restitución de tierras en turbo
Por segunda vez en Medellín se cancelan títulos fraudulentos con lo que se restituyen 15 predios que estaban a nombre de presuntos ex paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas.
Colombia. La restitución de 407 hectáreas en la vereda San Pablo de Tulapas, municipio de Turbo, es una realidad tras la decisión del Magistrado de Control de Garantías Olimpo Castaño Quintero de cancelar los títulos fraudulentos y notificar que los predios volverán a sus reales dueños.
La decisión fue tomada el pasado 16 de septiembre tras la exposición de la investigación que llevó a cabo la fiscal Liliana Donado, quien está a cargo de la Subunidad de la Fiscalía General de la Nación para la Persecución de Bienes para la Restitución.
Además de la cancelación de los títulos y la restitución de los bienes, el magistrado Castaño ordenó que se investigara a Lucely Contreras Martínez, quien por varios años fue Notaria Única de Apartadó, y se determine si otros funcionarios públicos están involucrados en este despojo masivo de tierras.
Los predios restituidos mediante la decisión judicial son No hay como Dios, La Primavera, La Paz, La Esperanza, La Cabaña, El Delirio II, Costa Azul I, Costa Azul II, La Jordania, El Delirio, Mi Ranchito, El Rosario, No hay como Dios, Nuevo Paraíso y Dios sí sabe.
Las razones que presentó el Magistrado para considerar que los títulos eran fraudulentos se basaron en el hecho de que los propietarios jamás fueron a una notaría para otorgar los poderes necesarios para la venta de las tierras. Tampoco asistieron a una notaría los supuestos intermediarios, Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto de León Atehortúa Salinas, cuando realizaron la firma de las escrituras.
A esto se le suma que en dos casos específicos aparece la firma de los propietarios otorgando el poder a comisionistas para que realizaran la venta. Como pudo comprobar la Fiscalía, ni las firmas ni las huellas corresponden a estas personas. La fecha que aparece en los poderes es del año 2005 y los propietarios de los predios La Paz y La Cabaña habían muerto en 1996 y 1998 respectivamente.
La Historia
En el año 2002, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ comisionó a Dairon Mendoza Caraballo, conocido con los alias de ‘Rogelio’, ‘el Águila’ o ‘Cocacolo’, para que buscara algunas tierras que pudieran servirle al excomandante paramilitar en su propósito de desarrollar lo que denominó "un proyecto de alternatividad social".
La idea de este proyecto fue confesada por ‘El Alemán’ en versión libre llevada a cabo el 10 de febrero de 2011. En ella afirmó que él necesitaba buscar una solución de empleo para sus hombres luego de que se desmovilizaran. Teniendo en cuenta que casi todos eran campesinos, decidió destinar entre 200 y 250 millones de pesos para comprar tierras en Urabá. Este dinero, según lo declarado por Rendón Herrera, provino de los impuestos cobrados por el Bloque Élmer Cárdenas a todas las actividades económicas, lícitas e ilícitas, entre ellas el narcotráfico.
Según lo afirmado por Dairon Mendoza Caraballo durante la audiencia solicitada para la cancelación de los títulos de estos predios, ‘El Alemán’ le había dado la orden de conseguir una persona que le ayudara con los papeles para negociar las tierras con los campesinos. La Fiscalía logró identificar a esta persona como Antonio Meléndez Correa, quien fue asesinado en agosto del 2006.
Guido Manuel Vargas, un campesino de la zona, fue el encargado de hablar con los campesinos por orden de los paramilitares para tratar de negociar la venta de las tierras. Casa por casa, habló con cada uno de los labriegos explicándoles que esas tierras las necesitaban las Auc porque iban a instalar una base en la zona; también les dijo que era preferible que vendieran y recibieran dinero por ello, porque de lo contrario perderían los predios y se quedarían sin nada.
Este fue uno de los argumentos de los que se valió el Magistrado para afirmar que "hubo un negocio jurídico de carácter civil provocado por el problema de violencia que vive el país". Sin embargo, resaltó que el negocio de venta se hizo de palabra y jamás se otorgó un poder real para que se pudieran realizar las ventas y escrituras correspondientes.
Luego de que Vargas convenciera a los campesinos de vender sus tierras por precios que iban desde 30.000 pesos hasta 100.000 pesos la hectárea en el mejor de los casos, Meléndez se encargó de realizar los papeles correspondientes.
La fiscal Liliana Donado afirmó que Meléndez había conseguido poderes falsos que autorizaban a los comisionistas Carlos Alberto Grajales Gómez, Jorge Eliach Zuñiga y Fabián Roldán Villa a enajenar los predios que pasarían a manos de los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas. Más tarde, por orden de alias ‘Cocacolo’, Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto Atehortúa Salinas se reunieron con Meléndez para firmar las escrituras de los predios.
Lo particular de este caso es que mientras la fiscal Donado señalaba a los comisionistas, otro fiscal en Medellín precluyó una investigación en su contra por el delito de concierto para delinquir. La decisión, que fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín, benefició a Guido Manuel Vargas, Fabián Roldán Villa, Jorge Eljach Zúñiga, Carlos Alberto Grajales, Nelson Enrique Cárdenas y Zulma Yidi Romero Cerquera.
Así Fue el Negocio
Antonio José Meléndez fue el encargado de coordinar la elaboración de los poderes que fueron otorgados a Fabián Roldán Villa, Carlos Alberto Grajales Gómez, Jorge Eliach Zuñiga y a Benjamín Alvarado Bracamonte. Los tres primeros fueron llamados a declarar ante la Fiscalía, pero ninguno asistió y sólo dos de ellos, por medio de su apoderado, afirmaron no estar disponibles para rendir declaración.
Sin embargo, en la Fiscalía Seccional de Apartadó existe un proceso en su contra por el delito de concierto para delinquir. En las versiones presentadas ante la justicia, en ese caso, declararon que sólo actuaron como comisionistas en la venta de la tierra y que sólo tuvieron como misión poner en contacto a Meléndez con los futuros compradores.
La Fiscal leyó una parte de la declaración en la que decían que no conocían los antecedentes de las tierras, ni que éstas eran reclamadas por sus propietarios y que sólo recibieron los poderes debidamente diligenciados y autenticados por parte de Meléndez.
Los casos reflejan la forma cómo se apropiaron de las tierras los ex paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas. En todos ellos aparece que sus legítimos dueños le vendieron las tierras a Benjamín Alvarado Bracamonte, quien después le transfirió los poderes a los señores Fabián Roldán Villa, Carlos Alberto Grajales Gómez y Jorge Eliach Zuñiga. Posteriormente, ellos vendieron los predios a los ex paramilitares Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto León Atehortúa Salinas, quienes aparecen como propietarios de las tierras.
Actualmente las fincas están abandonadas y fueron incluidas en una lista de inmuebles que entregó Rendón Herrera para la reparación de las víctimas. Es por esto que en la decisión del Magistrado se incluyó el propósito de informarle a Acción Social y a la Dirección Nacional de Estupefacientes que estos predios son propiedad de los campesinos reclamantes y no se pueden incorporar al Fondo para la Reparación de Víctimas.
De esta manera los reclamantes de tierras favorecidos con la decisión esperan volver a sus predios para poder trabajarlos nuevamente. Algunos de ellos le expresaron a Verdadabierta Antioquia la emoción por la decisión del juez: "por fin, después de tanto tiempo, tenemos lo que nos pertenece. Ahora nadie nos puede sacar de ahí", dijo una de las mujeres beneficiadas.
Pese a la decisión favorable, los representantes de las víctimas pidieron protección de las autoridades, pues bien se sabe que en Tulapas aún hay presencia de grupos armados ilegales. Los campesinos esperan que con esta medida, su regreso a las tierras sea lo más pronto posible.
22 de septiembre de 2011
18 de septiembre de 2011
cc verdad abierta
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La Cámara Federal de Rosario –en un fallo unánime– confirmó el procesamiento del ex juez de Menores de la dictadura Luis María Vera Candioti, por la "supresión de identidad" de una nieta recuperada, María Carolina Guallane, la única sobreviviente de la masacre de su familia biológica, el 11 de febrero de 1977, cuando el Ejército secuestró a su padre, Enrique Cortassa, aún desaparecido, y a su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, que murió dos semanas después por un balazo en la frente. Vera Candioti había sido procesado por el juez federal Reinaldo Rodríguez, junto con otro imputado en la causa: el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, quien fraguó la nota de entrega de la niña cuando era teniente primero y se desempeñaba como oficial de guardia en el Comando de Operaciones Tácticas (COT), a las órdenes del jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, ya fallecido. El documento está fechado el 4 de febrero de 1977, siete días antes del secuestro de los Cortassa y su hija Paula (como se llama Carolina), que entonces tenía trece meses. La Cámara ratificó que Vera Candioti y Pavón –que no apeló el procesamiento– seguirán en libertad a la espera del juicio oral y público.
[Alejandra Dandan] Argentina. El prontuario de Eduardo Alfredo Ruffo recogió una nueva medalla. El ex agente civil de inteligencia de la patota de Automotores Orletti, integrante de la banda de Aníbal Gordon, dedicado a los secuestros extorsivos, apropiador de Carla Rutila Artés, a quien sometió a todo tipo de padecimientos desde pequeña, entró solo a la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro. Ruffo se sentó y escuchó una nueva acusación en su contra, esta vez en el escenario del juicio por el Plan sistemático de robo de bebés. Ruffo está acusado ahora de la sustracción de Simón Riquelo, el hijo de la uruguaya Sara Rita Méndez. Con su ingreso, el Tribunal Oral Federal 6 entró en el último tramo del juicio oral, con eje en el centro clandestino Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en Buenos Aires. Un lugar, como recordó la sala, donde el robo de niños formó parte del "botín de guerra" de los represores.
Colombia. Once años después de ola de terror que vivieron los habitantes de Los Montes de María a manos del paramilitarismo, se ha venido a saber, gracias a una versión de Luis Alfredo Argel Argel, alias ‘Mano de Trinche’, que quien suministraba a los paramilitares nombres de personas a asesinar, era el entonces alcalde de El Carmen de Bolívar, Otomar Lascarro, quien ejerció como tal entre el año 2001 y 2003.
Colombia. A las 12:15 del mediodía del 19 de septiembre de 2001 Yolanda Cerón caminaba con un familiar por la esquina de la Iglesia La Merced, frente al Parque Nariño en el centro de Tumaco, cuando un hombre alto le disparó en la nuca, la remató en el piso con cinco tiros más y huyó en motocicleta.
Colombia. Los grupos armados ilegales que delinquen en las regiones de Urabá antioqueño, el Darién y San Juan están regulando el corte de madera, interfieren en los controles que realizan las autoridades ambientales y además extorsionan a los compradores en los departamentos de Chocó y Antioquia.
Colombia. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo condenó a 40 años y tres meses de cárcel al desaparecido jefe del bloque Héroes de Montes de María de las AUC, Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’ por el homicidio del ex alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo ’Tito’ Díaz.
Colombia. En marzo de 2006, durante la operación que pretendía capturar al paramilitar del Bloque Norte alias ‘Don Antonio’ las autoridades incautaron varias memorias usb y dos portátiles, que luego se conocerían como los computadores de ‘Jorge 40’.