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declaró viuda de gleyzer


Juana Sapire, viuda de Raymundo Gleyzer, declaró en el juicio por el Vesubio. La mujer del cineasta vive en Estados Unidos y hasta ayer nunca había declarado. Contó cómo encontró el departamento sobre la calle Federico Lacroze luego del secuestro. Leyó un mensaje de Diego, el hijo de ambos.
[Alejandra Dandan] Argentina. Juana Sapire intentó regresar a Buenos Aires con el retorno de la democracia. Estuvo dos años, pero entonces decidió volverse a Estados Unidos. Es sonidista, ahora retirada. Era la mujer de Raymundo Gleyzer. Nunca declaró. Nunca hasta ayer, en la audiencia por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio, donde estuvo secuestrado el cineasta. Juana llegó al departamento de Raymundo poco después de la desaparición. "Se llevaron todo, arrasaron, hasta la cucharita de la azucarera se llevaron, todo se afanaron, pero como eran incultos e ignorantes se robaron el televisor, pero la obra de Raymundo no la tocaron." Y dijo: "La obra perdura, la obra se ve y Raymundo va a seguir honrando la vida". Y miró a los represores: "A ellos habría que preguntarles –dijo–: me gustaría mucho que ellos me digan a mí qué pasó con Raymundo, ellos lo sabrán".
Juana entró a la audiencia vestida con la remera de Hijos, aquella con la leyenda de "Yo me pongo la camiseta por el juicio y castigo". La había pedido unos días antes. Se sentó en el auditorio de Comodoro Py, con el pelo corto y colorado, el remerón prendido al cuerpo, en cierta forma protegido, frente a los ojos de los siete represores imputados en la causa que la seguían atentos a pocos metros de distancia.
"A Raymundo lo secuestraron el 27 de mayo de 1976 de su departamento en la calle Federico Lacroze 1935 –dijo cuando empezó–. De su casa robaron todo, pero no se llevaron las películas", explicó. Raymundo había vuelto de Estados Unidos, días antes se la encontró para entregarle a Diego, el hijo de ambos, entonces de poco más de tres años. "No me lo llevo más a casa –le dijo entonces a Juana–. La cosa está peligrosa."
Juana trabajó como sonidista de sus películas. Durante la audiencia, el fiscal Félix Crous le preguntó por ese trabajo. Pidió una semblanza del trabajo de cine para entender por qué la represión lo buscaba. El iba con su cámara, dijo ella, "yo con el sonido, como decía él, una idea en la cabeza, una cámara en la mano y ahí íbamos a grabar". Retrataban y testificaban la situación de la gente, acá y en toda Latinoamérica. A los 34 años la producción de Raymundo era bastante, dijo, las películas que dejó fueron sobre los pobres de la tierra. Iban al Cerro Colorado de Córdoba, donde la gente tenía otras historias. "Lo que molestaba era la verdad, saber que uno no hizo nada malo, peligrosas eran las ideas, por eso la represión."
Pasaban cine en las villas. "Para que vea la gente –dijo–, era cine de la base, porque la gente no iba al cine. Teníamos un proyector de 16 milímetros que era un armatoste, a veces nos iba bien, se discutía con la gente, se hacía charlas debates y a veces venía la policía y nos teníamos que ir escapados." Como el proyector era tan pesado, solían acudir a algún compañero con auto para los traslados, que solía pasarla mal cuando llegaba la hora de las corridas. "Pero nunca dejábamos el equipo", agregó como lo hizo durante la audiencia, como vocera de cosas que ella misma aprendió. "‘El equipo nunca se deja’, decía Raymundo."
Metros atrás, un vidrio dividía la sala en dos partes. De un lado los abogados defensores, abogados de la querella y represores; del otro, quienes se acercan a presenciar las audiencias. Greta Gleyzer se quedó sentada en la primera fila. La hermana de Raymundo escuchaba a Juana, sentada en el mismo lugar donde ella misma había declarado semanas atrás. Estuvieron juntas cuando desapareció Raymundo. Greta contó que antes de entrar al departamento decidieron ir a la comisaría del barrio porque no querían entrar solas. El comisario le dijo entonces: "Mire, señora, tengo veinte casos de estos por día, así que mejor diríjase ante los responsables de todo esto". Ella le preguntó: "¿A quién si no es la comisaría del barrio?". El comisario le dijo: a las fuerzas militares, ellos son los responsables de esto. "¿Sabés qué pidieron los abogados defensores? –dice ella, ahora–. Que el tribunal averigüe si esa comisaría tuvo 20 casos por día, y el nombre del comisario." Como si eso todavía fuese no solo necesario, sino posible.
Juana seguía sentada delante. El pelo colorado se movía una y otra vez en dirección a las sillas donde estaba ubicado Pedro Durán Sáenz, jefe de El Vesubio en 1977, y Humberto Gamen, dos de los tres militares acusados, de un grupo que incluye además a cinco penitenciarios, los únicos que cumplen prisión efectiva. "¿No me mira? –dijo en un momento a uno de ellos–. ¿Qué le pasa? ¿Está dormido?"
Hasta poco antes del secuestro, Gleyzer estuvo en Estados Unidos, le dijeron que no vuelva, pero lo hizo. El día del secuestro almorzó con su madre, contento porque había conseguido un contrato de Unesco para grabar documentales en Africa durante dos años. Pasó por Sica, el Sindicato de la Industria Cinematográfica, sus compañeros lo vieron. Luego no lo volvieron a ver.
"Raymundo era muy simpático con los vecinos", explicó Juana. El día del secuestro, a su vecina de al lado le llamó la atención el movimiento de la casa. "Dice que había como quince de estas basuras adelante", dijo Juana. La vecina les preguntó si había una mudanza y los represores le respondieron que sí: "Acá hay mudanza para rato".
Gleyzer estuvo secuestrado con Haroldo Conti, gente de lo mejor, dijo su mujer, en manos de gente de lo peor. "Una vez logró entrar un sacerdote muy viejito –dijo en alusión al padre Castellani–. Conti estaba tan destruido que no pudo hacer nada por él, pero en ese momento, me contó después Greta, escuchó una voz encadenada a una pared: ‘Padre’, le dijo, ‘soy Raymundo Gleyzer, dígale a mi familia que estoy bien’."
Diego, su hijo, no estuvo en la audiencia, pero su madre leyó una carta en su nombre. "Por culpa de ustedes me tuve que ir del país", decía mientras mencionaba a los represores como ratas o hablaba del alma, de reencarnaciones y de posibles perdones. "El los perdonó –dijo Juana poco después–, pero yo no los perdono ni nada; él cree que en otra vida Dios los va a juzgar, yo quiero lo peor para ustedes. Tendrían que matarse solos, yo no soportaría una vida con tanta indignidad."
Después del secuestro de Raymundo, Juana intentó alguna vez volver al departamento para buscar alguna muda, alguna cosa de su hijo. Frente al departamento solía haber algún Ford Falcon estacionado. En esos momentos, si estaba en taxi seguía de largo. "Ese mes fue como una neblina para mí", dijo, sólo trataba de cuidar a Diego hasta que tomó un avión a Perú, el exilio más cerca, donde pasó nueve meses de "angustia total", cada vez que le preguntaban por Raymundo.
Explicó por qué no volvió al país. "En aquella época, la de Alfonsín, era imposible estar acá. Los jueces de entonces no eran tan amables como ustedes, no nos miraban a los ojos, por eso nos fuimos", sostuvo.
La audiencia fue breve. Juana habló de pedazos demasiados rotos de su historia. Cargó varias veces contra los represores. El TOF 4 la dejó hablar. El abogado de un represor pidió que la testigo no se burle de la defensa. "Yo no me burlé de la defensa, señores –explicó Juana en lo que por momentos tuvo una fuerza potente para lo que son las protocolares imágenes del juicio–. Lo que yo digo es que no sé cómo tenés cara para defender a esta basura." Y siguió. Los defensores volvieron a pedir la intervención del TOF 4. El público la aplaudió del otro lado del vidrio. Juana insistió. La defensa habló de desorden. "¡Desorden vas a tener si querés esperarme afuera!", respondió Juana. Y entonces la defensa pidió que todo conste en actas. Juana pidió la palabra.

–Todavía me falta decir algo –dijo, y se paró.
–Adelante –le respondieron.

–Compañero Raymundo Gleyzer –declaró–: ¡Presente!
En el fondo respondieron: "¡Presente! Ahora y siempre".
31 de agosto de 2010
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corridas con condiciones


Corte Constitucional: sí a las corridas de toros, pero con condiciones. Sólo se podrán hacer en los lugares en los que haya tradición taurina. Igual sucederá con coleo, riñas de gallos y corralejas. Los dineros públicos no podrán ser destinados para la construcción de nuevos escenarios.
Colombia. La Corte Constitucional le dijo "no" a una demanda que buscaba modificar el Estatuto Nacional de Protección Animal (Ley 84 de 1989) e incluir en él las corridas de toros, el coleo, las corralejas, y las peleas de gallos, dentro de los actos considerados crueles contra los animales.
Dicha norma prohíbe el maltrato a los animales pero hace una salvedad en estas actividades, por considerar que se trata de tradiciones artísticas que hacen parte de la idiosincrasia propia de los pueblos.
De este modo, seis de los nueve magistrados respaldaron la ponencia del ponente Humberto Sierra Porto, quien pidió que la norma permaneciera como se encuentra en la actualidad.
Sin embargo, el vicepresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, aclaró que habrá cinco condicionamientos para la denominada fiesta brava y las otras actividades mencionadas. Son ellos:
Primero, la Corte pidió desincentivar este tipo de actividades. Para el efecto recomienda que esa tarea pase por el Congreso de la República.
Segundo, la Corte decidió que sólo se podrá presentar ese tipo de espectáculos en municipios del país donde haya tradición. Por ejemplo, la Feria de Cali, para los toros; las Corralejas en Sincé (Sucre); el coleo en Villavicencio (Meta); las riñas de gallos en Tuluá (Valle del Cauca).
Tercero, que dichos espectáculos se hagan en las épocas tradicionales en las que se han venido efectuando a lo largo de la historia.
Cuarto, la Corte exigió que no se podrán destinar dineros públicos para la construcción de escenarios destinados a ese tipo de prácticas.
Quinto, que a los sitios en los que se hagan este tipo de espectáculos no se podrán agregar nuevas prácticas consideradas como de maltrato animal.
En octubre de 2009, el alto tribunal se abstuvo de estudiar una demanda similar al argumentar que el recurso no reunía los requisitos para ser discutido.
Por esos días, el Procurador Alejandro Ordóñez consideró en un concepto que las actividades objeto de discusión "son expresiones culturales y artísticas que nos identifican como colombianos (...) lo que hace tolerable el sufrimiento al que son sometidos estos animales".
Aunque en su momento Ordóñez afirmó que estas prácticas se ajustan a la Constitución, con su decisión de 2009 la Corte Constitucional no definió el grado de ajuste a la Carta Política.
Tras estos hechos, los demandantes no desistieron e interpusieron una nueva demanda, precisamente, sobre la que este lunes falló la Corte Constitucional. Para ellos, en el coleo, las corralejas, las corridas de toros y las peleas de gallos, los animales son sometidos a tratos crueles, penalizados por el Estatuto de Protección Animal. Argumentaban también que con estas actividades se vulnera el derecho a un ambiente social y cultural sano, atentatorio de la paz y la convivencia, y que viola el libre desarrollo de la personalidad de quienes los rechazan.
31 de agosto de 2010
30 de agosto de 2010
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el proyecto pro-huerta


Cumple 20 años y alcanza a 3,5 millones de personas. Es un proyecto agroecológico, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, implementado por el INTA. Forma y acompaña la autoproducción de alimentos de tres millones y medio de personas. Son 630 mil huertas familiares y 148 mil granjas.
Argentina. Mientras recorría un caminito de baldosas que separan variedad de canteros con verduras, especias, plantas medicinales y árboles frutales, Nora recordó la historia de su huerta familiar. Con sus hermanos, ella se crió aprendiendo a trabajar la tierra, pero en su infancia esta tarea era sólo un juego, una aventura; hoy es distinto. Con el pasar de los años fueron adquiriendo conocimientos específicos y los cinco integrantes de la familia trabajan, cada uno a su manera, la huerta heredada del abuelo. Ese pedacito de tierra no está muy alejado de la agitación de la ciudad, sino que se ubica en un barrio de la localidad de Don Torcuato, en el Norte de la provincia de Buenos Aires, y abastece a la familia de alimentos frescos, naturales y orgánicos para acompañar la dieta diaria. De esta manera, el emprendimiento se convirtió en una herramienta de producción que le da respiro a su bolsillo. Esta historia familiar es sólo una entre las 630 mil que a lo largo del país dan vida y permiten el crecimiento del programa nacional Pro-Huerta, que celebra sus 20 años de experiencia.
"A principios de la década de 1990 comenzaron las primeras experiencias que con el correr de los años se fueron expandiendo hasta llegar hoy a lugares donde no existe ninguna institución", resaltó con entusiasmo el coordinador nacional del Pro-Huerta, Roberto Cittadini. Con el objetivo de promover la autoproducción de alimentos frescos y saludables –libres del uso de agroquímicos– en aquellas poblaciones en una situación de vulnerabilidad, la iniciativa fue creciendo en el transcurso de dos décadas de trabajo. Incluso, experiencias similares fueron adquiridas en países como Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela, Cuba y en Haití, donde el trabajo de cuatro años, en el que se logró la implementación de 11 mil huertas, debió ser ampliado e intensificado luego del terremoto que a principios de año dejó bajo los escombros a buena parte del país caribeño.
El programa constituye "una política pública", que nació como "una iniciativa compensantoria para enfrentar los procesos de ajuste y buscando atender los procesos de exclusión y pobreza que se comenzaban a desatar a principios de los ’90. Rápidamente fue adquirido por las familias que visualizaron las huertas como una herramienta válida y estratégica para su vida", informó a este diario el coordinador nacional.
Así, el Pro-Huerta fue descubierto e incorporado en lugares de lo más recónditos del país, donde lo apropiaron y lo hicieron muy suyo. "La gente que se incorpora realmente tiene necesidad e iniciativa", aseguró Citaddini. Para el arranque no hace falta más que una capacitación de ocho encuentros y las semillas para comenzar a trabajar. Después, cada familia hace su trabajo de acuerdo con sus ganas, necesidades de consumo, tiempo disponible, y también, según las condiciones que le ofrece su terreno.
En la actualidad, este proyecto agroecológico, enmarcado dentro del Plan de Seguridad Nacional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación e implementado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acompaña la autoproducción de alimentos de tres millones y medio de personas. Esa parte de la población sostiene 630 mil huertas familiares y 148 mil granjas repartidas en 3800 ciudades y parajes de todo el territorio. Estas cifras permiten tener una referencia de las miles de experiencias que dan cuerpo al programa. Para cada una de esas familias los emprendimientos inciden y modifican de diversas maneras su vida cotidiana, sin embargo, todas esas personas "se convierten en actores de su propio desarrollo. De sus manos surge la producción de alimentos y mejoran la calidad de su dieta. Los emprendimientos permiten, además, aumentar su autoestima, establecer un rol de reconocimiento y la posibilidad de crear vínculos".
Técnicos y promotores son partes estratégicas que permiten el funcionamiento orgánico del programa. Entre las diversas tareas que tienen a su cargo, se encuentran las de detectar demandas, brindar capacitaciones, distribuir las semillas, y dar asistencia y acompañamiento a los huerteros. Claudio Leverato es técnico del Pro-Huerta y está encargado de la región Norte de la provincia de Buenos Aires. Con la experiencia que les otorgan sus doce años de trabajo dentro de la iniciativa, Leverato sostuvo que lejos de ser un programa asistencialista, el Pro-Huerta se convierte en una herramienta "que capacita a la gente y le brinda lo mínimo y necesario para que puedan obtener y mejorar sus recursos, permitiéndoles autonomía".
Los vínculos sociales no son una característica menor en este proyecto y la tarea de campo de los promotores es afianzar esos lazos y promover el contacto para conocer las necesidades e inquietudes que surgen. La mayoría de los promotores son voluntarios, y este compromiso los convierte en referentes barriales; algunos son docentes, enfermeros, vecinos y pueden tener o no sus huertas. Además, más de 10 mil instituciones, entre ellas escuelas, sociedades de fomento, servicios penitenciarios y agentes sanitarios, se han vinculado de alguna manera con el proyecto, informó Cittadini. En el partido de Tigre, por ejemplo, alrededor de "70 escuelas han incorporado la actividad de la huerta como materia, de esta manera no sólo los chicos aprenden, sino que llevan las semillas a sus casas y junto a la familia acceden a insumos y capacitación para generar parte de su alimento", señaló Leverato. Por otra parte, las ferias de la economía social en los barrios y pueblos se convierten en canales para intercambiar información, semillas y, para los que tienen una buena racha, productos excedentes.
Informe de Rocío Ilama.
30 de agosto de 2010
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o vendía o mataban a su hija


"Ibamos a perder la vida mi hija y yo". Lidia Papaleo de Graiver ratificó que vendió Papel Prensa bajo amenazas. En la primera entrevista que ofreció por televisión, la viuda de Graiver contó ayer que al firmar en 1976 la venta de acciones de la empresa "no estaba detenida, pero eso no significa que estuviera en libertad".
Argentina. "Si no hubiéramos esperado 27 años para aparecer con nuestra verdad, no estaríamos vivos." Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, el dueño de la empresa Papel Prensa, aludió así a los años que decidió mantenerse en silencio hasta la reciente presentación del informe "Papel Prensa: La Verdad", que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. "Estaba amenazada desde que volví al país en septiembre de 1976", agregó ayer Papaleo, en la primera entrevista que concedió para la televisión, y recordó que "el 9 de marzo (de 1977) firmé los papeles ante un juez para que reconociera la venta (de la empresa) y el 14 me desaparecieron" los militares, recalcando la idea de que había sido forzada a vender la empresa.
"Desde que le envié una carta a (Jorge Rafael) Videla que quisimos que se supiera la verdad, pero desde aquel momento me di cuenta que hay un poder muy grande que no quiere que la verdad se sepa", afirmó Lidia Papaleo de Graiver en el programa Bajada de línea, que conduce Víctor Hugo Morales y ayer tuvo su primera emisión en Canal 9.
La declaración de Papaleo es el sostén de las denuncias por el caso de la empresa de producción de papel de diario, que pertenecía al grupo encabezado por el marido de Papaleo, y que terminó en manos de tres periódicos –Clarín, La Nación y La Razón–, en sociedad con el Estado, por entonces dominado por la Junta militar.
"No estaba detenida pero eso no significa que estuviera en libertad", afirmó Papaleo, al recordar el momento en que volvió al país con los restos de su marido en una urna, luego de que muriera en un extraño accidente de avión en agosto de 1976. "Estaba amenazada permanentemente y cuando llegué al país me encontré con visitas diarias de gente importante que me advertía que tenía que vender la empresa", continuó en su relato, recordando que el ex ministro de Bienestar Social Francisco Manrique –del que su marido fue colaborador y amigo– le comunicó que debía vender la empresa y que un funcionario que Graiver había puesto al frente de Papel Prensa, Jorge Martínez Segovia, le advirtió que "la orden era que no podía quedar en manos de un grupo extranjero, ni de la comunidad judía".
La viuda de Graiver decidió realizar declaraciones después de casi treinta años luego de que la Presidenta presentara un informe oficial sobre el traspaso de la empresa. Allí, en una investigación realizada por los representantes del Estado en la compañía y en la que figuran las declaraciones de Papaleo y otros damnificados, Cristina Fernández anunció que se enviaría a la Justicia la información acopiada para iniciar una causa por la apropiación de Papel Prensa bajo amenazas por parte de los dueños de los tres diarios involucrados. Además, envió un proyecto de ley al Congreso para que se declare a la producción de papel como de "interés público", y se garantice la igualdad en el precio para todos los diarios de circulación en el país.
Como consecuencia de las presiones a las que fue sometida, Papaleo resaltó que "el 2 de noviembre (de 1976) finalmente nos llevan a mis suegros, mi cuñado y a mí a una oficina del diario La Nación y nos sientan separadamente. Allí se me acercó (el actual CEO de Clarín, Héctor) Magnetto y me dijo que firme o íbamos a perder la vida mi hija y yo". Para ejemplificar la presión a la que se veía sometida para vender la empresa, Papaleo recordó que un empresario de los medios mexicano "le advirtió a David que tenía que vender Papel Prensa porque le iba a costar la vida" y unos días más tarde fue el accidente aéreo en el que murió, y que una vez que se encontraba en Argentina "el único que podía continuar con la empresa era Jorge Rubinstein y "a fines de octubre fue atropellado. Ahí me pregunté quién sería el próximo que iba a morir".
Una vez que se firmaron los documentos, "el 9 de marzo de 1977 presenté una nota ante el juez para pedir la aprobación de la venta y el 14 me desaparecen", aseguró Papaleo al recordar cuando un grupo de tareas la secuestró y la mantuvo cautiva en un centro clandestino de detención donde fue torturada y por donde también pasó su hermano Osvaldo, igual que otros integrantes de la familia Graiver. Papaleo dijo además que estaba evaluando pedir su ingreso al programa de testigos protegidos que lleva adelante el Estado en casos de delitos de lesa humanidad.
30 de agosto de 2010
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andrés aylwin recibe homenaje


Andrés Aylwin recibe homenaje en Día del Detenido Desaparecido. La dictadura lo relegó a una aldea aymará (Guallaitire) a 4.500 metros de altura.
Santiago, Chile. Un homenaje al luchador por los derechos humanos Andrés Aylwin marcó ayer la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, que también fue recordado por la directora del Museo de la Memoria, Romy Schmidt, quien depositó una ofrenda floral en la cruz del Patio 29, ubicada en el hall de acceso de la institución.
Aylwin era diputado DC en 1973, rechazó el golpe de Estado y fue uno de los firmantes de un manifiesto de dirigentes de la falange que condenaba el quiebre de la democracia. Por ello, desarrolló -durante el régimen militar- un activismo a favor de las víctimas de la dictadura.
De hecho, por su profesión de abogado, se convirtió en una voz para alegar ante consejos de guerra, interponer recursos de amparo en favor de víctimas de la represión y denunció crímenes ante organismos nacionales e internacionales. Por ello, fue relegado a la aldea aymara de Guallaitire, a 4.500 metros de altura en la frontera con Bolivia.
La conmemoración del Día del Detenido Desaparecido continuará hoy con la tradicional ofrenda floral en el Memorial del Cementerio General, organizada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. A ello se sumarán visitas guiadas y exhibición de documentales históricos en el edificio de Londres 38. Las actividades finalizarán el próximo domingo 5 de septiembre.
30 de agosto de 2010
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se deteriora salud de mapuches


Situación de salud de presos mapuches juzgados por ley antiterrorista (un legado de la dictadura) es precaria y podría empeorar.
Concepción, Chile. El doctor Nelson Reyes informó ayer en Angol que la salud de los 32 mapuches que se encuentran en huelga de hambre desde el 12 de julio pasado es delicada y podría agravarse.
El especialista dijo que en promedio, los presos han perdido doce kilos de peso, pero algunos han perdido 16 y presentan cuadros de resfrío y faringitis.
En tanto, los tres médicos que viajaron desde Santiago a la cárcel El Manzano, en Concepción, para examinar a los comuneros mapuches en huelga de hambre, no pudieron ingresar al recinto penitenciario debido a que Gendarmería no autorizó su ingreso.
Los facultativos llegaron a Concepción con el objetivo de revisar el estado de salud de los cinco comuneros que llevan 49 días sin comer.
Gendarmería explicó que los médicos no podrían ingresar debido a que no hay una autorización fiscal que les permita el acceso. La orden debía ser emitida por el fiscal militar a cargo del caso, Fernando Grandón, infomó Radio Bío Bío.
30 de agosto de 2010
©la nación
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constitución contra la pobreza


Presentan reforma para establecer como deber del Estado la erradicación de la pobreza. Modifican artículo 19 de la Constitución.
Valparaíso, Chile. La iniciativa es promovida por diputados de distintas bancadas y modifica el artículo 19 número 22 de la Constitución Política introduciendo un nuevo inciso.
El proyecto de reforma constitucional fue presentado por los diputados Pedro Browne (RN), Alberto Cardemil (RN), Juan Luis Castro (PS), José Manuel Edwards (RN), Juan Lobos (UDI), Leopoldo Pérez (RN), René Saffirio (DC) y Alejandro Santana (RN).
Al fundamentar la propuesta sus autores declaran sentirse impactados por los resultados de la última encuesta CASEN, que arrojó un aumento de la pobreza de 13,6% a 15,1% entre 2006 y 2009, lo que significa más de dos millones quinientos mil pobres y que la población indigente alcanza a más de seiscientos mil personas.
Agregan que dichas cifras resultan inaceptables para un país que se supone ha alcanzado la modernidad y por ello consideran indispensable que se consagre a nivel constitucional el deber del Estado de terminar con la pobreza, promover un desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos.
Con tal fin, el proyecto modifica el artículo 19 N° 22 de la Constitución Política, para intercalar un inciso segundo nuevo en los siguientes términos: "Es deber primordial del Estado, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos entre todos los sectores de la comunidad nacional".
El proyecto (boletín 7143) fue derivado para su estudio a la Comisión de Constitución que preside el diputado Pedro Araya (PRI).
30 de agosto de 2010
27 de agosto de 2010
©diario de la cámara
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quieren dificultar privatizaciones


Presentan reforma que exigiría ley de quórum calificado para privatizar empresas públicas.
Valparaíso, Chile. La iniciativa legal modifica la Constitución con el fin de establecer que las empresas en las que el Estado tenga participación accionaria podrán ser enajenadas "sólo si una ley de quórum calificado lo autoriza".
El proyecto de reforma constitucional fue presentado por los diputados DC Fuad Chahín, Pablo Lorenzini, Sergio Ojeda, Ricardo Rincón, Jorge Sabag, René Saffirio, Patricio Vallespín, Mario Venegas y Carolina Goic y el diputado Pedro Araya (PRI).
En los fundamentos de la iniciativa se precisa que el más reciente proceso de privatización de empresas del Estado tuvo lugar en la década de los 80, en las postrimerías del gobierno autoritario y sin discusión pública ni debate político alguno. Se agrega que el proceso continuó durante los gobiernos de la Concertación, en especial de los Presidentes Frei Ruiz Tagle y Lagos, realizando concesiones a privados de ciertas empresas y transformando algunas empresas públicas en sociedades anónimas.
"En todo este proceso sólo ha actuado el Ejecutivo, sin contar en ningún caso con el escrutinio de la opinión pública ni menos el debate del Congreso Nacional", hacen presente los parlamentarios.
Apuntan, asimismo, que la actual Constitución Política sólo regula el proceso inverso, es decir cuando el Estado desarrolla una actividad económica o se estatizan servicios o áreas estratégicas o de interés público, exigiendo para ello un alto consenso al interior del Poder Legislativo.
Los autores de la moción enfatizan que aún quedan empresas, servicios o áreas estratégicas en que el Estado sigue siendo dueño o mantiene una participación accionaria y su carácter estratégico aconseja que su eventual privatización sea objeto de un amplio debate en el Congreso Nacional.
Por tal razón, proponen añadir un nuevo inciso al artículo 19 N.o 21 de la Constitución Política que diga lo siguiente: "De igual manera, las empresas en que el Estado, directa o indirectamente, sea dueño o tenga alguna participación accionaria, podrán ser enajenadas, total o parcialmente, sólo si una ley de quórum calificado lo autoriza".
La iniciativa legal (boletín 7139) fue derivada para su estudio a la Comisión de Constitución, que preside el diputado Pedro Araya (PRI).
30 de agosto de 2010
26 de agosto de 2010
©diario de la cámara
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