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más testimonios en causa díaz bessone


Los testimonios de Alfredo Vivono y Jorge Palombo.
[José Maggi] Argentina. "¿Papá es cierto lo que dicen que hizo el padre de Julieta? Está llorando y dice que para su cumpleaños de 15 su papá va a estar preso. ¿Qué le digo Papi?" La pregunta la hizo Julieta Vivono y estaba dirigida a su padre Alfredo Vivono. La adolescente acongojada era Julieta Scortecchini, compañera de escuela y amiga. "Hija, José Scortecchini no sólo me torturó a mí, y a muchos de mis amigos a los que conocés, sino que también tuvo responsabilidad en la muerte de varios de nuestros compañeros", contestó Alfredo del otro lado de la línea telefónica. Como una paradoja de los tiempos que corren, la anécdota fue relatada ayer por Vivono frente al Tribunal Oral Federal Nº 2, que también escuchó el final (momentáneo) de esta historia: Julieta, la hija de ‘Archie’ Scortecchini, no pudo sobrellevar el peso de la historia de su padre, se quedó de año y fue retirada de la escuela por su familia.
El de Vivono fue el segundo testimonio de la tarde, en el que relató en varias oportunidades haber visto en el Servicio de Inteligencia de la policía a una de las testigos de la mañana Patricia Antelo, y a María Virginia Molina.
Pero antes, había sido el turno de Jorge Palombo, uno de los testimonios más conmovedores de la jornada. Palombo, también militante de la UES, narró de modo estremecedor el cautiverio, las torturas a las que fue sometido, las torturas de los compañeros que estaban allí detenidos y las permanentes amenazas que sistemáticamente aplicaban los genocidas. También el testigo narró su paso por la cárcel de Coronda de donde fue sacado Daniel Gorosito una noche y que permanece desaparecido.
Al borde de quebrarse, relató que fue llevado al Servicio de Informaciones el 30 de junio de 1976, donde fue torturado durante siete días corridos. En ese infierno recordó haber visto a Eduardo Pérez, conocido por su apodo "Parrilla". Era un militante de la UES desaparecido. "Colaborá o te va a pasar lo mismo que a Parrilla, vas a ir a mirar a los rabanitos crecer desde abajo", le dijo en una sesión de tormentos uno de su torturadores.
Allí también recordó haber visto a ‘Carlota’, un compañero del Superior de Comercio, así como a Mario Luraschi y su señora que estaba embarazada, y a su concuñada. La lista de víctimas se completaba con Marcelo ‘Mosquito’ De la Torre, Esteban Mariño, Adrián de Rosa, Néstor Serravalle, Liliana Gómez, y la familia Ferrari, que llegaron con un hijo de 14 años.
Palombo recordó tres guardias: a Jorge Pérez, un karateca que practicaba con su cuerpo, a ‘Juan’ y a ‘Kunfito’. Sin embargo, el caso más conmocionante fue el soportado por Pedro Galeano, alias el Correntino. "Lo torturaban haciéndole la plancha, lo agarraban entre varios, lo tiraban hacia arriba y lo dejaban que caiga y pegué directo en el piso, cada vez que hacían eso, temblaba el techo del sótano", recordó Palombo. También mencionó a Rubén Vilber, el Pelado, "que tenían todo la cabeza quemada y con heridas, con quien se ensañaron por su apellido judío". "A Galeano lo llevaron con nosotros, destrozado a la Cárcel de Encausados: le habían destrozado el ano con un espéculo. Pero días después lo buscaron y se lo llevaron, para decir que había muerto en un enfrentamiento".
Vivono cerró la jornada. El mismo testimonió su secuestro ratificando lo dicho por Antelo, y su cautiverio en el SI. Recordó las torturas a las que fue sometido y que "entre las sesiones de tortura escuchó la de Esteban Mariño, al propio Jorge Palombo, a Adrián de Rosa, a Carlos Martin, a la familia Ferrari que eran dos señores mayores y un hijo de ellos que era un adolescente que no superaba los 16 años; además de Patricia Antelo y Virginia Molina que tenían 17 años", dijo el testigo
Vivono relató también su paso por la Unidad 3 donde conoció a Daniel Gorosito y su cautiverio en la Cárcel de Coronda. Finalmente hizo mención a que después de 30 años sigue encontrándose en la calle con los autores de estos crímenes.
"El alto nivel de las declaraciones testimoniales nos desafían en lo personal y profesional permanentemente para estar a la altura de quienes representamos", señaló su abogada Gabriela Durruty. Asimismo dijo la letrada "a pesar de que el tribunal excluyó a Elida Luna como querellante, Daniel Gorosito su compañero, es una de las personas más presentes en la sala de audiencia".
20 de octubre de 2010
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torturada a los diecisiete


Los gritos; el olor a carne quemada. Patricia Sntelo tenia 17 años cuando fue secuestrada y torturada. Antelo no tuvo dudas: "Los que torturaban, me consta, eran Lofiego y Marcote". Mariño tenía 18 años y como Antelo militaban en la UES. Ambos fueron detenidos en el 76 y compartieron cautiverio en el Servicio de Inteligencia de la policía rosarina.
[Sonia Tessa] Argentina. Patricia Antelo tenía 17 años y Esteban Mariño, 18, en junio de 1976. Los dos eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios. En la mañana de ayer, contaron sus secuestros y torturas, pero sobre todo, se enfocaron en dar testimonio sobre aquellos ya no están. "Para mí, estar acá es un acto de fuerte contenido reparador, porque si bien en otros momentos tuve oportunidades de declarar, nunca pude poner el peso de lo subjetivo, de lo que a mí me había significado haber padecido la tortura", dijo Antelo en el marco del juicio oral y público contra Ramón Genaro Díaz Bessone y otros cinco imputados por delitos de lesa humanidad. Mariño, por su parte, recordó que José Rubén Lofiego lo obligó a participar -como "carnada" del operativo de secuestro de Eduardo Alberto Pérez, que continúa desaparecido. "Creí que lo llevaban al Servicio de Informaciones pero no fue así. En todas las unidades penitenciarias en las que estuve pregunté si él había pasado por allí. Sigue desaparecido, incluso se dijo que lo habían asesinado. Pero a él lo detuvieron vivo", dijo. Fue el único momento de su testimonio en el que se le quebró la voz. Casi al final, afirmó: "Una de las razones por las que soy testigo es la vida de Pérez". Cuando cada uno de los declarantes terminó, los aplausos inundaron la sala. Y la hora de los abrazos llegó a la salida de los Tribunales.
El llanto también invadió a Antelo cuando recordó la despedida de Ruth González, que fue sacada de la Alcaidía de Mujeres en octubre de 1976, y luego apareció muerta en la avenida de Circunvalación. Antelo rememoró la noche en que se llevaron a su compañera de pabellón, y las lágrimas la hicieron parar. Fue sólo un instante. Después, tomó un vaso de agua, y prosiguió. Sobre su propio secuestro, contó que fue el 23 de junio de 1976. "Ahí empieza todo lo que es una cuestión espantosa, horrorosa", rememoró. "Una cosa que tengo muy grabada es no sólo mi propia tortura, sino escuchar en forma permanente las torturas hacia otros. Los gritos, el olor nauseabundo, la sangre, el olor a carne quemada", dijo. Sobre la patota, recordó: "Era una cosa morbosa, no se detenían con nada. Me desmayaba, me hacían masajes cardíacos, pero después volvían y seguían torturando".
Antelo no tuvo dudas: "Los que torturaban, me consta, eran Lofiego y (Mario Alfredo) Marcote". Contó que Marcote, acusado de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y asociación ilícita, iba a visitar a algunas detenidas cuando habían sido pasadas a "La Favela", otro sector del centro clandestino de detención, ubicado en el entrepiso. Allí les sacaba la venda y les daba sermones de supuesto contenido católico. Lofiego debe responder por homicidios al igual que Díaz Bessone, a los que se suman los demás delitos. Los otros acusados son Ramón Rito Vergara, José Antonio Scortecchini y Ricardo Chomicki.
El defensor de Marcote, Germán Artola, formuló preguntas insidiosas sobre la forma en que la víctima había podido reconocer a sus torturadores, ya que se encontraba vendada. El murmullo del público que colmó la sala de audiencias se hizo irrefrenable. El presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, optó por indicarle al profesional que la pregunta había sido "suficientemente" respondida.
Artola también insistió en saber si la víctima -que luego de pasar por el SI fue trasladada a la cárcel de Devoto había sido condenada por la Justicia federal. "¿Yo estoy siendo juzgada? ¿Procede esa pregunta?", fue la reacción de la testigo. Venegas Echagüe le hizo lugar al interrogatorio del defensor, y Antelo retrucó: "Fui absuelta".
Antelo y Mariño contaron que habían compartido cautiverio en el SI, ya que cayeron más o menos al mismo tiempo. Mariño fue secuestrado en la noche del 21 al 22 de junio de 1976, cuando estaba por entrar a su casa. En el SI le pegaron y lo torturaron. Le preguntaban por Chomicki, a quien los represores consideraban un jefe de la UES. Mariño también mencionó a Lofiego, con el apodo de ‘Mengele’. Apodado ‘El Gauchito’ por amigos y compañeros, Mariño estudiaba en una escuela secundaria comercial de zona oeste. Un día, en el SI, escuchó que eran maltratados compañeros suyos de la UES, de 13, 14 y 15 años. Se sacó la venda y les dijo a los represores que él era el responsable de la organización y sabía mucho más. A partir de entonces, durante una semana entera, recibió golpes de manera permanente, sin preguntas. Sólo castigo.
20 de octubre de 2010
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paramilitares amenazan medellín


‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ amenazan a Medellín. La advertencia está contenida en un informe de riego que la Defensoría y se espera que las autoridades emitan una alerta temprana para contrarrestar las amenazas que se ciernen contra la población civil.
Colombia. Las bandas armadas conocidas como ‘Los urabeños’ y ‘Los rastrojos’ se han convertido en una amenaza para Medellín y están poniendo en riesgo a menores de edad, jóvenes y desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a quienes les prometen dinero y otros beneficios para que integren sus grupos armados.
Así lo dice el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo a través del Informe de Riesgo 016-10 emitido el 29 de septiembre pasado y dado a conocer a las autoridades nacionales, regionales y locales para que definan su amerita o no la emisión de una alerta temprana. De acuerdo con la alerta, en la capital antioqueña estarían en riesgo cerca de 298.436 personas que viven en 54 barrios de 11 comunas. Según el documento conocido por Verdad Abierta, estas comunidades "se encuentran en situación de alto riesgo de padecer desplazamientos forzados intraurbanos, amenazas, atentados, asesinatos, restricciones a la movilidad, entre otras vulneraciones".
Pero el temor del SAT va más allá y sumó a ese riesgo, la eventualidad de que se presenten alianzas o acuerdos entre estos dos grupos armados ilegales con algunas de las facciones surgidas de la ‘Oficina de Envigado’, entre ellas las comandadas por Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, y Eric Vargas, alias ‘Sebastián’.
Según la Defensoría del Pueblo: "Es probable que se exacerbe la disputa territorial, por el control de la puerta de salida y de entrada a las comunas uno y dos hacia el corregimiento de Santa Elena y el dominio de la comuna 13, como corredor que comunica a Medellín con el Occidente y el Urabá Antioqueño, en su expansión hacia el norte y el occidente del país, así como por el manejo de los negocios de lavado de activos y de otras actividades ilícitas".
De acuerdo con el SAT, las zonas en riesgo serían las comunas 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13, así como los corregimientos de San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal. La preocupación se centra especialmente en niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, estudiantes, miembros de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, sindicalistas, docentes, líderes comunitarios y población desplazada. De igual manera, están expuestos al riesgo los comerciantes, transportadores, empresarios y trabajadores del sector del transporte, líderes de Juntas de Acción Comunal, directivos de las instituciones educativas y voceros religiosos.
El Informe de Riesgo 016-10 explica que el actual escenario de riesgo se configura a partir de la cooptación o vinculación de nuevas estructuras armadas ilegales en algunos barrios y comunas de Medellín derivada del vacío de poder y de la ruptura de la línea de mando que generó la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las AUC, así como la detención en mayo de 2005 de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, confeso narcotraficante, ex inspector de las AUC y comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, y su posterior extradición en mayo de 2008.
El SAT también resalta como factor de riesgo las acciones violentas de los grupos armados ilegales autodenominados ‘Oficina de Envigado’ y ‘Los Paisas’, que, de acuerdo con el documento, "utilizan, de manera directa o a través de bandas y redes delincuenciales, el terror, el miedo y la intimidación, como mecanismo para mantener el control social de la población asentada en las comunas y barrios de Medellín, afectando los derechos fundamentales de los pobladores, el ejercicio autónomo del liderazgo social y barrial, como también el que desarrollan los miembros y representantes de las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales y de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual fragmenta los procesos sociales y comunitarios".
Asimismo, la Defensoría del Pueblo asevera que el riesgo lo genera la confrontación entre las diferentes facciones armadas ilegales por el control y dominio de las actividades ilícitas y delincuenciales y de los grupos de seguridad privada ilegal que se financian con el tráfico y venta de estupefacientes, el hurto, el contrabando de combustible, la extorsión al comercio, al sector transportador, a los establecimientos de parqueaderos, estaciones de cambio de aceite y lavaderos de carros y, a las familias, lo cual pone en riesgo la vida de las víctimas, en particular, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
El SAT también destaca que para el caso de Medellín, hay grupos armados ilegales que "mantienen algunas prácticas y actividades de las extintas autodefensas debido a la emergencia de los mandos medios que conservan los patrones de comportamiento paramilitar en el campo militar y político afectando el ejercicio de los derechos fundamentales".
Para explicar lo que viene ocurriendo en la ciudad, la Defensoría del Pueblo admite que reductos de las AUC que permanecieron en el territorio, disidentes del proceso de desmovilización y nuevos actores se reconfiguraron en grupos armados ilegales, "que se disputan el monopolio de las redes mafiosas, el control de las rentas legales e ilegales y la cooptación de las bandas delincuenciales que le fueron funcionales a las antiguas autodefensas".
El Informe de Riesgo 016-10 es el segundo en tres años que emite el SAT para Medellín. El primero, conocido como Informe de Riesgo No. 009, fechado el marzo 21 de 2007, resaltó como factor de riesgo el proceso de reacomodamiento y reconfiguración de las estructuras armadas ilegales derivadas de los reductos paramilitares de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, especialmente en la comuna 13.
En el Informe de Riesgo del 2007 se reconoció que la existencia de nuevas facciones de estructuras armadas ilegales se produjo "por la ruptura de las unidades de mando de las antiguas autodefensas en Medellín y en el Valle del Aburrá, debido a la desmovilización de los lideres o miembros representantes de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las AUC que cohesionaban militarmente a la tropa, quedando sin dirección y propiciando el fraccionamiento de los circuitos que articulaban a los mandos y a los combatientes rasos, el debilitamiento de los principios ideológicos que los unificaban, pero conservando los patrones de comportamiento y prácticas de las antiguas AUC que les garantiza la réplica y la preservación del modelo paramilitar y por esta vía, obtener beneficios económicos, sociales y políticos".
De este fraccionamiento surgió la conformación de dos facciones armadas rivales: las de alias ‘Valenciano’ y alias "Sebastián". Ambos se disputan actualmente, según el SAT, "el control territorial y social de los barrios y comunas de la ciudad de Medellín y que mantienen algunas prácticas y actividades de las extintas autodefensas debido a la emergencia de los mandos medios que conservan los patrones de comportamiento paramilitar en el campo militar y político afectando el ejercicio de los derechos fundamentales".
No obstante, el Informe de Riesgo 009 fue desestimado por el entonces alcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, argumentando que "estaba alejado de la realidad". Además, las autoridades policiales y militares coincidieron en advertir que  civiles y la Fuerza Pública, de la época, desestimaron la advertencia y consideraron que los riesgos establecidos para la comuna 13 estaban asociados a la delincuencia común y no a estructuras armadas de carácter paramilitar.
En el nuevo Informe de Riesgo, la Defensoría del Pueblo retoma el documento del 2007 y precisa que, con el transcurrir del tiempo, "se fue materializando el escenario advertido por el SAT: se incrementó la violencia, y con ella, las tasas de homicidios, y de desplazamientos intraurbanos, como también la utilización de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto".
Además, el SAT ratifica "lo afirmado por varias organizaciones e instituciones sobre las debilidades del proceso de desmovilización, teniendo en cuenta que muchas de las estructuras armadas ilegales en Medellín continuaron con las practicas de las autodefensas desmovilizadas lo que ha generado un clima de tensión y de riesgo para la mayoría de los pobladores que residen en el área urbana y rural de Medellín".
La Defensoría del Pueblo explica que la disputa entre los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de los bloques de las AUC que operaron en Medellín, así como las estructuras armadas de la ‘Oficina de Envigado’, los llamados ‘combos’ y bandas al servicio del narcotráfico, "tiene el propósito de garantizar las condiciones para la consolidación y legitimación de un modelo socioeconómico y político en Medellín, a través de las actividades de lavado de activos, el despojo de inmuebles y otros bienes, que le permitan el acceso a recursos de economías legales e ilegales".
Dadas las tendencias criminales evidenciadas, el SAT considera que es probable la ocurrencia de atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil por parte de facciones armadas ilegales reorganizadas luego de la desmovilización de las AUC y aliadas con ‘combos’ o bandas al servicio del narcotráfico.
"Tales acciones se podrían materializar en amenazas de muerte, homicidios selectivos y múltiples, retenciones ilegales, restricciones a la movilidad de la población civil, desplazamiento forzado intraurbano, vinculación, reclutamiento y utilización de niños/as y adolescentes, desaparición forzada, violencia sexual, la explotación sexual con fines de comerciales de niñas y adolescentes, y la utilización de métodos o medios para generar terror contra los residentes de los barrios, líderes comunitarios, empresarios, comerciantes, transportadores docentes y directivos y líderes religiosos", aduce la Defensoría del Pueblo.
Para contrarrestar los escenarios de riesgo planteados, el SAT solicitó a las autoridades correspondientes emitir la alerta temprana correspondiente, e instruir a las autoridades para que adopten las medidas necesarias para "disuadir, mitigar o neutralizar el riesgo que se cierne contra la población de las comunas y corregimientos focalizados en riesgo".
Se espera ahora el pronunciamiento de las instituciones comprometidas en la seguridad ciudadana para establecer si validan o no lo solicitado por el SAT de la Defensoría del Pueblo o tal como ocurrió en marzo de 2007, lo desestiman argumentando que la situación descrita por esta agencia del Ministerio público ya ha sido superada.
20 de octubre de 2010
18 de octubre de 2010
©verdad abierta
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los santos inocentes


Me parece difícil de creer que los Estados Unidos, que son el primer consumidor de drogas ilegales en el mundo, no tengan injerencia en su propio mercado. Autor se mofa del que debe ser el más mediocre periodista del mundo hispano.
[Antonio Caballero] Colombia. Sergio Muñoz Bata es un prestigioso periodista mexicano que vive y trabaja en Estados Unidos, donde ha sido miembro de la Junta Editorial del diario Los Angeles Times y profesor de periodismo científico en el Instituto de las Américas de La Jolla, California. Es columnista habitual de El Tiempo y de 10 o 12 diarios más en todo el continente, y con regularidad dicta seminarios en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y acaba de publicar -en El Tiempo y en 12 diarios más- un duro artículo poniéndonos los puntos sobre las íes a quienes osamos nutrir la irrespetuosa sospecha de que los Estados Unidos pueden tener algo que ver con el narcotráfico. Pues resulta que, para sorpresa de muchos, no tienen nada que ver. Son simples consumidores inocentes, víctimas de la malevolencia de los extranjeros.
Muñoz Bata se tomó el trabajo de llamar a la DEA para cerciorarse fuera de toda duda. Preguntó: "¿Cómo se distribuyen las drogas en este país?" (Estados Unidos). La respuesta fue enfática: "La estructura de control está en México. Pero los carteles mexicanos cuentan con redes de mayoristas que disponen de redes a distintos niveles hasta llegar al narcomenudeo en la calle". Insistió Muñoz Bata, acucioso investigador (pues no en balde es profesor de periodismo científico): "¿Significa eso que los mexicanos controlan toda la venta de drogas en Estados Unidos?". La respuesta, inapelable: "Sí, porque la mayor parte de la marihuana, las anfetaminas y la cocaína vienen de México y se distribuyen a través de las redes de las que ya hablamos".
Un periodista mediocre se hubiera contentado con eso: una respuesta de la DEA, nada menos. Mas no así el infatigable Muñoz Bata, que nos sigue narrando las peripecias de su tarea investigativa:
"Buscando otra perspectiva, también hablé sobre el tema con el ex presidente de Colombia César Gaviria, a quien le tocó lidiar, con éxito (el subrayado, admirativo, es mío), con el temible Pablo Escobar. ’¿Sabe usted los nombres de los jefes del narcotráfico en Estados Unidos?’, le pregunté. ’No’, me contestó".
Muñoz Bata no indagó más allá. Si los nombres de los capos norteamericanos no los conocen ni un ex presidente de Colombia ni la mismísima DEA, que es la encargada de perseguirlos, es porque evidentemente no existen.
Pero yo no quedé convencido. Tal vez soy uno de esos que Muñoz Bata describe como "individuos que, por ignorancia, ideología o por mala leche, escriben disparates" con el objeto de "difundir desinformación". Pero es que me parece difícil creer que los Estados Unidos, que no sólo son el primer consumidor de drogas prohibidas del mundo (y, de pasada, el primer productor y exportador de marihuana, como por lo visto ignora el funcionario de la DEA que habló con Muñoz Bata) sino que inventaron su consumo masivo (Vietnam, la contracultura hippie) y a continuación lo prohibieron (Nixon) garantizando con ello su descomunal rentabilidad, me parece difícil creer que no tengan ninguna injerencia en su propio mercado. Los Estados Unidos controlan la distribución de infinidad de cosas en el mundo entero (y, para empezar, claro, en su propio territorio): automóviles y cereales, bebidas gaseosas y computadores, películas y armas, soldados, presos, dólares, información, desinformación, contrainformación; ¿y no controlan la distribución de drogas? Ese ingente mercado, en ese inmenso país, con sus fronteras protegidas por muros de hormigón con miradores artillados y costas defendidas por las más poderosas fuerzas navales del mundo, ¿de verdad está en manos de extranjeros? ¿De un puñado de rebeldes afganos, de guerrilleros colombianos, de mafiosos mexicanos? ¿Ni un gringo? ¿Ni un aduanero gringo, ni un policía gringo, ni un político gringo, ni un juez gringo, ni siquiera un banquero gringo? ¿Y eso en las narices de la DEA, el FBI, el FTA, la Patrulla Fronteriza, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con sus cientos de bases militares? ¿En las narices de los periodistas de Los Angeles Times, sagaces como linces?
De veras: no lo creo.
Me parece más fácil creer que Sergio Muñoz Bata, prestigioso profesor de periodismo científico, ya sea por ignorancia, por ideología o por mala leche, ha escrito un disparate.
20 de octubre de 2010
16 de octubre de 2010
©semana
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paramilitares amenazan a ong


Los líderes de la ONG Wola ha recibido tres amenazas de muerte en correos electrónicos firmados por las Águilas Negras. La organización defensora de los derechos humanos Wola pidió a funcionarios de Estados Unidos y al presidente Santos investigar amenazas en su contra. Advierte que dos activistas ya fueron asesinados.
-Colombia. La Oficina de Washington para Latinoamérica (Wola, por su sigla en inglés) y la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) denunciaron amenazas de muerte en su contra. Según un comunicado de Wola estas amenazas fueron enviadas a través de un correo electrónico firmado por el grupo paramilitar colombiano conocido como las Águilas Negras.
"Esta no es una amenaza en vano", dijo Gimena Sánchez, una dirigente de la ONG. "Esto es extremadamente inquietante. De hecho, dos días después de que recibimos esta amenaza se produjo un atentado contra la vida de un líder de Afrodes en la ciudad de Cartagena", agregó.
La amenaza, según la organización, fue recibida el 10 de octubre, y el 12 fue el atentado. El correo electrónico firmado por las Águilas Negras además fue reenviado a otras 60 organizaciones que defienden los derechos humanos y el derecho a la tierra, en las comunidades de la Costa Caribe y la Costa Pacífica.
La amenaza enviada por correo dice "ha llegado el momento de acabar con todos ustedes". Agrega: "Considérense muertos" y "tenemos la intención de exterminar a los líderes (…) los que hacen obstáculos con protestas, reuniones y eventos".
La organización expresó su preocupación pues ya había recibido amenazas como ésta en mayo y en junio pasados. El 17 de julio, un mes después, Jair Murillo, un activista fue asesinado en Buenaventura. La organización también indica que un líder de Afrodes corrió con la misma suerte.
Según informó la organización, varios de los grupos que figuran en la lista de amenazados se han reunido con congresistas de Estados Unidos, con funcionarios del Departamento de Estado, y de la embajada de ese país en Colombia.
En su criterio, las leyes estadounidenses requieren que el Departamento de Estado condicione las ayudas a Colombia, a la protección de los defensores de derechos humanos.
Sin embargo, para Sánchez eso no ocurre. "La embajada y el Departamento de Estado conocen las amenazas, y ellos siguen certificando el avance de los derechos humanos en Colombia".
Esta es la tercera amenaza de muerte dirigida a la ONG, integrada por activistas de derechos humanos de Estados Unidos y de Colombia.
Según informó la organización, dirigentes de la organización se reunieron con funcionarios de Estados Unidos y les pidieron que deploren con vehemencia e investiguen las amenazas.
La ONG también pidió al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que tome medidas oportunas para garantizar la seguridad de las comunidades afrocolombianas, indígenas, desplazados internos, los defensores de los derechos humanos y sindicalistas.
Según Sánchez, "el primer paso que debe dar la administración de Santos es denunciar públicamente las amenazas y, a continuación llamar a las autoridades a investigar exhaustivamente y procesar a los responsables".
20 de octubre de 2010
19 de octubre de 2010
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calles con nombres de criminales


columna de lísperguer
La cápsula del rescate ya se encuentra en Plaza de la Constitución en Santiago.

Una celebración más trascendente del rescate de los mineros sería rebautizar los espacios e instituciones públicas (calles, plazas, escuelas, regimientos) que llevan nombres de políticos y militares que han pasado a nuestra historia como criminales innobles y sanguinarios. Ciertamente, en primerísimo lugar debiésemos rebautizar esos espacios que lleven los nombres de personas como el general Roberto Silva Renard, el ministro Rafael Sotomayor o el presidente Pedro Montt, que son algunos de los responsables e implicados en la Matanza de Santa María de Iquique, una de las masacres de mineros más horripilantes de que tengamos memoria. Como en Argentina, debiésemos prohibir que funcionarios responsables de estos crímenes, y funcionarios de facto, presten sus nombres a nuestras instituciones. No son héroes, sino criminales, y deben desaparecer de nuestros espacios públicos.
lísperguer


piedad córdoba, trofeo de la guerra


Piedad Córdoba, senadora opositora de Colombia y ex mediadora entre el gobierno y las FARC. La Justicia de su país ordenó su destitución del cargo de legisladora acusándola de nexos con la guerrilla. Córdoba lo interpreta como "una revancha" de los sectores de ultraderecha vinculados con la "parapolítica".
Colombia. La senadora Piedad Córdoba llegó a Buenos Aires para denunciar a la Procuraduría General colombiana por haberla destituido por supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La mediadora colombiana con la guerrilla dijo que fue acusada porque hay sectores que no quieren que Bogotá transite hacia la paz. "Yo vengo a ser como el trofeo para esas personas", dijo ante una pregunta de Página/12.
La tarde de ayer fue agitada para Córdoba. Muchas reuniones en poco tiempo. Primero se reunió con el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y más tarde se vio con un grupo de organizaciones políticas, de derechos humanos y movimientos sociales. "Vine para denunciar internacionalmente la situación tan delicada que vive el país en relación con la independencia del Poder Legislativo, del derecho de opinión y de la persecución política que se ha desatado contra defensores de los derechos humanos", explicó en una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal).
Semanas atrás, la Procuradoría colombiana la destituyó de su puesto y la inhabilitó por 18 años para desempeñar cargos públicos. El fiscal Alejandro Ordóñez tomó esa determinación porque la parlamentaria se habría extralimitado en las atribuciones que el ex presidente Alvaro Uribe le habría dado para conseguir la liberación de los rehenes de las FARC. Ordóñez también presume que la legisladora del Partido Liberal sería una supuesta "Teodora" que intercambiaba frecuentes correos electrónicos con uno de los jefes del grupo guerrillero.
Aunque según Córdoba, ésa no sería la razón. La senadora dijo que es una revancha de los sectores vinculados con la "parapolítica" –políticos acusados de tener nexos con los paramilitares– que reclamaban también un juicio a los dirigentes vinculados con las FARC. "Es muy complicado para esos elementos de la extrema derecha y responsables de masacres y desapariciones que haya ochenta de ellos en la cárcel y que no haya ninguno de nosotros. Yo vengo a ser como el trofeo", declaró a este diario la política de 55 años, que también fue víctima de los paramilitares.
"Yo creo que la acusación se fundamenta en la existencia de grupos opuestos a que se dé un proceso de humanización y de la negociación. Entre ellos están los que tienen fuertes intereses económicos, los que financian el paramilitarismo, los que tienen una inmensa capacidad de influir en decisiones judiciales y de generar opinión adversa a quienes estamos en contra de la guerra", acusó. "Ellos le hacen creer a la sociedad que el problema de Colombia no es cómo se reparte la riqueza, sino Hugo Chávez", dio un ejemplo de lo que ella llama el complot mediático. "Hoy las guerras no se hacen a punta de bala, sino de micrófonos", añadió.
Piedad Córdoba explicó que no apelaría a la decisión del procurador Ordóñez porque no existe una segunda instancia. Pero sí informó que sus abogados presentaron un recurso de reposición ante el mismo funcionario. "Por declaraciones que dio después de inhabilitarme y destituirme, tomé la decisión de recusarlo. Hay una parcialidad y no tiene competencia en mi caso porque ésta recae en el Consejo de Estado. No es competente bajo ninguna circunstancia y menos para trasladar a la Corte Suprema la investigación por delitos de lesa humanidad en mi contra", remarcó la parlamentaria feminista. "Hace cerca de dos meses, el presidente de la Corte dijo que no podían detenerme ni vincularme porque no había pruebas", agregó.
La persecución a los opositores fue otro de los temas que la senadora se apuntó en su agenda. Durante la última semana, una ex subdirectora del servicio secreto colombiano, el DAS, vinculó directamente al ex mandatario Uribe con el escándalo de las "chuzadas" (escuchas ilegales) contra políticos colombianos. Una de las que habían padecido a los espías de Uribe fue Córdoba. "Martha Leal era una de las personas de confianza del gobierno. Ella y dos personas más dijeron que hicieron eso porque el presidente lo ordenó. Y estas personas no son precisamente ni de la izquierda ni de los organismos de derechos humanos", afirmó. "Leal denuncia que esa tarea de espionaje era costeada por el gobierno de los Estados Unidos y que en todas las reuniones había un funcionario de la embajada norteamericana que exigía resultados", relató la senadora. Córdoba también apuntó hacia Washington por el Plan Colombia y por las bases militares estadounidenses, que la Corte Constitucional del país sudamericano declaró hace meses ilegales. "Desde ahí lo único que se hace es espionaje", resaltó.
La parlamentaria volvió a abogar por una salida humanitaria del conflicto entre la guerrilla y el gobierno colombiano. "Creo que hay un interés muy fuerte en utilizar el conflicto para descaracterizar la lucha popular y, mucho más allá, para desestabilizar la región", denunció. "Todos los que estamos en contra de la guerra en Colombia hemos pasado a ser terroristas por obra y gracia de algunos personajes", sostuvo. Frente a esa situación, aprovechó para bromear: "Osama Bin Laden recibe clases de parte mía. Hoy soy la terrorista más peligrosa de América latina".
Aun así, Córdoba reconoció algunos matices diferentes entre el gobierno de Uribe y el de su delfín, Juan Manuel Santos. "El gobierno anterior no quería otra cosa que arrasar con todos los que no pensaran como ellos", dijo a Página/12. "El solo hecho de que haya una discusión sobre la Ley de Víctimas del conflicto armado es un avance, es parte del reconocimiento del Estado como victimario", añadió.
Informe de Luciana Bertoia.
19 de octubre de 2010
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testimonios en causa díaz bessone


Juicio a represores: cuatros testimonios de quienes sufrieron los delitos de lesa humanidad. Así lo señaló ante el Tribunal, Ana Koldorf, uno de los testigos que declaró en el juicio. También lo hicieron Juan Pablo Bustamante que criticó a su ex defensora oficial, Cosidoy; Gustavo Mechetti y Laura Torresetti.
[Sonia Tessa y José Maggi] Argentina. La etapa crucial de la causa Díaz Bessone comenzó ayer con cuatros testimonios de quienes sufrieron los delitos de lesa humanidad que se ventilan en el juicio oral y público. Entre los testimonos figuró el de Juan Pablo Bustamante quien denunció que la actual camarista Laura Inés Cosidoy -quien había sido designada su defensora oficial- "amenazó a mi madre con hacerla detener por desacato sino dejaba de molestarla pidiéndole información sobre mí". Otro de los testigos fue Gustavo Mechetti, contó su detención el 26 de marzo de 1976, y su traslado al Servicio de Informaciones (SI) desde la cárcel de Coronda. Mechetti fue llevado en febrero de 1977 y permaneció allí dos meses, convencido de que su destino era ser ejecutado. "Era una película de terror, era espantoso, espantoso, espantoso", dijo Mechetti cuando le preguntaron sobre las condiciones de detención en el SI. Otra testigo fue Laura Torresetti, quien tres veces dijo que no quería ahondar sobre su tortura, aunque sí recordó que los compañeros decían que Lofiego quería "divertirse" en la sesión de torturas. La cuarta testigo del día fue Ana Koldorf: "Mi detención tiene 34 años y el testimonio inicial que hice tiene 26. La memoria es muy fluida, estos olvidos que tenemos son bastante sanadores. No se puede cargar con tanto dolor de manera permanente".

- El Tribunal, presidido esta semana por Jorge Benegas Echagüe, e integrado también por Otmar Paulucci y Beatriz Barabani, escuchó el largo testimonio de Mechetti. "Era una película de terror, era espantoso, espantoso, espantoso", dijo Mechetti cuando la abogada querellante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Gabriela Durruty le preguntó sobre las condiciones de detención en el SI. "En Santa Fe al menos estábamos solos todo el día en el calabozo, hasta que venían y nos reclamaban para los interrogatorios. Al menos no veías frecuentemente personal que te fuera acosando todo el tiempo. Acá había la misma mugre, la misma pésima comida y la fricción permanente del personal de guardia, 24 horas todos los días", relató. Recordó también que había tres jefes de guardia. Uno era Managua, al que recuerda como el que generaba mayor fricción, el otro era Sargento y el tercero Darío. "Tenían perfiles distintos, una guardia era más violenta, otra más tranquila, en la otra no pasaba nada", recordó.

En el centro clandestino de detención fue recibido a los golpes, y luego fue interrogado. Recordó que Lofiego, luego de los interrogatorios, cambió de actitud, y mantuvo varias conversaciones con él. Es que Mechetti era oficial principal de Montoneros, y distintos miembros de las fuerzas de seguridad se acercaban para conocerlo políticamente. "Las condiciones de detención de ese momento, que eran muy rigurosas, producían un divorcio entre el prisionero y la estructura que quedaba afuera. A veces el interrogatorio sirve para vengarse o castigar, o para obtener información fresca, que yo no tenía. La organización se había modificado tanto en los meses que yo llevaba detenido. En mi interrogatorio me preguntaban banalidades, tonterías. Yo no tenía información de primera, de manera que saqué la conclusión de que era una venganza de Feced hacia mí", dijo Mechetti.
"¿Recuerda los motivos por los que fue detenido?", le preguntó el abogado defensor de Lofiego, Germán Artola. El fiscal Gonzalo Stara cuestionó la pregunta, ya que no es objeto del proceso, pero Benegas Echagüe le dio vía libre. "Empecé a militar cuando tenía 15 años. El hecho que llevó a mi detención fue una casualidad. Esto me lo contó el oficial que me detuvo, porque le resultó rara la patente del auto en el que iba. Lo estricto es eso. Mediando entre las dos circunstancias, otra alternativa que usted no desconoce es que se había producido un golpe de estado", contestó Mechetti. Sobre los interrogatorios, Mechetti puntualizó que "lo normal era la picana". Cuando terminó su testimonio, los aplausos inundaron la sala, que estaba llena de público.

- La segunda testigo de la mañana fue Laura Torresetti, que era militante de la Juventud Comunista y fue secuestrada el 12 de mayo de 1976, junto a Hugo Méndez y el padre de éste. Tres veces dijo la testigo que no quería ahondar sobre su tortura, aunque sí recordó que los compañeros decían que Lofiego quería "divertirse" en la sesión de torturas. Torresetti recordó que en agosto, cuando ya la habían trasladado a la Alcaidía, con otras prisioneras, llegó al lugar una joven que ingresó como NN, pero se identificaba como Dolores Aguirre y sufría amnesia. Estaba en muy malas condiciones. Un día fue llevada a un interrogatorio, y al volver contó que había sido torturada en presencia de sus dos hijas, Josefina -de cinco meses y Mariana, de un año. Las niñas habían recibido golpes también. En septiembre, se produjo el traslado de Ruth González, que fue llevada por Feced, Lofiego y el entonces jefe del SI, Raúl Guzmán Alfaro, en un taxi hacia la muerte. Aunque las otras presas espiaron por una pequeña ventana de la alcaidía, no alcanzaron a distinguir si Feced también subió en el vehículo. Cuando recordó la despedida de Ruth, admitió que la emoción volvía a invadirla, como le ocurrió ese día de septiembre de 1976. "Ella sabía cuál era su destino. Tenía dificultades para caminar, iba como un condenado a muerte, pero ni siquiera tuvo tanta suerte", relató Torresetti. También el final de su testimonio recibió aplausos de los presentes. Cuando la testigo salió de la sala, Josefina González -la niña golpeada por la patota a los cinco meses se le acercó. Las dos se abrazaron durante un rato, emocionadas.

- Por la tarde fue el turno de Bustamante quien narró lo vivido "desde el 24 de mayo de 1976 hasta el 11 de marzo de 1983, que es el tiempo que pasé en el Servicio de Informaciones sufriendo apremios, y en donde reconozco al Ciego Lofiego". El testigo se detuvo en narrar puntualmnte un caso que invoclura a quien hoy es una camarista federal: Laura Inés Cosidoy. "En su momento fui condenado por la justicia militar en 1976 76 y en 1979 el juez federal Guillermo Tschopp me inicia un juicio donde tenía como defensora oficial a Cosidoy, a quien no vi nunca. Sin embargo mis familiares sí la vieron, aunque no tuvieron información a través de ella, e incluso recibieron el maltrato de quien era entonces mi defensora. Mi madre concretamente fue maltratada por Cosidoy quien la amenazó con hacerla arrestar por desacato si seguía hinchándole".
"Reconozco que tal vez mi madre no haya estado con las mejores formas para tratarla -agregó-, pero no era forma de tratar a una madre que venían reclamando justicia desde hacia varios años".

- La cuarta testigo fue Ana Koldorf. "El 29 de mayo de 1976 fui a visitar a un par de amigas a una pensión de Santiago al 1200. Cuando me fui a retirar, se presenta una tormenta importante y las chicas me dicen que me quede. Mis amigas eran Liliana Paz y Elvira Marquez, me quede a dormir. A la madrugada, entre 4 o 5 de la mañana, nos despiertan golpeando y gritando ’requisa’. Entran muchas personas en patota, soldados y policías. Nos llevan a la Jefatura de policía. Me llevan al Servicio de Informaciones, a la rastra. Me llevan a una habitación o pasillo ancho, vendada y atada me ponen contra la pared. En esa situación varios me insultan, incluso uno me pregunta el apellido y al decírselo me insulta peor y me dan varios coscorrones por tener apellido judío. Paso muchísimas horas parada, a la noche, supongo que era la noche, me sacan, me encapuchan, me atan las manos, me bajan las escaleras del mismo modo en que me habían subido y me ponen en el baúl de un vehículo con una manta o frazada encima, me parece que me pusieron unas llantas encima como para que no me pueda mover. Me doy cuenta que era el baúl por las emanaciones de gas. Pasan unos 40, 50 minutos, una hora. Haciendo un paréntesis, mi detención tiene 34 años y el testimonio inicial que hice tiene 26, es muy posible que tenga lagunas en mi memoria. La memoria es muy fluida, lábil, dúctil, por lo tanto estos olvidos que tenemos son bastante sanadores. No se puede cargar con tanto dolor de manera permanente, de alguna manera la memoria nos ayuda a pasar a un lugar más profundo de la mente. Recorremos una hora y no tengo idea a dónde. Me bajan y me meten haciéndome agachar la cabeza como si hubiese una gran persiana a un espacio muy grande que supongo puede ser un depósito o galpón vacío porque retumban las voces. En ese lugar me desnuda, me suben a una mesa, me atan, me tiran agua y empiezan a torturarme con la picana en todas partes del cuerpo. Todos eran varones, uno de ellos estaba sentado en la cabecera de la mesa al lado mío que me iba preguntando mientras los demás me torturan de pie porque no había muebles. Después de una hora se detienen y dicen que tienen hambre".
"El otro episodio que quiero contar fue cuando nos quisieron sacar del pabellón para fusilarnos, no recuerdo si fue en junio o julio del 76. Una noche empezamos a escuchar mucho movimiento, entra una de las celadoras y nos grita que cerremos las ventanas y que nos acostemos. Al rato entra un tipo con uniforme, creo que era de la infantería de policía, gritándonos que preparemos a 15 de nosotras que nos iban a venir a buscar. Vimos cómo iban llegando féretros. Después nos enteramos que había habido un atentado contra Feced luego de un partido de futbol. Que la intención era duplicar el número de esos muertos con lo de las 15".
Al comenzar la audiencia, Ramón Genaro Díaz Bessone, José Lofiego y José Antonio Scortecchini solicitaron seguir la audiencia desde una sala contigua. De este modo, evitaron enfrentarse con los testigos.
19 de octubre de 2010
©rosario 12
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