perú cede zona marítima a bolivia

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Argentina felicita a Perú por ceder zona marítima a Bolivia. "No sé lo que piensan en Chile, sí sé lo que pienso yo y Argentina, y es que esto muestra que en América Latina estamos por la amistad por encima de todos los conflictos", dijo el canciller argentino.

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Argentina. El canciller de Argentina, Héctor Timerman, felicitó al gobierno peruano por la decisión de ceder a Bolivia durante 99 años, aunque sin soberanía, una zona marítima en el puerto sureño de Ilo.
Timerman, quien llegó hoy a Lima en visita oficial, manifestó al presidente peruano Alan García "el agrado argentino por el gesto que ha tenido Perú con Bolivia de poner a disposición un lugar más amplio de acceso al mar".
Recalcó que el protocolo suscrito la semana pasada representa "un gesto generoso que hermana y muestra el sentimiento que hay entre los países de América Latina".
Timerman dijo desconocer la reacción de Chile. "No sé lo que piensan en Chile, sí sé lo que pienso yo y Argentina, y es que esto muestra que en América Latina estamos por la amistad por encima de todos los conflictos, si podemos ayudar a otro país lo vamos a ayudar", indicó.
El canciller argentino fue recibido por García en el Palacio de Gobierno, tras lo cual realizó un recorrido a pie por la Plaza de Armas de Lima, antes de partir hacia la sede de la Cancillería, donde se reunirá con su homólogo peruano, José García Belaúnde.
Alan García y el presidente boliviano Evo Morales se reunieron el martes pasado en el puerto de Ilo, donde suscribieron un protocolo complementario a un acuerdo de 1992, por el que Perú otorga a Bolivia por 99 años facilidades portuarias y de libre tránsito para sus exportaciones y abre la posibilidad de instalar industrias en la Zona Franca y Económica Especial en Ilo.
22 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
©la nación

urgente restitución de tierras

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Por qué la restitución de tierras debe ser un propósito nacional. ¿Cuál es el impacto del despojo en la economía? ¿Cuáles son los retos de la sociedad colombiana ante los problemas del campo? ¿Por qué los desplazados deben reintegrarse a la vida productiva en el campo?

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Colombia. Los problemas institucionales para la restitución de tierras, el modelo de reparación para las víctimas, la deuda de la sociedad colombiana con la población campesina, el impacto económico del despojo, fueron algunos de los temas que abordó la primera jornada del Seminario La Restitución de Tierras: Un propósito Nacional, organizado por SEMANA, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El director del Instituto Nacional de Desarrollo (Incoder), Juan Manuel Ospina, recordó que el gobierno anterior fusionó cuatro entidades en una sola y suprimió cargos, lo cual debilitó la capacidad del organismo.
"El gran cambio es la voluntad política que tiene el actual Gobierno Nacional", dijo refiriéndose al propósito de restitución de tierras que se ha trazado el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ospina mencionó cuál es el papel del Incoder en el proceso de restitución. Dijo que el gobierno le dio la tarea de ser "un catalizador, convocador de la política de desarrollo rural". No obstante, reconoció que la entidad está en un proceso de reestructuración.
El director del organismo advirtió que el problema de la tierra en Colombia no solo pasaba por resolver quién era su propietario, sino que era necesario generar desarrollo.
Dijo que a la institución le corresponde ayudar a hacer puentes en el proceso de formalización de la tierra y en la restitución. "Pero quien va a coordinar la defensa del apoyo de la justicia (para que los campesinos tengan garantías jurídicas y de seguridad) será una unidad que creará la ley, y que operará en el marco del Ministerio de Agricultura", dijo.
Luego le tocó el turno a Zaida Barrero de Noguera, la Superintendente de Notariado y Registro, quien indicó que para que un proceso de restitución sea efectivo debe basarse en la coordinación de todas las entidades involucradas.
Barrero describió cuáles son las modalidades de despojo: transferencias forzadas, consistente en que alguien obliga a otro a vender su predio. "O me vende usted o me vende su viuda", citó Barrero una de las frases que refleja la mentalidad de los despojadores.
Pero indicó que también se han presentado casos en que por desconocimiento o por razones de seguridad el propietario se ve obligado a vender a bajo precio.
"Se refleja, en escrituras públicas, que los acuerdos debiendo ser bilaterales no cuentan con la voluntad del vendedor" o "se presenta suplantación del propietario por un falso poder".
La superintendente explicó que las oficinas de registro no dan ni quitan predios, que lo único que podían hacer era "publicitar los hechos". Sin embargo, se comprometió para que el proceso de restitución administrativa adelantada por el Gobierno cuente con las garantías necesarias para que la formalización de los predios se haga de manera oportuna.
El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Iván Darío Gómez, enumeró diez propuestas institucionales para complementar la restitución de tierras, que garanticen la "no repetición" de los hechos de violencia.
Entre las propuestas más importantes están las siguientes:

- Adecuar las instituciones que tienen qué ver con el derecho a la tierra, la regulación agraria, las políticas rurales, entre otras. ¿La razón? Las instituciones fueron diseñadas para épocas de normalidad ciudadana, pero no para épocas de posconflicto.

- En segundo lugar debemos utilizar los sistemas de información geográfica agrológica y catastral que existen.

- Consolidar el sistema catastro-registro, a través de la interrelación institucional de municipios. Gómez se refirió a la necesidad urgente de actualizar los datos.

- Aprovechar la iniciativa de "gobierno en línea" para reforzar los sistemas de información, registro, catastro y reclamaciones, entre otras.

- Auscultar la voluntad política para generar un escenario en el que los valores catastrales se aproximen a los valores comerciales. "Colombia debería hacer censos nacionales periódicos en consonancia con las autoridades regionales y municipios para lograr construir una base actualizada sobre los problemas de la propiedad de la tierra".

Gómez finalmente dijo: "es el fortalecimiento de la institucionalidad lo que nos garantiza la obtención de información básica para tomar decisiones".
El consejero para la Seguridad, Sergio Jaramillo, reconoció que la ejecución de la propuesta del gobierno no era fácil. "El tema es prioritario, pero es crítico", dijo. "Debemos obrar con cuidado", agregó.
Luego explicó en qué consiste la estrategia "focalización, integralidad y eslabonamiento", con la que el gobierno intentará garantizar la ejecución de la política de restitución. Lo primero se refiere a atender la restitución con un criterio de priorización de los territorios. Lo segundo, a articular las instituciones al proceso. Y lo tercero, a atar procesos de reforestación con titulación, por ejemplo, o producción con cadenas de producción más grandes.
Absalón Machado, director técnico del informe de desarrollo humano en Colombia del PNUD, dijo que este momento era una oportunidad doble, pues permitía reflexionar, por un lado, en el modelo de democracia que la sociedad colombiana quiere, y por el otro, en la política agraria.
"No debería ser una oportunidad para profundizar el modelo, injusto, concentrador, inequitativo, excluyente….", dijo Machado.
"Sería un error histórico que el Estado sólo buscara poner a las comunidades campesinas de su lado de manera cortoplazista para profundizar el modelo poco democrático", advirtió el investigador. "¿Cómo es posible que le hayamos dado la espalda a esa sociedad (campesina) durante tanto tiempo?", se preguntó.
El investigador Alejandro Reyes contó que frente a la Universidad de Berkeley (California, Estados Unidos), hay un letrero que dice "todo aquel que come está envuelto en la agricultura".
Con estas palabras Reyes intentó dimensionar la importancia de la población campesina. "Si no lo resolvemos ahora (el problema de la propiedad de la tierra), lo podemos hacer dentro de cien mil, o cincuenta mil muertos. Es mejor ahorrarnos todas esas vidas", dijo.
"En los últimos 20 años han muerto 150 mil colombianos (a causa del conflicto)", dijo el investigador.
"El conflicto armado es de los mejor documentados. Sabemos quién se desplazó, de dónde, quiénes los despojaron. Tenemos las pruebas en las manos para poner a funcionar un sistema de justicia restitutiva. Y sería enorme hipocresía poner a las víctimas a recaudar de funcionario en funcionario las pruebas", agregó Reyes.
Reyes se quejó de que en los estudios de catastro nacional apenas se ha registrado una ligera concentración de la tierra, cuando a todas luces ha aumentado. "El catastro no registró el despojo", dijo, y así nos privamos de conocer lo que había pasado con las tierras.
"Lo que debemos hacer es cumplir con los preceptos mínimos de justicia, si no lo hacemos… Colombia se puede volver un infierno que nos cueste mucho más muertos", dijo.
La economista de la Universidad de los Andes Ana María Ibáñez comenzó su disertación explicando que la restitución de la tierra a los campesinos, con garantías jurídicas sobre la propiedad, no sólo era importante como acto de justicia social, sino para el desarrollo.
"Cuando hay informalidad en la propiedad de la tierra, las personas no están seguras de la inversión, y la gente produce mucho menos, porque si no hay certezas la inversión será menor", explicó la investigadora.
La falta de títulos sobre los predios también impide el acceso a créditos.
Ibáñez reveló algunas cifras de una encuesta que hicieron varias universidades a 4.700 campesinos. Dijo por ejemplo que el 70 por ciento de los encuestados aseguró ser propietario. Sin embargo, sólo un 60 por ciento puede probarlo.
"La concentración no genera mayor eficiencia económica. Muchos estudios muestran que los productores pequeños son más eficientes, porque pueden controlar más los procedimientos, vincular a familiares y porque los grandes productores no aprovechan toda la extensión de tierra", dijo Ibáñez.
El director de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro, alabó el modelo de justicia transicional que el gobierno ha implementado para la resolución del conflicto. Dijo que en el siglo XIX y XX el modelo que se implementó fue el de amnistía y el indulto que no permitía el acceso a la verdad y a la reparación. "En estos modelos, lo que se buscaba era cerrar el conflicto", explicó.
"La Ley de Justicia y Paz (creada para hacer efectivo el proceso de paz con los paramilitares) introduce a las víctimas en el proceso. Ya no se trata de cerrar el conflicto sino las heridas", dijo.
Pizarro dijo que la Comisión estaba de acuerdo con un modelo de reparación integral y argumentó que el modelo colombiano aventajaba a los de Alemania o España que fueron sólo indemnizatorios.
También indicó por qué el modelo colombiano debe ser distinto: "por la sociología de la víctima". Se refirió al hecho de que las víctimas en Colombia, en su mayoría, son personas de escasos recursos y de zonas rurales. Por eso, "la reparación indemnizatoria no es suficiente y se requiere un modelo más integral", que ayude a restablecer los derechos de los damnificados.
Pizarro adujo que Colombia y Turquía son los únicos países que reconocen que los desplazados deben ser sujetos de reparación. "En el mundo se reconocen para medidas de carácter humanitario para los desplazados. Colombia ha tomado una decisión histórica (al reconocer más de 3 millones de víctimas)", dijo el director de la CNRR.
El último en intervenir en la jornada de la mañana del seminario, fue el sacerdote Fabio Henao, director de Pastoral Social.
El sacerdote retomó las cifras de la III Encuesta deVerificación reveladas este martes en las que la Comisión Nacional de Seguimiento a las Políticas sobre Desplazamiento Forzado entrevistó a 10.400 familias de desplazados. Destacó que según la encuesta el número de hectáreas despojadas o abandonadas por los campesinos asciende a 6,6 millones.
Dijo que los resultados de esa encuesta "nos impone un enorme reto sobre el tipo de democracia que queremos, y un interrogante ético; una pregunta a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, pero también a nosotros: hasta dónde es el grado de involucramiento nuestro para resolver el problema".
22 de octubre de 2010
20 de octubre de 2010
©semana

santos no tramitará acuerdo militar

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Santos no tramitará acuerdo militar con EE.UU. en Congreso. Alexandra Moreno afirmó que cada día se tiene "mucho menos" apoyo de Estados Unidos y no tiene sentido seguir con las mismas políticas.

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Colombia. El presidente Juan Manuel Santos, no tiene previsto tramitar ante el Congreso el acuerdo militar que permite a soldados de Estados Unidos usar bases en el país suramericano, aseguró la vicepresidenta del Senado, Alexandra Moreno.
En declaraciones a Efe, la legisladora adelantó que el mandatario ha manifestado a los congresistas que ese polémico acuerdo "lo va dejar quieto, no lo va a plantear" ante el Congreso después de que la Corte Constitucional lo dejara sin vigencia en agosto pasado.
Ese tribunal, en su fallo, señaló que el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos en octubre de 2009 no surtió los trámites propios de un tratado internacional por los cuales debía ser aprobado por el Congreso.
"El presidente nos ha manifestado que no lo va tramitar en el Congreso, que lo va dejar quieto y nosotros esperamos que siga esa política porque ya el debate sería en otro sentido en el Congreso, muy distinto al que se hizo inicialmente de si era o no era procedente hacer un acuerdo", según Moreno.
La congresista, integrante de la Comisión Segunda del Senado, encargada de las relaciones internacionales, subrayó que ese tipo de acuerdos "no han dado el resultado" esperado y si se revisan en su conjunto "no compensan definitivamente con los esfuerzos que ha hecho Colombia" en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
"El acuerdo se cayó desde el momento en que la Corte Constitucional dijo que había que tramitarse obligatoriamente por el Congreso y eso no se ha hecho, así que no hay acuerdo de cooperación militar en esos términos en este momento", indicó.
Moreno afirmó que cada día se tiene "mucho menos" apoyo de Estados Unidos y no tiene sentido seguir con las mismas políticas cuando esa ayuda "está en detrimento".
Como ejemplo puso la reducción de los fondos que Washington otorga al Plan Colombia, una de las principales estrategias contra el narcotráfico que ha permitido en la última década grandes avances en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillao.
"Hay un giro de 180 grados del presidente Santos y la prioridad ya no va ser la guerra, el conflicto y el tema militar; creo que Colombia va a esforzarse por los temas ambientales, por los temas humanos, por la competitividad del país", destacó.
A mediados de agosto la Corte Constitucional dejó sin vigencia el controvertido convenio militar.
El llamado "Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América" permitía que tropas y contratistas norteamericanos tuvieran acceso a por lo menos siete bases de este país andino y a aeropuertos civiles.
El eje era la base aérea de Palanquero, considerada estratégica por su ubicación en el centro de Colombia y para cuya ampliación Washington había asignado un total de 46 millones de dólares.
Este tratado había sido defendido por el Gobierno del ahora ex presidente colombiano Álvaro Uribe como complementario de uno en vigor desde 1974, lo que fue rechazado por la Corte Constitucional, que consideró que se trata de un instrumento nuevo e integral.
Uribe lo firmó y estuvo dispuesto a ponerlo en marcha sin previo trámite parlamentario.
22 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
©el espectador

gobierno entrega títulos de propiedad

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Gobierno entrega títulos de propiedad a víctimas del conflicto. El presidente Santos inició el Plan de Choque para la restitución de tierras. entregan tierras a campeisnos desplazados.

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Colombia. El presidente Juan Manuel Santos inició este jueves el Plan de Choque para la restitución de tierras, durante su visita al corregimiento de Macayepo, municipio de Carmen de Bolívar, en la región de los Montes de María.
Santos hizo entrega de los primeros tres títulos de propiedad a igual número de familias que habían despojados de sus predios, y que se suman a otros 21 entregados el mes pasado en el mismo corregimiento, restituyendo la titularidad sobre un total de 320 hectáreas que hacía parte del Fondo Nacional Agrario.
Precisamente, de este Fondo se han formalizado en el último año cinco mil 600 hectáreas para los campesinos de los Montes de María, y el objetivo es legalizar 20 mil más.
La meta del gobierno es haber entregado de aquí a diciembre en Macayepo otros 60 predios que suman mil 100 hectáreas también del Fondo Nacional Agrario.
Además, en Maríalabaja (Bolívar) ya están listos los títulos de dos mil hectáreas de terrenos baldíos para entregarlos a 110 familias de ese municipio.
A través del Plan de Choque para la restitución de tierras el Ejecutivo espera devolverles 312 mil hectáreas a casi 130 mil familias campesinas en los próximos meses.
Con este plan el gobierno nacional avanza en el proceso de devolución de tierras a los campesinos afectados por la violencia, mientras el Congreso de la República apruebe la Ley de Víctimas, que contiene todo un capítulo de restitución.
[Foto viene de este blog].
22 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
©el espectador

confirman a magistrada

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Confirman a magistrada Arroyo Salgado, que había sido recusada por abogados de Ernestina Herrera de  Noble.

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[Raúl Kollmann e Irina Hauser] Argentina. La Cámara Federal de San Martín rechazó ayer la recusación planteada contra la jueza Sandra Arroyo Salgado por los abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera. El argumento usado por los hombres de Clarín era que la magistrada, cuando analizó por qué no se pudo obtener ADN de la ropa incautada en el procedimiento del 28 de junio pasado, sostuvo que en esas prendas se encontraron perfiles genéticos de dos y hasta tres personas, algo que resultaba más que extraño. Incluso en la ropa interior de Marcela se detectó un ADN masculino y uno femenino. En función de ese análisis, los abogados de Felipe y Marcela argumentaron que se los estaba imputando directamente de una maniobra y que por lo tanto la jueza no era imparcial. Dos de los tres jueces de la Cámara sostuvieron ayer que la presentación de los abogados de Clarín se hizo fuera de término, pero no se quedaron en eso: manifestaron que la decisión de avanzar con las tareas científicas no muestra animosidad, sino que son medidas para cumplir con el objetivo, que es encontrar la verdad. Los estudios científicos se retoman hoy, a las 9, después de que sufrieran también un parate debido a un planteo de los peritos de parte de los hijos de Ernestina Herrera de Noble.
Los doctores Daniel Rudi y Hugo Burruchaga sostuvieron en su resolución que el cuestionamiento a la jueza Arroyo Salgado debió hacerse dentro del plazo de 48 horas que prevé el Código Procesal. Por lo tanto, declararon el recurso inadmisible. Aunque podrían no haber agregado nada más, ambos camaristas avanzaron e hicieron explícito su apoyo a las decisiones de la jueza. En concreto, Rudi y Burruchaga sostuvieron que independientemente de que el recurso es extemporáneo, las medidas de Arroyo Salgado de ordenar estudios para saber si son aptas las muestras de sangre, saliva y ropa de Felipe y Marcela conforman un paso en la búsqueda de la verdad y "no constituyen una inequívoca y manifiesta animosidad". Es más, los dos camaristas volvieron a mencionar el increíble atraso de este expediente, teniendo en cuenta que ya lleva nueve años sin que se pueda avanzar, fundamentalmente por los planteos de Marcela y Felipe Noble y Ernestina Herrera de Noble. Rudi y Burruchaga señalaron que ya son tres jueces los que han tratado de avanzar en la búsqueda de la verdad. En forma paralela, el tercer camarista, Alberto Criscuolo, sí se mantuvo en el terreno formal: desestimó la recusación por considerar que Marcela y Felipe no son querellantes en la causa, sino presuntas víctimas. El planteo contra Arroyo Salgado fue hecho por los abogados de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín: Alejandro Carrió, que representa a Felipe, y Roxana Piña, a Marcela.
Hoy, a las 9, se volverán a poner en marcha los estudios genéticos para determinar si la sangre y la saliva extraída a los jóvenes en diciembre de 2009 fue bien preservada y si sirve para establecer el ADN de Felipe y Marcela. Lo mismo se ordenó respecto de la ropa incautada en diciembre y en junio, es decir que los científicos deben establecer si sirven o no para conocer la identidad de los jóvenes. Los peritos de Clarín sostuvieron que no es necesario hacer el ADN para saber si las muestras son aptas, pero Arroyo Salgado se basó en un testimonio prestado en el expediente por la titular del Banco Nacional de Datos Genéticos, María Belén Rodríguez Cardozo. La especialista explicó que para saber si las muestras son aptas hay que hacer, sí o sí, el ADN, porque ya ha ocurrido que terminan apareciendo dos o más perfiles genéticos en las prendas. Por ejemplo, en forma asombrosa, de la ropa interior de Marcela surgieron dos ADN, uno masculino y uno femenino. Por eso, todos los indicios apuntan a que la joven se había cambiado la ropa y no usaba la propia. Más aún, en ese mismo allanamiento, Felipe adujo que no llevaba puesta ropa interior.
Sobre la base de la opinión de Rodríguez Cardozo, la jueza ordenó que se hicieran los perfiles genéticos de todas las muestras, aunque por ahora prohibió que se establezcan comparaciones con los ADN de las familias que buscan a los nietos robados durante la dictadura. Ese sería un paso posterior.
22 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
©página 12

somos sobrevivientes, por eso hablamos

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Declararon Adrián de Rosa y María Virginia Molina.

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[Sonia Tessa] Argentina. "A esa persona en particular, (José Rubén) Lofiego, lo vi a través de la venda y por eso pude reconocerlo en Tribunales", respondió paciente Adrián De Rosa, que cerró ayer la primera semana de testimonios en el juicio oral y público de la causa Díaz Bessone. La pregunta de Gritzko Gadea Dorronsoro, el defensor del torturador apodado ‘El Ciego’, acusado por delitos de lesa humanidad, fue cómo De Rosa había podido identificarlo en una rueda de reconocimiento en los Tribunales, en 1984. "Además, lo vi en dos o tres oportunidades, por pequeños orificios de la venda cuando les pegaba a otras personas", subrayó el testigo, que en 1976 tenía 16 años, estudiaba en la escuela Superior de Comercio y era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. Fue secuestrado el 24 de junio, y llevado al centro clandestino del Servicio de Informaciones que funcionaba en la jefatura de policía.
"Fui detenido por gente de civil y primero intento escapar, pero no puedo. Primero me dicen que son policías y en otro momento, referencian a las 3 A. Pensé: ’De acá hay que rajar’, pero no lo logré", recordó ayer frente al Tribunal, cuando le preguntaron cómo lo habían detenido. El suyo fue el segundo testimonio de la mañana frente al Tribunal Federal Oral número 2, donde se juzga a Ramón Genaro Díaz Bessone y Lofiego por homicidio, privación ilegítima de la libertad, torturas y asociación ilícita. Sin acusaciones por homicidios, pero sí por el resto de los delitos de lesa humanidad, están sentados en el banquillo de los acusados Mario Marcote, José Scortecchini, Ramón Vergara y Ricardo Chomicki.
De Rosa fue llevado al SI, donde fue torturado, y recordó que estaba en el mismo lugar que Alfredo Vibono, Patricia Antelo y Esteban Mariño, tres testigos que declararon el martes. Entre los torturadores, mencionó al ‘Ciego’, ‘el Cura’ (Marcote), ‘la Pirincha’ (César Peralta) y a otro apodado ‘el Psicólogo’ (Héctor Gianola). De Rosa fue uno de los sobrevivientes que en 1984, en rueda de reconocimiento en la policía provincial, identificó a Lofiego. A De Rosa lo trasladaron a la cárcel de Rosario, y desde allí, a Coronda. Fue liberado el 28 de julio de 1978.
De Rosa terminó la declaración y salió a la vereda de los Tribunales Federales, donde fue aplaudido, al igual que ocurre con todos los testigos, por los compañeros y las compañeras que hacen el aguante en la puerta, como una marca de memoria viva.
En diálogo con Rosario/12, De Rosa consideró: "34 años más tarde de lo ocurrido, y 26 después de mi última declaración, creo que ya no hay justicia. Estos tipos tienen 70 años promedio, les van a dar perpetua y van a ir a la casa. Lo que pasa es que hay que conseguir una condena, primero por una cuestión personal de justicia y porque esto tiene que ser condenado. Segundo, porque hay un ex general en este juicio. Mañana alguno le quiere poner el nombre del general a una calle. Y cualquier persona se encuentra viviendo en la calle Díaz Bessone. No me jodas..." La otra testigo que declaró ayer fue María Virginia Molina, detenida el 23 de junio de 1976, en la calle, junto Vivono y Antelo. Tenía 17 años, estudiaba en la escuela Dante Alighieri. Compartía con los estudiantes de la UES las peñas, así como los encuentros en el bar Nino, de Mendoza y Oroño. Contó cómo fue la detención, y aclaró que no fue torturada, aunque sí escuchó de manera permanente las torturas a sus dos compañeros así como a otros. Mientras estuvo en el SI permaneció vendada. Luego fue llevada a la Alcaidía de la Jefatura, donde estuvo también con Laura Torresetti (quien dio testimonio el lunes) y Ruth González, que fue sacada de allí el 5 de octubre de 1976, y apareció muerta en la Circunvalación, en un enfrentamiento fraguado. El 12 de abril de 1978, recuperó la libertad. En 1986 se fue a vivir a Armstrong, donde es docente. Admitió que no había declarado al comienzo de la causa Feced, porque "tenía miedo, era una democracia incipiente". Hoy, valora la instancia del juicio porque "la palabra siempre es sanadora, desde algún lugar la palabra sana. Si no hablamos nosotros, que somos los que quedamos, quién va a hablar entonces. Somos los sobrevivientes".
22 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
©rosario 12

a sangre fría asesinan a manifestante

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Los incidentes se desarrollaron entre Avellaneda y Barracas. Militantes de izquierda intentaron cortar las vías en apoyo al reclamo de trabajadores despedidos. Una patota de ferroviarios los corrió y les disparó. Hubo tres heridos.

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[Laura Vales] Argentina. Mariano Ferreyra, un militante de 23 años del Partido Obrero, murió tras ser baleado por una patota de la Unión Ferroviaria cuando, junto a trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca y organizaciones de izquierda que reclamaban por la reincorporación de cien despedidos intentaron cortar las vías del tren. Por este mismo conflicto ya había habido un episodio de violencia sindical el mes pasado, cuando el mismo grupo de ferroviarios y movimientos sociales fueron corridos de la estación Constitución por esta patota, que les impidió realizar un acto. Ayer, los dos grupos se enfrentaron con piedras y palos en la zona de la estación Hipólito Yrigoyen y, en medio de las corridas, los de la Unión Ferroviaria sacaron armas y dispararon contra los militantes de izquierda. Además de la muerte de Mariano Ferreyra hubo tres heridos.
Elsa Rodríguez, de 60 años, recibió una balazo en la cabeza y está en coma, tras ser operada en el Hospital Argerich. Según el último parte médico, permanece conectada a un respirador artificial en estado "grave" y con "pronóstico reservado". Los otros dos heridos, Nelson Aguirre, con cuatro tiros en las piernas, y Ariel Pintos están fuera de peligro.
Testigos de los hechos aseguraron que como parte de la patota de la Unión Ferroviaria actuaron barrabravas de las hinchadas de Independiente, Ferro y Banfield. Denunciaron también a Pablo Díaz, la mano derecha del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, como una de las personas que estaba con el grupo de la Unión Ferroviaria, y acusaron también de haber estado con ellos a un hijo del subsecretario de Transporte ferroviario, Antonio Luna.
Quedó a cargo de la investigación la fiscal de instrucción Cristina Caamaño, quien ayer recorrió el lugar donde ocurrió el asesinato y hoy comenzará a tomar declaración a los testigos.

El Enfrentamiento
"El martes, Mariano había estado recorriendo las vías para sumar más gente a la protesta (de ayer). El fue uno de los que pintó la bandera de ‘trabajadores tercerizados en lucha’", contó Darío Roseto, estudiante y compañero del chico asesinado. El conflicto gremial venía de julio pasado, en reclamo de la reincorporación de 117 trabajadores tercerizados que habían sido despedidos del Ferrocarril Roca. La empresa está gestionada por la Ugofe (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria), integrada por el Estado y empresas concesionarias (como Ferrovías, TBA y el grupo Roggio). Con una serie de medidas de fuerza, los tercerizados habían conseguido la reincorporación de doce despedidos. Una de las protestas consistió en el corte de las vías en la estación Avellaneda, el 21 de julio pasado, cuando mantuvieron el bloqueo durante once horas. La Unión Ferroviaria, enfrentada con las agrupaciones de izquierda, comenzó una campaña de volantes y pasacalles con la leyenda "los trabajadores ferroviarios no cortamos las vías". Los pegaron en el interior de los trenes y en las inmediaciones de la estación Avellaneda, donde ayer comenzó el enfrentamiento.
"Nos reunimos en el local del PO de Avellaneda a las 10.30", recordó otro de los testigos, José Tejeda, delegado del Sindicato de la Industria de la Construcción y Afines. Los tercerizados habían coordinado la movida, además de con el PO, con Convergencia de Izquierda, el Movimiento Teresa Rodríguez y Quebracho. Del local marcharon a la estación Avellaneda, con la idea de cortar las vías, pero se encontraron con un operativo policial y vieron que cerca de las vías ya estaba el grupo de la Unión Ferroviaria. Comenzaron a caminar, entonces, hacia la estación Hipólito Yrigoyen, para el lado de Constitución. "Pasando el puente Bosch (que cruza el Riachuelo y une a Avellaneda con Barracas) los de la Unión Ferroviaria nos empezaron a tirar piedras desde arriba, la policía también nos tiró balas de goma", contó Tejeda, y luego hizo un cordón entre los dos grupos que puso transitoriamente freno al enfrentamiento. Al ver que no podrían cortar las vías, los tercerizados se retiraron a dos cuadras de la estación Yrigoyen y allí armaron una asamblea para discutir qué hacer. Un cordón policial separaba a los dos grupos, pero en algún momento ese cordón se abrió. Los que hacían la asamblea vieron que los de la Unión Ferroviaria se acercaban corriendo.
"Les dijimos a las mujeres que corrieran y armamos un cordón nosotros", agregó Diego Cardías, uno de los tercerizados despedidos. Los dos grupos se enfrentaron a los golpes en la calle. "Fue un enfrentamiento con piedras y palos, porque nosotros nos defendimos, les pegamos, pero con piedras y con palos, nosotros no teníamos armas de fuego", señaló Tejeda. La pelea duró más de 10 minutos. Algunos testigos hablaron incluso de veinte, aunque nadie tenía una noción exacta de su duración. "Ellos tuvieron que retroceder, empezaron a volver hacia atrás, y entonces, mientras se estaban yendo, vi cómo uno sacaba un arma y empezaba a tirar", señaló Roseto. El testigo vio a un solo tirador, con un arma de puño. Otros vieron a dos hombres armados, y otros a tres. Lisandro Martínez, responsable del PO Zona Sur, vio a dos tiradores, "uno con una escopeta recortada". José Tejeda vio a "tres hombres armados, con armas de mano".
Tejeda tenía al lado a Mariano Ferreyra. Cuando lo vio caer –contó– creyó que había tenido un ataque de epilepsia, porque no le vio la herida de bala en el tórax. En la confusión de la pelea, aunque oyó los disparos, no pensó que les estaban tirando al cuerpo. "Los tomé como disparos al aire." Pero al tratar de auxiliarlo notó que el chico "temblaba y se había orinado" y se dio cuenta de que estaba grave. Lo subieron vivo a la ambulancia que lo llevaría al hospital Argerich.
Los consultados dijeron que les dispararon desde una distancia de cincuenta metros, aproximadamente. También aseguraron que los agresores, al retirarse, pasaron al lado de tres patrulleros sin que los detuvieran. Por eso ayer denunciaron que hubo una zona liberada (porque la patota pudo llegar hasta ellos, lo que indicaría que el cordón policial fue levantado) y reclamaron que se investigara además por qué la Federal no detuvo a nadie.

Lo Que Dijo Pedraza
El titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, reconoció que fueron integrantes de su gremio los que se enfrentaron con los tercerizados y la militancia de izquierda. Admitió también que lo hicieron para impedir que cortaran las vías, pero defendió lo hecho con un argumento de antología: "Los trabajadores defendieron sus fuentes de trabajo". Por supuesto, negó que los autores de los disparos pertenecieran a su sindicato.
Desde el gobierno nacional, que salió a repudiar el asesinato y la violencia sindical, hubo una promesa de esclarecer quiénes fueron "los autores materiales e intelectuales del hecho". Aunque la actuación de la Policía Federal –específicamente, que no haya intervenido para impedir la violencia, ni haya detenido a los agresores– generó más de una duda entre los funcionarios, no hubo declaraciones que hicieran público el malestar con el rol de la policía.
Hoy habrá una marcha a la Plaza de Mayo convocada por la izquierda y un paro nacional, que coincidieron en llamar los dos sectores internos de la CTA.
Morir por participar de una manifestación sindical, y en el marco de una pelea entre gremios, era algo inimaginable, un hecho no pensado como posible, más bien cosa de otra época. Sin embargo, en los últimos años una serie de episodios de creciente violencia sindical se han venido sucediendo: las patotas de la Unión Tranviarios Automotor contra la organización de los trabajadores del subte, los grupos de la Uocra contra los desocupados que armaron cooperativas de la construcción, las amenazas de la UTA para impedir que los choferes alineados con la CTA realizaran una protesta en la terminal de Retiro fueron algunos de ellos. En muchos de estos casos se había denunciado la ostentación de armas. Nadie podía haberlo tomado demasiado en serio, hasta ayer.
22 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
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procesarán a ex jefa máxima del das

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Los cargos que se le imputarían a la ex directora de este organismo, María del Pilar Hurtado, sería por los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento.

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Colombia. Después de que el Tribunal de Bogotá y un juez avalaran los acuerdos de principio de oportunidad de la ex subdirectora de operaciones del DAS Martha Leal y el ex subdirector de contrainteligencia del mismo organismo Jorge Lagos, la Fiscalía pediría formulación de cargos contra la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado.
Las declaraciones que hasta ahora han dado Leal y Lagos habrían servido de sustento para la imputación de cargos contra Hurtado, que sería por los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento, según información dada a conocer por La F.M, en la que además revelan que de acuerdo con la gravedad de los delitos, el fiscal Guillermo Mendoza Diago, solicitaría medida de aseguramiento inmediata en su contra.
Cabe recordar que cuando Leal rindió testimonio en la Fiscalía, detalló algunos episodios donde la ex directora del DAS, está relacionada.

El Montaje de Alias ‘Tasmania’ contra el Magistrado Auxiliar Iván Velásquez:
"El 29 de septiembre de 2007, "era un día sábado y yo me encontraba en mi casa y cerca de las 11:00 ó 11:30 de la mañana me llamó mi jefe directo, el señor capitán Fernando Tabares (ex jefe de Inteligencia), por vía Avantel y me dijo que me presentara en la oficina en el despacho de la entonces directora del DAS, doctora María del Pilar Hurtado, a la mayor brevedad posible (...) la doctora Pilar me indica que ella ha tenido conocimiento de una persona de Presidencia, no sé quién, de que el señor Sergio González, abogado de un paramilitar detenido, de alias ‘Tasmania’, iba a entregar una información muy importante que daba cuenta de una situación irregular en la cual ‘Tasmania’ afirmaba que estaba siendo objeto de propuestas del señor magistrado Iván Velásquez, para que declarara en contra del doctor Mario Uribe, primo del presidente (Álvaro Uribe), por la presunta muerte o un atentado que sufrió alias ‘René’".

Leal Se Reúne con el Abogado González en Medellín:
"(...) El señor Sergio González sacó de un sobre la fotocopia de un documento que pues estaría firmado por alias ‘Tasmania’ y con su huella. Yo lo leí y efectivamente había una declaración que correspondía a la denuncia que hacía ‘Tasmania’ en contra del magistrado Iván Velásquez. Era una sola página y ratifico nuevamente que no se trataba de un original, sino de una fotocopia. Sergio González sí manifestó su preocupación en algún momento porque la carta no estaba autenticada, pero igual él me entregó esa y fue la que yo traje a Bogotá".

"(...) Nuevamente me trajeron al aeropuerto, yo llegué a Bogotá y al día siguiente es decir el domingo 30 de septiembre, estuve desde temprano en mi oficina, preparando el respectivo informe y dejé allí mismo el documento que me fue entregado por Sergio González. Pasado el mediodía me encontraba en el parque de la 93 y me llamó tanto la doctora María del Pilar Hurtado como el capitán Tabares, para preguntarme dónde me encontraba. En especial ella me dice ‘usted dónde está Martha’, y me dice que necesita con urgencia que le haga llegar el documento que yo recibí en Medellín, más el informe de inteligencia que yo realicé sobre la conversación que tuve con Sergio González porque alguien de la Presidencia va a ir esa noche a su casa a recogerlo".

"(...) A partir de ese contacto que se estableció con el señor Diego Álvarez (abogado de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y de alias ‘Job’) este empezó a hacer llegar a través del funcionario L.T. unas grabaciones. Una de ellas hace alusión a una de las diligencias en las que adelantó con ‘Don Berna’ en la Corte, en donde supuestamente el doctor Iván Velásquez le estaría ofreciendo prebendas a ‘Don Berna’ para que hablara o diera información; otra de las grabaciones que llegó fue una grabación que le hizo ‘Don Berna’ a Rafael García (ex jefe de Informática del DAS) en La Picota, para lo cual Diego Álvarez solicitó que se facilitara una grabadora, la cual me tocó comprar a mí con gastos reservados de la subdirección de Operaciones, de hecho creo que se compraron dos grabadoras".

Información para Edmundo del Castillo, en Presidencia:
"(...) La doctora María del Pilar Hurtado se encontraba viajando fuera de la ciudad y ella me llamó para que yo hiciera llegar al doctor Edmundo del Castillo en Palacio una de las transcripciones que se tenían de estas grabaciones. Yo me encontraba también fuera de la oficina y le solicité a uno de los funcionarios que me había ayudado (...) que él la imprimiera y la llevara a Palacio. Al rato, ella me llamó y me dijo que la que yo había llevado que Edmundo había dicho que esa era muy buena pero que no era la que necesitaba. Entonces me tocó que ella me explicara cuál era la que necesitaba y me tocó volver a mandar al funcionario a Presidencia para entregar la transcripción que el doctor Edmundo estaba esperando, no recuerdo exactamente cuál era, pero en todo caso se trataba de las que Diego Álvarez le había entregado a él y que nuevamente Edmundo del Castillo había regresado al DAS".

Seguimientos a Ramiro Bejarano, Abogado del Magistrado César Julio Valencia Copete:
"En relación con las instrucciones que recibí para revisar en qué notarías se encuentran registradas las firmas del abogado Ramiro Bejarano y del doctor Valencia Copete, estas instrucciones me fueron dadas por el señor capitán Fernando Tabares y la doctora María del Pilar Hurtado (...) la instrucción consistió en que yo debía buscar (...) la información para establecer en cuáles de las notarías públicas de Bogotá se encontraban registradas las firmas de las personas mencionadas anteriormente".
En cuando a declaraciones de Lagos que involucran a María del Pilar Hurtado, éste admitió que estuvo en dos oportunidades en la Casa de Nariño para hablar de la investigación ‘Paseo’, como se bautizó a los seguimientos.
La primera vez, dijo, se entrevistó con el secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, para entregarle los resultados de la investigación del viaje a Neiva. La segunda vez, asistió a la sede presidencial en compañía de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y de Fernando Tabares, ex director de operaciones del organismo de inteligencia (enfrenta las mismas circunstancias judiciales de Lagos). Los tres, afirmó Lagos, se encontraron con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, para reconocer en una fotografía al empresario Ascencio Reyes.
21 de octubre de 2010
©semana