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desinterés en estafas del presidente


columna de lísperguer
Según cables revelados, chilenos muestran poco interés en pasado criminal del presidente Piñera.
Pero los votantes parecen desinteresados por estas acusaciones. Asombroso. También los chilenos que teníamos un concepto más alto de nosotros mismos no podíamos entender la impudicia de la derecha, que presentaba como candidato a un señor encausado y condenado por estafa, y que había construido su fortuna adquiriendo empresas públicas convenientemente privatizadas. Luego rasgamos vestiduras por el vendedor de cedés piratas que murió en el incendio en la cárcel. Nada parece lo que es. El ideólogo de la nueva derecha (que tenía como uno de sus principios la defensa de la economía de libre mercado honesta, la democracia y los ddhh) aparece elogiando al expresidente Uribe, un verdadero monstruo salido del infierno, y a Aznar, un político ordinario y servil. ¿Qué se podía esperar de políticos dispuestos a gobernar con terroristas de extrema derecha? ¿Y qué esperar de un pueblo al que aparentemente le empieza a molestar la memoria?
lísperguer


lo vieron en el si


Al menos siete testigos denuncian la participación de Zitelli en la represión. además de los tres testimonios aportados recientemente por la fiscalía, hay otras declaraciones contundentes contra el sacerdote que justificaba la tortura, pero se indignaba por las violaciones, ya que estaban involucradas con la moral.
[José Maggi] Argentina. La incorporación de tres nuevos testimonios en el pedido de indagatoria del obispo Eugenio Zitelli, que publicó ayer Rosario/12, se suma a siete testimonios que acusan al sacerdote -entonces capellán de la policía- de participar en la represión ilegal que tuvo como epicentro de la zona al Servicio de Informaciones. Graciela Borda Osella, María Inés Luchetti de Bettanín y Olga Cabrera Hansen son algunas de las ex detenidas que vieron al sacerdote en los lugares de detención, y lo escucharon justificar la tortura como método para obtener información. Ante esta pluralidad de pruebas, el fiscal federal Gonzalo Stara consideró que el religioso debe ser considerado "responsable por casos particulares".
Graciela Borda Osella fue secuestrada el 19 de agosto de 1977, en su lugar de trabajo en la Municipalidad de Rosario, mientras que en su domicilio, de calle Presidente Roca 1339 fueron secuestrados su marido Silvio Félix Paganini y María de las Mercedes Sanfilipo. Luego fueron trasladados al SI, donde permanecieron cautivos, sometidos a un régimen inhumano de vida y en un marco de imposición de tormentos físicos y psíquicos. La víctima declaró que recuperó su libertad el 25 de agosto de ese mismo año junto con su marido y que, cuando estaban siendo liberados, se le acercó un hombre que le "habló amablemente, como un cura", y que le dijo que se olvidara de lo sucedido "porque había sido una confusión". Ante esa situación, ella le pidió verle la cara aduciendo que él había sido el único amable con ella. "Esta persona me bajó las vendas y pude verlo. Años más tarde, por una foto que vi en el diario del padre Zitelli, lo reconocí", declaró la testigo.
Por su parte, una de las testigos que ya declaró en la causa Díaz Bessone, la abogada Olga Cabrera Hansen, fue secuestrada de su domicilio por personal del Ejército, junto con el ingeniero Caraffa, el 19 de noviembre de 1976. Durante su cautiverio permaneció siempre vendada. El 27 de noviembre fue trasladada a la Alcaidía de la Jefatura. Entre sus compañeras de cautiverio en la Alcaidía estuvieron Liliana María Feulliet de Salami, María Inés Luchetti de Bettanín con su bebita, Juana Elba Ferraro de Bettanín, Luisa Marciani de Gómez, su hija Gladis Gómez, Teresa Marciani, Gladis Marciani, María del Carmen Sillato y Tomasa Verdun de Ortiz, que tenía una hemorragia vaginal aguda. En Alcaidía, por presión de sus familiares, se logra que el capellán de Alcaidía preste asistencia espiritual, presentándose el cura Zitelli. El no bautizó a los niños y sólo se indignó por las violaciones. El sacerdote dijo que le habían prometido que eso había terminado; sobre las demás torturas, manifestó que eran "un medio para obtener información".
Uno de los testimonios más contundentes contra Zitelli pertenece a una testigo que ya falleció, María de las Mercedes Sanfilippo. Torturada en varias oportunidades, el 12 de septiembre de 1977 fue trasladada a Alcaidía. Allí solicitó ver a un sacerdote, con la intención de hacer una denuncia. "Vino un sacerdote de apellido Zitelli quien, luego de escuchar mi exposición, poniéndole en conocimiento de la gente desaparecida y de las torturas recibidas, no dio importancia a mis relatos interesándole sólo el hecho de si me habían violado", declaró la víctima en las instancias de instrucción.
También María Inés Luchetti de Bettanín -que ya declaró en la causa Díaz Bessone- tuvo una evidencia directa de la participación de Zitelli. Secuestrada el 2 de enero de 1977, en una vivienda de barrio Gráfico. El propio Agustín Feced, cuando fue indagado el 11 de septiembre de 1984, admitió que Luchetti y su suegra, Elba Juana Ferraro de Bettanín (otra víctima que falleció en los años de impunidad), fueron alojadas en la Alcaidía, donde tuvieron contacto con Zitelli. Bettanín relató con toda claridad que le pidió a Zitelli el secreto de confesión para contarle de las torturas y violaciones. El cura justificó los tormentos, pero se indignó por los abusos sexuales, porque involucraban a la moral.
Otra de las víctimas que acusó a Zitelli fue Darío Castagnani, detenido en noviembre de 1976, en la ruta. Lo llevaron al SI. La suegra de Castagnani, con militancia católica en Casilda, se había movido y había llegado a Zitelli, que era -según los dichos de la víctima- el que podía influir para saber cuál era su paradero. Un día, a los 15 días de haber sido detenido, a Castagnani lo llamaron y lo vendaron. El pensó que ahí no se salvaba de la tortura. Lo subieron, y le indicaron que entrara a un lugar. Allí se encontró con "este personaje llamado padre Zitelli", que él adujo que no conocía de antes. Según dichos de la víctima, el padre Zitelli le dijo "siéntese hijo" y él, aunque no se sintió muy hijo de él, se sentó. Zitelli le explicó que las circunstancias eran muy duras, pero le dijo que aguantara, que esto era una cosa circunstancial en la vida de la república, o la patria, o la nación, que tratara de aguantar, que no le iba a pasar nada y que tratara de leer la Biblia. Castagnani le respondió que lo único que allí había era tortura, palo y nada más, que no había nada que leer. El padre Zitelli le dijo que le haría llegar una Biblia, lo que nunca sucedió. Castagnani consideró que Zitelli debió escuchar los tormentos, ya que se encontraba en el mismo piso.
Por su parte, María Herminia Acevedo de Fernández fue detenida el 29 de noviembre de 1976. Llegó al SI vendada, y la dejaron parada en un pasillo donde fue objeto de todo tipo de vejámenes. El 4 o 5 de enero de 1977 la trasladaron a la Alcaidía, donde no querían recibirla por su pésimo estado físico. "Estábamos completamente incomunicados con nuestros familiares, solamente nos dejaban hablar con nuestra familia si había un permiso especial del Comando o también podíamos salir para hablar con el sacerdote, que era Zitelli. Una vez le conté todo mi drama y me dijo que si a mi hija la habían detenido era por algo, lo único que hacía era escucharme, indudablemente estaba de parte de ellos", relató la testigo. La hija de María Herminia, Gloria Fernández, está desaparecida.
28 de diciembre de 2010
27 de diciembre de 2010
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dudas en las absoluciones


El juez tuvo obligación de absolver.
Argentina. Entre los puntos más discutidos de la sentencia se encuentra la sorpresiva absolución de Osvaldo César Quiroga, un capitán del Ejército que, cumpliendo una orden, retiró de la UP 1 a Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y a los hermanos Gustavo y Eduardo De Breuil. Tras una parada intermedia, tres de los presos fueron fusilados, mientras que Eduardo De Breuil fue obligado a mirar los cuerpos de sus compañeros muertos. Las pruebas contra Quiroga parecían firmes. Había firmado la salida de los presos y, en su testimonio, De Breuil dijo que la voz del oficial que comandó el operativo fue siempre la misma. Pese a los indicios y las pruebas, el tribunal decidió absolverlo.
Al respecto, Jaime Díaz Gavier explicó que "se trata de un problema de valoración de las pruebas y de los indicios que tendían a acreditar la responsabilidad de Quiroga. Si esas pruebas no llevan a un estado de certeza, si uno tiene alguna duda, si se abre alguna posibilidad de interpretación diferente, el juez tiene la obligación legal de absolver. Pero quiero decir que este episodio fue acreditado y no ha quedado impune. Han sido condenados por esas muertes Videla, Menéndez, Meli, González Navarro, Poncet y Fierro", los miembros del Estado Mayor que tuvieron a su cargo la represión.
Hugo Vaca Narvaja, hijo de una de las víctimas y querellante en la causa, manifestó amargura y tristeza por la absolución de Quiroga. "Lógicamente que a los imputados los tiene que condenar la prueba, que debe ser analizada con la sana crítica racional, y eso requiere de tres prioridades: estar sano, tener crítica y ser racional", dijo. "Si con la prueba que hay en contra de Quiroga no se llegó a condenar, quiere decir que alguno de estos tres factores está fallando. Cuando conozcamos los fundamentos del fallo, es posible que apelemos las absoluciones", concluyó el querellante.
Además de Quiroga resultaron absueltos los militares Francisco Pablo D’Aloia, José Antonio Paredes, y los policías Luis David Merlo, Luis Alberto Rodríguez y Gustavo Adolfo Salgado.
28 de diciembre de 2010
27 de diciembre de 2010
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extraña muerte de un testigo


El caso de un ex soldado uruguayo que dio información sobre la dictadura. Allegados a Julio Ruperto Ramírez, de 60 años, afirmaron a Página/12 que al ex soldado lo mataron. Habría aportado datos y hasta un croquis sobre enterramientos de desaparecidos.
[Mercedes López San Miguel] Uruguay. El cadáver de un ex soldado uruguayo apareció en las aguas del río Uruguay con el rostro desfigurado, un brazo mutilado y el pecho abierto. Allegados de Julio Ruperto Ramírez, de 60 años, afirmaron a Página/12 que están convencidos de que fue un asesinato y que ocurrió del lado argentino. Según publicó ayer el diario La República, la razón de su muerte sería el haber aportado información sobre enterramientos de desaparecidos en Uruguay.
El asesinato se habría producido el 12 o 13 de diciembre y el cuerpo se habría encontrado el martes 21 de diciembre. El hermano de Julio Ramírez, Luis Ramírez, aportó información en diálogo telefónico con este diario. "A Julio lo asesinaron. El capitán Montenegro, de Prefectura Argentina, me dijo que no viera el cadáver porque tenía la cara desfigurada y el pecho abierto y entonces me iba a impresionar demasiado. El cuerpo estaba en Paranacito y lo llevaron a Gualeguaychú. Dijeron que tenía más de una puñalada. Me dijeron también que hasta el 15 de enero no iban a suministrar más datos, ni me podían entregar el cuerpo."
Se le preguntó si alguien había denunciado que estaba desaparecido. Luis Ramírez contestó: "Desaparecido no estaba. El iba y venía todas las semanas. Un amigo de nombre Carlos Ferreyra hizo la denuncia de que se había caído al agua".
Ramírez trabajaba en la isla El Sauce, frente a la ciudad uruguaya de Nueva Palmira. Página/12 contactó a Diego Gómez, el dueño de la quinta en la que vivía Ramírez. Se le preguntó qué sabía de la aparición sin vida de su empleado. "Yo no era su patrón. El me pidió de quedarse en mi casa y hacía changas. Trabajaba a destajo. Vivía en su casa prefabricada desde hace unos cinco años. El mismo día que él desaparece yo tengo un accidente, así que hablé por teléfono con su hermano Luis. Por lo que sé, Julio venía de trabajar en el pantano y se cayó al agua."
Gómez aseguró que Julio Ramírez no le dijo nada que hiciera sospechar que le podía pasar algo. "Julio no se metía con nadie, era tranquilo. La gente de la isla lo quería. Me parece raro todo. Nadie, ni siquiera su hermano, me dijo que el cadáver tenía heridas. Mañana mismo le pido autorización a mi médica y voy a ir a preguntar."
Según el diario La República, el ex soldado habría aportado datos y hasta un croquis que aún se conserva sobre enterramientos de desaparecidos en la cancha de fútbol del Batallón N° 13, conocido como "el Infierno" (para los presos) o el "300 Carlos" (según la jerga militar).
En el Batallón Nº 13 funcionó a mediados de los ’70 un centro de torturas de las Fuerzas Armadas. No fue el único. Pero sí el más grande y conocido, por el que pasó la mayoría de los detenidos políticos de la dictadura uruguaya (1973-1985).
Ramírez también prestó servicios como soldado en el Batallón N° 14 de Toledo, donde hay pistas sobre la existencia de un cementerio clandestino de desaparecidos, llamado "Arlington", y donde próximamente se reanudarán las excavaciones para intentar encontrar cuerpos.
Un amigo vinculó la muerte del ex soldado con el hecho de que haya aportado información en causas de derechos humanos. Roberto Martínez dijo en conversación con este diario que la vida de su amigo estaba en peligro desde el momento en que habló. "No me cierra lo que pasó. El sabía muchas cosas importantes de la dictadura. Su vida corría peligro desde que habló de muchas cosas. En agosto unas personas fueron a hablar con él. El les dijo todo lo que sabía."

¿Le comentó que se sintiera amenazado?
No. Alguien lo mató o lo mandó matar. La gente de la isla no tenía motivos.

¿Se había arrepentido?
El estaba muy arrepentido de haber participado en el ejército. De lo que le hicieron personalmente. El se negaba a participar de las torturas y el ejército primero lo cambió de batallón. Después lo echó.

¿Por qué no llegó a declarar a la Justicia?
Estaba decidido a hacerlo. Hay personas que se mantienen en silencio. Otras un día hablan.

Luis Ramírez afirmó que su hermano no le contó nada, pero que a él le parecía raro que no quisiera vivir en Uruguay. "El no me dijo si habló o no. Nunca se abrió con esos temas. Nos pareció raro que viviera allá y que no quería vivir de este lado de la costa."
28 de diciembre de 2010
27 de diciembre de 2010
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complicidad de jueces y curas


La sentencia de Córdoba echó luz sobre la complicidad de jueces y de religiosos. "Hasta tres días de tortura no son pecado si sirven para salvar vidas", decían los curas de la UP 1, según el testimonio de Fermín Rivera, el primero que denunció los fusilamientos de presos políticos en Córdoba.
[Martín Notarfrancesco, Pablo Luro y Waldo Cebrero] Argentina. La sentencia del juicio a Videla repara no sólo a las víctimas y sus familiares. El Estado asume sus culpas y consagra la voz de los sobrevivientes. Ese relato oral que perduró en el tiempo para dar testimonio de la atrocidad encuentra su reivindicación en un fallo que otorga valor a sus voces.
A días de aquella jornada, distintos actores de este proceso analizan el desarrollo del juicio y las conclusiones del tribunal. La sensación de tarea cumplida se entremezcla con los nuevos horizontes y lo que falta. Las complicidades reflotadas a lo largo del debate marcan el rumbo para seguir profundizando el camino de justicia. La Iglesia Católica y la Justicia federal quedaron muy comprometidas. La causa "de los magistrados", abierta en contra de los funcionarios judiciales de entonces, acusados de no investigar los crímenes denunciados por los presos políticos, ya pide pista.

Los Primeros en Denunciar
Con 34 años de espera en los hombros, Fermín Rivera, autor de la denuncia que dio origen a esta causa, se siente "satisfecho de que hayan sido condenados algunos de los máximos responsables, pero también de que se pueda conocer la verdad tras décadas de querer ocultarla". Fermín Rivera es un ex preso de la UP 1 que denunció, mientras estaba preso en Rawson, los fusilamientos de los presos políticos. Los detenidos políticos tenían el compromiso de denunciar lo que vivían en la cárcel, y él intentó hacerlo ante los jueces Eudoro Vázquez Cuestas y Adolfo Zamboni Ledesma, que le tomaron declaración maniatado y apuntado por fusiles militares que lo custodiaban. Durante el juicio, Rivera denunció la actuación de los capellanes del penal Eduardo McKinnon y Sabas Gallardo, quienes justificaban que "hasta tres días de tortura no son pecado si sirven para salvar vidas". "Pero también consideró que fueron juzgados sólo algunos de los ejecutores de los crímenes. Faltan los hombres cómplices de la Justicia, de la Iglesia y los que se beneficiaron económicamente. Ninguno de los crímenes se podría haber cometido sin las complicidades. Este puede también ser un primer paso", concluye Rivera.
"Ahora que los policías que me torturaron están presos, pienso en volver a vivir a la Argentina, porque siento que el país es otro muy distinto al de antes", adelantó el ex policía Luis Urquiza, abrazado a sus dos hijas, nacidas en Dinamarca. Urquiza es ex policía y el único querellante de la causa "Gontero", donde se investigó la participación de la policía de Córdoba en la estructura represiva que comandó Luciano Benjamín Menéndez. En los ‘90 decidió volver del exilio, pero en 1997 tuvo que escapar nuevamente tras recibir amenazas de Carlos Yanicelli, uno de sus torturadores, que fue director de Inteligencia de la policía durante los gobiernos de Eduardo César Angeloz y Ramón Bautista Mestre. Urquiza denunció durante el juicio que el por entonces ministro de Asuntos Institucionales de la provincia, Oscar Aguad, apadrinó a más de cien represores del D2 en la policía, entre ellos a Carlos Yanicelli, un hombre de su confianza. "Aguad hoy es diputado nacional del radicalismo y ocupa el Concejo de la Magistratura. Moralmente debería apartarse de ese lugar", afirma Urquiza.
"Esto que empezó hace 34 años, costó mucho dolor. Ahora puedo volver con mis hijas. Ellas también son víctimas porque nos tuvimos que ir del país, incluso en democracia, por falta de voluntad política del gobierno radical de entonces", concluye.
Héctor Fransicetti vivió desde adentro de la UP 1 el período represivo que terminó con los fusilamientos. Desde su lugar de víctima y testigo afirmó que para ellos este juicio fue un resarcimiento. "Estamos conformes en un porcentaje importante porque la mayoría de los asesinos de los compañeros están ahora condenados", dijo emocionado en la puerta de los tribunales, a minutos de haber escuchado la sentencia.

Algo de Paz
Rosario Rodríguez fue la compañera de vida de Pablo Alberto Balustra, delegado sindical de Obras Sanitarias y militante montonero que fue asesinado el 11 de octubre de 1976. Como familiar de una víctima, dio ante el tribunal uno de los testimonios más sentidos, que sirvió para comprender la magnitud de los crímenes. "Me siento muy feliz de haber vivido este momento. Fueron muchos años de sufrimiento para nosotros, los familiares. Las colas frente a la cárcel, y las giras por los hospitales para saber dónde estaban los cuerpos de nuestros muertos, son recuerdos muy duros y ahora podemos decir que, aunque no nos devuelve a los familiares, el juicio trajo algo de paz", dirá Rosario horas después, ya en los festejos.
"Yo no lo tengo a mi hermano y era vital en la vida de la familia", dijo Miriam Funes, hermana de José Cristian, ‘El Diablito’, fusilado el 30 de junio de 1976. Sus palabras expresaron el vacío que lleva adentro hace tres décadas. Si bien valoró la llegada de este juicio, también dejó claro que "nunca ningún juicio ni ninguna sentencia me van a conformar".

Un Largo Camino
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, llegó hasta Córdoba para seguir las últimas dos audiencias del juicio. Luego de escuchar el veredicto, dijo que hace décadas esperó por este día. "Hace casi treinta años nos presentamos como querellantes junto con María Elba Martínez, pero después vinieron las leyes de la impunidad. Recién con este gobierno se pudo comenzar a juzgarlos y por eso es tan importante que podamos estar en este día histórico." También valoró el derecho a defensa que se le respetó a cada uno de los imputados. Al respecto, dijo que "esto habla de la dignidad de un pueblo y una Justicia. Estoy seguro de que sobre la impunidad no se puede construir una democracia".
Carolina Scotto, rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo presente, como en cada una de las sentencias que se dieron en Córdoba. Desde su punto de vista, estos juicios constituyen un paso adelante a favor de las generaciones de argentinos y argentinas que van a cuidar estas conquistas, como algo de lo que no se puede retroceder. "Estos juicios nos obligan a que los ciudadanos y las instituciones completemos la revisión y hagamos la recuperación de la memoria, con la valentía que hace falta para asumir el rol que nos cupo para que no volvamos a cometer viejos errores. El proceso que acaba de terminar desnudó esas responsabilidades institucionales, incluso las de omisión, que no son sanas a la verdad."
El querellante Martín Fresneda fue de los más optimistas. Se mostró conforme con la sentencia y dijo que "sin lugar a dudas tiene una dimensión política porque interpela parte de la historia". El abogado de H.I.J.O.S. opinó que se trata antes que nada de "un proceso penal y no un juicio político". "Visto así –agregó–, las absoluciones hablan bien del proceso porque significa que hubo una defensa, que no se está condenando sin pruebas que certifiquen con la certeza necesaria. Por otro lado, lo valorable, más allá de las penas, es haber juzgado a los responsables."

Mirando hacia Adelante
Para el fiscal Carlos Gonella, este juicio puede generar un quiebre en la Justicia federal. Allí radica su expectativa. Afirmó que el juicio ventiló las complicidades civiles que tuvo el genocidio político. Dijo además que espera que "pueda haber una autocrítica urgente del rol que cumplieron nuestros pares de la Justicia, de los que yo me avergüenzo. Espero que esas complicidades sean analizadas en los fundamentos de la sentencia y que permitan agilizar las investigaciones a funcionarios de la Justicia durante la dictadura cívico-militar".
Marcelo Yornet es militante de H.I.J.O.S. y su conclusión del fallo apuntó más hacia adelante. Dijo que fue todo un aprendizaje colectivo haber luchado en paz para condenar estos crímenes y ahora queda el trabajo de afianzar los verdaderos logros que dejan estos juicios, la incorporación de los derechos humanos en la vida diaria de la gente.
28 de diciembre de 2010
27 de diciembre de 2010
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doce perpetuas


El carácter de perseguidos políticos resalto en los testimonios del Atlético, Banco y Olimpo. "Hace quince años tomé la decisión de que esta lucha era una lucha colectiva", dice Paula Maroni, cuyo padre fue uno de los desaparecidos en el circuito de campos clandestinos Atlético-Banco-Olimpo.
[Alejandra Dandan] Argentina. El presidente del Tribunal leía la sentencia. Era el día de la condena a los 17 acusados por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo. A unos metros, entre las sillas de los sobrevivientes de los campos, familiares e integrantes de los organismos de derechos humanos, Paula Maroni escuchaba una y otra vez cómo se caía el nombre de su padre: los represores eran condenados por algunas víctimas, pero a su vez absueltos por otras. Por el caso de su padre, al comienzo había seis acusados pero a medida que avanzaba la sentencia los nombres desaparecían de la lista: "¡Qué feo que me sonaba!", dice Paula, que finalmente escuchó el nombre de Juan Patricio como parte de la condena a prisión perpetua de Julio Simón. "Mi viejo es un caso que no fue visto por muchas personas, la única testigo es mi mamá porque va al Atlético con él y mi abuela que presenció el operativo –dice ella–; afuera, el día de la sentencia, mis compañeros estaban preocupados porque escuchaban que se caía de las condenas, pero yo estaba feliz porque hace quince años tomé la decisión de que esta lucha era una lucha colectiva, y me dije: está bien, el Tribunal habrá dicho: ¡vamos con los casos recontraprobados!, el resto los dejamos afuera, cosa que sea inobjetable la sentencia."
El casi medio centenar de represores que fue condenado por crímenes de lesa humanidad no debería ser un dato más. Las sentencias que alcanzaron a celebridades como el ex presidente Jorge Rafael Videla o Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y Samuel Miara, Julio Simón y Raúl Guglielminetti en Buenos Aires, también hicieron foco en nombres poco conocidos: en general autores materiales de la represión, muchos juzgados por primera vez y que son quienes estaban del otro lado de las vendas de los tabicados, los que secuestraron, torturaron, trasladaron y ejecutaron a las víctimas. Para los querellantes, el fallo que condenó a 12 de los 17 acusados a prisión perpetua está marcando avances históricos, aunque también los límites de la lógica penal: entre algunos, marcan el silencio al omitir en las condenas la condición de perseguidos políticos de las víctimas o la idea de convalidar de alguna manera que sin cuerpos no es posible probar que los traslados fueron exterminios.
"La sentencia es muy importante", vuelve a decir Ana María Careaga como el primer día. Ana María es sobreviviente del circuito y fue uno de los motores de la causa. "Este fue uno de los primeros juicios grandes de Comodoro Py: es la primera vez que se juzga colectivamente a los represores como parte de un circuito y eso trasciende a cada uno de los desaparecidos de ABO y permite que se juzgue también un plan sistemático, para analizar el método aplicado por todas las fuerzas de seguridad".
Atlético-Banco-Olimpo fueron tres campos clandestinos operados principalmente por policías que funcionaron de modo sucesivo, por lo que iban mudando a las víctimas. Funcionaron de mediados de 1976 a comienzos de 1979. El juicio oral empezó el 24 de noviembre de 2009, se juzgó a 17 represores por un total de 183 casos. "Fue además muy importante para el escenario de Comodoro Py –sigue Careaga– porque inaugura las otras sentencias que van a venir en ese mismo escenario."

La Herramienta
La sentencia se conoció el miércoles pasado: las 12 perpetuas alcanzaron a Miara y el Turco Julián; hubo cuatro condenas a 25 años de prisión y una absolución para Juan Carlos Falcón, conocido como "Kung Fu" por el modo marcial que tenía de golpear a los detenidos. Más allá de las razones por las que se condenó a cada uno –razones que se conocerán en marzo con la difusión de los fundamentos, o de si es verdad o no que en el caso de Falcón pesó su coartada según la cual, para la época, era custodio personal de Albano Harguindeguy–, cuando escuchó la absolución, Delia Barrera salió de la sala llorando para encerrarse en el baño.
"No volví a entrar, no pude", dice a Página/12. "Falcón estuvo en mi casa, es el que nos torturó, nos separó de las celdas con mi primer marido, el que lo trasladó a él, el que decide mi libertad." El operativo de su secuestro se hizo en un departamento de la calle Superí 135. Kung Fu apareció entre los primeros hombres del grupo de tareas, Delia lo describió con los ojos achinados, el cuerpo alto y como la persona que llevó adelante todo su caso adentro del campo: desde los interrogatorios hasta los traslados. "Siento dolor y bronca –dijo–: ¿qué otra prueba les puedo dar? Estoy muy contenta con la sentencia, pero siento que me quedé con un Falcón atragantado en la garganta, yo di bastante prueba, muchos de mis compañeros también lo reconocieron por fotos, pero no me importa, vamos por más y seguramente lo vamos a agarrar con el ABO II."
Algo de esa misma sensación de poco se repitió con Guglielminetti y Ricardo Taddei, extraditado de España en 2007. Ambos recibieron condenas a 25 años de prisión, sin perpetuas. Guglielminetti porque no lo condenaron por homicidio como al resto; sólo se lo consideró partícipe secundario entre otras cosas –se supone– porque no lo situaron en los tres campos como sostienen las víctimas. A Taddei, porque un convenio con España le impide a la Argentina aplicar sanciones más altas de las que se permiten allí. Pero más allá de las razones, lo que cuestionan es la lógica de la Justicia Penal que todavía está pidiendo pruebas tangibles, causas y efectos, como si no hubiese pasado el tiempo.
"Es la herramienta que tenemos para juzgar a estos delitos aberrantes y estas herramientas tienen sus limitaciones", dice Careaga. "Se necesita de este tipo de herramientas para juzgar una práctica que se hacía en forma clandestina: con campos clandestinos, con represores con apodos, con los nombres de las víctimas cambiados, por eso creo que doce perpetuas son un avance."

La Singularización
Isabel Fernández Blanco es una de las testigos con más declaraciones a cuestas: seis veces en total. Sin embargo, la experiencia no alcanza: antes de declarar esta vez estuvo durante días perseguida por esos miedos que todavía pesan en las espaldas de los sobrevivientes: ¿qué pasa si se olvidan de algo? ¿De alguno de los nombres de los compañeros que no volvieron de los centros?, esa promesa que se dieron unos a otros, y que los comprometió para pelear por la justicia. El susto siguió. Un día antes de declarar visitó a una vieja compañera. Le pidió ayuda; lápiz y papel y que anote lo que iba diciendo. Habló. Siguió. Hasta que esa compañera agarró la lista, la dobló en dos y le dijo: "¿Sabés qué tenés que hacer? Hablar de lo que viviste".
"Sentía que los recuerdos que se me habían borrado de pronto aparecían y creo que tuvo que ver con que por primera vez yo iba a ahí para hablar de mí", dice Isabel. "Cuando estás sentadito ahí es como que los recuerdos fluyen, y yo recordé cosas que hasta me sorprendieron." Entre otras, su lugar en el área federal de Montoneros, en prensa. "Me faltó decir que era militante de base, pero creo que la idea de que pudiéramos decir que éramos militantes habilitó a lo mejor ese recuerdo."
La lógica del caso por caso que se abrió en el juicio, como sucede en otros procesos de Comodoro Py, la posibilidad de hablar ante los represores o la búsqueda de algunos actores como los fiscales, que al dar por probada la represión intentaron hacer aparecer las historias de vida, la materialización de los militantes desaparecidos pero sobre todo sus militancias políticas, fue lo que trazó un nuevo perfil en los juicios. Casos como el de Isabel, que hasta ahora iba a hablar de otras víctimas, empezaron a reconstruir historias en singular.
Miguel D’Agostino es uno de los que están convencidos de que poder hablar de la militancia fue una de las características de estos juicios. Sobreviviente del circuito, declaró en los ochenta cuando la eclosión de la teoría de los dos demonios les abría la posibilidad de quedar detenidos a los que plantearan cosas por el estilo. Y cuando muchos liberados todavía sufrían prisiones a distancia: recibían llamadas de control, citas en bares o terminaban presos. D’Agostino dice que los juicios empezaron a recuperar ese pasado político.
"Me llamó la atención que el fallo no hiciera ninguna referencia a la militancia política", indica en alusión a otros fallos que toman como agravantes la condición de militantes políticos de las víctimas. Esa característica fue tratada por Alejandro Alagia, el fiscal federal. Asumiendo todos los riesgos por los posibles pedidos de nulidad, el fiscal pidió el castigo por genocidio para todos en representación –por primera vez– de un organismo del Estado e intentado explicar a las víctimas como parte de un grupo nacional con características políticas definidas, víctima de una matanza. "Me llamó la atención que no hagan referencia a esto –dijo Miguel–, creo que de ese modo se está desapareciendo una identidad, la identidad social y política de las personas."

Los Homicidios
En la condena hubo otro dato: la perpetuas se habilitaron porque a doce represores los vincularon como autores o coautores del homicidio de los únicos cinco cuerpos que están aparecidos e identificados en la causa. Son cinco víctimas identificadas en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Sin cuerpos, la Justicia Penal o por lo menos una parte de ella –como lo demuestra esta sentencia– no parece estar en condiciones de condenar a perpetuas.
"En términos generales es un logro importantísimo, pero me deja sabor a poco –sigue Miguel–: estamos en el siglo XXI, tenemos mucha información y necesitamos establecer con mayor detalle que los que no están, por ejemplo, son personas desaparecidas, exterminadas y asesinadas para garantizar la impunidad." Y dice: "Todavía estamos festejando, no estamos en la etapa del análisis, en estos días también fue condenado Videla, estamos eufóricos por eso: pero nos parece sorprendente, después de treinta y pico años, verles la cara que hasta ahora sólo habíamos visto a través de la posibilidad o no de levantarnos una venda y arriesgándonos a ir a la sala de tortura. O que los conocíamos porque alguien se animaba a susurrarnos algún dato y ahora verlos así, ¡cómo no vas a festejar!".
"Yo creo que estos juicios trascienden el tema jurídico", vuelve a decir Ana María Careaga. "Creo que esta sociedad no puede salir de esos juicios como entró: ninguno de los que están sentados ante esos relatos que son insoportables sale igual, porque hablan de la humanidad, y esto se repite en cada punto del país donde tiene lugar un acto de justicia."
28 de diciembre de 2010
27 de diciembre de 2010
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qué dijo el dinosaurio


Que repitió y que dijo de nuevo el dictador Videla antes de su segunda perpetua. El miércoles Jorge Rafael Videla fue sentenciado a perpetua por segunda vez en 25 años. Antes desarrolló un alegato con siete mensajes políticos dirigidos al Gobierno y a la sociedad argentina.
tiene 85 años, era general hasta que fue degradado y acaba de recibir su segunda condena a reclusión perpetua en 25 años. En su alegato de defensa repitió antiguas falacias de la Guerra Fría con un condimento actual. "Ni sé si esta guerra, sin medios violentos, ha terminado", se preguntó.
A principios de octubre de 1975, el entonces presidente interino Italo Luder, a cargo del Estado porque Isabel Perón había pedido licencia, convocó a los comandantes generales. Videla ya era jefe del Ejército. Este es el recuerdo que acaba de elegir para narrar ese momento: "Debí exponer y dije que habiéndose agotado la instancia de represión a cargo de las fuerzas de seguridad y la inoperancia de la Justicia, que por temor no había dictado ni una condena, parecía llegado el momento de apelar al uso de las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo subversivo". Y agregó: "Eso implicaba reconocer un estado de guerra interna". Para continuar, en un párrafo que conviene leer más de una vez: "Las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para reprimir. No disponían de balas de goma, balines, carros hidrantes. Pero fundamentalmente no tenían entrenamiento para reprimir sino para hacer la guerra, en donde se muere o se mata". Es decir que como no estaban preparadas para reprimir, mataron. Según Videla, Luder dio su acuerdo y el país se dividió en zonas bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
Es bueno aclarar que cuando Videla habla de "guerra" no resulta muy preciso. Pero en general parece referirse a la guerra como una acción entablada por un enemigo que instaló "un conflicto bélico interno de profunda raíz ideológica y fomentado de manera internacional". Esa guerra, según él de carácter "irregular", esa guerra de cuyo fin tiene dudas ahora el dinosaurio, abarcó "operaciones militares" que "hicieron crisis en 1975 y 1976 y comenzaron a declinar a fines de 1977".
Videla habló antes de que el miércoles último fuera condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N0 1 de Córdoba por asesinatos y tormentos cometidos entre abril y septiembre de 1976. Ya había sido condenado a perpetua en el Juicio a las Juntas de 1985. Aquella sentencia de hace 25 años está firme porque en agosto la Corte Suprema declaró inconstitucional el indulto con que el ex presidente Carlos Menem benefició al dictador en 1990. Así, Videla tiene hoy dos perpetuas.

Siete Novedades
El alegato fue impactante. Quienes recuerden, por edad, el tono de voz de Videla desde su anticipo del golpe de Estado en la Navidad de 1975, entonces un teniente general de 50 años, hasta sus discursos como presidente de facto entre 1976 y 1981, habrán notado que el timbre vocal suena idéntico pese al tiempo transcurrido y las canas. El resto puede constatar, en el YouTube o en www.eldiariodeljuicio.com.ar, el excelente site de H.I.J.O.S. filial Córdoba, que el tono de lectura fue firme y pausado. El ex general que en el juicio de 1985 fingía indiferencia ante la justicia humana leyendo textos sobre la guerra santa, esta vez lucía erguido.
¿Cuáles son las novedades que incorporó el dinosaurio en su alegato de Córdoba?
En primer lugar, los destinatarios: la sociedad argentina y "su juventud manipulada por la desinformación".
También su idea primitiva de que existiría una continuidad demoníaca inmune al paso de la historia: "En aquellos años se decía que cuando llegue el tiempo de la política y sobrevenga en ellos (en los generales) el temor porque no saben practicarla, será el momento de derrotarlos porque no saben manejarse en ella. No hay duda de que cumplieron su palabra porque hoy gobiernan. No necesitan de la violencia porque ya están en el poder e intentan implementar un régimen marxista de base gramsciana anulando las instituciones".
En tercer lugar, su autodefinición como "preso político". ¿Quiénes lo mantienen preso? "Quienes después de ser militarmente derrotados se encuentran hoy ocupando los más diversos cargos del Estado."
Cuarto, la noción de que existe sobre la década del ’70 "una versión sesgada de la realidad".
Quinto, la justificación del robo de bebés cuando habla de la forma de operar del ERP y Montoneros: "Estos jóvenes cumplían de día sus funciones como estudiantes, hijos, obreros, y de noche, con una pastilla de cianuro y un arma escondida a veces en coches cuna, acompañados por sus parejas generalmente embarazadas para ser usadas como escudo, asaltaban, ponían bombas, etcétera".
Sexta idea, la incorporación abierta de Sudáfrica como un país clave en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética desatada después de la victoria de los aliados contra el nazismo en 1945. Dijo Videla: "Existían dos agrupamientos antagónicos desde el punto de vista ideológico. La imposibilidad de la destrucción masiva y simultánea dio lugar a la Guerra Fría y su equilibrio inestable, que nadie se atrevió a romper. La URSS ideó un subterfugio para romper ese equilibrio, alentando en Sudáfrica y en Sudamérica la toma del poder en aquellos países mediante formas violentas. La Argentina no fue ajena a esa situación". La Marina, mientras estaba conducida por Emilio Eduardo Massera, el Mengele de los experimentos políticos, tomó a la Sudáfrica del apartheid como un aliado natural y concibió el territorio sudafricano como un aguantadero para el relax y los negocios de las patotas de la Escuela de Mecánica de la Armada, incluyendo por cierto al propio Alfredo Astiz. Es posible que el alegato de Videla marque la primera vez en que un jefe no perteneciente al ala masserista recuerde a la Sudáfrica de aquel momento dentro de una concepción estratégico-militar internacional de la que la Argentina formaba parte.
Y séptimo, la idea de que el terrorismo "es un crimen contra la humanidad".
El comunista italiano Antonio Gramsci murió en las prisiones de Benito Mussolini en 1937. Mientras el Vaticano inventó la versión de que Gramsci pidió la extremaunción antes morir para atenuar su laicismo radical –-aplicable contra cualquier dogma, religioso o político–, distintas caricaturas del marxista italiano intentaron que perdiera su riqueza. Gramsci, por ejemplo, tenía claro que un Estado moderno debía limitar el poder del Vaticano pero a la vez advertía contra un anticlericalismo bobo y recogía los valores colectivos que muchos trabajadores mantenían como herencia, aún, del cristianismo primitivo.
En la Argentina, la caricatura que fue dibujando la extrema derecha integrista pintó un Gramsci astuto animando desde el más allá la conquista de las mentes y la toma del poder desde dentro de las instituciones. Como se ve, ese identikit simplote se conecta en estos tiempos con un republicanismo conservador que ya decretó, en la Argentina, la muerte institucional a manos de un populismo que demuele todos los días un artículo distinto de la Constitución.
El escrito que leyó Videla toma en cuenta esta dimensión y le suma un hilo argumental. Si los marxistas gramscianos que hoy gobiernan ya tomaron las instituciones y las liquidaron, esas instituciones no son legítimas. Naturalmente, Videla no tiene en cuenta el papel de una Argentina que vota y debate, pero no hay por qué pedírselo al primer presidente de un gobierno tiránico que hasta se autoasignó un papel fundacional en la transformación definitiva de la Argentina.
Al costado de ese hilo que procura quitar legitimidad y legalidad a la democracia, la mención del terrorismo como autor de crímenes contra la humanidad no suena ingenua. Tal vez apunte a sembrar sospechas que tiendan a igualar al Estado terrorista con la guerrilla, pero un juez debería probar que la guerrilla cometió actos masivos y sistemáticos de violaciones de derechos humanos contra la población civil. Más allá de la valoración histórica, política y moral que cada uno tenga de la guerrilla argentina, sus actos no se asemejan a los del Khmer Rouge camboyano o a los peruanos de Sendero Luminoso con sus matanzas de campesinos. Por otra parte, cuando las Fuerzas Armadas asumieron el poder, el 24 de marzo de 1976, Montoneros no tenía poder de fuego más allá de la posibilidad de cometer atentados y el Ejército Revolucionario del Pueblo ya había sufrido una masacre decisiva cuando fracasó en el intento de tomar el regimiento Viejobueno de Monte Chingolo, a fines de 1975.

La Guerra Fría
Quizá con la colaboración de algún periodista o abogado, o con la ayuda de alguien que reúne ambas asimetrías a la vez, Videla trató de presentar un esquema simple de aquellos años. Fue didáctico hasta el esquematismo cuando colocó a la Argentina viviendo su guerra dentro de la Guerra Fría. Como toda lectura tosca de la Guerra Fría –y conste que también hay lecturas toscas desde la izquierda, con la gran diferencia de que éstas no desembocaron en el terrorismo de Estado– el enfrentamiento entre Washington y Moscú aparece totalizador y omnipresente. Berlín oriental y Viena habrían tenido el mismo nivel de importancia que Tucumán o Villa Ortúzar.
La escala mundial le permite a Videla utilizar la misma sencillez aparente para describir fenómenos que sí merecen puntualizaciones más exactas. Dice en un momento: "A mediados de la década del ’70 los elementos terroristas habían proliferado. A ellos se sumaban las guardias sindicales y la Triple A, que operaba bajo la conducción de José López Rega", ministro de Bienestar Social de Juan Perón y, a la muerte del líder, el 1 de julio de 1974, influyente secretario privado de Isabel Martínez.
Sin embargo, la guerrilla estaba en declinación y no en auge en 1975. Incluso su único ejercicio rural de entonces, encarnado por el ERP en Tucumán, terminó en un experimento de represión por izquierda que abarcó como blancos a los propios guerrilleros y a cientos de dirigentes sindicales sin relación con ellos.
Es cierto que los grandes sindicatos, como la Unión Obrera Metalúrgica, dispusieron de grupos organizados, pero su poder letal ya iba disminuyendo en el segundo semestre de 1975, justamente porque las diversas vertientes de la izquierda estaban diezmadas o en franca derrota.
En cuanto a la Triple A, sus comandos articulaban con el grupo de comisarios que dependían del jefe de Policía de Isabel Perón, el general Albano Harguindeguy, luego ministro del Interior de Videla. También la Triple A reduciría su intensidad a fines de 1975, en parte porque José López Rega había sido obligado a alejarse del país tras la tarea cumplida y en parte porque ya estaba claro que a la etapa de represión dispersa le seguiría una etapa de represión sistemática del mismo modo que, en economía, el intento ultraliberal de Celestino Rodrigo en 1975 sería continuado por un proceso de concentración y financierización persistente en 1976.
Videla, uno de los jefes políticos de aquella tiranía con vocación sistemática, terminó su alegato expresando su deseo de que la Argentina sea un país "reconciliado y pujante".
El tribunal estableció que debe cumplir su condena en una cárcel común. Un lugar apropiado para profundizar sus conocimientos sobre la Guerra Fría y la guerra santa mientras, como el resto de los jefes, espera cumplir su objetivo: morir en medio del pacto de silencio, llevándose sus secretos a la tumba.
27 de diciembre de 2010
26 de diciembre de 2010
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miseria de la lengua


"Se trata de una "guerra imprecisa" que aún continúa por medios no violentos, y concluye: los enemigos derrotados en el campo militar hoy gobiernan el país, están en el poder, y quieren instaurar un régimen marxista a la manera de Gramsci".
[Diego Tatián] Comienza Videla. Aunque dice que pensó en llamarse a silencio como hasta ahora, declara haberse decidido a romperlo por la juventud y las nuevas generaciones. No habla ante un tribunal sino para la historia. Se trabuca, se equivoca, se le desacomodan las hojas. Pero no parece nervioso. Se cambia las gafas. Exhibe un esquema en cuyo centro está la expresión "guerra interna". Afirma que no se trató de una guerra sucia, sino de una guerra justa, y cita a Santo Tomás. Desarrolla, pretenciosamente, una filosofía de la historia reciente. Habla como si hubiera condescendido a dictar una lección para legos.
Dice también: los guerrilleros eran un enemigo mimético, sin uniforme ni banderas, que usaban mujeres embarazadas como escudo para poner bombas y asesinar. Y dice otras cosas, hasta que llega a donde finalmente quería: esa guerra no terminó. Se trata de una "guerra imprecisa" que aún continúa por medios no violentos, y concluye: los enemigos derrotados en el campo militar hoy gobiernan el país, están en el poder, y quieren instaurar un régimen marxista a la manera de Gramsci. Se define como preso político e insta a la sociedad argentina a recuperar el protagonismo perdido (por protagonismo entiende: haber delegado en las Fuerzas Armadas la defensa de "nuestro estilo tradicional de vida").
Dijo no haber venido a defenderse. Lo que se propuso en efecto fue justificar, con la repetición de una tosca versión de los hechos, la masacre de miles de personas, entre otros crímenes. Pero no lo hizo sin amenazas –que fueron aún más explícitas en el caso de la arenga a los gritos de Gustavo Alsina (quizás el más elemental y feroz de los asesinos condenados), incapaz de distinguir una sala de tribunales (y el mundo en general) de un cuartel militar; incapaz de advertir la diferencia entre "coraje cívico" y bravuconada energúmena despojada del menor pensamiento, que embiste sin importar lo que hay delante ni de qué se trata.
Videla fue el primero en hacer uso de la palabra; Menéndez, el último, a su romo discurso, ya usado en otros juicios, antepuso esta vez largas citas del artículo de Todorov que días atrás publicara La Nación; también citas de Caparrós, Martini y Massetti. En el medio, la más miserable secuencia de idiotismo y cobardía cínica.
Hubo quien (el Gato Gómez ni más ni menos) se presentó como un humilde trabajador proveniente de una familia pobre y ahora honesto cocinero para viejitos en un hogar de día; hubo otro que dijo de sí ser descendiente de pueblos originarios y alfabetizador de sus propios padres iletrados; hubo quien se mostró perplejo por lo que estaba ocurriendo y al borde del llanto dijo no entender del todo por qué motivos se lo sometía a proceso; hubo quien dijo que otra persona se hizo pasar por él para cometer el crimen por el que se lo estaba juzgando ahora.
En casi la totalidad de esos sórdidos relatos, que oscilaron entre la amenaza y la autoconmiseración, estuvo presente la Navidad. Uno de los imputados imploró a los jueces que pensaran en la tristeza de su familia durante la Nochebuena; otro espetó que "dentro de poco el cordero de Dios iba a ser sacrificado", y muchos concluyeron la alocución que les garantiza la ley deseando Feliz Navidad a todos –en algún caso mirando provocativamente a los pocos familiares de las víctimas que decidieron estar en la sala durante la víspera de la sentencia (entre ellos Olga Tello, siempre con la foto de Diana Findelman, capaz de afrontar con calma conmovedora esa exhibición del mal en toda su banalidad pero también en todo su cinismo y brutalidad, "para no dejar solo a Pérez Esquivel").
Imposible no recordar aquí la página en la que Borges relata su experiencia durante el Juicio a las Juntas en 1985. El día en el que asistió declaraba Víctor Basterra. "De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar –confesaba el viejo escritor–, referiré la que más me marcó, para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre." Los secuestrados habían sido conducidos a una sala con una larga mesa tendida, donde había "manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino". Entre tortura y tortura, continúa Borges, en la cena de Nochebuena "apareció el señor de ese infierno y les deseó Feliz Navidad".
En mi opinión, ni aquella macabra cena de Nochebuena, ni los siniestros deseos de felicidad ("sin distinción de credos") que se debieron escuchar en la sala de Tribunales el 21 de diciembre último, tienen que ver con una "inocencia del mal" –según la expresión que Borges acuñó en el texto mencionado, contigua en su espíritu a la "banalidad del mal" con la que años antes Hannah Arendt había subtitulado un libro sobre Eichmann. En mi opinión hay allí simplemente burla y experimentación con el dolor de los otros.
Considerar esas "palabras últimas" de Videla, Menéndez y los sicarios de la peor patota asesina que asoló Córdoba por años como si fuera un relato único donde las posibilidades más sórdidas que aloja la lengua que hablamos pueden ser despertadas, deja en quien ha oído una irremediable turbación: todo puede ser dicho. Hay algo triste en que así sea.
[El autor es filósofo y docente de la Universidad Nacional de Córdoba.]
27 de diciembre de 2010
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