habría sido asesinado por militares argentinos que fueron informados por militares uruguayos de las declaraciones de Ramírez, renovando el "Plan Cóndor" de coordinación represiva que operó en los años setenta entre las dictaduras en el Río de la Plata.
26 de diciembre de 2010
©la tercera
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argentina recupera dignidad


columna de lísperguer
Condenan a prisión perpetua a ex dictador Videla y otros criminales.

Argentina vive un proceso admirable de recuperación de la memoria histórica. No solamente en los juicios a militares y civiles comprometidos en violaciones graves a los derechos humanos, y en las penas y condiciones de cumplimiento (perpetua en cárcel común), sino también en otros aspectos de la sociedad argentina. Las leyes actuales, por ejemplo, impiden que un funcionario de facto pueda ejercer cargos públicos (en Chile funcionarios de la dictadura, incluyendo a ministros, no han sido inhabilitados y todavía ejercen influencia en la vida pública). Los jueces que colaboraron con la dictadura están siendo identificados y juzgados (acá, al contrario, los jueces que colaboraron están protegidos y otros continúan entorpeciendo la labor de la justicia). Se ha prohibido dar a calles, plazas, escuelas e instituciones como regimientos, nombres de funcionarios de facto (acá abundan las calles con nombres de criminales). En Argentina hay democracia. Los chilenos todavía no la recuperamos.
lísperguer

hermanos noble herrera no llegaron


Los Noble Herrera apelaron la resolución sobre la obtención de ADN. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló que "nadie que tiene pruebas de un delito puede ocultarlas". La resolución del caso podría dilatarse hasta que la Corte Suprema se expida.
[Raúl Kollmann e Irina Hauser] Argentina. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que "están utilizando a los jóvenes para no llegar a la verdad".
Marcela y Felipe Noble Herrera no concurrieron ayer al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Así, como anticipó Página/12 el miércoles, el expediente en el que se intenta determinar la identidad de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín va camino a empantanarse. Desde hace nueve años, ambos jóvenes y su madre se niegan a que, de una manera definitiva, se establezca si son o no hijos de desaparecidos. Ayer volvieron a eludir la decisión de la Justicia con una apelación, con la que intentan dilatar el proceso y llegar a la Corte Suprema. A primera hora, los letrados de Felipe y Marcela presentaron un escrito en el que sostuvieron que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado interpreta equivocadamente la ley que ordena extraer mínimas cantidades de sangre, saliva, pelo o piel para realizar los estudios de ADN. Las Abuelas de Plaza de Mayo señalaron que la jueza tiene facultades para llevar a Felipe y Marcela por la fuerza pública a realizar el análisis, pero esa chance no fue contemplada por la magistrada, quien resolverá sobre la apelación que, de todas maneras, tendrá que ser tratada por la Cámara Federal de San Martín. Todo indica que el caso irá a la Cámara de Casación y luego a la Corte.
Arroyo Salgado estuvo temprano en el Hospital Durand, sede del BNDG. Junto con la titular del Banco, María Belén Rodríguez Cardozo, hicieron una especie de guardia formal para el improbable caso de que Marcela y Felipe se presentaran a hacerse los estudios pedidos por la jueza. Como era cantado, nada de eso ocurrió y, también temprano, los abogados de los jóvenes –encabezados por Jorge Anzorreguy– presentaron una apelación en el juzgado de Arroyo Salgado. La magistrada evaluó que con la apelación su resolución no quedaba firme y, por lo tanto, se suspendió, de hecho, la extracción.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a la cancha al mediodía. "Nadie que tiene pruebas de un delito, puede ocultarlas. Los abogados están utilizando a los jóvenes, los utilizan y victimizan para no llegar a la verdad de este crimen horrendo de la dictadura. El Estado tiene la obligación de establecer la verdad."
Para justificar su no presentación, los abogados de los hijos de la dueña de Clarín sostuvieron que la jueza interpreta mal el artículo 218 bis del Código Penal que, por una ley del año pasado, faculta a los magistrados a extraer en forma compulsiva mínimas cantidades de sangre, saliva, pelo o piel para hacer el estudio de ADN. Anzorreguy se basó en un caso anterior, Vázquez Ferrá-Gualtieri, en que la Corte rechazó la extracción compulsiva. Pero aquel fallo fue previo a la sanción por parte del Congreso de la ley que estableció el artículo 218 bis y, además, los ministros de la Corte entendieron que había medidas alternativas posibles, como realizar algún allanamiento e incautar ropa o cepillos de dientes como camino para conseguir el material necesario y hacer el estudio de ADN. En el caso Noble Herrera esas medidas alternativas se concretaron, pero siempre los resultados terminaron siendo dudosos. Por ejemplo, en la ropa interior de Marcela apareció un perfil genético masculino pero también uno femenino.
Lo cierto es que tanto el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, como el de las familias querellantes, Pablo Llonto, denunciaron que se sigue demorando la extracción de sangre o pelo que fue ordenada por primera vez en diciembre de 2002, hace ocho años. Las apelaciones y presentaciones, que se vienen haciendo desde mucho antes de la asunción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, consiguieron dilatar las cosas y amenazan con postergar los estudios de ADN hasta que la Corte se expida, lo que puede demorar cerca de un año. El primer paso lo tendrá que dar Arroyo Salgado la semana próxima. La jueza seguramente rechazará la apelación. Es muy probable que lo mismo suceda con la Sala II de la Cámara de San Martín e incluso en Casación. La última palabra la tendrá la Corte.
25 de diciembre de 2010
24 de diciembre de 2010
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amenazan a familiares de desaparecidos


Ante la CIDH fue interpuesta una solicitud de protección a René Guarín, vocero de las víctimas del Palacio de Justicia que se vio obligado a salir del país, y a Yolanda Santodomingo, una testigo clave.
Colombia. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo dirigió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando medidas cautelares para René Guarín, quien ha liderado la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con su hermana Cristina Guarín entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, días en que ocurrió la Toma del Palacio de Justicia.
La solicitud también cubre a Yolanda Santodomingo, una estudiante de derecho al momento de la "toma", quien ha declarado en el proceso que fue llevada al Batallón Charry Solano torturada y abusada sexualmente, y posteriormente fue dejada en libertad. Santodomingo fue aprehendida con Eduardo Matzon, otro estudiante de derecho, hijo de un exgobernador de Bolívar.
La petición de protección fue hecha tras las declaraciones del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, quien fue condenado en primera instancia por las desapariciones del Palacio, en las que aseguró que Cristina Guarín era una guerrillera del M-19 y que al momento de la toma tenía un revólver. Esas declaraciones, según las víctimas, han derivado en amenazas en contra de su vida.
La carta argumenta que ésta fue la razón por la que Guarín, abanderado de la causa de los familiares de los desaparecidos durante la "toma del Palacio", tuvo que salir por segunda vez del país. En caso de que la Comisión le otorgue a Guarín las medidas cautelares, el Estado colombiano deberá garantizar la seguridad de Guarín y su familia, quienes se fueron hace varios días del país.
El representante de las víctimas contó a Semana.com que hace unos días le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos para pedirle que implementara un pago de recompensas a quien dé coordenadas sobre el paradero de los restos de los desaparecidos y considere la posibilidad de otorgar el principio de oportunidad para quienes colaboren con la justicia.
"Es que necesitamos cerrar el duelo y mientras no tengamos restos que enterrar no lo podemos hacer", dijo Guarín.
En una carta, el Gobierno respondió que su solicitud fue trasladada a la Fiscalía. De manera que la fiscal Vivianne Morales ahora deberá estudiar el caso.
Guarín también solicitó a la Fiscal que reintegre en el caso a la exfiscal Ángela Buitrago, quien fue depuesta de su cargo, luego de que, en su criterio, hubiera logrado avances significativos en la investigación. Buitrago fue retirada del cargo por el fiscal saliente Guillermo Mendoza Diago.
25 de diciembre de 2010
23 de diciembre de 2010
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las familias de cristina e yves


Familiares de Cristina Cialceta e Yves Domergue. La familia alrededor del árbol.
Argentina. Familiares, amigos y compañeros de Cristina Cialceta e Yves Domergue colocaron ayer una placa recordatoria junto al árbol del Bosque de la Memoria de Rosario en el que descansan las cenizas de las víctimas, quienes desaparecieron durante la última dictadura militar. Sus cuerpos permanecieron enterrados como NN en un cementerio de Melincué hasta que en el mes de julio pudieron ser identificadas. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, participaron del acto entre otros funcionarios del área.
Los restos de los jóvenes fueron identificados en julio de este año, a partir de una denuncia realizada por la Secretaría de Derechos Humanos.
Entre los familiares que participaron del acto, se destacó la presencia de los padres de Yves Domergue, quienes vinieron de Francia, hermanos y sobrinos, así como primos de Cristina Cialceta. También estuvieron presentes la profesora Juliana Cagrandi, quien presentó la denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos y, entre otros funcionarios de la provincia, y los subsecretarios de Derechos Humanos zona norte y zona sur, Horacio Coutaz y Angel Ruani.
El grueso de la familia de Yves había regresado a Francia pero él se quedó con Eric en Argentina. Éste último se inclinó por el periodismo documental y fue una pieza clave en la búsqueda de su hermano. Ayer estuvo en Rosario para colocar la placa que recuerda a la pareja en el Bosque de la Memoria.
24 de diciembre de 2010
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fuck peta


columna de lísperguer
PETA lanza poco frecuente campaña a favor de la adopción de perros de refugio.

PETA acaba de lanzar una nueva campaña a favor de la adopción de mascotas en refugios, con un video en el que muestra a actores arrastrando bolsas, presuntamente con los perros muertos que no adoptará la persona que decida, en lugar de eso, comprar una mascota. "Si compras un perro, ¿qué vas a hacer con el perro de refugio que estás matando?" La verdad es que la organización dedicada a la eliminación de perros y gatos encontrados en las calles es PETA, no usted ni yo. También yo preferiría que los criadores de mascotas fueran prohibidos, y que la gente adoptase más perros y gatos de refugios, ¿pero qué tendrá PETA que decir sobre esto?
PETA mata sistemáticamente a los perros que recoge de la calle. En 2009 mató a 2301 y encontró hogares adoptivos para ocho; en 2008, mató a 2124, y dio en adopción a siete; en 2007 mató a 1815, y dio en adopción a 17. PETA no oculta que mata a los perros que recoge, y ya dejó de pretender que los sacrifica por razones médicas. La inmensa mayoría de los perros sacrificados son perros sanos. Newkirk, la jefa de PETA, ha declarado muchas veces que no hay suficientes hogares adoptivos para los ocho millones de perros encontrados en las calles que terminan en caniles, donde son sacrificados independientemente de su estado de salud. Muchos caniles venden los cadáveres a fábricas de alimento para mascotas.
Pero ¿es verdad que no hay familias dispuestas a adoptar? Las cifras de PETA (8 adopciones en 2009, 7 en 2008), francamente ridículas, no dicen que la gente no quiere adoptar; sólo dice que PETA impide que siquiera tengan la posibilidad, porque no organiza campañas de adopción. En sus perreras en Virginia PETA mata y miente. Para mencionar un solo ejemplo de que cuando se organizan campañas de adopción serias, la gente sí adopta mascotas de refugios, el Equipo de Defensa y Rescate Animal de Santiago, entre mayo y diciembre de 2009 encontró hogares adoptivos para 350 perros. Los ejemplos abundan.
Las cifras que ofrece PETA son una burla y una tomadura de pelo. Organizaciones con casi cero recursos, pero de corazón grande, encuentran familias humanas para cientos de mascotas todos los años.
Al mismo tiempo, los furibundos ataques de PETA contra los activistas del movimiento Sacrificio Cero, que rechazan el asesinato de mascotas, delata su verdadera postura. ¿Por qué en lugar de atacarlos, no abandona las matanzas y colabora con ellos? PETA no tiene el menor interés en la adopción de mascotas porque no cree en ninguna solución, y esgrime la muerte como el camino de la liberación de las mascotas, una idea realmente perversa.
PETA es una organización criminal que no debe ser tolerada. Debemos denunciar sus asesinatos toda vez que podamos, y mostrar que tras sus mujeres en tetas se oculta una ideología criminal que se ensaña con los más desprotegidos bajo la pretensión de que les ayuda a evitar el sufrimiento.