condena por masacre de caño jabón

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Un juzgado de Villavicencio condenó a  casi 17 años de cárcel a Humberto Antonio Aguilar, alias ‘Drácula’, un ex integrante del grupo paramilitar los ‘Urabeños’ que masacraron en 1998  a más de 20 campesinos en un corregimiento del Meta.

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Colombia. Al menos 150 paramilitares de los ’Urabeños, hombres de Vicente y Carlos Castaño, se tomaron el 4 de mayo de 1998 el corregimiento de Caño Jabón (Meta) y masacraron a más de 20 campesinos.
Humberto Antonio Aguilar, conocido en los Llanos Orientales como alias ‘Drácula’, tendrá que purgar en la cárcel 16 años y ocho meses  por participar en la masacre de Caño Jabón perpetrada el 4 de mayo de 1998.
Así lo determinó el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, después de imputarle los delitos de homicidio agravado, terrorismo y concierto para delinquir agravado, y de otorgarle una rebaja en la mitad de la pena por colaborar con la justicia.
El juez indicó que ‘Drácula’ fue señalado por Elkin Casarrubia, alias ‘El Cura’, de prestar apoyo en los alrededores del corregimiento de Caño Jabón, en jurisdicción de Mapiripán (Meta), donde se cometió la masacre.
Con ésta, es ya la segunda condena en relación con esta masacre, después de que en marzo pasado otro juez condenara a 22 años de prisión a alias ‘El Cura’, segundo al mando de los bloques Calima y Bananero de las Auc y procesado además por las masacres de Mapiripán y El Naya.
Los detalles sobre la masacre han sido narrados y reconocidos por varios paramilitares. En entrevista con VerdadAbierta.com, Luis Miguel Hidalgo, alias ‘Ratón’, dijo haber participado como vigilante de la masacre. En versiones libres, también confesaron Edilson Cifuentes alias ‘Richard’, Dúmar de Jesús Guerrero alias ‘Carecuchillo’, Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’ y Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, quienes además explicaron cómo los ‘Urabeños’ realizaron masacres en el Meta, Casanare y Guaviare.

Cómo Fue la Masacre de Caño Jabón
Un año después de haber llegado a los Llanos Orientales, los hombres de Carlos y Vicente Castaño, conocidos como los ‘Urabeños’,  irrumpieron en el corregimiento de Caño Jabón, jurisdicción de Mapiripán (Meta), y asesinaron a más de 20 campesinos.
Según ‘Pirata’, la orden  de tomarse esta población provino de Vicente Castaño a través de alias ‘Raúl’, y para ello reunieron a 150 paramilitares en Cachama (Meta) y los transportaron en varias volquetas, carros y camionetas hasta Caño Jabón.
‘Pirata’, quien mandaba sobre los Llanos desde hacía una década, contó que en el recorrido las autodefensas asesinaron a por lo menos seis campesinos, señalados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Ya en Caño Jabón, su grupo secuestró a varias personas, las llevó a la bomba de gasolina donde las acribilló y luego le prendieron fuego al combustible almacenado.
Mientras tanto otro grupo, entre los que estaba ‘Carecuchillo’, ocupó el puerto fluvial y dispararon indiscriminadamente sobre los pobladores que estaban huyendo de la arremetida. Las autodefensas también dinamitaron una avioneta, destruyeron el puerto y la pista del aeropuerto, para estar seguros de que nadie pudiera salir de ahí.
Después de cuatro horas de muerte, los ‘paras’ abandonaron el pueblo. Aún no se sabe a cuantos asesinaron. ‘Carecuchillo’ dijo en versión que fue un promedio de 27 muertos; ‘Pirata’ señaló que podían ser 31. En registros de la época, se habló de 18.  ‘Ratón’ había dicho que las autodefensas cometieron estos hechos señalando a Caño Jabón de ser un pueblo guerrillero.
El dominio de Caño Jabón era estratégico para controlar la salida de la pasta de coca, y lo que estaba en disputa era quién controlaba ese corredor.
8 de septiembre de 2010
7 de septiembre de 2010
©verdad abierta

la fosa de la macarena

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Guerra sucia en Colombia. La Macarena, enorme fosa para opositores. El ejército tiraba cuerpos al cementerio, ya fueran de guerrilleros o líderes sociales. Admite la fiscalía general que se reportaron 210 mil desaparecidos en 2006-2009.

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Colombia. Meta, Colombia. Los habitantes de La Macarena –un caserío aislado de los Llanos Orientales al que se llega sólo en avioneta o canoa por el río Guayabero– se acostumbraron a llevar en silencio una contabilidad luctuosa. Cuando un helicóptero del ejército aparecía haciendo maniobras de descenso al pie de la base militar local con uno o varios bultos colgados de la cabina, sabían que su cementerio municipal recibiría un nuevo cuerpo sin identificar. Un "NN" más. Nomen nescio, nombre desconocido.
Ninguna autoridad cumplió jamás con los mínimos requisitos legales para la inhumación. Los militares de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido tiraban su carga y se retiraban. El ejército registraba cada cuerpo como una baja enemiga, un terrorista menos. Un trofeo de guerra, a final de cuentas. Referido como un guerrillero muerto en combate, rendiría alguna ganancia monetaria, méritos para un día de descanso más, puntos para un ascenso. En el argot castrense les llaman "falsos positivos".
Pero la gente de La Macarena –que tiene sólo dos calles pavimentadas, que goza de electricidad un par de horas cada tarde con una planta de luz que suele descomponerse, que cuenta con dos billares y varios bares para esparcimiento de los soldados de la base– nunca tomó como cierto que se tratara de guerrilleros muertos en combate.
"Algunos sí serían guerrilleros muertos. Pero no todos. Aquí todos sabían de demasiados campesinos, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos o representantes gremiales, a veces mujeres o niños que morían en los retenes o parajes solitarios, abatidos por soldados o paramilitares", asegura el abogado Edinson Cuéllar, del Comité Sociojurídico Orlando Fals Borda, con ocho años de trabajo como defensor de víctimas de la violencia en la zona.
Muchos cuerpos de civiles ejecutados nunca se recuperaron, escamoteados dentro de los inexpugnables cercos militares. Desaparecidos.

El Libro del Sepulturero
El sepulturero Jesús Antonio Hernández hacía, a su leal saber y entender, las "autopsias". Anotaba en un cuaderno la fecha, el número de serie y año por cada "paquete" recibido. Y luego procedía a cavar, una tras otra, en orden aleatorio, las fosas. No siempre hubo tiempo para sepulturas individuales. En el pueblo se contaban y regaban historias lúgubres. Se sabía que a veces eran tantos los cuerpos que se necesitaba maquinaria pesada para cavar los hoyos donde arrojaban bolsas negras por docenas.
Después Jesús marcaba cada sitio con una tablita de madera con números negros: serie y año. El registro empieza en 2004. Con los años los enterramientos se fueron agregando, apretando. El anexo del panteón, una franja de tierra que bordea el pie de la meseta donde se asienta la base de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, creció con el conflicto armado; secuela inevitable de la violencia desmedida que se ejerció sobre la población civil durante los años del uribismo.
El libro del sepulturero se hizo cada día más grueso. Hoy es una pieza importante en el expediente de la querella judicial presentada ante la procuraduría de Colombia. Y el sepulturero, como testigo clave del caso, es ahora blanco de quienes buscan la impunidad.
Hace algunas semanas Llano 7 Días, el diario de Villavicencio, capital departamental, reportaba que el único empleado del cementerio municipal había sufrido un atentado y que su casa había sido ametrallada. Imposible acercarse a hablar con él. Dos militares de la base se han instalado en su domicilio como inquilinos. Don Jesús ya no habla con nadie.
En julio del año pasado, Llano destapó quizá involuntariamente el escándalo de la fosa común cuando publicó que el alcalde de La Macarena, Eliécer Vargas, solicitaba 6 millones de pesos (poco más de 3 mil dólares) para comprar bolsas e implementos para las necropsias del cementerio. Para justificar el gasto extraordinario en una comunidad tan pequeña, reconocía que el panteón albergaba más de 2 mil cadáveres trasladados durante los últimos años desde los municipios vecinos: La Uribe, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare, Vista Hermosa y Mesetas, escenarios de intensas confrontaciones entre el ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A raíz de las investigaciones que han hecho el Colectivo Sociojurídico y la Coordinadora de Derechos Humanos del Bajo Ariari, se ha comprobado que es "la fosa clandestina más grande de América Latina, hasta ahora".
Aunque en rigor no es clandestina. Los militares nunca pretendieron ocultarla. Basta con que los soldados del cuartel se asomen a sus torretas de vigilancia y miren hacia abajo para abarcar los cientos de montículos de las tumbas sin nombre ni cruz. Y según los cálculos de las organizaciones humanitarias, quizá tampoco sea el tiradero de cadáveres más grande en Colombia, país que se ha desangrado durante las cuatro décadas recientes por los sucesivos conflictos armados.
La fiscalía general admite que entre 2006 y 2009 se reportaron 210 mil desaparecidos en el contexto del conflicto armado. Menos de 2 mil 500 han sido encontrados en fosas como ésta. Pero hay indicios de al menos 4 mil sitios donde se presume hay entierros ilegales, de los cuales sólo se investiga una docena.

Del Despeje a la Retoma, un Teatro de Guerra Interminable
El municipio de La Macarena, semiselvático y situado al pie de una pequeña serranía del mismo nombre, que se desprende de las dos cordilleras andinas que cruzan Colombia, fue colonizado por campesinos desplazados de la guerra civil de los años 50. Era primordialmente región agrícola y ganadera. Nunca se formalizó la escritura de tierras en favor de sus agricultores.
Según documenta la revista Noche y niebla, del Banco de Datos sobre Violencia y Derechos Humanos, en los años 80 llegó el paramilitarismo a los Llanos Orientales como una "franquicia" del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), promovido por finqueros como Alberto Uribe Sierra, padre del ex presidente Álvaro Uribe. El cacique esmeraldero Víctor Carranza, El Patrón, se hizo de la plaza y mediante el despojo de tierras amplió la frontera de las plantaciones de coca hacia estas llanuras.
Estas bandas, además de controlar el narcotráfico, participaron activamente en la campaña de exterminio de la Unión Patriótica (4 mil militantes asesinados, además de toda su dirigencia, sus candidatos y toda su bancada legislativa), que había abierto una ventana para el abandono de la vía armada y la incorporación de las FARC a la vida política.
Fue la llamada "década del genocidio" (1985-1995). Ya para entonces las bandas dispersas de paramilitares actuaban federadas en las Autodefensas Unidas de Colombia.
A finales de los 90, La Macarena formó parte de la llamada "zona de despeje" ordenada en 1999 por el entonces presidente Andrés Pastrana para facilitar los diálogos de San Vicente del Caguán con las FARC. Fue una extensión de 42 mil kilómetros, que incluyó los municipios de La Uribe, Mesetas y Vista Hermosa en el Meta y por San Vicente en el departamento vecino del Caquetá.
En ese periodo la guerrilla concentró efectivos, intensificó el reclutamiento de nuevos milicianos entre el campesinado y afianzó su control en la zona apoyando las organizaciones sindicales y comunales.
Al fracasar la mesa de diálogo, Pastrana ordenó la ofensiva con la primera fase del Plan Colombia, que en pocos años multiplicó por 10 la capacidad de fuego de las fuerzas armadas. Ya con Uribe en la presidencia, con la idea de desalojar a las FARC, se intensificó la militarización de la zona con la fuerza de tarea conjunta Omega y la cuarta división del ejército. La participación de asesores del Pentágono desde la base de Apiay, en Villavicencio (capital del Meta), también se profundizó. Luego vinieron el Plan Victoria y el Plan Patriota, este último el mayor operativo militar en la historia del país. Estas avanzadas del ejército "nunca limitaron en lo más mínimo su simbiosis con el paramilitarismo y, por tanto, con el narcotráfico", apunta en su libro ‘Colombia Feroz’ el periodista español José Manuel Martín Medem.
Y ahora está en curso el Plan Consolidación. Hoy en la antigua zona de despeje están asentados casi 20 mil elementos del ejército. Los frentes guerrilleros que comanda El Mono Jojoy se han replegado a su retaguardia aunque permanecen en la zona, reconvertidos en "interfrentes" o comandos conjuntos de área (Revista Arcanos, de la Corporación Nuevo ArcoIris).
Según los abogados y defensores del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y el Comité de Derechos Humanos del Alto Ariari, que desde hace una década mantienen presencia en los caseríos representando a las víctimas, nunca antes se violaron los derechos de las personas en forma tan inhumana como en los ocho años recientes, pese a los antecedentes violentos de la región. Y como en el resto del país, violencia, despojos y pobreza han expulsado a más de la mitad de los pobladores de caseríos hacia las orillas de las ciudades cercanas, a la mendicidad.
Con la llamada recuperación del gobierno, la frontera de la coca también se extendió, pese a los programas de erradicación.
Según un documento elaborado por los investigadores de Verdad Abierta: Gustavo Duncan y Alejandro Reyes, por encargo del gobierno de Holanda (que coopera con Estados Unidos en el Plan de Consolidación Integral de La Macarena, con un costo de 200 millones de dólares), "luego de la expulsión de la guerrilla se observa en la zona un incremento de la actividad de narcotraficantes" y la expansión de los dominios de dos bandas paramilitares emergentes, las de Pedro Guerrero, Cuchillo, y Daniel Barrera, El Loco, "compradores" de tierras mediante amenazas y asesinatos.
Estos asesores sostienen que pese a la superioridad militar del ejército en la zona, el Plan Consolidación no ha logrado erradicar "las condiciones sociales que hicieron funcional la inserción de las guerrillas". Continúan "la precariedad de los derechos de ciudadanía, la ausencia de justicia para resolver conflictos y la existencia de economías ilícitas".

Tierra Arrasada
El 22 de julio pasado, cuando faltaban dos semanas para el fin de la presidencia de Álvaro Uribe, unas 500 personas, entre ellas parlamentarios colombianos y europeos, observadores de derechos humanos, líderes sociales y familiares de ejecutados y desaparecidos de la región central de Meta, Caquetá y Guaviare, se reunieron en La Macarena para realizar una audiencia pública durante tres días, por iniciativa de la senadora Gloria Inés Ramírez, de Polo Democrático.
Unos llegaron en avioneta desde la capital. Otros a pie, por veredas; en canoa, por el río Guayabero, o por las brechas en camionetas de doble tracción. Se congregaron en la cancha de deportes y durante tres días le pusieron palabras a la violencia y el sufrimiento que han padecido desde que el ejército colombiano, con asesoría militar estadounidense, empezó a aplicar aquí el Plan Colombia para derrotar a la guerrilla, sólidamente implantada en esta región central.
"La Macarena nos fue presentada a los colombianos como el laboratorio más exitoso de la seguridad democrática –dice el senador Iván Cepeda, fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado–, como una zona plenamente recuperada y consolidada por el Estado. Ahora tenemos claro que aquí no hubo recuperación del territorio sino arrasamiento".
En tres días se registraron en video 15 horas de testimonios. Hechos horrendos narrados por los sobrevivientes. Como el relato de Fernando Landino sobre el asesinato de su madre: la mujer había ido con el hijo y tres amigos a pasear a Caño Canoas. Llevaban gallina para el almuerzo. Después de comer, los chicos se alejaron a pescar. Cuando oyeron disparos corrieron a donde habían dejado a la madre. El lugar estaba lleno de soldados de la brigada móvil tres. Pensaron que la mujer que lavaba trastes a la orilla del río era guerrillera y sin más la mataron.
O el testimonio de las desapariciones de dos campesinos, Jesús Reyes y John Jairo Ruiz, secuestrados por soldados en el pueblo El Palmar. Luego de mucha búsqueda encontraron sus fotos en el cementerio de Granada. "Les habían tusado la orejita y los testículos, la lengua se las dejaron de corbata y los muslos como carne para asar", dice el amigo.
Así, el padre de Gerardo Borda, a quien le arrebataron al hijo en la comunidad Candilejas para ir a dejar el cuerpo en Mansitas; la muerte del presidente de la junta comunal de Puente Nuevo, José Vicente, a quien unos militares le pidieron de favor que los llevara en su canoa y en el camino lo mataron. Maestros, promotores de salud, dirigentes campesinos, líderes comunales, familias enteras encontraron un final similar. "Así pasen muchos años, nunca vamos a olvidar que nuestros compañeros ya no están aquí", decía un hombre viejo que nombró a media docena de dirigentes comunales desaparecidos entre 2004 y 2008.
"Habíamos oído de nuestros padres los cuentos de los años de La Violencia (así se le llama al periodo de la guerra entre conservadores y liberales que se desató después del bogotazo, que se zanjó con un pacto en el que por décadas las dos fuerzas dominantes se alternaron el poder). Pero nunca creímos que lo íbamos a ver con nuestros propios ojos, a vivir en nuestras carnes", decía otro más joven, en su turno ante el micrófono.
Muchos de estos asesinatos de civiles fueron presentados como "guerrilleros muertos sin serlo", explica Edinson Cuéllar. Mediante gestiones, el Colectivo Orlando Fals ya logró identificar a cinco de estos falsos positivos entre los "NN" de La Macarena. Y trabaja en cerca de 49 casos más.
En los testimonios de las víctimas son reportados como responsables de la mayoría de las desapariciones las brigadas móviles de la Fuerza Omega, que en esos años peinaban la zona intensamente buscando al comandante del Bloque Oriental de las FARC, Jorge Briceño, El Mono Jojoy.

"Los Muertos Tienen Su Manera de Hacerse Oír"
Cuando concluyó la audiencia pública, el 22 de julio pasado, familiares de las víctimas y testigos de sus narraciones tomaron unas pequeñas cruces blancas y marcharon juntos por la vereda que conduce al cementerio. Todo el pueblo se sumó a la columna que caminaba entre dos hileras de soldados amenazantes con las ametralladoras caladas. A la entrada del cementerio hay un arco de mampostería. En lo alto se lee: "Aquí se terminan las vanidades de este mundo."
Un cerco policiaco impidió que la marcha avanzara hasta el fondo del camposanto, donde están los montículos de tierra de los "NN". Una vez más se les negó el derecho a una cruz y una bendición sacerdotal en sus sepulturas anónimas.
En la entrada del panteón el jesuita Javier Giraldo, fundador de la Comisión Eclesial de Justicia y Paz y una de las voces más reconocidas –y amenazadas– en la causa de los derechos humanos, pronunció una metáfora que merece llegar a oídos del nuevo presidente Juan Manuel Santos.
Se refiere a una novela que el gran cronopio argentino Julio Cortázar nunca se atrevió a escribir. Trata de una pasmosa ciudad de rascacielos que se construyó sobre un cementerio. Pese a su belleza arquitectónica y sus asombrosos adelantos tecnológicos, al poco tiempo sus habitantes perdieron el sueño y cayeron en un extraño estado de desasosiego. "Hasta que entendieron que los muertos tienen su propia forma de hacerse entender y de demostrar que la felicidad construida sobre la muerte y el silencio es una falsa felicidad".
Entonces los manifestantes sembraron sus cruces blancas en los lindes del panteón. Y ahí siguen, esperando.
8 de septiembre de 2010
©la jornada

protestan por despido de fiscal

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Abogados de derechos humanos enviaron al Fiscal General, Guillermo Mendoza, un documento en el que le piden explicaciones por la salida de la fiscal Ángela María Buitrago.

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Colombia. Abogados de derechos humanos enviaron al Fiscal General, Guillermo Mendoza, un documento en el que le piden explicaciones por la salida de la fiscal Ángela María Buitrago, quien hace cinco años se dio a la tarea de investigar qué pasó con un grupo de al menos 11 civiles que al parecer salió vivo del Palacio de Justicia, pero que después nunca apareció.
Buitrago era fiscal delegada ante la Corte Suprema desde 2005 y, según la Fiscalía, tenía 186 expedientes en su despacho.
Mendoza ha insistido en que si bien Buitrago se destacó en algunos procesos, como el del Palacio de Justicia, estaba retrasada en tomar decisiones en casos como las que la Fiscalía sigue en contra de gobernadores regionales por distintos cargos, la mayoría por corrupción.
Tras un lustro de pesquisas, Buitrago logró el procesamiento de cuatro generales retirados del ejército y la condena a 30 años de cárcel del coronel Alfonso Plazas, uno de los oficiales que encabezó la sangrienta retoma que provocó la muerte de más de 100 personas, entre ellas todos los guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) que asaltaron la sede judicial en el centro de Bogotá y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema.
Los activistas le pidieron a Mendoza que explique por qué argumentó ante la prensa que la salida de Buitrago obedeció a que, con contadas excepciones, casi todos los expedientes adscritos a su oficina estaban represados.
Jorge Molano, abogado de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, manifestó que si faltó celeridad en otros casos fue porque la hoy ex funcionaria dedicó gran parte de su tiempo "a acelerar procesos mucho más importantes y relacionados con temas de derechos humanos".
Pero el tema de la supuesta ineficacia de Buitrago no parece estar del todo clara, como lo adujo Mendoza.
Aunque Buitrago sólo atina a decir que su salida obedeció a un tema discrecional del Fiscal, lo cierto es que en las horas previas a su adiós a la Fiscalía tomó dos decisiones de gran peso político y judicial.
Buitrago vinculó formalmente a un proceso penal a tres generales retirados del ejército por la "desaparición forzada" de un magistrado durante la retoma del Palacio de Justicia, y citó a rendir testimonio al ex vicepresidente de la República Francisco Santos y al ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria porque habrían incurrido en calumnia e injuria al señalar a un grupo de sindicalistas como proclive a la guerrilla.
"La verdad sería mucho más duro y grave para mí pensar que tuvo alguna relación" su salida con las decisiones que tomó la semana pasada, dijo en entrevista telefónica Buitrago, quien por su arrojo a la hora de tomar decisiones judiciales se ganó el apelativo de la ’Fiscal de Hierro’.
8 de septiembre de 2010
©semana

lo torturaron hasta matarlo

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Secuestro, tortura y asesinato del esposo de Marta Bertolino. Ambos fueron torturados en el Servicio de Informaciones que manejaba Lofiego. Bertolino recordaba los gritos de su esposo desde una sala contigua: "Le escuché decir que se estaba muriendo y después no volví a oírlo". Hoy Manzur está desaparecido.

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[José Maggi] Argentina. La causa Díaz Bessone tuvo ayer su segunda jornada en la semana: durante toda el día se leyó la querella presentada por Marta Bertolino, por el secuestro, tortura y asesinato de su esposo Óscar Manzur, que es a la vez el relato de su propio secuestro y tortura. Bertolino denunció ante Rosario/12 al ex juez federal Guillermo Tschopp, por haber creído en la versión oficial sobre la fuga de Manzur, a su defensora oficial (y actual camarista federal) Laura Inés Cosidoy "por aconsejarme que no denunciara las torturas".
"Siempre es muy doloroso escuchar de nuevo las propias palabras, con todos los detalles de cómo fuimos secuestrados por el Ejército y la Patota de Feced, cómo fuimos torturados en el Servicio de Informaciones, salvajemente, yo en un estado de embarazo muy avanzado, y a su vez cómo Óscar sufrió como torturas suplementarias, las torturas que me infringían a mí, y a su hija por nacer", recordó Bertolino a Rosario/12. Justamente Alejandra Manzur, hija de ambos estuvo presente en la audiencia. Por el caso Manzur están procesados Ramón Genaro Díaz Bessone y José Rubén Lofiego.
Óscar Manzur era delegado gremial de los trabajadores del Sanatorio Británico, donde se desempeñaba como técnico en hemoterapia. Había sido también candidato a secretario general del gremio de la Sanidad por una lista opositora a la oficialista en las elecciones realizadas en 1975. El mismo día del golpe fueron a detenerlo en su lugar de trabajo. Como era su día franco no lo encontraron, pero ya no pudo volver a trabajar. Finalmente fue secuestrado el 10 de agosto de 1976 del departamento de calle España 344 de Rosario, junto con su esposa, que en ese momento estaba embarazada de 8 meses y fue llevado al Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía donde lo torturaron al mismo tiempo que torturaban a su mujer.
Del relato de Bertolino surge que escuchó los gritos de su esposo, que desde una sala contigua lo escuchó decir que se estaba muriendo y que después no volvió a oírlo y tampoco volvió a saber nada de él.
La misma Bertolino dijo: "Permaneció siempre desaparecido y los informes policiales dirán con un cinismo impune que ’se escapó, que nunca pudieron detenerlo’". Aunque "hay varios testigos que dan cuenta que Óscar estuvo en el Servicio de Informaciones y fue salvajemente torturado en ese lugar", según remarcaron sus abogadas patrocinantes Daniela Asinari y Jessica Pellegrini.
En su relato Bertolino, recordó un episodio más que particular: "En una ocasión el Pollo José Baravalle (un colaborador que se suicidó en Italia hace dos años) vino a ofrecerme mi salvación si colaboraba brindando nombres y domicilios de mis compañeros. Y también me pidió que brindara una conferencia de prensa televisiva como jefa montonera en el que debía llamar a los jóvenes a ayudar a los militares en el Proceso de Reorganización Nacional. Ese ofrecimiento me lo hizo el Pollo en persona y la contrapartida era un pasaporte al extranjero y la salida inmediata del país para salvar la vida de mi hija. También hubo un comandante, que fue presentado en esos términos, quien me alertó sobre las torturas que iba a padecer, tras lo cual me ofreció llevarme a un hospital y legalizarme como presa si daba ciertas informaciones que suponía que tenía. Y finalmente me encontré con un juez federal como Guillermo Tschopp, ante quien denuncié mi secuestro y el de mi marido, pero nunca figuré en el expediente, ya que tomó el relato policial que decía que Óscar se había fugado. Supongo que cuando termine esta causa y quede probado que a mi esposo lo torturaron hasta matarlo, alguien le preguntara a este juez jubilado algo al respecto".
Marta recordó otro capítulo de su detención -que este diario publicó hace varios años- cuando su defensora oficial Laura Inés Cosidoy se presentó para aconsejarle que "sobre los hecho acontecidos a mi marido no dijera nada, porque no me convenía. La doctora Cosidoy me aconsejó también que no dijera nada sobre mis torturas, porque tampoco me convenía. De resultas de las entrevistas mi familia resolvió ponerme un abogado particular, que fue Óscar Borgonovo".
8 de septiembre de 2010
©rosario 12

policías vuelven a matar

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Diez policías detenidos en Corrientes tras matar a un chico de catorce. Un chico de un barrio humilde de la capital provincial fue baleado en el cuello. Primero dijeron que fue una persecución por un hurto. Después, el gobierno reconoció que fue un error, un "desafortunado episodio". La Justicia detuvo a diez policías.

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[Horacio Cecchi] Argentina. Un chico de 14 años murió baleado por un policía en el humilde Barrio Pío X, de la capital correntina. Diez uniformados fueron detenidos e incomunicados para ser investigados por el procedimiento que realizaron el lunes pasado a plena luz del día. El chico, Ezequiel Riquelme, recibió un disparo en el cuello. Fue intervenido quirúrgicamente pero falleció a la noche. La familia denunció que lo confundieron con otro y lo fusilaron. La escuela donde cursaba suspendió las clases y dio asueto por duelo. Ayer, el ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Valdés, reconoció el "error" policial como un "desafortunado episodio". A confesión de parte. De todos modos, el error no hizo referencia al método sino al objetivo. Ezequiel "era un chico bueno".
El curioso caso de Ezequiel Riquelme deja de ser curioso a medida que se despeina la versión policial. Las primeras informaciones surgieron más de medio día después de fallecido el chico y un día después de baleado. Los primeros datos desparramados en las noticias afirmaban que una mujer había denunciado en la comisaría 12ª el arrebato de su cartera. Policías de esa comisaría habían salido en "rastrillaje", hasta que detectaron a dos jóvenes en "presunta actitud sospechosa en una motocicleta a la altura de las calles Las Heras y San Lorenzo". Cuando los uniformados dijeron dar la voz de alto, los dos jóvenes, según el runrún policial, desobedecieron y huyeron. Se inició entonces una persecución en la que participaron patrulleros de las comisarías 2ª, 3ª y de la Brigada de Investigaciones. Durante la fuga, los dos jóvenes parece que decidieron abandonar la moto y seguir a la carrera. Uno de ellos perdió en el camino una zapatilla. Finalmente, fueron detenidos en el Barrio Pío X. Uno de ellos, Ezequiel, recibió un disparo de bala de goma en el cuello, "probablemente al forcejear el arma" del uniformado, señalaba la información. Desde la jefatura policial se informó, pero en off, que los policías fueron recibidos a pedradas por los vecinos del barrio. "Un barrio conflictivo", fue la descripción que dio del vecindario la fuente oficial oficiosa.
Del relato policial, la posterior detención de los diez uniformados suena a injusticia por aquello de las piedras, la cartera, la peligrosidad, dos jóvenes en moto, la ola de inseguridad y demás.
Desde otro punto de vista, la versión oficial cruje porque más que oficial es oficiosa, la mujer de la denuncia no aparece, los jóvenes no sólo no tenían moto, tampoco cartera, apenas pantalones cortos y zapatillas porque jugaban al fútbol, y cuando vieron a la policía huyeron porque los barrios humildes tiene la acendrada costumbre de la supervivencia. Una bala (perdigón) de goma, en el cuello, no es indicio de persecución sino de proximidad. Y, como en Bariloche, habrá que ver si era goma.
El jefe policial, Juan Antonio Ojeda, se reunió ayer por la mañana con el gobernador, Ricardo Colombi, para ofrecerle un informe sobre los hechos. Luego, el ministro Valdés dijo a los medios que se trataba de un "desafortunado episodio". El momento en que lo dijo, cuando el caso saltó críticamente a la escena pública, y la calificación de "desafortunado" dejan suponer que el error fue el chico bueno y no el fusilamiento.
"Es un asesinato –dijo a este diario Rafael, tío de Ezequiel–. Pidió permiso para ir a jugar a la pelota, se juntó con unos muchachos y fue a jugar al club Libertad. Pero cuando llegó la policía corrieron. ¿Qué iban a hacer? Ya están acostumbrados y cuando los detienen les dan una paliza siempre. Ezequiel llegó hasta la puerta de una casa, a treinta metros de la suya, y pidió que le abrieran para protegerlo. Pero los policías lo agarraron. Estaba tirado en el piso, ya estaba detenido. Ahí le tiraron con una escopeta."
Anoche, la fiscal Graciela Fernández Contarde tomaba declaración al único testigo y a los familiares del chico.
8 de septiembre de 2010
©página 12

buscan corral para gallino

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Los fiscales reiteraron un pedido de detención para el represor Óscar Gallino. Fue el encargado de "investigar" e "interrogar" a los Graiver durante la dictadura. Su captura ya había sido reclamada en 2008 por 69 casos de secuestros y torturas. Ahora solicitaron un "pronto despacho" que incluye a veinte represores. En la foto, el juez Corazza.

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[Irina Hauser] Argentina. El general del Ejército Oscar Gallino, poco conocido hasta ahora, comenzó a perder el anonimato en los últimos días. Gallino fue el hombre a quien la dictadura militar le encomendó "investigar" económicamente a los Graiver y fue su interrogador mientras estuvieron en cautiverio entre marzo y abril de 1977. Los fiscales de La Plata que investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en el "circuito Camps" pidieron su detención e indagatoria como medida urgente ante el juez Arnaldo Corazza. En rigor fue un reclamo: ya habían requerido la captura en abril de 2008 por 69 casos de secuestros y torturas, entre ellos los de todos los Graiver, sus empleados y Rafael Ianover (su testaferro), y por el homicidio de Jorge Rubinstein (el abogado que fue mano derecha de David Graiver en sus negocios).
Gallino, presumen en la fiscalía, podría convertirse en una figura central en la causa sobre la venta de Papel Prensa. El reclamo de su detención en otra investigación conexa –la de los crímenes en el centro clandestino Puesto Vasco– intenta ser un reaseguro para evitar, por ejemplo, que se fugue.
En los últimos días se difundieron documentos del Ejército de los días 7 y 9 de abril de 1977. En uno de ellos Gallino asentaba que se había reunido con "el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario". Es decir que hay actas firmadas por el propio Gallino que dan cuenta de reuniones que mantenía con los directivos de los tres diarios mientras los Graiver estaban detenidos y eran sometidos al Consejo de Guerra Especial 2 donde él mismo interrogaba. Gallino, en la jerga castrense, hacía una "prevención sumarial", un expediente militar que pretendía dar aspecto de legalidad a las privaciones ilegales de la libertad de muchos desaparecidos, después de ser torturados. Las declaraciones eran giradas a un juzgado.
Para la Unidad Fiscal de Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de La Plata, las actividades de Gallino tenían un alcance mucho mayor. Ya en 2008, en la causa sobre Puesto Vasco, los fiscales decían: "No sólo tenía conocimiento de la existencia de los centros clandestinos de detención, sino que concurría a ellos, ostentaba poder de mando sobre los represores de cada uno de esos lugares y procedía a interrogar a personas que habían sido vejadas y torturadas previamente". Pedían su indagatoria "en virtud del alto cargo jerárquico que ostentaba en el Ejército y el poder de hecho que realmente tenía y la libertad con la que desplegaba su accionar sobre personas secuestradas y torturadas". El dictamen incluye testimonios que señalan a Gallino como interrogador no sólo en Puesto Vasco sino en el Pozo de Banfield, por donde se paseaba con Ramón Camps. También fue subdirector del centro de detención El Tolueno, en Campo de Mayo.
Lo que le presentaron ayer al juez Corazza los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Carlos Dalau Dumm es un "pedido de pronto despacho". Reclamaron no sólo la detención de Gallino sino de otros represores. Algunos ya están presos por otras causas, como el comisario Miguel Etchecolatz, el ex capellán Cristian Von Wernich, el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart, el ex gobernador bonaerense Ibérico Saint Jean y el coronel Alejandro Arias Duval. Los imputados señalados son veinte. A la mayoría de ellos se los responsabiliza por 69 casos de secuestros y torturas, entre los que figuran: Lidia Papaleo (viuda de David Graiver), Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), Isidoro Graiver, Silvia Fanjul (tesorera), Lidia Gesualdi (secretaria), Ianover, Orlando Reinoso (directivo de Galería Da Vinci, de los Graiver), Osvaldo Papaleo, Omar A. Espósito (del Banco Comercial del Plata, de los Graiver), Jacobo Timerman y Gustavo Caraballo (secretario legal y técnico de Perón y abogado de José Ber Gelbard). Algunos casos ya fueron juzgados como crímenes de lesa humanidad en el juicio a Von Wernich.
Tras el Consejo de Guerra, los Graiver y Ianover, entre otros, fueron sancionados por la Junta Militar (el 19 de abril de 1977) que les quitó sus derechos políticos o gremiales, los inhabilitó para ejercer cargos públicos y les prohibió administrar y disponer de sus bienes. A esa altura, Papel Prensa ya estaba en manos de los diarios (en sociedad con el Estado, la Junta Militar), afuera de la "interdicción". Todo el proceso fue revocado más adelante por la Justicia federal.
Los fiscales abrieron un expediente específico sobre la venta de Papel Prensa, donde en principio se contempla el delito de extorsión y su posible vinculación con el terrorismo de Estado en función de una resolución que giró el juez porteño Daniel Rafecas, que plantea como "inescindible" el traspaso accionario de los secuestros.
8 de septiembre de 2010
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víctima del ciego lofiego

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Laura Torresetti, sobreviviente del Servicio de Informaciones. La mujer fue secuestrada el 12 de mayo de 1976 y trasladada al sótano de la ex Jefatura de Policía. Allí procedieron "a torturarla física y psicológicamente" según relataron sus abogadas. Torresetti identificó a Lofiego como uno de sus torturadores.

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[José Maggi] Argentina. El juicio por la causa Díaz Bessone tuvo ayer un nueva jornada al concretarse la lectura de la requisitoria de elevación a juicio presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre por el caso de Laura Torresetti, una sobreviviente del Servicio de Informaciones donde fue brutalmente torturada por José Rubén ‘el Ciego’ Lofiego. En tanto el Tribunal Oral Federal Nº 2 resolvió suspender las audiencias entre el 14 y el 27 de setiembre, por pedido del abogado defensor del represor José Scortecchini, quien va a ser sometido a una operación quirúrgica.
Torresetti fue secuestrada el 12 de mayo de 1976, con Hugo Méndez y su padre José Méndez, en la vivienda de éstos últimos, ubicada en calle Dorrego y Riobamba de Rosario, por un grupo de personas pertenecientes al Ejército y a la Policía de la Provincia de Santa Fe. En un primer momento es llevada a la comisaría Quinta, donde le tomaron los datos de identidad y le vendaron los ojos. De allí fue trasladada al sótano del Servicio de Informaciones, en la Jefatura de Policía. En un momento la subieron a otro nivel y allí procedieron "a torturarla física y psicológicamente" según relataron las abogadas Jessica Pellegrini y Daniela Asinari.
No sólo identifificó a Lofiego sino también a otros miembros de la Patota como ‘La Pirincha’, que es César Peralta; Guzmán Alfaro; Pedro Traba (Travagliante); Marcelo ‘el Rengo’; Norberto ‘el Piojo’; ‘Caramelo’ o ‘Chaqueño’ Carlos Ulpiano Altamirano; Garcilazo, a quién le faltaba un ojo; Jorge; ‘el Mono’ Alcides Ibarra ‘Rommel’; Saichuk ‘el Gato’, y a Carlos Agustín Feced, que un día bajó al sótano".
Según consta en la presentación Laura permaneció allí hasta mediados de junio, cuando fue trasladada a la Alcaidía, donde conoce a Rut González.
También compartió cautiverio con Cristina Rinaldi, Delia Ferrarese, Susana Fernández, Laura Vera, Ana Dornet, Liliana Gómez, Cristina Magnani, entre otras.
Por este caso se encuentran procesados los imputados Ramón Genaro Díaz Bessone y Lofiego, sindicado este último en el testimonio de Torresetti "como uno de quienes participaban más activamente en la tortura de la que fue víctima Laura", apuntó Asinari.
Entre los testimonios de terceros sumados a la causa figuran el de Hugo Rubén Méndez, quien ratificó su secuestro junto con su padre José Méndez y Laura Torresetti. También corroboraron el cautiverio en el Servicio de Informaciones, donde pudo verla con visibles signos de haber sido torturada. De igual modo Marcelo Mario De la Torre señaló que estuvo cautivo en Jefatura con Torresetti y Hugo Méndez.
Esta semana habrá audiencias hasta mañana pero el Tribunal Oral Federal Nº decidió suspenderlas la semana próxima por pedido de Germán Artola, abogado defensor de Scortecchini, quien argumentó la excepción en una necesaria operación quirúrgica a la que debe ser sometido su cliente en los próximos días. Las audiencias se suspenderán hasta el 27 de setiembre.
8 de septiembre de 2010
7 de septiembre de 2010
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perder el juicio

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Acusan a jueces de parcialidad por haber jurado defender los derechos humanos y los valores democráticos.

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[Horacio Verbitsky] El tribunal oral que juzga en Córdoba los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penitenciaria I debe resolver hoy la recusación presentada por el mayor Gustavo Adolfo Alsina y su defensor Osvaldo Viola contra el juez subrogante José Pérez Villalobos. Los motivos alegados son que el magistrado habría jurado "por los héroes de Trelew" y que el 24 de marzo último fue visto junto con su familia frente al Archivo de la Memoria de Córdoba, que funciona donde tuvo sus instalaciones el departamento de Inteligencia policial durante la última dictadura.
Esto implicaría una infracción al principio de imparcialidad, lo que haría sospechosa su valoración de los hechos. Algo similar intentaron sin éxito algunos represores mendocinos contra los jueces Juan González Macías, Héctor Cortés y el fiscal Omar Palermo, por haber asistido a una conferencia en la que un orador cuestionó la lentitud de los procesos por violaciones a los derechos humanos.
Pérez Villalobos negó haber jurado por las víctimas de la masacre de Trelew, de lo cual Alsina y su abogado no aportaron prueba alguna, y no negó haber asistido al acto frente al Museo. Pero éstos son detalles secundarios. La lógica subyacente en estas recusaciones es que para cumplir con el requisito de imparcialidad un juez no debe tener opinión formada sobre el terrorismo de Estado, al que podría considerar una forma de gobierno más, tan válida como la monarquía o la República.
Nada avala este desatino. Los requisitos para llegar a la magistratura incluyen el "compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos", según consigna el decreto que dispone el procedimiento de selección. Y al jurar su cargo los designados deben asumir el compromiso de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, es decir el marco institucional y axiológico que el terrorismo de Estado arrasó en aquellos años. Lo que está en juicio es el desempeño de determinadas personas en los cargos que ocuparon entonces. De hecho, un 10 por ciento de los imputados en estos procesos desde que se anularon las leyes de impunidad fueron absueltos, no porque los jueces avalaran la barbarie sino porque las pruebas de que hubieran participado en los delitos denunciados eran insuficientes.
Durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, el mayor Alsina fue detenido por el asesinato del médico José René Moukarzel, a quien ordenó estaquear a la intemperie en una cruda noche de invierno y arrojarle baldes de agua sobre el cuerpo desnudo hasta que muriera. Pero ya antes fue arrestado por uno de sus actuales compañeros de causa, el entonces Comandante del Cuerpo de Ejército III, general Luciano Menéndez, cuando un suboficial lo acusó de robar un cuadro durante un procedimiento. Menéndez citó al coronel Juan Carlos Alsina, a quien llamaban El Brilloso, para comunicarle la conducta de su hijo. Después de recibir la noticia murió de un infarto en el hotel de Córdoba en el que se alojó entonces. En 1987, Alsina y sus camaradas Enrique Pedro Mones Ruiz, Enrique Venturino y Ernesto Barreiro (a) Nabo fueron los activistas principales en la agitación que condujo a la rebelión de Semana Santa. Su problema es que sólo con jueces cómplices podría aspirar a un fallo favorable. Pero más allá del caso, lo que los colegas de Pérez Villalobos decidirán hoy es si el fango sangriento de la dictadura puede o no seguir manchando al Poder Judicial cordobés.
8 de septiembre de 2010
7 de septiembre de 2010
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