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cura demoníaco no quiere comer


Etchecolatz y von Wernich no comen, para llamar la atención. Cura venido del infierno está condenado a reclusión perpetua por secuestros, extorsión, torturas y asesinatos. Cobraba rescate y asesinaba a los detenidos.

[Nora Veiras] Argentina. El comisario Miguel Etchecolatz y el ex capellán policial Christian von Wernich, condenados a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad, iniciaron una huelga de hambre en el Penal de Marcos Paz. Los represores se sumaron a la protesta que empezaron dieciocho procesados por torturas, asesinatos y desapariciones en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. A través de su Facebook, Cecilia Pando había anticipado la medida por "todas las violaciones que se les hacen a los que están ilegalmente detenidos por haber combatido al terrorismo, que generan un precedente para que el día de mañana le suceda a cualquier argentino". En la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en la Unidad Fiscal Especial aseguraron a Página/12 que no recibieron ningún reclamo por las condiciones de detención y desestimaron el planteo. Al contrario, lamentaron que muchos se hayan muerto impunes por la lentitud de los procesos. En Justicia estimaron que "buscan victimizarse para que los jueces les den la prisión domiciliaria". El último informe de la Unidad Fiscal, que encabeza Jorge Auat y coordina Pablo Parenti, data de junio pasado y precisa que "hay 464 detenidos en todo el país. El 55 por ciento en unidades penitenciarias, el 39 por ciento con prisión domiciliaria, el 4 por ciento en dependencias de fuerzas de seguridad y el 3 por ciento en hospitales y en el extranjero" y destaca que ya no hay represores presos en unidades militares a partir de sendas resoluciones tomadas en 2008 por la ministra de Defensa, Nilda Garré, avaladas por la cartera de Justicia. El relevamiento nacional señala que "se han juzgado 123 personas, de las cuales 110 fueron condenadas y 13 absueltas" y "hay 654 procesados, de los cuales 325 están imputados al menos en una causa en etapa de juicio y 140 que serán procesados".
Teniendo en cuenta el despliegue operacional de la represión, la cantidad de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad alcanzados por la Justicia es más que escasa. En ese marco apareció como desmesurada la denuncia de la esposa del mayor retirado Rafael Mercado y titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, sobre la muerte de acusados en las cárceles. "Más de cien efectivos de las instituciones castrenses han muerto en cautiverio por falta de atención médica en los penales, dejándolos en total abandono. Los derechos humanos son para todos los argentinos y no para un sector privilegiado que lucra con ellos", escribió Pando en su Facebook. En Justicia descreen de esa cifra y apelan a la lógica: pasaron treinta y cuatro años del último golpe militar, en consecuencia se van muriendo porque son viejos.
Hace un mes, Pando y sus mujeres habían actuado como cabecera de playa de la nueva batalla mediática al encadenarse en el Edificio Libertador. Reclamaban una entrevista con Garré para denunciar las "condiciones de detención infrahumanas" de sus maridos, amigos o parientes. La hermana del ex marino Alfredo Astiz y la esposa de Ernesto el "Nabo" Barreiro, el jefe de los torturadores de La Perla en Córdoba, fueron algunas de las abanderadas de la lucha. En Justicia explican que en Marcos Paz hay médicos permanentes cuya responsabilidad es la atención de los internos y destacan que "el tema es que ellos quieren irse a sus casas y se quejan porque no les dan el beneficio porque no están acusados por delitos comunes sino por crímenes de lesa humanidad".
Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía de Ramón Camps, fue condenado a reclusión perpetua en septiembre de 2006 por seis asesinatos y ocho secuestros y torturas, "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio". El ex comisario manejó veintiún centros clandestinos de detención, fue el responsable del operativo de La Noche de los Lápices. En el ’86, la Cámara Federal lo había condenado a 23 años de prisión, quedó libre por la aplicación de la ley de obediencia debida. En el ’97, escribió La otra campana del Nunca Más, en el que aseguró: "Nunca tuve, ni pensé, ni me acomplejó culpa alguna ¿por haber matado? Fui ejecutor de una ley hecha por los hombres. Fui guardador de preceptos divinos. Por ambos fundamentos volvería a hacerlo". En 2001, Etchecolatz fue detenido por robo de bebés, estuvo en la cárcel de Devoto y consiguió la prisión domiciliaria en su casa en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata hasta que le encontraron una pistola 9 milímetros. En 2006 recaló en Marcos Paz y poco después fue condenado. "No sé rendirme y después de muertos tendremos mucho que hablar", le advirtió al tribunal, presidido por Carlos Rozanski, que lo juzgó, y luego de presentarse como "prisionero de guerra y detenido político".
Von Wernich, el capellán de la Policía Bonaerense, se reencontró en prisión con Etchecolatz. En octubre de 2007 fue condenado a reclusión perpetua como partícipe necesario de privación ilegal de la libertad agravada de 34 personas y coautor de la aplicación de tormentos agravados de 31 personas. Fue el primer y único miembro de la Iglesia Católica condenado por delitos de lesa humanidad.
El policía y el cura se convirtieron esta semana en los huelguistas de hambre más notorios de los veinte que decidieron llamar la atención de las autoridades judiciales. En el pabellón de lesa humanidad conviven un total de 89 reclusos. Los detenidos por la Unidad 9 de La Plata que en breve recibirán la sentencia del tribunal encabezaron la medida que se extendería por pocos días más. Por ahora no corren riesgo de vida.
5 de septiembre de 2010
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fallo correcto


Generosa jurisdicción en materia de delitos contra el derecho de gentes.
Argentina. "La jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad es una regla reconocida internacionalmente y nuestra Constitución, en el artículo 118, tiene una norma muy generosa en materia de jurisdicción frente a crímenes internacionales o delitos contra el ‘derecho de gentes’", destacó Pablo Parenti, profesor de derecho penal internacional. "En este sentido, el fallo de Cámara es correcto, en tanto exige analizar fehacientemente si se dan o no los presupuestos para ejercer la jurisdicción universal en el caso de los delitos del régimen franquista", agregó. A diferencia de lo dictaminado por el fiscal Federo Delgado, el coordinador de la Unidad Especial de la Procuración General que interviene en causas por delitos durante la dictadura consideró que "realmente nada indica que España esté investigando estos hechos; por el contrario, existe un proceso para remover al juez Garzón, suspendido por pretender investigar estos delitos".
5 de septiembre de 2010
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juez contra el franquismo


"En España hay mucho retraso". Carlos Slepoy, abogado impulsor del proceso.
[Diego Martínez] Argentina. El abogado argentino Carlos Slepoy, impulsor de la causa por los crímenes del franquismo, está feliz por partida doble. La resolución de la Cámara Federal implica no sólo reconocer la competencia de la Justicia argentina para investigar delitos de lesa humanidad en España, sino también aceptar el criterio de los querellantes de extender la investigación hasta el retorno de la democracia, en 1977, con lo cual se amplía el universo de potenciales imputados que tarde o temprano perderán su impunidad.

¿Cómo recibió la resolución?
Es muy importante. La resolución no sólo le ordena a la jueza iniciar la investigación, también le dice que envíe un exhorto a España a efectos de determinar si existen investigaciones y más importante aún, acepta que debe investigarse el período que propusimos, desde 1936 hasta 1977, toda la dictadura franquista, que ni siquiera consideraba el juez Garzón, que llegaba hasta 1952.

¿Cuál era el criterio de Garzón?
Planteó que sólo entre 1936 y 1952 se había acreditado la desaparición forzada de personas y el secuestro de niños. Nosotros planteamos que los delitos de lesa humanidad se prolongaron durante toda la dictadura. La aceptación implica que van a ser investigados los responsables de los distintos fenómenos represivos. Ante el planteo de que la mayor parte de los responsables están muertos, se abre un período amplísimo, con muchos responsables vivos. Paralelamente al exhorto que envíe la jueza vamos a pedir que se soliciten todas las pruebas que pedimos, empezando por la identificación de ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de los dirigentes de la Falange.

La Cámara le ordenó a la jueza preguntar si efectivamente se están investigando los crímenes del franquismo. ¿Las causas siguen paralizadas o hubo avances en alguna instancia?
Las causas están paralizadas. La prueba más evidente es que Garzón está procesado, en vías de ser inhabilitado y temporalmente suspendido por su actuación en esta causa. Cuando Garzón se inhibió envió las pruebas (que vamos a pedir que remitan a la Argentina) a cincuenta juzgados provinciales. Ninguno puso en marcha una investigación y sólo unos pocos están supervisando la identificación de fosas comunes. Todo recae en los familiares y las asociaciones para la memoria histórica, que investigan con ayuda de antropólogos forenses, incluso estuvo (Luis) Fondebrider (del Equipo Argentino de Antropología Forense). Pero no hay una causa penal en curso. Por eso queremos que en paralelo al exhorto se produzca la prueba, porque la persecución de estos crímenes no actúa de manera subsidiaria sino concurrente con las actuaciones en otros tribunales.

Cuando Garzón impulsó la investigación sobre Argentina chocó con la resistencia de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. ¿Qué expectativa tiene sobre la respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero?
Por los antecedentes no podemos tener ninguna confianza en que colaboren. Sin embargo, esperamos que así sea. Lamentablemente, el gobierno español, a través del fiscal general, dio instrucciones para que los fiscales paralicen los procedimientos. De todas formas, confiamos en que el gobierno sea fiel e informe la real situación de los procesos. La sensación es que van a dar informaciones confusas para tratar de dilatar.

La Cámara destaca el derecho a conocer la verdad sobre el destino de las víctimas, planteo que en la Argentina, con leyes de impunidad vigentes, derivó en juicios por la verdad. ¿Podría darse un proceso similar si se comprobara que los imputados españoles están muertos?
El problema no es si están vivos o muertos, aunque muchos están vivos. No olvidemos que aún se está condenando a criminales nazis. La única alternativa es conocer la verdad histórica y en España ni siquiera existe una comisión por la verdad. El retraso es enorme, patético, teniendo en cuenta que fue uno de los mayores genocidios del siglo XX. De todas formas, el proceso se aceleró en los últimos años con las asociaciones por la memoria histórica y el trabajo de los nietos. Es un trabajo subterráneo que en el último tiempo adquirió enorme potencia, incrementada con las actuaciones de Garzón. No olvidemos que mientras el proceso estuvo abierto hubo manifestaciones en toda España y llegaron a movilizarse entre sesenta y cien mil personas reclamando investigar los crímenes del franquismo.

La causa vuelve a manos de la jueza que para querellantes y camaristas dictó una resolución infundada. ¿Puede afectar ese decisión al impulso de la causa?
Esperemos que no. La jueza interpretó que como no había impulso del fiscal no podía llevar adelante el procedimiento, pero también dijo que no entraba a considerar las argumentaciones del fiscal. Superado ese obstáculo pensamos que actuará a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa.
5 de septiembre de 2010
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investigar crímenes del franquismo


La Cámara Federal anuló la decisión de la jueza María Servini de Cubría, que había archivado la denuncia de familiares de víctimas del franquismo. Ordenó que se envíe un exhorto a España para que informe si allí hay alguna causa judicial abierta donde se estén investigando estos hechos.
[Diego Martínez] Argentina. Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. Aun si todos los funcionarios, militares y dirigentes de la Falange estuvieran muertos, los familiares de las miles de víctimas podrán ejercer el derecho a conocer el destino final de sus seres queridos. Si no lo investiga la Justicia de España, lo hará la Justicia argentina. La decisión, un hito en la historia de la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, la tomaron ayer los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, al declarar la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría que, a instancias del fiscal Federico Delgado, había rechazado un pedido de investigar presentado por descendientes de víctimas y por organismos de derechos humanos de la Argentina.
El intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación por prevaricato, la suspensión temporaria en el cargo y un proceso que podría concluir con su inhabilitación. La actuación del magistrado que en los ’90 impulsó la investigación de los crímenes en Sudamérica, sin embargo, fortaleció el reclamo de los descendientes de las víctimas, que comenzaron a organizarse hace quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.
Ante la parálisis del proceso y la persecución al juez, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y organismos de derechos humanos, presentaron en Argentina, el 14 de abril, una denuncia para terminar con más de setenta años de impunidad. La primera negativa corrió por cuenta de Delgado, quien no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación de Garzón no estaba cerrada, sino "a la espera de que el Tribunal Supremo se expida sobre el punto". El 7 de mayo, en base al dictamen fiscal, Servini de Cubría sostuvo que no podía investigar de oficio y rechazó el pedido.
Cattani e Irurzun, miembros de la Sala II de la Cámara Federal, consideraron que la resolución de Servini de Cubría "carece de fundamentación y sustento" y cuestionaron la decisión por no controlar la legalidad del dictamen fiscal que la jueza consideró vinculante. También la criticaron (e indirectamente al fiscal) por "no haber evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria –obtenida en Internet– representa sustento suficiente" para rechazar la apertura de la investigación.
Además de declarar la nulidad de la resolución, los camaristas le ordenaron a Servini librar exhorto al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que informe "si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".
El detalle de las fechas no es menor: Garzón extendió su investigación hasta 1952, cuando terminaron las mayores matanzas del régimen; los abogados encabezados por el argentino Carlos Slepoy pidieron que la investigación alcanzara hasta el fin del régimen en 1977. Extender la indagación un cuarto de siglo implica ampliar el universo de imputados. Mientras España se tome su tiempo para responder, los querellantes le pedirán a la jueza que solicite todas las medidas de pruebas requeridas, comenzando por la identificación de todos los ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y dirigentes de la Falange.
La segunda buena nueva de la Cámara fue su aceptación de un criterio amplio en materia de legitimación para querellar. Servini había aceptado en el rol a Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei, pero había rechazado a Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca. Los jueces destacaron que debe aplicarse el principio general por el cual toda persona ofendida por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse como querellante, más allá del grado de parentesco, y recordaron que todos tienen idéntico derecho a la verdad, que es parte de un más amplio derecho a la Justicia.
"Esperemos que la jueza esté a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa", se esperanzó Slepoy. El abogado recordó especialmente que, igual que las Madres de Plaza de Mayo, entre doscientas y trescientas personas caminan en ronda, todos los jueves, en la Puerta del Sol, en Madrid, con pancartas de sus seres queridos asesinados. "El proceso está naciendo con enorme fuerza. Lo que pueda hacer la Justicia argentina va a ser de enorme trascendencia."
5 de septiembre de 2010
4 de septiembre de 2010
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el infierno de orletti


Ana Quadros, uruguaya, narró su paso por el centro clandestino Automotores Orletti. Habló de las torturas y contó que el represor uruguayo Manuel Cordero la violó.
[Alejandra Dandan] Argentina. Un día subieron a Ana Quadros a la parte más alta de Automotores Orletti, donde iba a ser su peor sesión de torturas. Manuel Cordero, un represor uruguayo, primero le preguntó si lo conocía. "¿Cómo que no sabés de mí?", le dijo. "Si yo conozco a tantos otros." Con un organigrama colgado en la pared le preguntó por los cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, una organización creada por un grupo de uruguayos en el exilio para derrotar a la dictadura de su país. Ana respondió siempre negativamente. Otros cuatro o cinco represores la colgaron entonces en la sala de al lado, con las muñecas para atrás, le enroscaron un cable en el cuerpo y pusieron agua y sal en el piso. Cuando el peso de la cuerda cedía, sus pies tocaban la sal y le daban golpes de electricidad. Cordero volvió más tarde. La cargó en andas desnuda hasta el cuarto de al lado, le puso un trapo en la cabeza y la violó. Ella declaró en la audiencia de ayer por los crímenes en el centro clandestino: "Sentí un dolor y una vergüenza tan grande –explicó– que demoré veinte años en poder testimoniarlo; al rato me agarró de nuevo y me llevó donde estaban los otros detenidos".
Ana Inés Quadros Herrera, uruguaya, era uno de los principales cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, encargada de la rama de masas, responsable de los nuevos contactos. Hija de José Antonio Quadros, embajador uruguayo en Inglaterra y Alemania, cuando al empezar la audiencia el fiscal Guillermo Friele le pidió que cuente los hechos, ella se detuvo y aclaró: "Quiero empezar desde antes". En 1973, Ana era parte de un grupo de la resistencia uruguaya que combatía la dictadura de su país; viajó a Buenos Aires por un fin de semana, pero cuando intentó volver se dio cuenta de que estaba "requerida" y tuvo que quedarse. Con los residentes uruguayos en la Argentina, que eran muchos, dijo, organizaron un comité de resistencia. La detuvieron primero en junio de 1974 durante unos quince días, en la sede de la Policía Federal, y luego en el Penal de San Miguel.
Más adelante llegaron los primeros secuestros, entre ellos Gerardo Gatti, otro de los dirigentes uruguayos. Lo llevaron a Orletti, supieron después. Los militares les hicieron saber que estaban dispuestos a darles la libertad si pagaban, dijo ella, un millón de dólares: "A mí –aseguró– me pareció un disparate".
A Ana la detuvieron el martes 13 de julio de 1976, a la medianoche, en una confitería de Carlos Calvo y Boedo. "Se acercaron a nuestra mesa con todo tipo de armamentos, nos sacaron a empujones, nos arrastraron por el suelo, y al final a mí me metieron en un auto." Ella tenía una agenda con nombres y citas, pero logró tirarla por una hendija antes de que la atrapasen.
En la sala de audiencias de Comodoro Py la escuchaban a pocos metros algunos de los represores de Orletti. Raúl Guglielminetti estaba sentado al lado de su abogado Pablo Lobera, de traje gris y de anteojos, el único defensor que suele hacer preguntas, algunas incómodas, otras absurdas.
"Discúlpeme –dijo el abogado bastante después–. ¿Me puede decir, señora, por qué tiró la libreta?"
Cuando Ana llegó a Orletti, le pareció escuchar una contraseña: "Sésamo", dijeron, luego de lo cual se abrió una cortina de metal muy pesada. "Entramos con el auto, me bajan –contó– y empiezo a escuchar voces de otros uruguayos." Los pusieron en fila, les pidieron los nombres, les colgaron un número, así que a partir de ese momento, dijo, "yo empecé a ser la trece y no Ana Quadros, me sacaron anillos y vi esa rapacidad del botín de guerra".
El centro clandestino era una especie de barracón muy largo, dividido a la mitad, con trapos colgados del techo: de un lado había autos; del otro, detenidos. "Orletti en sí era todo un infierno –declaró–, porque la música estaba a todo lo que da, los gritos de los torturados, el tren que pasaba permanentemente, nosotros tirados en el piso, un piso de cemento con grasa y aceite de autos."
Entre los secuestrados estaban Carlos y Manuela Santucho, dos hermanos de Roberto Santucho. A Carlos lo mataron en una tina de 200 litros de agua. Cuando Roberto Santucho "fue abatido en un enfrentamiento –indicó la testigo–, le hicieron leer a Manuela en voz alta la noticia que salió en el periódico. Manuela la leyó con mucha entereza, mientras le preguntaban agresivamente y burlándose: ‘¿Qué sentís?’".
Los militares uruguayos hacían los interrogatorios para los uruguayos, asistidos por los argentinos. Luego de aquella violación, otro represor le dijo que habían ido a buscar a sus hijos, que le habían dicho a su marido, que él los había contactado para que la fuesen a ver y que ahora iban a colgarlos. Ana entró en una crisis de nervios tan grande que se puso a hablar en inglés, una suerte de lengua materna. Un idioma, supuso en medio del delirio, con el que podría llegar a comunicarse con su hija de nueve años sin que los militares la entendieran. Para calmarla la llevaron a un cuarto de arriba, al cuidado de dos detenidas. "Pude reposar –dijo–. No me torturaron más, pero a medida que me fui reponiendo empecé a escuchar una discusión entre los militares argentinos y uruguayos; se peleaban porque los uruguayos querían traernos a Uruguay, los argentinos decían que no, porque se iba a saber todo, hasta que al final resolvieron que sí."
Cuando llegó el traslado, Ana reconoció a Otto Paladino: "Vino y me preguntó cómo estaba y dije que más o menos bien". La llevaron en auto a un aeropuerto militar, desde donde salió un vuelo con uruguayos. El aeropuerto era un alboroto: "También trasladaban el botín de guerra, había cosas, cositas, muebles, no fue un operativo silencioso".
En Uruguay pasaron por distintos lugares. Primero, Punta Gorda: "No sé por qué –explicó–, pero yo tenía la ilusión de que la gente que iba a encontrar serían otros. Pero al día siguiente empiezo a escuchar las mismas voces y entonces me doy cuenta de que son los mismos de la guardia, los mismos oficiales". Miró su cuerpo en la primera ducha: "No podía creer los kilos que había perdido y cómo se había trasformado mi cuerpo".
Pasó al edificio de Inteligencia de Defensa (SID). Una o dos veces, dijo, les hicieron limpiar porque llegaba una delegación de argentinos para verlos; entre ellos viajó el jefe de la SIDE, Otto Paladino. Allí estaba la nuera del poeta Juan Gelman. Como sucedió con otros testigos, Ana habló de una mujer embarazada, de una ambulancia que fue a recogerla y la devolvió dos días más tarde con un bebé (Macarena), del que supieron porque la guardia les pedía a las detenidas que preparasen mamaderas. Habló también de los hermanos Julien, luego trasladados a Chile. Y también de Sara Méndez y de las preguntas que la misma Ana le hizo a un militar para saber dónde tenían a Simón, el hijo de Sara. "Eso –le respondieron– es cosa de los argentinos." Ana se quebró sólo en un momento. Recordó la imagen de Sara en la tortura: se notaba que había sido madre, dijo, porque los pechos segregaban leche todavía.
Los uruguayos les propusieron una negociación: la "vida" a cambio de que firmaran un acta diciendo que eran un grupo armado que iba a invadir a Uruguay y a cometer una cantidad de crímenes. Se negaron. Los torturaron. Aceptaron un acta suavizada. Los militares llevaron a cinco a un chalet residencial, les dieron de comer, los ataron y organizaron el blanqueo del Cóndor: "Se llenó de milicos –dijo Ana–. Rodearon toda la manzana, rompieron muebles para que el barrio pensara que era una detención importante. Nos pasearon a la salida del estadio donde jugaban Nacional y Peñarol".
El padre de Ana tenía 70 años y había estado buscándola. Cuando la vio en la tele, les aseguró a los militares que iba a ir a hacer una denuncia ante la OEA. Lo secuestraron para hacerlo entrevistar con un oficial y le preguntaron si a cambio de la vida de Ana estaba dispuesto a desistir de la denuncia. Dos o tres días después, Ana fue procesada por la Justicia militar. La condenaron a cinco años. Salió con prisión condicional, intentó irse a Alemania, pero no pudo: cada semana debía mostrarse. Lo peor llegó en 1984: la Conadep la citó a declarar en Buenos Aires. Viajó. Cuando regresó, volvieron a detenerla. Siguió controlada hasta 1985.
Uno de los integrantes del tribunal a cargo del juicio le preguntó si estaba dispuesta a reconocer a sus represores. Ella dijo que sí, pero no podía asegurar que lograra hacerlo. "Me gustaría que fuese más precisa –le insistieron–. ¿Puede reconocer o no?"
Como si hubiese pasado por Orletti ayer, y no hace más de treinta años.
4 de septiembre de 2010
3 de septiembre de 2010
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denuncian a uribe por traición


La acusación se basa en el acuerdo de cooperación militar suscrito con Estados Unidos, y que le permitió a la potencia norteamericana tener acceso a bases militares colombianas.
Bogotá, Colombia. Una organización no gubernamental presentó hoy ante una comisión legislativa una denuncia penal en contra del ex Presidente Álvaro Uribe por presunta "traición a la patria" al negociar un acuerdo de cooperación militar de Colombia con Estados Unidos.
La denuncia, la primera desde que Uribe dejó el cargo el 7 de agosto, fue presentada por el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".
Según explicó un miembro del Colectivo, Luis Pérez, Uribe le entregó "una serie de prerrogativas al ejército de los Estados Unidos, que podría entrar a Colombia como ’Pedro por su casa’ y tener un control de nuestro territorio".
El Colectivo también presentó la misma denuncia contra los entonces ministros Jaime Bermúdez, del Exterior, Gabriel Silva, de Defensa; y Fabio Valencia Cossio, del Interior; y contra los tres titulares que firmaron el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos en octubre del 2009.
Ese pacto, sin embargo, ya no tiene vigencia porque fue suspendido en agosto último por una alta corte al considerar que debió ser sometido al debate y aprobación del Congreso.
Pérez dijo que independientemente de si el acuerdo- que permitía acceso de militares y civiles estadounidenses a siete bases colombianas- regía o no, el ex presidente Uribe había cometido el delito.
Sin embargo, columnistas y críticos de Uribe, han dicho que una demanda por traición a la patria carecería de sentido porque los jefes de Estado colombianos están constitucionalmente facultados a manejar las relaciones internacionales.
Actualmente todos los 15 miembros de la Comisión son aliados del Presidente Juan Manuel Santos, quien fue del 2006 al 2009 ministro de Defensa de Uribe; por lo que opositores admitieron que es poco probable que la demanda prospere.
Iván Cepeda, congresista en la Cámara por el opositor partido Polo Democrático Alternativo, dijo que "para nadie es un secreto que la Comisión de Acusaciones de la Cámara no es un órgano imparcial".
No obstante, "considero que esta denuncia va a generar un precedente. Si la Comisión de Acusaciones no la tramita de una manera correcta y diligente nosotros enviaremos copia de la denuncia a la Corte Penal Internacional", dijo Cepeda.
4 de septiembre de 2010
2 de septiembre de 2010
©estrella de valparaíso
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césar pérez seguirá preso


Ex congresista César Pérez seguirá en prisión por la masacre de Segovia. La Corte Suprema de Justicia le negó la casa por cárcel. El político dirigió masacre de 43 campesinos acusados de apoyar a la Unión Patriótica después de que el Partido Liberal de Pérez García perdiera las elecciones.

Colombia. Por su presunta responsabilidad en la masacre de Segovia, Antioquia, donde 43 campesinos murieron en 1988, el cacique electoral antioqueño del Partido Liberal César Pérez García continuará encarcelado en La Picota de Bogotá.
La defensa del político alegaba que por su estado de salud era necesario que lo trasladaran a su casa, sin embargo la Sal Penal de la Corte Suprema determinó que el ex parlamentario debe seguir en la cárcel, luego de su captura por el CTI el 22 julio pasado en la Asamblea de Antioquia en Medellín. Su abogado Dagoberto Charry insiste en que su cliente padece de graves afecciones coronarias, y que necesita permanente atención médica en su vivienda.
La masacre de Segovia se produjo en 1988, cuando un grupo paramilitar denominado ‘Muerte a revolucionarios del nordeste antioqueño’ asesinó a 43 campesinos por su supuesta adhesión a la Unión Patriótica, UP, un movimiento político de izquierda que fue blanco de un proceso de exterminio entre los años 80 y 90.
A Pérez García se le investiga por los presuntos delitos de homicidio múltiple agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno. De acuerdo con los testimonios y los documentos evaluados por la Alta Corte, la masacre hizo parte de las operaciones paramilitares contra los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) que, para esa época le había ganado las elecciones al Partido Liberal, de donde procede Pérez García, y tenía gran aceptación entre los pobladores de Segovia y municipios vecinos como Remedios.
Al político liberal lo incriminan paramilitares como Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘el negro Vladimir’, quien fue uno de los autores materiales del múltiple asesinato.
4 de septiembre de 2010
1 de septiembre de 2010
©verdad abierta
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arzobispo pide juicio justo para mapuches


Arzobispo de Concepción pide "juicio justo" para mapuches. Ricardo Ezzati estuvo con los huelguistas de la cárcel El Manzano de Concepción y del penal de Lebu. Dijo que la situación es "preocupante" y que "no tenemos demasiado tiempo" para dar una solución.
Santiago, Chile. Un llamado a las autoridades para que generen un diálogo que permita solucionar la situación de los  presos mapuches en huelga de hambre, hizo el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, subrayando la premura con que se debe actuar ante una situación que "se agrava" día a día.
Luego de visitar a los huelguistas de la cárcel El Manzano de Concepción y el penal de Lebu, sostuvo una conversación con Radio Cooperativa, donde pidió que se responda cuanto antes a las exigencias en torno a un juicio justo.
"No se trata de borrar las responsabilidades de estas personas, pero sí de asegurarles un juicio justo y que al mismo tiempo respete la identidad de estas personas", enfatizó.
Hizo hincapié en que "la situación es preocupante y amerita un pronto diálogo que es siempre la posibilidad de sentarse a la mesa para poner los problemas al alcance de la racionalidad y buscar caminos que solucionen los problemas".
Manifestó que "estamos ante un problema extremo que requiere un diálogo pronto", apuntando que se alegró de que el gobierno se haya abierto a la posibilidad de enviar un proyecto que modifique la ley antiterrorista, pero que este camino leal demorará y que mientras tanto se deben dar las condiciones que permita que los presos depongan la huelga de hambre que se prolonga por más de 50 días.
Precisó que la posibilidad de un proyecto la percibe "como una esperanza", pero destacó que " los detenidos piden garantías y espero que esas se puedan dar cuanto antes".
Ezzati se ofreció como posible mediador entre las autoridades y los presos mapuches y sus familiares, recalcando que la salud de los comuneros empeora a cada momento. "A medida que pasan los días las cosas se van agravando. Tampoco tenemos demasiado tiempo y es un problema que hay que enfrentar con mucha conciencia y capacidad de intervenir lo antes posible", indicó.
4 de septiembre de 2010
3 de septiembre de 2010
©la nación
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