proponen reformar ley antiterrorista

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Gobierno envía reforma a justicia militar y busca salvar diferencias por cambio a ley antiterrorista. Presidente firma hoy proyecto que modifica la justicia militar y eleva sanciones por maltrato a carabineros.

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[L. Ferraro y N. Hernández] Santiago, Chile. "Es un día clave", decía en la mañana de ayer el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al ser consultado por las modificaciones anunciadas por el gobierno a la ley antiterrorista y al Código de Justicia Militar. La afirmación daba cuenta del interés de La Moneda por acelerar la discusión en torno a ambos puntos, con el fin de enviar cuanto antes las dos reformas al Congreso y esperar así el fin de la huelga de hambre que 32 comuneros mapuches realizan desde hace 58 días.
Hoy se despejará uno de estos objetivos: que el Presidente Sebastián Piñera firme el proyecto que modifica la justicia militar y aumenta las sanciones por maltrato a carabineros. En el gobierno señalan que no había discrepancias en esta reforma y que, además, formaba parte del programa de gobierno.
Hasta ayer, sin embargo, no existía claridad del tenor que tendría la propuesta del Ejecutivo sobre la ley antiterrorista. ¿La razón? Las discrepancias sobre la forma en que se encararán los cambios en torno a los delitos contra la propiedad privada, cuya condena puede llegar a triplicarse bajo la ley antiterrorista.
Por la mañana, en la tradicional reunión del comité político, el Ejecutivo sondeó con los dirigentes de la Alianza la posibilidad de excluir de la normativa dichos atentados, por los que están inculpados 10 de los 32 huelguistas. Quienes estuvieron presentes en la cita aseguran que la propuesta no concitó respaldo en los partidos y que desde la UDI subrayaron que no estaban dispuestos a aprobar dicha fórmula en el Congreso.
A cambio, el gremialismo postuló un camino alternativo: atenuar las penas de los delitos contra la propiedad privada, pero manteniendo su carácter de hechos terroristas, para no dar una señal contradictoria en la agenda de seguridad pública.
Una postura similar tiene el senador RN Alberto Espina, quien en días anteriores se había mostrado contrario a modificar la ley. "La graduación de la penalidad en Chile puede ser perfectamente corregida y, particularmente, puede ser corregida en delitos contra la propiedad", dijo el senador por La Araucanía.
En paralelo, en La Moneda se sucedían las reuniones para afinar la iniciativa que se enviaría al Congreso. Cerca de las 14 horas, Piñera sostuvo una reunión con los ministros de Justicia, Felipe Bulnes, y de Defensa, Jaime Ravinet, para analizar el tema. Horas después, Bulnes cruzó a la oficina de Rodrigo Hinzpeter.
La idea original de La Moneda, de excluir los atentados contra la propiedad privada, apuntaba a dar una señal concreta a los comuneros y facilitar el fin de la huelga. Un objetivo primordial para el gobierno de Piñera, donde son conscientes del impacto negativo que tiene la manifestación en el exterior y de los efectos que podría tener la mantención de la huelga durante la conmemoración del Bicentenario.
En esa lógica, la alternativa de sólo atenuar las penas no generaba consensos al interior del gobierno. Fuentes vinculadas a las negociaciones aseguran que una oferta de este tipo podía ser rechazada por los comuneros, pues el principal reclamo de éstos no apunta a la graduación de las penas, sino a la calificación de terrorista.
Por la noche continuaron las reuniones. Hinzpeter recibió a un grupo de senadores de la Concertación, que insistió en la necesidad de que la reforma a la ley antiterrorista supusiera la exclusión de los atentados contra la propiedad privada.
Según los asistentes, los parlamentarios plantearon dos peticiones: 1. que se aceleren las gestiones para que monseñor Ricardo Ezzati actúe como mediador con los mapuches, y 2. que el proyecto sea ingresado en el Senado, donde la oposición tiene mayoría. Por su parte, Hinzpeter les habría informado que el proyecto se enviaría el jueves.
Tras la cita, el ministro confirmó que esta semana también se enviará el proyecto de "perfeccionamiento a la ley antiterrorista, que permita acotar de mejor manera el tipo penal, revisar en algunos casos la pena y perfeccionar la institucionalidad".
El senador PPD Jaime Quintana señaló que "hemos visto voluntad, disposición y preocupación del gobierno, la misma que compartimos". Mientras, su par Alejandro Navarro emplazó "a la UDI (a aprobar la ley), porque si estos proyectos no son aprobados antes del 18, tengo la certeza de que la huelga no va a terminar".
Nueve huelguistas asisten a audiencia por ataques
Nueve comuneros mapuches que participan de la huelga de hambre comparecieron ayer en la audiencia de preparación de un juicio oral por ataques contra los fundos San Leandro y Brasil, de propiedad de Pablo Herdener, el 2009 en Lautaro. Tres de ellos, Elvis Millán, Luis Tralcal y Fernando Cayupán, debieron abandonar la audiencia luego de sufrir descompensaciones.
Tras ser atendidos en el tribunal y luego de un receso para resolver discrepancias, se sumaron al grupo de 12 acusados por la fiscalía, que invocó la ley antiterrorista.
Los huelguistas lucían agotados, siguieron en silencio la audiencia y en numerosas oportunidades bebieron agua. Sólo tomó la palabra para declarar uno de ellos, Miguel Angel Tapia Huenulef, quien aseguró que las armas, pólvora, mechas y una granada que fueron incautados durante la investigación eran producto de un "encargo" que se le hizo en los 80 por parte de militantes de grupos subversivos y a solicitud de su padre, que era dirigente social en Santiago.
Añadió que durante varios años guardó un bolso "sin saber su contenido", hasta que durante un cambio de domicilio decidió conocer lo que había: así halló, dijo, un fusil, una granada y los otros objetos. Añadió que éstos jamás fueron reclamados por sus dueños.
Tras la audiencia, una de las voceras de los huelguistas, María Tralcal, aseguró que éstos "se están resintiendo (en) los órganos nobles y eso nos está preocupando, porque en Gendarmería no se informa bien la cosa".
El director regional de Gendarmería, Marcos Fuentes, dijo que "el último informe médico confirma que han bajado un promedio de 13 kilos, y que todos amanecieron compensados".
No es todo: según Tralcal, otros comuneros que están en calidad de imputados, acusados o condenados podrían sumarse a la huelga. "Sólo esperamos que ellos lo comuniquen cuando así lo decidan, pero ahora es una posibilidad que se está observando", aseguró.
Sobre este anuncio, el director regional de Gendarmería, coronel Marcos Fuentes, dijo que "se están monitoreando todos los temas y acá no se puede descartar nada", y añadió que "hasta ahora no ha llegado ningún tipo de información de que otros mapuches se sumen".
Entre los huelguistas de la VIII Región, quien acumula la mayor pérdida de peso es Héctor Llaitul, el supuesto jefe militar de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM): ha bajado 21 kilos desde que comenzó su protesta.
Las autoridades instauraron un protocolo para realizar traslados a hospitales de la región si la situación lo amerita.
7 de septiembre de 2010
©la tercera

reabrirán caso guzmán

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Oficializada reapertura del caso del crimen de Guzmán. Ministro Carroza espera para este lunes la entrega de una copia de la entrevista al ‘Comandante Ramiro’ hecha por Chilevisión.

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Santiago. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, firmó este lunes la reapertura de la investigación del crimen del senador UDI, Jaime Guzmán, perpetrado el 1 de abril de 1991 por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
La decisión se resolvió ante los antecedentes aportados por el ex miembro de la dirección de ese grupo Mauricio Hernández Norambuena, alias "Comandante Ramiro", en una reveladora entrevista que concedió a Chilevisión.
En la ocasión, Norambuena el ex frentista, que huyó desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago en donde cumplía pena perpetua como autor intelectual del asesinato, indicó que el crimen se aprobó en forma colectiva poniendo en la mira a otros miembros de la dirección del FPMR.
Hernández, que purga una pena de 30 años en Brasil por el secuestro del empresario Washington Olivetto, también indicó que Enrique Villanueva Molina, alias "Comandante Eduardo", también miembro de la dirección nacional del Frente, era uno de los posibles informantes de La Oficina.
Por esto, el juez Carroza ya ordenó el arraigo por 60 días de Villanueva. La medida se informó, mediante oficio a la Jefatura Nacional de Extranjería.
Se espera que en la mañana de este lunes, el magistrado llegue hasta las oficinas de Chilevisión para pedir una copia de la entrevista difundida la semana anterior.
6 de septiembre de 2010
©la nación

los financistas de la represión

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Demandarán a dos bancos por su eventual complicidad con la última dictadura. Martín Garramone, hijo de un desaparecido de Necochea, presentará una demanda civil por daños y perjuicios contra los bancos Citibank y Bank of America National Association. Ya hubo una audiencia de mediación y los bancos rechazaron el planteo.

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Argentina. Los bancos Citibank y Bank of America National Association serán los primeros bancos privados en ser demandados en los tribunales locales por su supuesta complicidad en el financiamiento de la última dictadura. La acción civil, impulsada por el hijo de un desaparecido en la ciudad de Necochea, se apoya en la responsabilidad que tuvo la banca comercial privada en el sostenimiento financiero del aparato represivo de la Junta Militar, a sabiendas de que se cometían delitos de lesa humanidad. En la audiencia preliminar de mediación, las entidades bancarias rechazaron el planteo y se mostraron preocupadas en que esta demanda piloto pudiera llegar a convertirse en un aluvión de pedidos de resarcimiento de otras víctimas del terrorismo de Estado. En el transcurso de este mes, se presentará la demanda, que buscará incluir además a otros bancos extranjeros de primer nivel que les facilitaron fondos a las autoridades de la dictadura.
Martín Andrés Garramone tenía cinco años cuando su padre, Daniel Garramone, fue secuestrado y desaparecido en Necochea por un grupo de tareas del GADA 601, el 31 de mayo de 1977. Mientras esto sucedía, la dictadura comenzaba a atravesar una situación deficitaria de las cuentas públicas. Sin el apoyo explícito de los Estados Unidos, y con la recomendación del entonces presidente Jimmy Carter de que ningún organismo multilateral de crédito otorgase financiamiento a regímenes acusados de violar los derechos humanos, la Junta Militar abrió sus puertas a la banca privada extranjera. Varias entidades vieron entonces la oportunidad de prestar a altas tasas de interés. El registro de esos bancos que facilitaron fondos y los montos está en poder del Banco Central a la espera de que algún juez ordene su análisis.
En el período 1979-1981, se autorizó la entrada de quince bancos extranjeros. En doce casos se trató del ingreso de nuevos bancos, mientras que en tres fueron compras de bancos existentes. El informe de la Cepal sobre la deuda externa detalla los montos desagregados que facilitó cada banco, como los principales deudores, entre los que se encontraban además del BCRA varias empresas del Estado. Es más que llamativo que, entre los que más deuda acumularon, estuvieran el Estado Mayor General de la Armada y del Ejército. Pero el caso paradigmático es el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que aunque contrajo sus operaciones por aquellos años, fue obligada por los dictadores a endeudarse más allá de sus necesidades en un intento por engrosar las arcas públicas, lo que terminó por dar oxígeno al régimen.
Según pudo saber Página/12, la demanda civil por daños y perjuicios se presentará en los tribunales federales antes de fin de mes. El sustento jurídico para una acción civil de este tipo se relaciona con una demanda penal imprescriptible: Garramone fue secuestrado y desaparecido por la dictadura militar, que utilizó un aparato represivo financiado por los préstamos que la banca privada otorgó al país. A partir de la investigación realizada por el reconocido jurista Juan Pablo Bohoslavsky, de la Universidad de Río Negro, el nexo entre estos préstamos y la responsabilidad de la banca privada quedó al descubierto. De acuerdo con lo analizado, las entidades actuaron con complicidad porque debieron haber sabido, tras las denuncias de organismos internacionales y con el veto norteamericano, que ayudaban a financiar a un Estado dictatorial que reprimía, torturaba y asesinaba a su población. A los abogados demandantes solo les resta terminar de delinear los fundamentos que sostienen la demanda. Hace más de un año y medio, una causa afín (el caso Ibáñez) deambula entre juzgados que se hacen los desentendidos a la hora de agarrar la brasa caliente de la complicidad corporativa.

Los Bancos
El Bank of America NA fue una entidad de peso en nuestro país desde la década del ’70. Progresivamente fue liquidando sus activos en Argentina y hoy conserva solamente una oficina residual, en un exclusivo complejo de Puerto Madero. La grabación que atiende el teléfono anuncia que esa sucursal pertenece al desaparecido Bank Boston, entidad que fue vendida por el Bank of America hace unos años al sudafricano Standard Bank. El Boston también figura en el listado de los bancos privados que aportaron fondos entre 1976 y 1983. Desde el departamento de legales del Bank of America se mostraron más preocupados porque la información sobre la mediación hubiera trascendido que por la demanda en sí misma. Un representante que prefirió no ser identificado aseguró que no podía dar información del tema sin consultar antes al directorio de la entidad, pero quiso dejar en claro que aún no hay ninguna acción judicial en contra de la empresa. Por lo demás, se negaron a sentar posición sobre el reclamo. Algo similar sucedió con el Citibank que concurrió por ser también el continuador del Citicorp, que realizó los préstamos en aquella época. Fuentes de la compañía subrayaron que no iban a hacer comentarios al respecto, pero no negaron que sus apoderados hubiesen asistido a la reunión. Ninguna de las fuentes consultadas en ambos bancos quiso explayarse en si sostuvieron una política empresarial con un doble standard, que los habilitó a proveer de fondos a un gobierno dictatorial.
Los abogados del demandante confirmaron a este diario que durante las audiencias, los representantes de las entidades no esperaban un planteo de este tipo. Acostumbrados a demandas de tipo comercial, se sorprendieron y se preocuparon cuando se enfrentaron con un reclamo relacionado con su actuación durante la dictadura. Desde el Citibank aseguraron que la acción judicial "era una locura" que no tenía futuro, y se negaron de plano a cualquier instancia de negociación. Ninguna de las entidades fue indiferente a la audiencia de mediación. La posibilidad de que este reclamo pudiera convertirse en la punta de lanza para nuevas presentaciones de las miles de víctimas del terrorismo de Estado inquietó a sus representantes.
Este martes le tocará el turno al Standard Bank, por haber sido el comprador del Boston. Existe la posibilidad de que jurídicamente no se logre establecer el nexo de responsabilidad entre los bancos que terminaron comprando a los que por entonces eran prestamistas de la dictadura. Treinta y tres años después, las fusiones y las ventas de los activos fueron diluyendo el vínculo que serviría para poder tomar acciones contra sus actuales controlantes.
Daniel Garramone tenía 26 años, había salido con amigos la madrugada del 31 de mayo de 1977, pero nunca regresó a la casa que compartía con su mujer y su hijo de cinco años. No tenía militancia conocida y se dedicaba a la pesca con la lancha que poseía. Mientras tanto, un grupo de tareas del Ejército irrumpió en el domicilio, maltrataron a la mujer, revolvieron todo y le pidieron una foto de su marido. Acto seguido salieron a la calle con la fotografía y luego se la devolvieron. El comisario de Necochea Héctor Bicarelli se negó a tomar la denuncia y, de alguna manera, reconoció que había dejado la zona liberada para un operativo militar que esa noche llevó a cabo el GADA 601 de Mar del Plata. A pesar de que su esposa movió cielo y tierra, e incluso escribió cartas a organismos internacionales, el cuerpo de Daniel Garramone nunca apareció y al día de hoy sus familiares se inclinan por la teoría de que pudo haber sido víctima de uno de los vuelos de la muerte.
Informe de Gabriel Morini.
6 de septiembre de 2010
©página 12

amenazan independencia de cs

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Tutelas de parapolíticos amenazan decisiones de la Corte Suprema.

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Colombia. El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia aseguró que las sentencias contra decisiones de la entidad amenazan la independencia de la rama judicial.
La procedencia de tutelas en contra de sentencias judiciales también atentan contra la existencia de la Corte Suprema, sostuvo el presidente (e) de ese alto tribunal, el magistrado Jaime Arrubla Paucar.
"Sí, porque nos están poniendo a proyectar sentencias para que después, prevalidos de derechos fundamentales, se diga por otra entidad si tenemos razón o no. Yo  creo -que así es mejor acabar con la Corte Suprema de Justicia, precisó.
Agregó que hay experiencias negativas en ese sentido y que la muestra está en que  otros organismos  dieron vía libre a la pretensión de implicados en la parapolítica, que buscaban utilizar la acción de tutela como un tubo de escape a su responsabilidad penal.
"Se utiliza la tutela para  atacar la independencia judicial a veces; lo hemos visto con decisiones de altas cortes. La han utilizado para tratar de echar por el piso actuaciones como la de la parapolítica", indicó.
Arrubla manifestó que el organismo a su cargo debe seguir siendo el organismo de cierre de la jurisdicción ordinaria así como la Corte Constitucional lo es en materia de defensa de los derechos fundamentales y de la exequibilidad o no de las normas.
Para el magistrado, resulta equivocada la pretensión de otorgarle facultades judiciales a notarios o a abogados y señaló que si necesita evacuar procesos jurídicos, lo único viable es nombrar nuevos jueces.
6 de septiembre de 2010
3 de septiembre de 2010
©el espectador
©verdad abierta

colombianos sin tierra

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La tierra, una de las razones más importantes por las que se desatan las guerras en el mundo, por fin es un tema de primera en la agenda del gobierno nacional. Así fue el lanzamiento del proyecto que busca devolver unos 2 millones de hectáreas a víctimas del conflicto.

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Colombia. Nació y se crió entre cabras, puercos, perros, gallinas y su mamá. Cuando su madre murió, éste quedó huérfano y solo. Con lo que ganaba del trabajo de la tierra y sus ahorros logró reunir para comprar su terruño. Pero la muerte le ganó. "Quedó tieso y frío" antes de ver su sueño realidad: tener la tierrita para él y su mujer.
La historia de ‘Siervo sin Tierra’ de Eduardo Caballero Calderón puede cambiar de nombre un millón de veces y será la misma de los miles de desplazados en Colombia que tuvieron que dejarlo todo por causa de la violencia.
El paramilitarismo, la guerrilla y en general la violencia en Colombia han dejado generaciones de desterrados como Siervo que muy difícilmente recuperarán lo suyo. Sin embargo, un intento por recompensar a los campesinos que perdieron sus terrenos vio la luz este viernes: el proyecto de restitución de tierras impulsado por el gobierno nacional.
El presidente Juan Manuel Santos, acompañado de miembros de su gabinete, junto con la Comisión Nacional de Reparación y otras entidades, lanzó dicho proyecto en Barrancabermeja, una ciudad emblemática del Magdalena Medio que durante muchos años ha padecido la violencia de distintos grupos armados ilegales.
"Este es el mejor programa de paz y reconciliación que pueda hacer Colombia", dijo el presidente Santos.
En un acto simbólico, el Presidente entregó el título de propiedad de una finca de 1.600 hectáreas a dos representantes de una comunidad integrada por 400 familias de Simití, en el Sur de Bolívar. Estas tierras eran de propiedad de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, un poderoso paramilitar que azotó la región y que fue extraditado a Estados Unidos en 2008.
La finca está sembrada actualmente de palma y será administrada por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que dirige el padre Francisco de Roux, un reconocido líder de la región y defensor de los derechos humanos.
Colombia, con unas 114 millones de hectáreas, apenas utiliza en actividades agrícolas unas 4,9 millones de hectáreas, cuando se calcula que 21,5 millones hectáreas se pueden dedicar a tales fines.
"El mercado de capitales no puede ver a los campesinos como vendedores de tierra barata", agregó el mandatario de los colombianos al explicar que la fuerza campesina tiene que ser una locomotora importante para la economía del país.
Dicho proyecto pasará además por el Legislativo en los próximos días para facilitar que las fincas, los cultivos, las haciendas y los lotes sean devueltos a las víctimas sin tantas trabas: "Es la puesta en marcha de todos los mecanismos políticos, jurídicos y financieros para saldar una inmensa deuda que el Estado colombiano tiene con muchas víctimas", aseguró el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, luego de aclarar que el gobierno tiene planeado entregar unas 2 millones de hectáreas de tierra en el próximo cuatrienio.

Los Restituidos
Mario de Jesús Ocampo hace parte de la comunidad que vino a recibir, de manos del Presidente, las tierras. Sin embargo, su esperanza es moderada. Dice que ni él, ni los campesinos que lo acompañan en esta "campaña" de restitución permitirán que les entreguen únicamente la administración de los terrenos. "A nosotros nos sirve la titulación, no que nos den un pedazo que es nuestro, pero que al mismo tiempo no lo es", dijo a Semana.com.
Igual que él, David Nova, de una agremiación que proviene de los municipios de San Blas, Monterrey y Paraíso, en Bolívar, cree que lo importante es reparar con nombre propio, es decir, que los campesinos sean los dueños únicos de estas tierras. "De todas formas esto es importante. Que el Presidente y los ministros vengan y se den cuenta de lo que hay, de quiénes somos y de lo que somos capaces de hacer", dice.
La Comisión de Reparación y Reconciliación calcula que alrededor de 3,5 millones de personas, o unas 750.000 familias, debieron abandonar o fueron despojadas de entre cuatro y cinco millones de hectáreas en los últimos años.
6 de septiembre de 2010
2 de septiembre de 2010
©semana

así se robaron al golfo de morrosquillo

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Paraeconomía. A través de contratos de obras y suministros, los paramilitares se robaron miles de millones de pesos de los municipios de esta región costera. Los ’paras’ se robaron miles de millones de pesos a través de las obras públicas.

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Colombia. Meses antes de la desmovilización, cuando aún los jefes paramilitares se encontraban concentrados en Santafé de Ralito, Rodrigo Mercado Peluffo, alias´Cadena’, jefe militar del Bloque Montes de María, estaba preparando lo que sería su versión ante los fiscales de justicia y paz. Pero esa historia que había comenzado a escribir se quedaría inédita, porque en noviembre de 2005 fue asesinado. Sin embargo, algunos de los archivos de la memoria de su computador fueron a dar a manos de sus subalternos; archivos que actualmente circulan de mano en mano y son fuente principal de esta historia.
En uno de esos archivos se puede leer: "Primeros convivires y paramilitares de Sucre: Joaquín García.
Funcionario público, doctor Álvaro García Romero. Son las personas que financiaban frente a frente la guerra de las ACCU desde el inicio de la lucha hasta el final. Convivían conmigo en partes riesgosas como el famoso ‘Caucho’, ‘El Palmar’, ‘La 70’, ‘Los Ángeles’ y otros lugares más. Uno de los recuerdos más calurosos fue el día que el coronel Colón Torres comandante de la Primera Brigada en Sucre pasó a pocos metros de la finca en la camioneta blanca que me decomisó en Rincón del Mar donde estábamos reunidos Álvaro García Romero, funcionario público y otros.
A parte de todo, Salvador Arana Sus mi gran amigo personal, mi confidente".
Los anteriores apuntes se leen así, sin puntos ni mayúsculas, en uno de la veintena de archivos que dejó ‘Cadena’. Su autenticidad deberá ser confirmada por las autoridades, pero ya el ex gobernador Arana Sus y el ex senador García Romero fueron condenados a varios años de prisión por su probada relación con el grupo paramilitar y el empresario y ganadero, Joaquín García se encuentra desaparecido desde hace más de dos años. Se presume que está muerto.
En otro de los archivos que ha comenzado a circular desde hace algunos meses entre desmovilizados que están rindiendo versión libre, hay una relación detallada de contratos de obras y compras del municipio de Coveñas. El archivo se llama ‘platas entregadas a Cobo’ (Eduard Cobos Téllez) alias ‘Diego Vecino’, jefe político del grupo desde 1998 hasta la desmovilización en 2005. Las autoridades han presumido que los paramilitares cobraban un porcentaje por contrato ejecutado o por las compras. Pero como la mayoría de las obras no se ejecutaron o quedaron inconclusas, ya hoy se sabe que los contratistas les prestaban a los ´paras’ su nombre y recibían un porcentaje por ello, y el grueso de los dineros del presupuesto municipal de Coveñas iban directo a las arcas del Bloque Montes de María, cuya nómina mensual era de casi 150 millones de pesos.
En otras palabras, no era que el contratista le daba una tajada a los paramilitares, sino al revés: los ‘paras’ le daban una mordida al contratista, se llevaban el grueso del dinero y las obras no existían sino en el papel.
Solamente en 2003, gracias al archivo que se ha podido conocer, de las arcas de Coveñas a las manos del grupo armado, fueron a parar $15.291 millones de pesos. Justificaron los giros  con todo tipo de contratos bajo la modalidad de  servicios o compras, tales como: recolección y manejo de residuos sólidos, compra de uniformes, elaboración de carnets de vendedores ambulantes y estacionarios, suministro de transformadores, interventorías de obras civiles, construcción de letrinas, asesorías administrativas, asesoría para depuración de cuentas; creación, organización y puesta en marcha de la empresa de servicios públicos, adecuación de vías, elaboración de planes de manejo ambiental, adecuación infraestructura del hospital local, consultoría y elaboración del censo del Sisben, elaboración de un manual de procedimientos de tesorería, construcción de cunetas, reposición de luminarias de alumbrado público, compra de insumos y materiales para la limpieza en zonas de manglares, construcción de represas para suministro de agua potable de veredas, compra de plantas eléctricas, elaboración de planes de desarrollo turístico, dotación de centros de salud, ayudas educativas para diferentes planteles, proyectos de educación ambiental, construcción de aulas, construcción de baterías sanitarias y comedores infantiles, conciliaciones, contratos de transacción, pagos por orden de prestación de servicios, viáticos y contratos de almuerzos, entre otros servicios contratados y bienes adquiridos por el municipio para su funcionamiento.
El origen de estos recursos eran las regalías que recibe el municipio por el oleoducto y las transferencias que le giraba la Nación por el Sistema General de Participación.
Los responsables del cobro y manejo de esos dineros, eran Whiler Cobos López, un médico de San Andrés de Sotavento y Humberto Frasser. Ambos fueron asesinados. Cobos, el 1 en agosto de 2006 en Barranquilla, y Frasser unos meses antes.  Al desmovilizarse del bloque de Montes de María se  pusieron al servicio del Bloque Norte, bajo el mando de alias ‘don Antonio’, quien había sido comisionado por el jefe máximo del Bloque Norte de las Auc, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ para tomarse los departamentos de Sucre y Bolívar. Los contratos de mayor cuantía se canalizaban a través de varias cooperativas siendo la principal Coopsabanas. Su directivo, Robert Chávez Pérez, fue desaparecido a finales de 2005 y un hermano que asumió el manejo, Eric Chávez, fue asesinado a mediados de 2006 en Sincelejo por dos sicarios de la ‘Banda de los 40’, los herederos del Bloque Norte.

Una Cooperativa Que Se Usó para Saquear
En entrevista con VerdadAbierta en la cárcel La Picota en Bogotá, el exjefe paramilitar del bloque paramilitar de los Montes de María, Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino’, dijo que ideó Coopsabana con el objetivo de tener la interventoría de los contratos de los cinco municipios de El Golfo de Morrosquillo (Coveñas, Tolú, Toluviejo, San Antonio de Palmitos y San Onofre). Quería evitar que los políticos y alcaldes se siguieran robando los contratos, aseguró ‘Vecino’. Y admitió que  planeó que su grupo percibiera  el 1 por ciento por cada contrato, para ayudar a financiarse. La cooperativa fue creada con el aval de ‘Vecino’ y el apoyo de los alcaldes de los cinco municipios.
Pero la cooperativa que en teoría haría la vigilancia a las obras de infraestructura, como los acueductos, alcantarillados, rellenos sanitarios, vías, construcción de escuelas, construcción y dotación de puestos de salud, se terminó convirtiendo según el ex jefe paramilitar en "el peor factor de desangre del erario público y ya no era un veedor o fiscalizados de las obras, sino que terminó  siendo la principal contratista de obras". Mucho más grave que lo anterior, ‘Vecino’ explicó que Coopsabana se convirtió en el centro de la puja entre los miembros del grupo armado, pues por el mal manejo de los recursos de parte de Whiler Cobo López y Humberto Frasser, los responsables de su administración, le propinaron un ‘golpe de estado’ y se quedaron con la cooperativa.
En la misma entrevista con VerdadAbierta.com, sostiene que alias ‘Cadena’ se apoderó de Coopsabana y pusieron al frente a Robert Chávez, quien había sido jefe de presupuesto de Coveñas y lo recomendó Whiler Cobo, quien tenía carisma, le gustaba la política, tenía discurso y era leal a ‘Cadena’ y a ‘Vecino’. Pero, ‘Cadena’, Cobo y Fraser –dice ‘Vecino’- se apropiaron de los principales contratos y no invirtieron los dineros.
Hacían unas inversiones superficiales para engañar a la población, pero no continuaban las obras, en especial los acueductos y alcantarillados. Al final, ‘Cadena’ ordenó asesinar a Robert Chávez, a quien le cortaron el dedo índice para ponerle su huella a los últimos contratos. Una de las preguntas que se hacía ‘Cadena´, al final, antes de la desmovilización, era por qué no se había dado cuenta que Frasser y Cobos le robaron más de 9.000 millones de pesos.
Según lo relató ‘Vecino’ a VerdadAbierta.com, cuando ‘Cadena’ se dio cuenta que Fraser y Cobo le estaban entregando cuentas incompletas, "mantuvo  tres días amarrado a Humberto Fraser, en la casa de él, en el corregimiento de Machuca, dentro de la zona de ubicación de Santafe de Ralito, encerrado en un cuarto vigilado y salía apenas para recibir los alimentos, hasta que logró que cambiara todos los papeles". Otros desmovilizados confirman esta versión de ‘Vecino’ y añaden que así logró ‘Cadena’ que Frasser le devolviera parte del dinero de los contratos de los municipios del Golfo de Morrosquillo y  unas propiedades
Cobo, que se había desempeñado como financiero y político del Bloque Montes de María, desapareció y buscó amparo en el frente José Pablo Díaz, a cargo de ‘don Antonio’, quien lo protegió durante algunos meses.
VerdadAbierta.com en diálogo con desmovilizados detenidos, algunos de ellos en versión libre, otros postulados que aún no han empezado sus versiones, pudo confirmar que los dineros se podían sacar gracias a la complicidad de los alcaldes de los municipios, quienes lo hacían bajo amenaza, así como también con el absoluto silencio del banco donde tenían las cuentas, que pagaba los cheques sin hacer muchas preguntas. ‘Yo escoltaba esos dineros –dijo un desmovilizado en la cárcel Modelo de Barranquilla –quien aseguró que todo lo confirmará ante los fiscales de Justicia y Paz cuando le corresponda. La última plata la sacamos en diciembre de 2004 y fue entregada a ‘Cadena’ entre San Onofre y Palmar, fueron 800 millones de pesos. El dinero lo metíamos en los baúles de la camioneta y lo llevábamos desde Sincelejo hasta donde estaba ‘Cadena’.
Era tal el nexo que existía entre los alcaldes de los municipios del Golfo con el grupo armado, que el ex alcalde de Tolú, actualmente preso, Alfredo Navas, quería desmovilizarse pero ´Cadena’ no aceptó. La esposa de Navas, Licelot Luquez, también fue acusada y estuvo detenida por sus vínculos con el grupo armado. Ambos fueron elegidos con el apoyo del jefe paramilitar.
Al contratista le daban un dinero por la firma del contrato con el municipio, después lo cedía, transaba o simplemente cobraba y entregaba la totalidad de los dineros. Los desmovilizados con los que pudo confirmar VerdadAbierta.com esta información, hicieron parte del grupo de escoltas y círculo o anillo de seguridad de alias ‘Cadena’. Ellos aseguran que hubo una estrecha relación que existió entre Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, y ‘Cadena’. Uno de ellos dijo: "hasta los paracos le teníamos miedo a Arana. Ese señor tenía un poder tan grande en la organización que nadie se metía con él. Los patrulleros no nos metíamos con los civiles de la organización, porque nos mandaban a matar’.
Fue tal el poder de ‘Cadena’ entre 1999 y 2005, que la organización manejaba los municipios de San Antero y San Andrés de Sotavento (Córdoba), Palmito, Los Palmitos, Corozal, Morroa, San Onofre, Coveñas, Tolú y Toluviejo, a su antojo. "Esos municipios eran propios del paramilitarismo", dijo otro entrevistado. Todos los entrevistados coincidieron en que los gobernantes fueron impuestos por ellos y los manejaban a su antojo. El grupo también obtenía recursos de la educación departamental, cobrándoles a los maestros por los nombramientos. Un cuñado de ‘Cadena’ Oswaldo Ayala Bertel, fue Secretario de Educación departamental durante la administración de Jorge Anaya, ex gobernador de Sucre en el periodo 2004 – 2007, y está actualmente preso y condenado por parapolítica.
Aseguran quienes fueron sus hombres de confianza, que ‘Cadena’, escogió Contralor del departamento para el periodo 2004 – 2007. "Esa decisión se tomó en la casa del ‘Gordo’ García en Sincelejo en una reunión en la que estuvieron Whiler Cobos, Humberto Frasser, Álvaro García Romero y los cuatro diputados del grupo encabezados por Ángel Villarreal y Nelson Stamp Berrío", dijo un desmovilizado. Explicó además que no se ponían de acuerdo, porque Stamp quería imponer un candidato y el ‘Gordo’ García tenía como candidato a Rafael González. Cobos, Frasser y García coincidieron en llamar a ‘Cadena’ y éste último dijo que el contralor sería González. Cuando los diputados se fueron, dice el desmovilizado que presenció la reunión, el ‘Gordo’ García dijo: "¿Cuándo me voy a dejar mandar de un chimpancé", refiriéndose a Stamp.
En los juzgados penales de Sincelejo hay más de un centenar de procesos contra alias ‘Cadena’, sus aliados y sus subalternos. Algunos de esos procesos tienen que ver con el desfalco al departamento de Sucre durante casi una década, algunos de los responsables están presos, otros fueron asesinados o están desaparecidos, pero la mayoría de los dineros que sustrajeron de las arcas de los municipios ya se perdieron o están en manos de testaferros que aún no han sido identificados.
6 de septiembre de 2010
1 de septiembre de 2010
©verdad abierta

más uribistas en peligro de cárcel

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Cerca de una docena de ex funcionarios del gobierno anterior están siendo investigados penalmente. En los próximos meses se determinará quiénes serán absueltos y quiénes terminarán presos.

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Colombia. No son los únicos altos funcionarios del gobierno Uribe con problemas judiciales. La situación jurídica del ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno y de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado podría agravarse en los próximos días. La razón: cinco ex subalternos de Hurtado no solo confesaron su participación en el seguimiento e investigación ilegal de los magistrados de la Corte Suprema, sino que implicaron a su jefa y a Moreno en el delito. Según Jorge Lagos, ex director de Contrainteligencia del DAS, el objetivo de "esas investigaciones era desacreditar a la Corte" y no evitar la infiltración del narcotráfico, como han alegado Hurtado y Moreno. Algunos creen que los términos drásticos de ese mea culpa eran necesarios para obtener la rebaja de penas que negociaron con la Fiscalía.
El viernes pasado se conoció el testimonio de la llamada ’Mata Hari’, una agente del DAS que se infiltró en las sesiones del alto tribunal. Allí expuso en detalle sus inverosímiles labores de espionaje y cómo todo el material recogido fue entregado a sus superiores del DAS. Su testimonio coincide con el de Fernando Tabares, ex director de Inteligencia del DAS, quien afirmó que todas esas actividades fueron puestas en conocimiento de funcionarios de la Presidencia de la República.
El escenario no es nada fácil ni para los ministros de la yidispolítica ni para los involucrados en el escándalo de las ’chuzadas’. Sabas y Palacio, de ser condenados por cohecho, podrían ser sentenciados a ocho años de prisión, como el ex congresista Teodolindo Avendaño, quien no colaboró con la justicia. El futuro judicial de Moreno y Hurtado es mucho más incierto. Aunque la Fiscalía no les ha imputado ningún delito, funcionarios de menor rango del DAS implicados en los seguimientos a la Corte han sido acusados formalmente por la Fiscalía por concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad, delitos que implican cárcel.
El que sí ya enfrenta un juicio es el ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Mario Aranguren, acusado de suministrarles en forma ilegal al DAS y a la Presidencia información financiera sobre los magistrados de la Corte. Al final de este mes, Aranguren buscará demostrar su inocencia y desvirtuar la acusación del fiscal del caso, quien calificó la investigación financiera de los magistrados hecha por la Uiaf como una "empresa criminal".
Moreno no es el único ex funcionario de la Presidencia que ha tenido que explicar sus actuaciones ante la Fiscalía. Edmundo del Castillo, el ex secretario jurídico, participó en dos reuniones polémicas que están bajo investigación. La primera con el ex paramilitar Job y la segunda para recibir y analizar información recopilada por el DAS sobre un viaje de los magistrados a Neiva.
Tanto los ministros como los otros altos funcionarios han rechazado las acusaciones y proclamado su inocencia. Sabas y Palacio niegan haber cometido irregularidad alguna para lograr que fuera aprobada la reforma constitucional que permitió la reelección. Moreno, Hurtado, Del Castillo, Aranguren y otros funcionarios de la Casa de Nariño defienden su conducta y rechazan de plano que hubiera una conspiración para desacreditar a la Corte Suprema.
Independientemente del desenlace final, nunca antes en la historia reciente de Colombia se había presentado una coyuntura como la actual con tantos altos funcionarios de un gobierno saliente inmersos en problemas penales, los cuales, a diferencia de los disciplinarios, entrañan el riesgo de penas de cárcel. Para la Fiscalía, los participantes en la yidispolítica cometieron cohecho y los que han confesado su participación en el seguimiento a los magistrados de la Corte Suprema, concierto para delinquir. Desde el proceso 8.000 no se han visto tantos funcionarios de tan alto nivel acusados de delitos de esa gravedad. En ese caso, a pesar de que existía el elemento agravante del narcotráfico, varios de ellos fueron absueltos. Habrá que ver qué pasa.
 
Los Que Confesaron y Acusaron
Estos son algunos de los protagonistas de los escándalos del DAS y la yidispolítica que aceptaron su responsabilidad y ahora son testigos de primera línea para la justicia.

Jorge Lagos
 Ex jefe de Contrainteligencia del DAS
"El objeto de esas investigaciones era desacreditar a esa Corte".

Fernando Tabares
Ex jefe de Inteligencia del DAS
"El único destinatario era el alto gobierno".

Germán Ospina
Ex detective del DAS del grupo Goni
"Desde la Presidencia estaban requiriendo resultados inmediatos".

Alba Luz Flórez Gelves
Ex detective del DAS infiltrada en la Corte Suprema
"La señora María del Pilar Hurtado se sentía muy feliz por nuestra labor".

Manuel Cuello Baute
Ex superintendente de Notariado
"Bernardo Moreno me manifestó que el gobierno tenía que honrar el compromiso derivado de la aprobación de la reelección".

Yidis Medina
Ex congresista
"Sabas Pretelt sí me hizo ofrecimientos".
5 de septiembre de 2010
4 de septiembre de 2010
©semana

confiesa espía del das

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Con la ayuda de empleadas de servicios generales y conductores, y con la utilización de grabadoras de alto poder camufladas en el recinto donde sesiona la Sala Penal de la Corte Suprema, logró el cometido de infiltrar y obtener información privada de trascendentales procesos. Las felicitaciones de los superiores no se hicieron esperar.

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Colombia. Tal y como lo había revelado la revista SEMANA en su edición del 16 de mayo del presente año, Alba Luz Flórez Gélvez, la denominada ‘Mata Hari’, fue pieza clave en el engranaje que permitió el espionaje ilegal adelantado contra los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por parte de miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS
En las últimas horas se conoció el texto de su declaración en cinco diligencias de interrogatorio. Flórez Gélvez, estudiante de sicología de 32 años asignada a esa tarea cuando prestaba sus servicios a ese organismo de seguridad, puso en conocimiento de las autoridades lo que dijo saber y conoció en su tarea de infiltración a ese alto tribunal.
A continuación, uno a uno, los principales aspectos de su declaración, con la que aplicó al principio de oportunidad:

1. La Misión
"En el año 2007, mes de marzo, fecha en que llegué a la Subdirección de Fuentes Humanas, el señor WRS, a través de una orden verbal, inicialmente, me manifestó que existía una necesidad de recolectar información privilegiada de la Corte Suprema de Justicia, entiéndase como información privilegiada aquella información que no se puede obtener por medios abiertos, sino se logra a través de medios técnicos o reclutamiento de fuentes humanas, debido a que es información cerrada".

2. Fachada
"(...) Con la fachada de ser distribuidora de productos Omnilife, que son productos alimenticios, esta labor la realicé durante 15 ó 20 días en la cual abordé a diferentes personas que se ubicaban en las diferentes cafeterías, algunos de ellos conductores de la Corte Constitucional y personas que venían a hacer diligencias en este sitio, pero ninguno con el potencial de la fuente que necesitaba de la Corte Suprema de Justicia".

3. Los Contactos
"Es de anotar que decidí buscar ayuda con J ya que en el año 2005 sostuve con él una relación sentimental que duró aproximadamente un año (...) él accedió a colaborarme señalándome el señor DG, para que él me pudiera suministrar algún tipo de información (...) es el escolta del doctor Iván Velásquez, pero en el momento en que lo conocí era el escolta del magistrado Javier Zapata, (...) el señor JL al presentarnos manifestó que yo era funcionaria de Presidencia y que debía entender que él antes de ser un funcionario que trabajaba en la Corte tenía más compromiso con el Presidente que con la Corte".
"Durante un mes me colaboró con información sobre comentarios que escuchaba en la Corte Suprema de Justicia, después me manifestó que tenía una persona de nombre MEPC, (...) el señor M accedió a colaborarme".

4. Primeros Resultados
"(...) Me suministró copias de procesos como en el mes de noviembre de 2007, el proceso 26970 que adelantaba la Corte Suprema de Justicia contra el congresista Óscar Leonidas Wilchez, Eric Morris Taboada, Alfonso García Romero, proceso única instancia número 26470 de Luis Eduardo Vives Lacouture, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Mauricio Pimiento Barrera, Guillermo Gaviria Zapata (...) entre junio, julio y octubre de 2008 hizo entrega de procesos como el seguido contra Piedad Córdoba que contenía 1.400 folios, proceso de Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez (...) también colaboraba con información sobre posibles capturas que realizaría la Corte Suprema de Justicia a diferentes personalidades de la parapolítica y farcpolítica, entre ellas la que recuerde la posible captura de Nancy Patricia, Armando Benedetti (...)".

5. Ficha Clave
"Posteriormente para la época de marzo de 2008, el señor WRS me hizo requerimiento de obtener información sobre los temas que se debatían en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (...) Le comenté al señor DG la necesidad de suplir ese requerimiento, él me manifestó que había una señora de nombre JM que posiblemente nos pudiese colaborar, lo primero que le dije fue analícela muy bien, sus relaciones a nivel interpersonal con sus compañeras".
"El señor DG me manifiesta que sería mejor que yo la abordara ya que yo sabía manejar diferentes tipos de situaciones a nivel psicológico, (...) La señora J me dijo que estaba dispuesta a escucharme, le comenté que era una funcionaria que trabajaba para una ONG al servicio de la Presidencia de la República y que necesitaba ese tipo de información (...) Después ella estuvo suministrándome información sobre comentarios pero no podía colaborarme del todo porque en ocasiones ella tenía que salir, servir el tinto, volver a ingresar, entonces lo que me daba era como dos o tres por ciento de lo que hablaban allá, era muy poco, esto se lo retroalimenté a mi jefe, después a los días, no sé con quién hablaría, pero me llamó y me dijo que había solicitado una grabadora de larga duración para introducirla en la Corte Suprema de Justicia".

6. La Grabadora
"Entonces me hizo llegar esa grabadora de larga duración para que hiciera uso de ella. Me explicó su uso, que era muy fácil, era oprimir un botón y se indicaba que estaba grabando porque se encendía una luz que no recuerdo el color y después ya se apagaba. Entonces, al encender esa luz yo ya sabía, y así se apagara, que eso iba a grabar. Esto se lo retroalimenté a J (...) se empezó por cargarla ella en el bolsillo y bueno, nos encontramos con la sorpresa que solo se escuchaban los tintos y el roce de la tela del bolsillo, lo que se podía percibir era muy poco (...) la grabadora tenía de tamaño más o menos cuatro centímetros de largo, tres de ancho y como medio centímetro de grosor, de color negro (...) J cumplió la tarea muy juiciosa y me dijo que había un sitio que había como una especie domo de cavidad para colocarla sin ningún problema, también el requerimiento preciso fue que la grabadora sólo se debe introducir en la Sala Plena siempre y cuando no exista el mínimo riesgo de que entren personas que detectan equipos de grabación (...)".

7. La Felicitación
 "Las grabaciones que después presenté fueron buenas, inclusive por unas de las grabaciones el señor WR me felicitó por mi labor, por los alcances de la misión y también porque la señora María del Pilar se sentía feliz por nuestra labor, entonces había ordenado una felicitación para el grupo, en especial para el agente de control que soy yo, por el logro de los objetivos (...) También quiero manifestar que toda la información que decepcionaba se elaboraba en un informe de inteligencia donde se explicaba de manera muy general, por ejemplo, si eran los procesos, que eran de 1.400 folios uno de ellos, entonces yo colocaba inicialmente la fecha de adquisición ese es el momento en el que la fuente adquiere el producto o la información, y la fecha de difusión en el momento en que me entregan la información, se coloca después el título centrado ’INFORME DE INTELIGENCIA’, y también la fuente con su seudónimo o clave".
 
8. Yesid Ramírez, en la Mira
"Planeamos para una cita con J para entrevistarnos con el señor FG quien era curso de él y que en ese momento se desempeñaba como jefe de seguridad de la Corte Suprema de Justicia, ese encuentro se realizó, si me mente no me falla, en un sitio de la séptima como con calle 16 (...) el señor F me dio su número telefónico (...) me comentaba que el ambiente estaba muy tenso, que los magistrados de todas formas como que están pensando que alguien está espiando (...) A los pocos días lo llamé, me entregó el número celular del señor creo que era Yesid Ramírez Bastidas (...) Yo no recuerdo si en ese momento le di seiscientos mil pesos por su colaboración, él no los quería recibir (...) lo convencí que recibiera el dinero (...)".

9. Los Documentos
"Hago entrega del CD final producto de los seis CDs iniciales de back up, así mismo hago entrega del certificado del curso HUMINT sobre recolección de información de fuentes humanas al que asistí los días 1 al 18 de septiembre de 2008 como resultado de mi buen desempeño en la institución. Es de anotar que este curso el costo lo cubrió el DAS".
"Así mismo hago entrega de ocho folios correspondientes a investigaciones que adelantaba la Corte Suprema de Justicia con respecto a parapolítica y farcpolítica, estos documentos provinieron del señor MPC, no era un requerimiento, como se le había pedido que suministrara todo tipo de información de parapolítica y farcpolítica, él los entregó para que tuviese una guía de cuáles eran los números de los procesos y en qué instancia se encontraban (se reciben ocho folios de los audios por la interrogada)".
"Así mismo hago entrega de una transliteración sobre una declaración de la señora Consuelo Gonzáles de Perdomo del 16 de noviembre de 2008 por procesos que adelantaba la Corte en contra de la congresista Gloria Inés Ramírez por farcpolítica. Es de anotar que este documento se envió al DAS a través de mi oficial de caso de la época y se hizo entrega al señor WR, junto con la grabación de esta diligencia (se reciben nueve folios, en fotocopia)".

10. Sospechas
Preguntado: indique al despacho en qué época empiezan los magistrados de la CSJ a tener sospechas de que eran ‘espiados’, según su dicho, por el DAS.
Contesto: "Eso fue aproximadamente en el mes de mayo de 2008, en una reunión los magistrados de la sala plena, el señor Yesid Ramírez Bastidas, manifestó que tenía la certeza que el DAS los estaba espiando porque en un viaje que ellos realizaron, o sea los magistrados a Neiva, el DAS los siguió hasta allá y que inclusive se identificaron como funcionarios del DAS. También ese mismo día mencionó ese magistrado que a él le estaban haciendo montajes para vincularlo con la guerrilla, entonces la Corte debía llegar hasta el fondo con esto. Es de anotar que eso fue grabado y posteriormente entregado en un informe de inteligencia y anexada la grabación a mi superior, el señor WRS (...) en una de las reuniones que hicieron los magistrados en la sala plena, comentaron que estas manifestaciones de persecución hacia la Corte por parte del DAS, se lo había dado a conocer no sólo a la señora María del Pilar Hurtado, sino al ministro Valencia Cossio, si no estoy mal, donde ellos manifestaron que en ningún momento el DAS estaba realizando algún tipo de actividad de espionaje contra la Corte, no recuerdo muy bien la fecha en que se generó este comentario".

11. Grabadora y Video Cámara
"(...) Hice la compra de una grabadora y videocámara al tiempo, espía, en forma de esfero de color plateado, también la compra de dos MP3, estos fueron utilizadas por la señora J para ingresarlas en la Sala Plena, pero fue infructuoso porque no se escuchaba nada y no se podían dejar en ningún sitio debido a su tamaño. La grabadora espía del tamaño de un esfero medía aproximadamente 12 centímetros y los MP3 de unos 5 centímetros de largo por 4 de ancho de grosor como 1 centímetro".

12. Otra Espía
"(...) Me tomé la tarea de preparar a M (...) A los pocos días se me informó de una posible reunión en la Sala Penal, yo inmediatamente le dije a M que intentara cubrir ese evento, ella lo hizo, pero fue infructuoso porque la grabadora o el MP3 había quedado muy lejos (...) Decidí entonces que ella, M, me informara cualquier comentario que se hiciera en la sala en el momento en que estuviese presente; uno de esos comentarios fue el que me manifestó el 21 de enero de 2009 donde comenta que en esta fecha a las 9 de la mañana se reunieron los magistrados titulares de la Sala Penal y la fiscal que lleva el caso del señor Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. En dicha reunión la fiscal manifestó a los magistrados de la Sala Penal que al señor Guillermo Valencia Cossio no le van a tener ningún tipo de consideración, que se le va a aplicar todo el rigor de la ley y que además no se le brindará el privilegio de la casa por cárcel".

13. Más Fuentes y Más Deudas
"En junio o julio de 2008, en vista a al presión ejercida por mi jefe, ya que no estaba cumpliendo con las exigencias con respecto al reclutamiento de nuevas fuentes humanas, me vi en la necesidad de pedirle el favor al señor DG que me señalara personas porque me estaba quedando corta con el reclutamiento de fuente. Él me manifestó que él me iba a colaborar y posteriormente me dio el nombre de tres personas que son agentes activos de la Policía y que trabajan para los esquemas de seguridad de los magistrados (...) Entonces con estas personas, al principio pensé en abordarlas pero después le manifesté a mi jefe, el señor W, sobre la posibilidad, él me dijo que todavía no se intentara porque estaban presentándose una serie de inconvenientes con respecto a los pagos, yo le manifesté que estaba preocupada por eso, porque se demoraba mucho la entrega de los dineros y la verdad que es importante para también mantener la motivación de las fuentes (...)".

14. Piedad
"(...) Es de anotar que se empezó la solicitud de procesos sensibles de parapolítica, también de farcpolítica, como el proceso de la senadora Piedad Córdoba, entre otros, y no nos podíamos quedar cortos de dinero, entonces por eso acordamos seguir manteniendo a estas tres potenciales fuentes y dosificando la información para que no hubiese inconvenientes de obtención de la información por falta de recursos (...) al señor D, es decir, DG, MEPC y BJM se les pagó inicialmente con huella, entonces se les daba el dinero y se les daba a firmar un formato donde aparecía su clave, su seudónimo, la huella y el precio, lo que se le daba a cada uno de ellos, esto se hizo hasta junio, julio de 2008, estos formatos posteriormente eran enviados a través del oficial del caso a la subdirección de Fuentes Humanas para la legalización de los dineros entregados".

15. Otras Chuzadas
"Debo agregar que el señor MP también me suministró información relacionada con las declaraciones que adelantó la Corte Suprema de Justicia con los señores Iván Roberto Duque, Eleonora Pineda, Luis Carlos Restrepo, Rafael García, Salvatore Mancuso y declaración de los liberados de la operación Jaque, también otra liberada se llama Consuelo, también me suministró sobre futuras capturas como la de Jorge Visbal Martelo, Luis Camilo Osorio, Julio Manzur y Sabas Balseiro".

16. La Técnica
"Ahora procedo a hablar a cerca de mis oficiales del caso: el primero de ellos su nombre es HN, él fue la persona encargada de mi entrenamiento, tanto como en el conocimiento del espionaje como en los procesos de reclutamiento de fuentes humanas, que consistía en tres pasos importantes para el reclutamiento de una fuente humana que están establecidas en el manual del DAS con el mismo nombre. Estos pasos son: primero, etapa de reclutamiento, segundo, etapa de orientación de la fuente humana, y por último, etapa de manipulación de la fuente humana".

17. La Caída
"El señor E me contactó a través del señor WR enviándome un comunicado donde me pedía que le firmara dos hojas en blanco para proteger el disco duro de mi computador que había sido asignado por el DAS, esto porque habían ido unos señores de la Fiscalía a preguntar por nuestros hombres y en vista de esto él había guardado el disco duro del computador".
"En el momento que él me dice que tiene el disco duro yo le manifesté que igual yo y el señor L habíamos tomado la decisión de hacer un back up con respecto a las actividades que adelantábamos en la Corte, que en ningún momento los dos vamos a negar nuestra actuación y que estábamos dispuestos a colaborar, (...) E me comentó que los señores de contrainteligencia del DAS lo habían llamado y lo habían obligado a entregar información de la Corte Suprema de Justicia porque los señores de contrainteligencia estaban seguros de que él tenía la información y se la estaban pidiendo con mucho ahínco, supuestamente para que el director Felipe Muñoz se pudiera defender".

18. Giorgio Sale
"En este momento quiero manifestar sobre un requerimiento que me impartió el señor WR más o menos en abril de 2008 sobre nexos de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia con Ascencio Reyes y Giorgio Sale. Con respecto a este requerimiento, la fuente MP me comentó que se enteró a través de un conductor de uno de los magistrados que Giorgio Sale no solo le había regalado un reloj Rolex al magistrado Yesid Ramírez Bastidas, sino unos caballos y eso fue lo que pude obtener del requerimiento, nada más".
5 de septiembre de 2010
3 de septiembre de 2010
©semana