exclusiones en justicia y paz

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Fiscalía va a pedir exclusión de 26 ‘paras’ de Justicia y Paz. Por no colaborar en sus procesos judiciales, varios desmovilizados pueden ser expulsados del proceso, lo que obligaría a juzgarlo según la justicia ordinaria o incluso según el derecho internacional humanitario.

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Colombia. Luis González León, el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, anunció que entre 20 y 25 ex ‘paras’, postulados a la Ley de Justicia y Paz, pueden perder sus beneficios por no cooperar con las autoridades judiciales.
González advirtió que "la Fiscalía sabe que ellos tienen que cumplir con la verdad como dijo el fallo de la Corte Suprema y como lo dice la misma ley porque aquí vienen a decir la verdad, y si nosotros llegamos a comprobar que están faltando a la verdad tenemos que dar los pasos y empezar las exclusiones de Justicia y Paz".
El anuncio se hace después de que ayer Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte extraditado en Estados Unidos, se negara a seguir colaborando con el proceso por presuntos nexos con los ‘paras’ que se sigue contra cuatro políticos y contra el ex director del DAS Jorge Noguera.
Sin embargo la decisión de excluir un desmovilizado de Justicia y Paz solo la puede tomar un magistrado  que decide si este colaboró lo suficiente para poder beneficiar de la ley.
Si son expulsados, los ex ‘paras’ tienen que responder ante la justicia ordinaria, exponiéndose a sentencias de hasta 60 años de cárcel por las masacres, los desplazamientos, los desaparecimientos y los miles de homicidios que cometieron. Si siguen en Justicia y Paz, su condena se reduce a penas entre cuatro y ocho años de prisión.
Hasta ahora Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Baéz’ y Luis Arnulfo Tuberquia, alias ‘Memín’, son los dos únicos paramilitares excluidos de justicia y paz. Sin embargo muchos han evocado la falta de seguridad para sus familias, la lentitud del proceso o incluso maltratos del Inpec para no asistir a las audiencias.
1 de septiembre de 2010
31 de agosto de 2010
©verdad abierta

cabecilla paramilitar a indagatoria

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‘Ramón Mojana’ a indagatoria por el asesinato de la fiscal Paternina.

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Colombia. El ex cabecilla del Bloque Mojana, de las Auc, Eder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, será vinculado mediante indagatoria a la investigación por el crimen de la fiscal especializada Yolanda del Carmen Paternina.
La funcionaria judicial fue asesinada el 20 de agosto de 2001 en Sincelejo, por órdenes de Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’. La fiscal estaba investigando la masacre de Chengue, Sucre, donde 27 personas fueron asesinadas por los paramilitares en febrero de 2001.
La diligencia será efectuada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH, que investiga a ‘Mojana’, como uno de los supuestos determinadores del homicidio.
1 de septiembre de 2010
31 de agosto de 2010
©fiscalía colombiana
©verdad abierta

amenazan a paras desmovilizados

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En una carta a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, los ex paramilitares denunciaron amenazas e intentos de reclutamiento en nuevas bandas criminales.

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Colombia. Ex paramilitares denunciaron en una carta que enviaron a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, que hay un plan para exterminarlos a ellos y a sus familias. Segúm dijeron, ya son más de 400 desmovilizados los que han puesto quejas ante el gobierno por el peligro que está corriendo.
Fernando Soto, vocero de los desmovilizados y presidente del Movimiento de Reconciliación Nacional, dijo que grupos ilegales los amenazan si no se integran a sus filas. Sin embargo cuando abandonan sus regiones, las Farc y los integrantes de bandas emergentes ponen en peligro a sus familias.
Soto aseguró que también los han presionado para declarar contra políticos. Las amenazas han incluso llegado a familiares de ex ’paras’ extraditados en Estados Unidos. En diciembre de 2009 desconocidos asesinaron a Sergio Tovar, el hermano de ’Jorge 40’.
Las denuncias de los desmovilizados, reveladas por RCN Radio, indican que si ingresan a bandas armadas en zonas rurales les pagan un millón de pesos y en las ciudades 800 mil pesos.
Las zonas más afectadas, según Soto, se presentan en Medellín, Córdoba, Cali, Pereira y hasta Bogotá, "donde en la zona de Ciudad Bolívar se está presentando un reclutamiento muy fuerte".
Los desmovilizados hicieron un llamado al gobierno de Juan Manuel Santos, para que se nombre a un director del Programa de Reintegración y se implementen políticas de acción para evitar los asesinatos y el reclutamiento de los desmovilizados.
En la carta a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, también señalaron que es impostergable "la necesidad (...) de reformar la Ley 975, de Justicia y Paz, para que ofrezca seguridad jurídica a los postulados, garantías de satisfacción y reparación a las víctimas, y conocimiento de la verdad a Colombia y el mundo".
Según la comisión de presos, esta ley debe ser enmendada "con carácter de urgencia para que no se esterilice en un laberinto sin fin, que vuelva imposible su cumplimiento".
1 de septiembre de 2010
27 de agosto de 2010
©el espectador
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capturan a capo paramilitar

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’Amaury’, el verdugo de El Salado. De soldado modelo a jefe paramilitar, esta es la historia de Francisco Robles, alias ‘Amaury’, capturado el 28 de agosto pasado, quien lideró la masacre de más de 60 personas en El Salado.

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Colombia. Con 12 condenas, 25 órdenes de capturas, participación en las masacres de El Salado, Mampuján, presunto culpable del asesinato cinco agentes del DAS, acusado de reclutamiento de menores, robo de gasolina y uno de los jefes de las Águilas Negras, Francisco Robles Mendoza, alias ‘Amaury’ es sin duda uno de los ‘paras’ prófugos con uno de los peores prontuarios en el país.
‘Amaury’, quien era jefe de del Frente Sabanas del bloque Héroes de los Montes de María y no se desmovilizó, fue capturado el sábado pasado por agentes del DAS y del CTI, integrantes del Gaula Rural, en la finca La Paola, del municipio de Astrea, Cesar.
Robles Mendoza fue sindicado de los delitos de homicidio agravado, hurto agravado y calificado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, posesión y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública. Y fue trasladado a Bogotá, ante un fiscal de Derechos Humanos para responder por sus crímenes.
Nació en Fonseca, Guajira, hace 43 años y tuvo varios reconocimientos en el Ejército. Fue uno de los líderes del curso de suboficiales número III por sus habilidades para el tiro y su carácter.
Hasta 1998 ‘Amaury’ era el cabo primero Robles, uno de los ‘Rambos’ de las Fuerzas Especiales del Ejército. Desde que se graduó con honores del curso de suboficiales número 3 se destacó por su carácter, su voluntad, su discreción y su puntería.
Este hombre, nacido en Fonseca, en La Guajira, le demostró a sus superiores que su ambición militar no tenía límites. Hizo cursos de lancero, de paracaidista, de contraguerrilla, de antiterrorismo urbano, de explorador, siempre en grupos elite. En todos ellos ocupó siempre el primer lugar.
Tenía el pecho cubierto de medallas e insignias y era, como escribió El Tiempo en un artículo de 2004, el soldado de mostrar cuando alguna delegación extranjera visitaba el país.
Sin embargo, el destino del cabo Robles cambió el 23 de febrero de 1998. Ese día, en el restaurante Toledo, en el barrio Chapinero de Bogotá, el suboficial asesinó, de tiros certeros en la cabeza, a dos hombres. Uno de sus acompañantes fue herido.
Según versiones de los medios de la época, las víctimas le reclamaron a Robles porque los estaba mirando mal. Sobre el momento el entonces militar no hizo nada. Esperó que el grupo saliera y desde su vehículo les disparó con una pistola Glok, calibre 40, sin salvoconducto.
La justicia militar lo encarceló en los calabozos del Batallón de Policía Militar No. 13, en Bogotá, mientras esperaba la investigación y el juicio. Sin embargo a finales de 1998 se escapó mientras iba a una cita médica.
Unas semanas después paramilitares declararon que Robles se había unido a las Autodefensas Unidas de Colombia. Alli empezó a llamarse ‘Amaury’ o ‘07’. Por el crimen de la cafetería Toledo, Robles fue condenado a 37 años de cárcel.
Versiones extraoficiales señalan que llegó a ser tercero al mando del Bloque Norte, pero su mayor tiempo en las autodefensas transcurrió como jefe del Frente Sabanas en Bolívar, que delinquía en los municipios de Córdoba, Zambrano y Magangué en Bolívar, y Buenavista en Sucre.

’Amaury’ y El Salado
‘Amaury’ fue uno de los jefes que lideró la incursión contra El Salado, un corregimiento del Carmen de Bolívar, en la que los ‘paras’ asesinaron a por lo menos 60 personas del 16 al 18 de febrero de 2000.
Su nombre es citado por numerosos desmovilizados y es señalado por el informe ‘El Salado: esa guerra no era nuestra’ del Grupo Memoria Histórica, como uno de los que planeó, organizó y comandó las autodefensas en el pueblo.
‘Amaury’ es, junto a Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, Jhon Jairo Esquivel, ‘El Tigre’ y Uber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, de los pocos paramilitares acusados por la masacre de El Salado. Sin embargo aún no se ha iniciado ningún juicio por estos crímenes de lesa humanidad.
Por ordenes de ‘Jorge 40’, ‘Amaury’ salió el 15 de febrero de 2000 de Magdalena, para encontrarse con otros ‘paras’ enviados por los hermanos Castaño. En total, eran unos 300 hombres, guiados por cinco desertores, los que irrumpieron después de varios días de caminata en El Salado.
El grupo de ‘paras’ de ‘Amaury’ fue uno de los primeros que ingresó a El Salado. El 17 de febrero entraron en el pueblo, pateando las puertas de las viviendas y obligando a los pobladores a salir y dirigirse hacia el parque principal, insultándolos y acusándolos de ser guerrilleros. Ellos asesinaron a varias personas, entre ellos a Edith Cárdenas, una mujer líder y reconocida por todos en El Salado.
Según testimonios de los sobrevivientes, las víctimas fueron elegidas al azar. Algunos fueron señalados por los desertores de las Farc. Otros, como Francisca Cabrera, porque tenían mucho miedo. Otros sin explicación, como Ever Urueta, que sufría de retraso mental y fue torturado sin piedad para que supuestamente confesara que pertenecía a las Farc.
Dirigidos por ‘Amaury y John Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’ los ‘paras’ se tomaron la cancha de fútbol del pueblo. Allí las muertes se producían cada media hora. La gente estaba bajo el sol inclemente, de pie, viendo cómo se llenaba de cadáveres la plaza, y como los paramilitares festejaban su ‘hazaña’. Los paramilitares sacaron los tambores, las gaitas y los acordeones, y con cada muerto, hacían un toque. Al caer la noche, en la cancha yacían 18 cadáveres.
Cuando los paramilitares dieron la orden de irse a dormir a las casas, muchos encontraron a sus familiares muertos en las calles o en los mismos ranchos. El 21 de febrero, tras una orgía de sangre de cuatro días, ‘Amaury’ y sus hombres salieron del El Salado. En su huida, asesinaron a varias personas más.

Los Otros Crímenes de ‘Amaury’
El ex paramilitar también tendrá que responder por el asesinato de cinco agentes del DAS el 23 de febrero de 2002 en La Aventura, un corregimiento de Córdoba, Bolívar.
Ese día los miembros del DAS fueron a investigar el robo de gasolina de un políducto de Ecopetrol. Cuando llegaron, 30 paramilitares los interceptaron, los obligaron a bajar de su vehículo y les dispararon con sus fusiles.
Después se los llevaron a ‘Amaury’, que según las autoridades de la época, les dio un tiro de gracia y ordenó abrirles el abdomen y botarlos al río Magdalena. Por este caso ‘Amaury’ ya fue condenado.
El episodio marcó el final de su carrera delictiva en las autodefensas. Varios jefes ’paras’ decidieron deshacerse de él por la atención que la masacre de los agentes del DAS atrajo sobre el grupo ilegal. ’Amaury’ sin embrago logró librarse de la persecución gracias a la protección de alias ’120’.
Según versión de un desmovilizado detenido en la cárcel La Vega de Sincelejo, hubo discrepancias con otro miembro de las Auc que compraba el combustible, conocido entre los paramilitares con el nombre de ‘Carne Molía’, y que responde al nombre de Antonio García, un conocido comerciante de Sincelejo que revendía en su estación de servicio en Sincelejo  el combustible robado.
‘Carne Molía’, tenía unos hombres bajo su mando y fue quien, al parecer, envenenó las relaciones con el DAS propiciando el asesinato de los investigadores del DAS Oscar Álvarez Díaz, Jaime Humberto Sastoque, Germán Bustos Carvajal, Jesús Navas Rondón y Nelson Miguel Hernández Cortés, quienes al parecer desconocían la existencia del presunto trato entre paramilitares y ese organismos del estado y habían detectado a los ladrones de gasolina.
‘Amaury’ también fue vinculado por varios desmovilizados a la masacre de Mampuján, donde el 10 y 11 de marzo de 2000 los ‘paras’ asesinaron a 11 personas y desplazaron a 300 familias.
1 de septiembre de 2010
30 de agosto de 2010
©verdad abierta

detenidos asesinos de woodward

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En Valparaíso y alrededores fueron arrestados por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y puestos a disposición de la jueza Eliana Quezada. Sacerdote murió torturado por militares pinochetistas.

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[Jorge Escalante ] Valparaíso, Chile. Al mando del jefe de Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, comisario Sandro Gaete, funcionarios de esta brigada detuvieron hoy en Valparaíso y alrededores a los 14 oficiales y suboficiales, todos ex agentes en situación de retiro de la Armada y Carabineros, que el viernes fueron procesados por la magistrada de la Corte de Apelaciones de ese puerto, Eliana Quezada, en calidad de coautores del secuestro y desaparición tras el golpe militar del sacerdote Miguel Woodward.
Los detenidos fueron conducidos por los policías hasta el palacio de tribunales de Plaza Sotomayor, para ser notificados de su encausamiento por la jueza.
Al ingreso a la Corte pasado el mediodía, esperaban a los arrestados con pancartas y gritos familiares de las víctimas de la dictadura y miembros del Grupo de Amigos de Woodward.
Una vez notificados del procesamiento por la ministra Quezada, aquellos pertenecientes a la Armada fueron trasladados hasta el cuartel de la Infantería de Marina frente al balneario Las Salinas en Viña del Mar, donde cumplirán su arresto preventivo hasta que la jueza y posteriormente una sala de la Corte de Apelaciones porteña, resuelva acerca de su libertad provisional mientras el proceso sigue su curso.
Estos son el capitán de navío Pedro Abregó Diamanti, y los suboficiales mayores de Infantería de Marina, Juan Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Bertalino Castillo Soto, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Fabres.
También fueron detenidos y puestos a disposición de la ministra los siguientes ex agentes de Carabineros: coroneles Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida y Enrique Corrales Díaz, mayor Ricardo Araya Maureira, capitán Nelson López Jofré y el suboficial Jorge Leiva Cordero. Estos quedaron bajo arresto en una dependencia de esta policía en el cerro Playa Ancha.
El único procesado que no fue detenido por disposición de la magistrada dada su condición de salud, fue el suboficial de Infantería de Marina Manuel Leiva Valdivieso.
Todos ellos formaban parte en su calidad de agentes de inteligencia, del equipo de interrogadores y torturadores que operó tras el golpe militar en la Academia de Guerra Naval (AGN) de Valparaíso, ubicada en el cerro Playa Ancha, por donde pasaron centenares de prisioneros.

Van 33 Procesados
Hasta la fecha, en este caso la jueza Quezada ha dictado procesamiento en contra de 33 oficiales y suboficiales, todos ya en situación de retiro. De ellos, 25 pertenecen a la Armada y 6 a Carabineros. Esta es la primera vez que la magistrada procesa a funcionarios de la policía uniformada por este crimen.
La cifra de 33 se encuentra actualmente reducida a 31, producto de la muerte el año pasado del contralmirante (R), ex comandante de la AGN de Valparaíso y agente DINA, Sergio Barra von Kretschmann, y de la revocatoria del auto de encausamiento del capitán de navío (R), Luis Holley de la Maza.

Muerte del Sacerdote
El sacerdote Miguel Woodward fue arrestado el 16 de septiembre de 1973 por una patrulla de la Armada en su domicilio del cerro Los Placeres de Valparaíso, y conducido a la Universidad Técnica Federico Santa María, donde fue interrogado y torturado por varias horas. Tras el golpe militar, esa universidad sirvió como centro de detención y tormento en manos de la Armada.
Luego, Woodward fue llevado a la Academia de Guerra Naval (AGN) en el cerro Playa Ancha del puerto, donde fue igualmente torturado. A continuación, el 21 de septiembre de 1973 fue sacado de la AGN y trasladado al buque escuela Esmeralda, que tras la asonada militar operó también como lugar de detención y tortura.
En la investigación está acreditado que Woodward murió a bordo de la Esmeralda a causa de los tormentos. Su cuerpo fue sacado de esa nave y llevado al Hospital Naval que en ese entonces se ubicaba en el cerro Playa Ancha. Es en ese lapso de tiempo cuando se perdió todo rastro de su cuerpo, aunque en la investigación judicial se estableció que funcionarios de la Armada llevaron su cuerpo para sepultarlo en el Cementerio de Playa Ancha, desde donde desapareció hasta hoy.
1 de septiembre de 2010
30 de agosto de 2010
©la nación

idh teme por mapuches

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Instituto de Derechos Humanos llama la atención por mapuches en huelga de hambre. Directora del organismo dijo que el país debe preocuparse por la salud de los huelguistas tal como hace con los 33 trabajadores atrapados en la mina San José.

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Chile. Lo que ocurre en la Araucanía con los presos mapuches en huelga de hambre hace más de un mes y medio no puede pasar desapercibido y debe llamar al mismo grado de preocupación que el caso de los mineros atrapados en Atacama, dijo la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries.
"Todo el país debe preocuparse de esa situación. Así como recuperamos a 33 mineros en el norte, no podemos darnos el lujo de que 32 mapuches entren un riesgo vital", dijo en entrevista con Radio Cooperativa.
Fries sostuvo  que "el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, tienen acciones que tomar", apuntando la necesidad de "reformar la ley antiterrorista, poner fin a la justicia militar y a los excesos policiales y dar garantías del debido proceso para que el pueblo mapuche pueda seguir adelante con sus procesos reivindicativos".
Recalcó que "la comunidad internacional le ha pedido al Estado que no aplique la ley antiterrorista de manera vulneratoria del derecho, que la Justicia Militar tiene exceso de competencia, que ha habido exceso de fuerza policial en los allanamientos y que las garantías del debido proceso no se cumplen cuando las pruebas se basan en testigos protegidos".
Asimismo, manifestó que "todos los poderes del Estado deben ajustarse a lo que la Constitución y los tratados internacionales dicen en materia de Derechos Humanos".
La directora del Instituto de DDHH dijo que hay indicios de discriminación contra los presos indígenas, en tanto que el médico de Angol, Nelson Reyes, informó que, en promedio, los presos han perdido doce kilos de peso, pero algunos han perdido hasta 16 y presentan cuadros de resfrío y faringitis.
1 de septiembre de 2010
30 de agosto de 2010
©la nación

testigos en causa díaz bessone

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Las largas esperas en la vereda de los tribunales federales. Vienen asistiendo con puntualidad militante a las audiencias por la causa Díaz Bessone. Uno de ellos es Félix López, testigo de la causa, quien fue secuestrado el 13 de agosto de 1976 en la fábrica donde trabajaba.

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[Sonia Tessa] Argentina. Sólo las tortas y los mates que todas las jornadas del juicio, con paciencia militante, lleva Margarita, mitigan las largas esperas en la vereda de los Tribunales Federales, en Oroño al 900, donde un puñado de militantes históricos y algunas de las más jóvenes aguantan el frío y el viento sin chistar. La audiencia de la causa Díaz Bessone empezó ayer a las 10.40, y en menos de una hora la secretaria Silvina Andalaz terminó de leer las requisitorias de elevación a juicio de la acusación contra José Antonio Scortecchini por asociación ilícita. Esta semana, el tribunal es presidido por Otmar Paulucci. Tras un cuarto intermedio que duró otra media hora, se retomó la audiencia con la acusación por la desaparición de Sonia Beatriz González, una militante que fue secuestrada en su casa -en la calle Centeno, de Rosario el 15 de julio de 1976. Trabajaba en el frigorífico Swift. Su madre, Teresa Patrón Avalos de González, relató en el expediente que la joven estaba enferma cuando se la llevaron, y que la buscó incansablemente, pero sólo obtuvo respuestas negativas de las autoridades militares de entonces. Entre el público está sentado Félix López, uno de los testigos de la causa. Ojos claros, cara colorada, de gringo, López lleva puesto sobre su buzo azul un prendedor con la cara de Teresa Soria de Sklate, una de las desaparecidas que pasó por el Servicio de Informaciones y de allí fue trasladada a la Quinta de Funes.
Félix la escuchó decir: "Lo único que no les perdono a estos hijos de puta es que le hayan choreado el nieto a mi mamá y a mi suegra", cuando la llevaban. El pensó -aún piensa que Teresa fue desde allí a la muerte, pero en realidad antes fue trasladada al otro centro clandestino de detención. Félix jamás olvidará aquellas palabras, que lo marcaron a fuego. "La altura con que se despidió. No pensaba en ella, sino en su hijo, en su madre", relata durante el cuarto intermedio, en la vereda de los Tribunales, mientras el frío cala los huesos y él se abriga con una superposición de remera, pullover y buzo. El mismo tiene pendiente la visita al Hogar del Huérfano, en busca de sus orígenes, y celebra que el hijo de su admirada Teresa haya sido devuelto de inmediato a la familia. A Félix lo secuestraron el 13 de agosto de 1976. Lo fueron a buscar a la fábrica donde trabajaba, la fundición Herchamet. El no se proletarizó, sino que era proletario. Había crecido casi a la deriva, vendía diarios para sobrevivir. "Después me enteré qué era el neoliberalismo", cuenta mientras espera que se reanude la audiencia. "Es que en la fundición había que llegar a 3500 grados para que el acero se haga líquido. Y no había ningún interruptor para cortar la electricidad. Los delegados de la UOM estaban arreglados con la patronal, entre 350 trabajadores, éramos sólo 5 los que tratábamos de reaccionar". Del Servicio de Informaciones, Félix recuerda que estaba recibiendo una fuerte golpiza cuando escuchó que alguien decía: "A este no le des más porque está a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional)". Sintió una fuerte patada en los pulmones, y luego dejó de recibir golpes. Aún no sabe quién presentó el hábeas corpus por su detención. A fines de agosto lo enviaron a la Unidad 3, junto a otros compañeros. Allí estuvo casi un mes y luego fue trasladado a Coronda. Lo liberaron el 9 de febrero de 1979.
Mientras estaba en la cárcel se separó. Es que su esposa de entonces lo iba a visitar, para sermonearlo. Le decía que él había elegido "el mal camino", que debía portarse bien. Un día se cansó, y le dijo que no fuera más. Sus suegros también lo condenaban. Y su madre había muerto poco tiempo antes. Al salir, concretó la separación. Y se fue a trabajar en el sur, durante un año. Una noche llamó al programa de Angelita Moreno, habló por radio de su necesidad de distracción, y recibió unas cuantas cartas. Una de ellas estaba escrita por quien luego sería su mujer, 23 años mayor que él, de la que enviudó hace unos años.
Félix habla de su vida con cierta avidez por contar. Dice que en Coronda aprendió lo que era compartir, a través de una anécdota. El no recibía ninguna provisión del exterior, pero sus compañeros socializaban todo. Un día, el cantinero le dio un paquete de tabaco, y le indicó que armara cigarrillos. El hizo 6 o 7, nada más, y los dejó a un lado. Eran suficientes para él. El compañero le reprochó: "Armá para todos, acá todo se comparte". Entre anécdotas y relatos, reconoce la tarea de su abogada, Inés Cozzi, a quien dice deberle "una barbaridad". Está jubilado, gracias a la moratoria previsional, ya que la fundición -aquella de la que lo llevaron no le hizo aportes durante los 13 años trabajados.
En la vereda se ven algunas de las caras habituales. Sobre el mediodía hay varias personas cumpliendo el rito del aguante. Ramón Verón, Alicia Lesgart, la incansable Madre Herminia Severini, Juan Rivero, Olga Moyano, Margarita que ceba mates para todo el mundo; Angel ‘Chichín’ Ruani, que estuvo preso en Coronda con Félix y lo recuerda como un tipo siempre alegre, que sacaba de la manga algún tango para recitar, poemas de Gagliardi, de Julián Centeya, para matizar las largas horas en la cárcel. Junto a ellos, varias jóvenes se suman a la espera, que se interrumpe a las 12.40.
La entrada del público se demora porque los magistrados olvidan dar la autorización de ingreso al personal de Gendarmería encargado de la seguridad. Dentro de la sala, se lee la acusación por la desaparición de Sonia Beatriz González. En ese documento, se consigna que a Elena Marull de Cialceta le informaron que su hija, Cristina Cialceta, no se encontraba a disposición del área 211 del Ejército, a cargo de Julián Gazari Barroso, la que actuaba en esta zona. El mes pasado se identificaron los restos de Cristina e Yves Domergue, su novio. Los dos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, fueron secuestrados en Rosario, estuvieron en el Batallón 121, los fusilaron y dejaron sus cuerpos en un camino rural entre Carreras y Melincué. Durante 34 años estuvieron enterrados como N.N.
Mientras Paulucci, Beatriz Barabani de Caballero y Jorge Benegas Echagüe, los tres integrantes del Tribunal Federal Oral, escuchan la lectura, los acusados tienen diferentes actitudes. Sólo Ricardo Chomicky, el civil que ingresó secuestrado y luego colaboró con la patota, y Mario Alfredo Marcote, apodado ‘el Cura’, se mantienen erguidos durante la audiencia. Ramón Genaro Díaz Bessone tiene permiso para presenciar el juicio desde una sala contigua, en razón de su edad, de modo que no está a la vista. Scortecchini y Ramón Rito Vergara, ex suboficiales de la policía, no levantan la cabeza. Miran para abajo todo el tiempo. José Rubén ‘el Ciego’ Lofiego cabecea, se queda dormido mientras se lee la tipificación de los crímenes de lesa humanidad.
1 de septiembre de 2010
31 de agosto de 2010
©rosario 12

a juicio asesinos de roberto villafañe

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Un comienzo accidentado tuvo juicio por derechos humanos en La Rioja.

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Argentina. El primer juicio por delitos de lesa humanidad de la dictadura en La Rioja comenzó ayer de manera accidentada, ya que no bien empezó el proceso por el homicidio del soldado Roberto Villafañe, ocurrido el 30 de agosto de 1976, debió suspenderse por una descompensación de uno de los jueces. La muerte de Villafañe, que cumplía el servicio militar, está relacionada con el previo secuestro, tortura y homicidio de los sacerdotes de Chamical Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, hechos conectados a su vez con el asesinato del laico Wenceslao Pedernera en Chilecito y del obispo Enrique Angelelli. El Tribunal Oral Federal de La Rioja está presidido por Sergio Grimaux e integrado además por José Quiroga Uriburu y Alejandro Piña, pero Grimaux no se sintió bien y el proceso quedó suspendido, en principio, hasta hoy cuando se reanudará la audiencia.
1 de septiembre de 2010
31 de agosto de 2010
©página 12