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quién fue el cerebro del asesinato de manuel


columna de lísperguer
El día anterior al asesinato de Manuel Gutiérrez, el secretario general de Renovación Nacional llamó a carabineros a disparar contra manifestantes.

Carlos X, el principal instigador del asesinato de Manuel sería el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que precisamente el día anterior (miércoles 24 de agosto) presentó o dijo que iba a presentar un proyecto de ley que permitiera a los carabineros disparar contra los encapuchados y revoltosos, argumentando el caso con una serie de patéticas incoherencias. Entre otras cosas, dijo, en una conversación en un lugar público, que sería bueno que los carabineros dispararan a la guata de los manifestantes, diciendo que era menos peligroso. Y lo repitió en al menos dos entrevistas de radio y televisión que oí ese mismo día. Al día siguiente ocurrió todo lo que sabemos. ¿Había escuchado el suboficial Millacura la entrevista del político pinochetista? ¿Fue eso lo que lo llevó a cometer esos crímenes? Igualmente sería muy interesante saber cómo y de quién surgió la idea de sustraer las subametralladoras y salir a disparar en los barrios donde estaban ocurriendo disturbios. O si, en realidad, obedecieron una orden.
lísperguer

los cómplices de la policía


Audiencia en el juicio por los crímenes cometidos en el Circuito Camps. En el juicio oral que se realiza en La Plata se abordó el rol que cumplió la Bonaerense durante la dictadura. Se leyeron las acusaciones contra el comisario Etchecolatz y contra los represores que actuaron en la Comisaría V y el Pozo de Arana.
[Alejandra Dandan] Argentina. La trama de la Bonaerense empieza a aparecer en los debates del Circuito Camps. En la tercera jornada de audiencias del juicio que se realiza en La Plata se leyeron las acusaciones contra el comisario Miguel Etchecolatz y las patotas de la Comisaría V y del Pozo de Arana. La lectura se hizo frente a 18 represores presentes, sentados en la sala, de espaldas al público, pero también de espaldas a un pañuelo con la silueta de Jorge Julio López que alguien colgó detrás de sus asientos a un día de los cinco años de la desaparición del testigo. Las acusaciones hicieron eje en la articulación de los centros clandestinos con la Brigada de Investigaciones de La Pata, se metieron en el ataque a la casa de la calle 30 y mostraron los perfiles de los policías, muchos individualizados con la reapertura de las causas. Entre otros, Hugo Guallama –chofer de Etchecolatz– y el ‘Oso’ Carlos García, uno de los capos de la patota, ascendido a subjefe de la Unidad Regional, reciclado años después como parte de la policía del duhaldismo. Acusados los dos entre otros hechos del robo de Clara Anahí, la nieta aún desaparecida de María Isabel ‘Chicha’ Chorobick de Mariani.
El juicio por el Circuito Camps todavía no entró en etapa de testigos, y recién lo hará dentro de algunas semanas, cuando termine la larga lectura de las cinco acusaciones sobre los 26 imputados. Se juzgan crímenes en seis centros clandestinos del Circuito, con 281 víctimas, y pasarán más de 500 testigos. Ayer la lectura de los hechos de la Comisaría V y del llamado Pozo de Arana mostró partes de un mismo microcircuito: empezaba con el ingreso de los detenidos desaparecidos en la Brigada de Investigaciones de Etchecolatz, desde ahí eran derivados a la Comisaría V, un espacio principalmente de interrogatorios, y al Pozo de Arana, campo de torturas y exterminio.
En la sala no estuvieron todos los acusados. El Tribunal Oral Criminal Federal 1 a cargo del juicio trasladó sólo a los imputados de este tramo. Quedó afuera entre otros Ibérico Saint Jean, el ex gobernador bonaerense, defendido por su hijo, y que llegó a la audiencia la semana pasada en silla de ruedas. Según fuentes judiciales, Saint Jean no estuvo porque llegó a juicio con una acusación demasiado restringida desde la primera instancia, acusado sólo por una parte de los hechos. El dato, que podría modificarse a lo largo del proceso, le permite no presentarse y da tiempo al Tribunal para resolver los pedidos que presentó su hijo, avalado por tres informes del Cuerpo Médico Forense –cuestionado en más de un juicio– que dicen que supuestamente no está en condiciones de salud. Otro dato fue el problema de la defensa de Jaime Lamont Smart. El ex ministro de Gobierno bonaerense es el primer civil con rango de ministro juzgado en procesos por delitos de lesa humanidad. Fue autorizado por el Tribunal a defenderse a sí mismo, pero, para evitar un enfrentamiento con las víctimas, los jueces Carlos Rozansky, Mario Portella y Roberto Falcone pidieron que sea acompañado por un defensor oficial. El problema no se resolvió. Sonia Marcela Lagoa fue la defensora designada, pero se opuso a acompañarlo y apeló.
Por la Comisaría V pasaron víctimas como Adriana Calvo y Jorge Julio López. Inés Ortega, que dio a luz a su hijo Leonardo Fossatti. O los De la Cuadra: Estela, Roberto José y Elena, que dio luz a Ana Libertad, ambas todavía desaparecidas. En la sala estuvo Estela de la Cuadra: "Esta vez voy a declarar por cuatro", explicó. "Yo no estoy cansada de declarar, al contrario, quiero hablar por los cuatro y voy a hacerlo todas las veces que pueda hasta que un coágulo me tape la cabeza: creo que puedo acordarme de más."
Con el nombre de cada uno de ellos de fondo, el Tribunal leyó la acusación de los lobos negros de la Bonaerense. Guallama era un cuadro menor en la estructura de Etchecolatz, "un lumpen", dice Inti Pérez Aznar, ex instructor de la causa, ahora querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Uno de los cargos principales lo vincula al ataque del 24 de noviembre de 1976 a la casa de la calle 30, donde vivía Diana Teruggi, la nuera de Chicha Mariani, y donde murieron ella, Roberto Porfirio, Juan Carlos Peiris y Daniel Elicabe. Guallama está acusado como autor de los disparos que mataron a Diana mientras corría con su hija en brazos. También está acusado de robar a la niña. Policía de la Bonaerense, con grados de agente, cabo, cabo primero, admitió haber sido chofer de Etchecolatz pero dijo que ese día estaba de franco. Pero la acusación recoge pruebas que parecen condenarlo: testimonios de vecinos, una condecoración de la Orden de San Miguel Arcángel seis días después del operativo por "eliminar elementos extremadamente peligrosos para la sociedad" y el relato de su propia mujer, Mabel Suárez, que aseguró que él vociferó varias veces haber estado en los techos de la casa con Ramón Camps y Etchecolatz "disparando contra una mujer que llevaba su bebé en brazos".
Otro de los nombres que se escuchó y a los que volverá el juicio es Carlos "Oso" García. Jerarca de la Bonaerense, alcanzó rango de comisario general, fue director de la custodia del Banco Provincia de Eduardo Duhalde y participó de un grupo de investigadores que aportó información falsa en la causa AMIA. Para 1976, Juan Fiorillo era jefe de la Unidad Regional La Plata y García, su segundo. Guallama dijo que "a Fiorillo lo vieron cargando un bulto en su coche envuelto en una frazada". Y con él "participó su jefe de Brigada, un oficial al que le decían Oso y era su apellido García". García, que entonces era un "policía alto, morocho, excedido de peso, de unos 45 años, con un arma tipo escopeta en una mano y que en la otra llevaba a un bebé envuelto en algo blanco", según los relatos de un vecino, tenía una voz de barítono con la que lo amenazó.
21 de septiembre de 2011
20 de septiembre de 2011
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procesan a juez por robo de bebés


La Justicia confirmó el procesamiento de un juez por robo de bebés.
Argentina. La Cámara Federal de Rosario ratificó el proceso contra el exjuez Luis María Vera Candiotti, acusado por la entrega ilegal a un represor de Paula Cortassa, hija de desaparecidos. Con la medida, el ex magistrado quedó a un paso del juicio oral por falsear el expediente en que se tramitó la entrega de la niña al matrimonio Guallane, de Venado Tuerto, en abril de 1977.

Vera Candioti fue procesado en febrero pasado por el juez federal de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, junto al ex militar Carlos Enrique Pavón, ambos acusados por la entrega de Paula, quien entonces era una bebé de 18 meses cuando su madre, Blanca Zapata, fue asesinada durante el allanamiento de su domicilio y su padre, Enrique Cortassa, fue secuestrado y permanece desaparecido.
En el lugar fueron secuestrados además otros dos menores, que fueron devueltos a sus abuelos, pero la hija de Zapata y Cortassa fue entregada a los Guallane por Vera Candioti, acusado ahora de ocultamiento y supresión de identidad de un menor de 10 años dado que no investigó el origen de la beba. En la misma causa están procesados Jorge Roberto Diab, entonces segundo jefe de inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército y Juan Calixto Perizzotti, que se desempeñaba como jefe del comando radioeléctrico de la provincia.
21 de septiembre de 2011
20 de septiembre de 2011
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por qué nos odian tanto los norteamericanos


Después de once años de guerra contra el terrorismo y los enormes costes en vidas y trastornos sociales y culturales en los países donde se libra muchos han comenzado a preguntarse por qué les odian tanto los norteamericanos.
[Ahmed Rashid] Lahore, Pakistán. Consternados después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los estadounidenses se preguntaban frecuentemente: "¿Por qué nos odian tanto?" No estaba claro quiénes eran "ellos" -musulmanes, árabes o simplemente cualquiera que no fuera estadounidense. La respuesta fácil que muchos estadounidenses encontraron reconfortante era igualmente vaga: que "ellos" sentían envidia por la riqueza, oportunidades, democracia y otras cosas bonitas de Estados Unidos.
Pero en esta parte del mundo -en Pakistán, donde vivo, y en Afganistán, país vecino, desde donde se organizaron los atentados del 11 de septiembre- los que detestaban a Estados Unidos eran mucho más identificables, lo mismo que sus motivos. Se trataba de un pequeño grupo de extremistas islámicos que apoyaban a al Qaeda; una organización más grande de estudiantes de escuelas religiosas (madrasas), que se habían expandido rápidamente desde los años ochenta; y jóvenes militantes que habían sido apoyados y preparados durante años por los servicios de inteligencia militar de Pakistán para luchar contra India en la Cachemira. Entonces era una pequeña minoría en Pakistán, que tiene 150 millones de habitantes. A sus ojos, Estados Unidos era una potencia pagana, imperial y agresiva, similar a la Unión Soviética, a la que habían derrotado en Afganistán.
Ahora que Estados Unidos está entrando al año once de la guerra más larga que ha librado en su historia, muchos más de mis vecinos en Pakistán se han unido a la lista de detractores de ese país. La ola de anti-americanismo está aumentando tanto en Afganistán como en Pakistán, incluso entre los muchos que en el pasado admiraban a Estados Unidos, y el motivo es simple: el resentimiento surge de que los planes de Estados Unidos de llevar paz y desarrollo a Afganistán han fracasado, la carnicería continúa y, para encubrir sus fracasos, los estadounidense han extendido ahora la guerra hacia Pakistán, evocando lo que hicieron en los años sesenta cuando la guerra de Vietnam fue trasladada hacia Laos y Camboya. Además, mientras los paquistaníes mueren por una guerra norteamericana, Washington ha cerrado ventajosos acuerdos con el archienemigo de Pakistán, India. Eso es la teoría.
Los detractores más beligerantes de Estados Unidos te dirán que los estadounidenses son imperialistas que odian al islam, y que los llamados instintos civilizatorios de los estadounidenses no tienen nada que ver ni con la democracia ni con los derechos humanos. Una opinión políticamente más adecuada es que los detractores no odian a Estados Unidos, sino solamente las políticas impulsadas por sus gobiernos.
Pero ambos grupos se sienten engañados: Afganistán está todavía en guerra, y mi país está al borde del colapso. Ahora se trata de algo más que rechazar a Estados Unidos. Hemos comenzado a hacernos la pregunta reversa del 11 de septiembre: ¿por qué nos odian tanto los norteamericanos?
Diez años es mucho tiempo para estar en guerra y vivir diariamente el peligro de algún atentado terrorista. Se ha gastado demasiado tiempo en una alianza desigual en la que la guerra sólo se vuelve más difícil y divisiva, especialmente para el socio débil en cuyo territorio se está librando esa guerra. Bajo semejante y prolongado estrés, el resentimiento sobre las intrusiones, errores de cálculo y actuaciones irresponsables hace suya la suposición de que los estadounidenses deben odiar a los paquistaníes, porque de otro modo no los tratarían nunca con tanta negligencia, ni hablarían tan mal de ellos, ni les tendrían en tanta desconfianza.
Los estadounidenses no deberían sentirse particularmente sorprendidos. La guerra rebaja a todo el mundo y a todos los estados, incluyendo a los victoriosos, y eso es especialmente así si la guerra se caracteriza por promesas rotas y esperanzas frustradas, percepciones de traición y desilusión en un aliado. Para la gente que vive en el teatro de la guerra, la letanía de esas decepciones es larga.

Quizás la promesa más grande hecha después del 11 de septiembre de 2001 por el presidente George W. Bush y el primer ministro británico Tony Blair, fue que Occidente no toleraría nunca más ni estados fallidos o en proceso de fracasar ni extremismos. Hoy hay más estados fallidos que nunca. El mensaje de al Qaeda se ha extendido a Europa, África y el continente americano, y todas las religiones y culturas están produciendo sus propios extremistas, sea por simpatía con el islam o en reacción contra este (como deja en claro la reciente masacre en Noruega).
La escasez, el hambre, la pobreza y la ruina económica han aumentado más allá de toda medida, al menos en este rincón del mundo donde se gestaron los planes del 11 de septiembre, mientras que el cambio climático ha provocado terribles inundaciones y la sequía empuja a una miseria inimaginable a millones de personas en los lugares más inesperados. Esto último no es culpa del 11 de septiembre, pero en la mente de muchos las catástrofes que nos amenazan se derivan de las guerras norteamericanas y del hecho de que Estados Unidos desdeña los problemas realmente universales. En esto, Estados Unidos es una víctima de sus propias guerras y los cambios globales que no ha tratado.
De las dos invasiones -Iraq y Afganistán- y de la operación de rescate del estado en Pakistán, en las que se han embarcado los estadounidenses en los últimos diez años, el fracaso más manifiesto ha sido su incapacidad a la hora de reconstruir los estados y países donde ha librado guerra. Construir un estado consiste en instalar instituciones y formas de gobierno que pueden no haber existido antes en algún país, como en Afganistán, o que han estado en las manos de dictadores implacables, como en Iraq. Construir un país consiste en ayudarlo a desarrollar su cohesión nacional, como lo intenta todavía Iraq, que todavía lucha, y en Pakistán, que fracasó desde el principio. Esto no se hace con fuerza bruta, sino con el desarrollo de la economía, la sociedad civil, la educación y las capacidades.
Durante el gobierno de Bush estos dos conceptos -construcción de estado y de país- eran palabras sucias. Lo son menos con el gobierno de Obama, pero ya no son utilizadas para describir la estrategia de Obama en Afganistán o Pakistán. Sin embargo, la tan proclamada estrategia contrainsurgente formulada por el general David H. Petraeus para derrotar a al Qaeda depende enormemente de la gobernabilidad, de la reconstrucción de instituciones como el ejército local y la fuerza pública, y de la capacitación de la gente para hacer su futuro: en otras palabras, construir el estado y el país.
Sin embargo, pese a los miles de millones de dólares gastados en esta estrategia, la agenda social de Estados Unidos ha sido recortada y la política general ha quedado en manos de las fuerzas armadas norteamericanas y de la CIA, para los que la contrainsurgencia es esencialmente una herramienta militar. En Afganistán, las redadas nocturnas y los asesinatos selectivos a cargo de las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos, han reemplazado los bombarderos B-52 utilizados después del 11 de septiembre como las armas favoritas para reducir al Talibán. Los ataques son más precisos, pero el coste en muertes civiles es todavía demasiado alto para la población local.
Ahora los afganos se manifiestan en las calles cada vez que muere un civil. En Pakistán, los ataques con aviones no tripulados han indignado a toda la población porque nadie puede saber lo exitosos que han sido en eliminar a al Qaeda o al Talibán. John O. Brennan, asesor de contraterrorismo del presidente Obama, dijo en junio que en el año "no hubo ni una sola muerte colateral" como resultado de los ataques con aviones no tripulados. La CIA puede reclamar que los bombardeos han eliminado a seiscientos militantes, sin alcanzar ni a un solo civil, pero ¿qué afgano o paquistaní va a creer eso? Pakistán ha pedido la suspensión de todos los ataques con aviones no tripulados y los afganos han pedido el cese de las redadas nocturnas. Pero de momento los norteamericanos no han aceptado. Y el anti-americanismo sigue floreciendo.
Estados Unidos invadió Afganistán e Iraq sin ni siquiera un plan sobre cómo deberían regirse esos países. En ambos países, la estrategia se hizo sobre la marcha, y gran parte de esta fue inicialmente implementada en secreto -un método seguro para renunciar a la participación ciudadana. Los antiguos señores de la guerra afganos, de los que el Talibán se deshizo en los años noventa, fueron reutilizados por la CIA. Sufrieron una metamorfosis, como orugas que se convierten en mariposas, y pasaron de señores de la guerra a hombres de negocios, narcotraficantes, transportistas, magnates inmobiliarios. Pero debajo del nuevo traje de Arnani estaba el mismo señor de la guerra que odiaba todo el mundo. Los afganos culpan a los norteamericanos de haber revivido a sus antiguos atormentadores.
La corrupción es galopante, pero no sólo porque los gobernantes sean cleptomaníacos. Estados Unidos debe compartir una importante parte de la culpa por otorgar colosales contratos a la gente equivocada, por renunciar a la responsabilidad y a la transparencia, y por enriquecer sólo a unos pocos antes que levantar la economía. Todos estos fracasos -señores de la guerra, corrupción, víctimas civiles- han contribuido a crear un nuevo y violento tipo de anti-americanismo.
Entretanto, la ayuda estadounidense y el desarrollo económico en Pakistán y Afganistán se ha destinado a "proyectos de impacto rápido", que tienen la intención de ganar corazones y mentes, pero que, como la avena instantánea, se disuelven rápidamente. El verdadero trabajo de ayudar a estos estados a construir una economía local y crear empleos que reemplacen el cultivo de opio y el contrabando en las zonas rurales, donde la autoridad del estado es débil, fue dejado al azar. Sí, los militares norteamericanos se convirtieron en empleadores, pero Afganistán arriesga entrar en una aguda recesión económica cuando los cien mil soldados estadounidenses dejen el país y decenas de miles de afganos se queden sin trabajo.
Un reciente informe del Congreso dice que Estados Unidos ha desperdiciado al menos 31 mil millones de dólares en la concesión de contratos en Iraq y Afganistán. Y en Pakistán la gente no ve los beneficios económicos permanentes de los veinte mil millones de dólares que Washington ha gastado allá desde 2001. Ha llevado un montón de equipos militares, pero no ha construido ningún dique ni universidad ni central eléctrica.
Las fuerzas armadas paquistaníes se han beneficiado de estas compras, pero pensaban que nunca fueron consultadas suficientemente por Estados Unidos y no eran consideradas como aliados verdaderos. Actuando sobre esas suposiciones, crearon sus propias salvaguardas apoyando tanto al presidente Obama como a la insurgencia talibán, y continuaron en ese rumbo incluso después de la investidura del presidente Obama. Durante la guerra, temían que Estados Unidos tratara a India como el verdadero aliado, así que mantuvieron a los extremistas que habían adiestrado en los noventa para luchar contra su vecino más grande. Pero todo cambia, y las fuerzas armadas perdieron el control de los extremistas cuando estos se metamorfosearon en el Talibán de Pakistán y empezaron a atacar al estado mismo.
Pakistán, que ahora es el cuarto estado con armas nucleares del mundo, ha sido gravemente desestabilizado por su intervención en guerras en Afganistán. Esto, al menos, no empezó hace diez años. Lleva ya tres décadas. La guerra de los años ochenta contra la Unión Soviética fue alimentada por operativos de la CIA, el dinero saudí y el servicio secreto (Inter-Services Intelligence) de Pakistán. Entonces proliferaron Kalashnikovs, drogas, madrasas y divisiones sectarias, mientras Pakistán era gobernado por una dictadura militar respaldada por Estados Unidos. Desde el 11 de septiembre, Pakistán se ha vuelto a desestabilizar con la subversión en Afganistán, y durante la mayor parte del tiempo volvió a ser gobernado por una dictadura militar respaldada por Estados Unidos.
Por supuesto, la moneda del anti-americanismo tiene otra cara. Tanto los presidentes de Afganistán como de Pakistán han encontrado conveniente usarla según convenga políticamente o para justificar sus propios lapsos. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, se ha convertido en un maestro a la hora de derramar lágrimas para describir la última perfidia estadounidense, mientras fracasa en su lucha contra la corrupción o en proveer un mínimo de buen gobierno. Similarmente, el ejército y el directorado de inteligencia de Pakistán informan regularmente a la prensa y a políticos sobre las largas secuencias de traiciones norteamericanas, la pasión de Washington por India y cómo Pakistán fue atrapado en esa relación. Son todas falsas narrativas -yesca seca para la pregunta: "¿Por qué nos odian los estadounidenses?"-, pero ahora han calado en la psique nacional, en los medios y en el debate político, y contrarrestarlas no es fácil.
Eso es porque los objetivos de seguridad nacional del ejército, que muchos paquistaníes todavía aceptan como un asunto de identidad nacional, están enraizados en el siglo pasado, antes que en necesidades de hoy. Decretaron que el ejército debe mantener una situación de permanente hostilidad con India, ejercer influencia en Afganistán y controlar el despliegue de extremistas islámicos o de actores no-estatales como una herramienta de la política exterior en la región; y que debe exigir la parte del león del presupuesto nacional, junto con su control de las armas nucleares de Pakistán.

Los intentos de Estados Unidos por cambiar este curso de acción, sea con zanahorias o con palos, se han frustrado, mientras el gobierno civil se encoge de miedo en el fondo, ya que no quiere ser aplastado por los dos elefantes que representan los militares norteamericanos y paquistaníes. Entretanto, las voces del extremismo traducen el anti-americanismo en denuncias de los preciados ideales de los propios norteamericanos: democracia, liberalismo, tolerancia y derechos de la mujer. En estos días, los conceptos denunciados como occidentales o norteamericanos son conceptos desechables.
Los paquistaníes necesitan urgentemente un nuevo discurso, que sea honesto sobre los errores que han cometido sus líderes y seguirán cometiendo. Pero ¿dónde están los líderes que deben contar esta historia como debe ser? Los militares se salen con la suya con sus ideas anticuadas porque nadie ofrece una alternativa. Y sin una, nada mejorará durante un largo tiempo, porque los gobiernos norteamericano y paquistaní son en cierto sentido imágenes reflejas uno del otro. Los norteamericanos han permitido que sus fuerzas armadas y la CIA dominen en Washington la formulación de políticas sobre Afganistán y Pakistán, del mismo modo que las fuerzas armadas paquistaníes y el servicio secreto (ISI) dominan la toma de decisiones en Islamabad.
Desde la muerte el año pasado de Richard C. Holbrooke, que se había dedicado a definir una estrategia política para apuntalar las políticas estadounidenses, pero al que el presidente Obama parecía ignorar, no ha habido ninguna estrategia política ni para Pakistán ni Afganistán. Después de diez años, debería estar claro que las guerras en esta región no se pueden ganar sólo con poderío bélico, ni se puede dejar la formulación de políticas en manos de generales. Mientras no termine el estado de guerra y empiece el proceso de curación nacional, la pregunta sobre quién odia a quién sólo se hará más difícil de responder.
[El autor es periodista y autor de ‘Taliban’ y ‘Descent into Chaos.’]
21 de septiembre de 2011
10 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

el boicot contra arizona


Partidarios de la inmigración divididos sobre el boicot contra Arizona.
[Marc Lacey] Phoenix, Estados Unidos. Después de la aprobación de la polémica ley contra inmigrantes en abril de 2010, los músicos suspendieron sus conciertos en Arizona, los turistas cancelaron sus vacaciones allá y los organizadores de congresos ignoraron al estado para preferir otros políticamente menos tóxicos. Pero los mismos activistas que montaron el boicot, afectando en el proceso las arcas del estado, están ahora divididos sobre si continuarlo o no.
Algunos llamaron al boicot a fines del año pasado después de que un juez federal bloqueara los pasajes más contenciosos de la ley de inmigración. Otros se han apartado más recientemente. El Consejo Nacional de La Raza, una organización de defensa de los latinos, anunció la semana pasada que ya no apoyaba el boicot. Sin embargo, otros activistas se mantienen en sus trece, insistiendo en que ese estado, en el futuro previsible, debe ser evitado.
"Desde el principio ha habido confusión en todos los aspectos de este problema", dijo Kristen Jarnagin, portavoz de la Arizona Hotel and Lodging Association, cuyos miembros se sintieron agredidos por el boicot y quieren que termine oficial y completamente. "Estamos felices de saber que para algunos ha terminado. De los otros esperamos que abandonen el boicot con la misma rapidez con que se unieron a él."
Que siga o no el boicot, los estudios muestran una clara reducción en congresos y en la ocupación hotelera en Arizona desde que se declarara el boicot. Además de eso, los activistas muestran con orgullo la carta que importantes hombres de negocios de Arizona, temiendo más protestas, enviaron este año a los legisladores del estado instándoles a no adoptar medidas todavía más duras contra los inmigrantes.
Pero los mensajes contradictorios están creando confusión entre los simpatizantes de la causa.
El cantante Steve Earle, que se unió al boicot el año pasado, anunció un concierto en Tucson en julio, pensando que el boicot había sido levantado. Después de oír las críticas, canceló el concierto, pero expresó su frustración por tener que hacerlo.
Earle dijo en una declaración que quería "investigar más sobre el boicot y sus efectos, porque como alguien que apoya el movimiento por los derechos de los inmigrantes, no estoy convencido de que sea útil seguir apartándonos de las personas progresistas del estado."
Otros artistas han decidido presentarse en Arizona, con o sin boicot.
Los Lobos, que inicialmente respaldaron el boicot y cancelaron sus presentaciones en Arizona el año pasado, ofrecieron un concierto en mayo en Tucson. Para mostrar su oposición a la ley de Arizona, la banda permitió que las organizaciones de defensa de los inmigrantes organizaran la rifa de una guitarra autografiada y repartieran literatura en la entrada. Cuatro organizaciones asistieron al concierto, pero no la Coalición de Derechos Humanos, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes de Arizona, que emitió una declaración diciendo que el concierto "debilitaría el efecto que ha tenido el boicot y las cancelaciones de eventos."
Uno de los primeros funcionarios públicos en retirarse del boicot fue el representante demócrata Raúl M. Grijalva, de Tucson, que debió enfrentarse a las protestas de su electorado por las perspectivas de tener que soportar más penurias económicas.
"Le estoy diciendo a la gente que vuelva a Arizona", dijo Grijalva la semana pasada. "Mi opinión es que la nueva estrategia debe ser invitar a la gente a venir, pero instándoles a que ayuden a cambiar el clima político."
El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), un influyente partidario del boicot, terminó en diciembre su apoyo a las sanciones económicas contra Arizona. Pero Sound Strike, una organización de Los Angeles que llamó a los artistas a evitar el estado después de la aprobación en el Senado del proyecto de ley 1070, declaró la semana pasada que el boicot continuaba.
Juan Ramos, pastor de Love International, una importante iglesia bilingüe en el centro de Phoenix, convenció hace poco a una organización nacional de evangélicos de que realizara su congreso en Arizona, argumentando que el boicot, que nunca apoyó, estaba perjudicando a los inmigrantes que pretendía ayudar.
Pero Kat Rodríguez, directora de programas de la Coalición de Derechos Humanos, sigue recomendando que los turistas se mantengan alejados, que los músicos suspendan sus conciertos y que las organizaciones busquen otros lugares donde realizar sus congresos.
"No tenemos interés en boicotear por boicotear", dijo Rodríguez. "No queremos que el estado pretenda continuar como si no hubiese pasado nada. La gente cree que el proyecto 1070 es una noticia del año pasado, pero los inmigrantes en este estado siguen sufriendo."
La ley nunca fue implementada completamente. Un juez federal bloqueó la disposición que exigía que los agentes de policía controlaran la situación de inmigración de las personas que detuvieran por sospechas de haber entrado ilegalmente al país. El estado de Arizona recurrió la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El gobernador Jan Brewer, que ganó tanto un empuje político como desprecio por firmar la ley, ha reprobado a los partidarios del boicot como equivocados, diciendo en una ocasión: "Están perjudicando a la gente que quieren ayudar."
Tal como están las cosas, algunos activistas dicen que el boicot ya terminó, otros sostienen que todavía sigue y muchos adoptan una posición intermedia, llamando a los visitantes a hacer una diferencia si visitan el estado.
"Queremos acciones reales, no simplemente gente que venga a jugar golf en algún congreso o a disfrutar de las vistas en el Grand Canyon o Sedona y pararse frente a los vórtices", dijo Rodríguez.
Muchas de las municipalidades y distritos escolares que se unieron al boicot el año pasado no han cambiado de posición. "Simplemente estamos mirando qué pasa",dijo John Stiles, portavoz del alcalde R. T. Rybak, de Minneapolis, que el año pasado ordenó a los jefes de departamento no visitar Arizona.
Insegura en cuanto a si el boicot continuaba, la Conferencia Nacional de Líderes Hispanos Cristianos, la organización de iglesias evangélicas latinas más grande del país, se comunicó con pastores de Arizona antes de decidir si realizar su congreso en Tucson este mes. Esos pastores se mostraron ansiosos de contar con apoyo moral, dijo el Reverendo Samuel Rodríguez, presidente de la organización.
"Lo que nos convenció de realizar nuestra cumbre en Arizona es que no queremos que la gente se olvide de Arizona", dijo Rodríguez. "No queremos que el tema de la inmigración sea dejado de lado. Queremos recordar a la gente que este estado es un estado que intenta incorporar criterios raciales en su legislación."
Javier González, organizador de Sound Strike, dijo que la organización había estado realizando conciertos en Arizona durante el boicot, pero que se trató de eventos en los que la mayor parte de la recaudación estaba destinada a organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes.
"Tenemos que ver cuál va a ser el siguiente paso", reconoció González. "Existe una diferencia de opinión. Algunos artistas no quieren volver a tocar nunca más en Arizona. Otros quieren saber cuándo pueden volver a tocar aquí."
La decisión de Lady Gaga de renunciar al boicot, pese a que denunció la ley de inmigración desde el escenario en su concierto en Phoenix el julio de 2010, le significó críticas de algunos activistas. Un concierto anunciado de Manu Chao, un cantante francés de origen español, este mes en Phoenix, está recibiendo elogios debido a que es gratis y apoya a la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras.
Una razón de porqué el boicot ha perdido su efectividad, dicen algunos partidarios de los inmigrantes, es que la ley que pretende hacerle la vida difícil a los inmigrantes ilegales se ha extendido de Arizona a otros estados.
"Ahora que Alabama, Georgia y Carolina del Sur están aprobando leyes similares o todavía peores, el argumento para decirle a la gente que no visite Arizona es discutible", dijo Grijalva, el demócrata de Tucson. "No estoy seguro de que tenga sentido componer una larga lista de estados que deben ser boicoteados."
20 de septiembre de 2011
15 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

hh, sicario de los hermanos castaño


Cuando ’H.H.’ era un ’Escorpión’. Antes de ser jefe paramilitar, Hébert Veloza fue un sicario de los hermanos Castaño.  Participó en el exterminio de la UP, asesinó sindicalistas e hizo los primeros contactos con la Brigada 17.
Colombia. Llevaba veneno en la sangre. Hébert Veloza dijo que, cuando las Farc le quitaron el camión en el que transportaba alimentos y con el que sostenía a su familia en el Urabá antioqueño, buscó a los hermanos Castaño para que le dieran ‘trabajo’. Quería vengarse.
Los hermanos Carlos y Vicente Castaño ya eran reconocidos en la región porque habían conformado las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en 1991 se habían desarmado pero a los pocos años habían decidido rearmarse reclutando a ex guerrilleros y ex militares para supuestamente hacerle frente a la guerrilla.
Al aceptarlo, enviaron a Veloza a una finca en Córdoba donde recibió entrenamiento del ex capitán del Ejército Carlos Mauricio Rodríguez alias ‘Doble Cero’ y de allí fue llevado en un camión hacia el norte del Urabá antioqueño donde la Casa Castaño controlaba las rutas de narcotráfico del Golfo de Urabá.
Era finales de 1994 y Veloza hacía parte del ‘Grupo de los 20’, una célula paramilitar que en seis años hizo metástasis por Turbo, Apartadó, Carepa y Chigoró, los municipios conocidos como los del Eje Bananero por sus extensos sembradíos de plátano. En sus inicios Veloza, apodado por sus cómplices como el ‘Mono Veloza’ o ‘Carepollo’ y luego conocido en el Valle como alias ‘H.H.’, comenzó como un sicario bajo las órdenes de ‘Doble Cero’.
A su llegada al norte del Urabá antioqueño, el ‘Grupo de los 20’ fue divido en dos: uno, que delinquió en las zonas rurales y otro llamado ’Los Escorpiones’ que se instaló en los cascos urbanos. De este último hicieron parte siete paramilitares: el ‘Mono Veloza’, Enrique Mestre alias ‘Wilson’, José Ruperto García alias ‘El Gato’, Wílmer Aguado alias ‘Carroloco’, Fosferinson Flórez alias ‘Montador’, Uber Coca alias ‘Uber’ y Jesús Albeiro Guisao alias ‘El Tigre’.
Según lo documentó la Fiscalía, Veloza y sus seis cómplices se movilizaban en carros y a cualquier hora asesinaban.
Fueron conocidos en la región porque entraban a las casas de sus víctimas, las sacaban de sitios públicos y de las fincas donde trabajaban y en muchos casos abandonaron sus cuerpos en un sitio conocido como La Caleta. "Era un callejón ubicado a 3 kilómetros del casco urbano de Turbo. Allí todos los días dejábamos cuerpos", dijo el ex jefe paramilitar que fue extraditado en 2009.
Antes de ser enviado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, alias el ‘Mono Veloza’ contó en versiones libres que Los Escorpiones tuvieron como informantes a los Comandos Populares, un grupo de desmovilizados del Epl que siendo perseguido por las Farc decidió delinquir con los paramilitares.  "Asesinamos gente por información de los comandos alias ‘Camacho’, Carlos Vásquez alias ‘Cepillo’, ‘San Pedro’ y ‘El Tigre’. Este último conocía todas las bananeras. También nos apoyábamos en los capataces de las fincas que tenían mucha información", dijo el ex jefe paramilitar en la audiencia.
Así, ’Los Escorpiones’ realizaron asesinatos selectivos en barrios que, según ellos, eran señalados de albergar a presuntos colaboradores la guerrilla.
Según la documentación que hizo la Unidad de Justicia y Paz, los barrios Julia Orozco, Gaitán, Buenos Aires y Obrero, de Turbo, fueron blanco de los paramilitares. Lo mismo sucedió en los corregimientos El Tres y Nueva Colonia.
"El 24 de marzo de 1995 un grupo armado entró a la vereda La Esperanza, en el corregimiento El 3, de Turbo, y sin mediar palabra disparó contra un joven de 27 años. En versión libre, Veloza dijo que lo asesinaron por informaciones de que colaboraba con guerrilla", leyó la Fiscalía. La historia se repitió tal cual en otros casi 30 crímenes que la Fiscalía legalizó ante los magistrados.
Por su sangre fría para disparar contra quienes consideraba sus enemigos, en poco tiempo el ‘Mono Veloza’ se convirtió en jefe paramilitar del Bloque Bananero y una década después del Bloque Calima. Asesinó a personas señaladas de colaborar con la guerrilla, persiguió a sindicalistas y participó en el exterminio de la Unión Patriótica, UP. También hizo los primeros contactos con la Brigada 17 para delinquir en complicidad con esta unidad del Ejército, hecho por el cual está en juicio el general (r) Rito Alejo del Río. Durante una jornada de legalización de cargos ante un magistrado de Justicia y Paz, la Fiscalía reconstruyó los primeros crímenes del ‘Mono Veloza’.

La Brigada 17
Esta es una unidad del Ejército que tiene sede en Carepa y el general (r) Rito Alejo del Río fue su comandante entre 1995 y 1997, precisamente el mismo período en el que se consolidó el Bloque Bananero de las Auc según lo ha documentado Justicia y Paz.
Durante la audiencia de legalización de cargos contra alias el ‘Mono Veloza’, la Fiscalía narró uno  de los primeros casos de complicidad entre los paramilitares y soldados de esa Brigada, y que está demandado desde 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "El caso se encuentra en estado de admisibilidad", explicó la Unidad de Justicia y Paz a los magistrados.
El 16 de diciembre de 1995 cuatro hombres fueron detenidos por soldados de la Brigada 17, cuando se movilizaban en dos motocicletas por la vereda La Arenera, en el corregimiento de Currulao de Turbo. Los tildaron de guerrilleros con base en señalamientos de un informante.  Dos de ellos permanecieron presos durante tres días.
Cuando las familias fueron el 19 de diciembre a la guarnición militar a llevarles ropa y comida, les dijeron que los otros dos hombres también habían quedado libres. "Un testigo les dijo que eso no era verdad. Un carro rojo del Ejército los sacó de la guarnición, escoltado por otra camioneta que transportaba paramilitares. Los dos hombres intentaron escapar y los recapturaron", leyó la Fiscalía. Desde ese día las familias no volvieron a saber de ellos.
A partir de las entrevistas a testigos  y de la confesión de alias el ‘Mono Veloza’, la Unidad de Justicia y Paz reconstruyó que la desaparición de los dos hombres fue cometido por los paramilitares del entonces naciente Bloque Bananero en complicidad con el Ejército, un fiscal de la región y agentes del Gaula de Cali. "Los hombres fueron sacados de la guarnición de Carepa (Antioquia), montados en una avioneta y asesinados luego en Buenaventura (Valle del Cauca)", dijo la Fiscalía durante la audiencia.
En versión libre, alias el ‘Mono Veloza’ dijo que la Casa Castaño le ordenó capturar a los dos hombres porque eran señalados de haber participado en el secuestro de la esposa de un militar. Veloza le ordenó a su vez a alias Rodrigo López Lora alias ‘La Marrana’ que participara en la detención de las dos víctimas. Así ‘La Marrana’ primero los señaló y luego buscó al fiscal que llevaba el caso, quien en complicidad con los paramilitares expidió las boletas para que los hombres salieran de la cárcel.
Un testigo que trabajaba dentro de la Brigada le contó a la Fiscalía que los hombres salieron de los calabozos después del mediodía del miércoles 19 de diciembre, cuando un sargento rompió los candados de la celda. "Fueron sacados en una camioneta de la Brigada y escoltados por alias ‘La Marrana’ y ‘El Gato’ que se movilizaban en una moto. Los hombres intentaron escaparse y los paramilitares los volvieron a capturar. Los llevaron a un hotel de Turbo, donde los inmovilizaron con cinta que se usa para preservar alimentos. Luego los  subieron a un avión que los llevó hasta el puerto de Buenaventura", leyó la Fiscalía.
Alias el ‘Mono Veloza’ dijo en versión libre que él viajó en otro avión hasta el Valle del Cauca y les entregó a los dos hombres a un coronel del Gaula de Cali. Allí alias ‘Memín’, un infiltrado de los paramilitares en la guerrilla, interrogó a los dos hombres que fueron llevados a una bodega de madera. "No volví a saber nada de ellos, porque yo me regresé para el Urabá", dijo alias el ‘Mono Veloza’ durante versión libre. Los cuerpos de las dos víctimas siguen desaparecidos.
La mayoría de los crímenes cometidos por alias el ‘Mono Veloza’ o ‘H.H.’ y presentados en audiencia ante los magistrados de Justicia y Paz estaban en la impunidad en la justicia ordinaria. Durante los relatos, la Fiscalía explicó como en la época, entre 1995 y 1996, los casos fueron archivados y solo volvieron a reactivarse cuando el ex jefe paramilitar comenzó  confesar los crímenes en 2007 y 2008 antes de ser extraditado a Estados Unidos.
"La Fiscalía determinó que estos son crímenes de sistema. Es decir, no fueron hechos individuales sino cometidos a gran escala, como una estrategia definida por el grupo paramilitar donde hubo planificadores y ejecutores", concluyó la Unidad de Justicia y Paz que acusó a alias el ‘Mono Veloza’ por los delitos de homicidio y desaparición en la mayoría de los casos.

El Exterminio de la UP
La Unión Patriótica nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc. El partido fue una fórmula para consolidar las negociaciones de paz y para que el grupo armado optara por una salida política al conflicto. "Pero para nosotros la UP fue creado por las Farc. Quizá muchos simpatizantes no tenían que ver con la guerrilla, pero por el hecho de pertenecer a algo relacionado con lo subversivo, los matamos", dijo alias el ‘Mono Veloza’ desde Estados Unidos.
Con estas palabras, el ex paramilitar reconoció que participó del genocidio a la UP. En versiones libres le confesó a la Fiscalía 10 crímenes, que hasta 2008 estuvieron archivados en la justicia ordinaria. Los casos fueron desempolvados cuando la Unidad de Justicia y Paz compulsó las copias en las que el ex jefe paramilitar contó los detalles de estos asesinatos.
Un investigador de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dijo que nueve fiscales investigan 1.316 casos relacionados con la UP. "Tenemos 526 investigaciones en etapa preliminar, 157 en instrucción y 16 en juicio. Con sentencia ya van 103 casos en los que han sido condenadas 191 personas. En el registro general, 10 de estos crímenes fueron cometidos por Veloza", dijo el investigador que presentó estos datos a la magistratura en julio de 2011.
"La siguiente víctima era también integrante de la UP. El 18 de abril de 1995 a las 7:40 de la mañana, a 500 metros de la estación de policía de Carepa, los paramilitares instalaron un retén. Detuvieron un carro de donde hicieron bajar a la víctima. La asesinaron por señalamientos de alias ‘Cepillo’ y ‘El Tigre’ según confesó Veloza. La Fiscalía investigó y encontró que la víctima era del comité obrero de una de las fincas bananeras y defendía los derechos de los trabajadores", leyó la Fiscalía durante la audiencia ante los magistrados.
El 17 de mayo de 1995 Los Escorpiones buscaron a otro integrante de la UP y como sucedió con las demás víctimas lo identificaron en otro retén. "Ocurrió en la vía entre los municipios de Carepa y Apartadó, en la vía comunal El Silencio a 20 metros del casco urbano.  Una vez lo identificaron, lo amarraron y lo asesinaron. El cuerpo fue abandonado en la carretera", leyó la Fiscalía.

También los Sindicatos
De forma sistemática como sucedió contra la UP, los paramilitares señalaron a varios integrantes de los sindicatos bananeros de tener vínculos con la guerrilla. "No perseguíamos a los sindicalistas por ser sindicalistas, porque su lucha es justa para defender los derechos obreros; combatimos fue la infiltración de las guerrillas", dijo alias el ‘Mono Veloza’. Los familiares de las víctimas sostienen todo lo contrario, que ser parte de un sindicato ya era un motivo para ser blanco de los ‘paras’.
En la audiencia, la Fiscalía documentó siete crímenes contra sindicalistas, seis de ellos contra miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro, y uno más con otra un integrante de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida.
Según lo documentó Justicia y Paz, los paramilitares que delinquieron en el Urabá utilizaron los retenes ilegales para detener los buses donde se movilizaban los trabajadores de las bananeras, entre ellos, algunos líderes de los sindicatos de las plantaciones de banano o de las instituciones educativas de la región.
El 22 de abril de 1996, por ejemplo, los paramilitares retuvieron un bus que  salía de una finca de Turbo y de allí bajaron a los pasajeros, entre quienes identificaron a dos hombres que pertenecían a Sintrainagro. "La Fiscalía confirmó que eran primos y que los paramilitares los apartaron y los asesinaron dentro de una platanera. En versión libre, alias el ‘Mono Veloza’ confesó que fueron señalados por información de alias ‘El Tigre’, el comando popular cómplice de los paramilitares en la zona bananera", contó la Fiscalía.
Durante el año anterior, en 1995, Los Escorpiones dirigidos por Veloza asesinaron a otros sindicalistas utilizando la misma táctica. El 29 de junio asesinaron a otra víctima en un retén que instalaron en la vía al corregimiento de Nueva Colonia. Lo bajaron del bus, le dispararon y arrojaron su cuerpo en la comunal San Jorge, un sitio donde hay plantación de banano.
A otras de las víctimas las buscaban en las fincas donde trabajan y las sacaban en vehículos, que entre la población eran conocidos como "los carros de la muerte". Así  el 23 de septiembre de 1995 los paramilitares se llevaron a un integrante del sindicato de maestros Adida, cuando estaba en la vereda Arenera de Turbo. "Se lo llevaron en una camioneta blanca, lo asesinaron y arrojaron su cuerpo en el cementerio municipal. En el crimen participaron  alias ‘Uber’, ‘Wilson’ ‘Gato’ y el ‘Mono Veloza’", leyó la Fiscalía durante la audiencia.
La legalización de cargos es una etapa previa antes de que los magistrados emitan una sentencia que condene al ex jefe paramilitar y repare a sus víctimas en el Urabá antioqueño y el Valle del Cauca, donde alias el ‘Mono Veloza’ delinquió con los Bloques Bananero y Calima.
20 de septiembre de 2011
18 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

no fue violencia innecesaria, fue homicidio


columna de lísperguer
Fiscalía militar acusa a suboficial Miguel Millacura de violencia innecesaria con resultado de muerte.

El carabinero Miguel Millacura no estaba de servicio la noche en que mató a Manuel Gutiérrez. Según todos los informes de prensa que han aparecido desde entonces, Millacura se dirigió voluntariamente a la comisaría y sustrajo, con los otros miembros de la patrulla, subametralladoras UZI. Esto evidentemente implica que los carabineros conspiraron para delinquir y eso se llama normalmente asociación ilícita. También sabemos, por la investigación de la PDI, que el suboficial Millacura mintió cuando dijo que habían disparado en defensa propia porque estaban siendo atacados con armas de fuego. La PDI desmintió que los manifestantes y vecinos que observaban la escena hayan disparado contra los carabineros. Además, la pesquisa posterior ha determinado que Millacura disparó contra otro vecino con la misma UZI, dejándolo herido en un hombro. Entre otros delitos que cometió, los principales son homicidio y homicidio frustrado.
Pero que no haya estado de servicio la noche en que mató a Manuel Gutiérrez quiere decir principalmente que la acusación es errónea, porque el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte sólo puede ser cometido, evidentemente, por carabineros en actos de servicio. Los delitos cometidos por Millacura son por tanto delitos comunes y consecuentemente escapan al ámbito de la justicia militar. Sus delitos son, además, cubiertos por la legislación antiterrorista, porque el objetivo evidente era castigar, intimidar y aterrorizar a la población civil. Pero supongo que nadie querrá usar esta última argumentación.
lísperguer

quién era jorge noguera


columna de lísperguer
Ex jefe del servicio secreto colombiano DAS, Jorge Noguera, fue condenado a 25 años de prisión.

Hace unos días la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a veinticinco años de prisión al ex director del servicio secreto colombiano -el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS-, Jorge Noguera, por el asesinato de un profesor de izquierda y por nexos con paramilitares durante su cargo de 2002 a octubre de 2005 -aunque se le acusa de varias decenas de homicidios y otros delitos. Fue nombrado en el cargo por su protector el ex presidente Álvaro Uribe.
Noguera entregaba a los paramilitares, listas negras de personas que debían a ser perseguidas, amenazadas o asesinadas. Los asesinatos que más conmovieron a la opinión pública fueron los del profesor Alfredo Correa d’Andreis, la periodista Zully Codina Pérez, el sindicalista Adán Pacheco, el defensor del pueblo Pedro Pérez Orozco y el profesor Fernando Pisciotti Van Strahalen, pero en realidad fueron asesinadas 36 personas de esas listas y otras 61 fueron amenazadas de muerte -lo que muchas veces obliga a las víctimas a marcharse al exilio en el extranjero. Las víctimas eran personas consideradas enemigos políticos por el director del servicio secreto: dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, sindicalistas, líderes indígenas.

Naturalmente, todas las sospechas recayeron siempre sobre el presidente Uribe. Gran parte de las sospechas las atrae el propio Uribe por su fanatismo y debido a que ha sido acusado muy convincentemente de haber estado asociado con grupos paramilitares para extender su propia hacienda. Pero también porque el cargo de director de la inteligencia es de responsabilidad directa del presidente, al que debe entregar un informe diario a primera hora. Era difícil -lo sigue siendo- creer que el presidente no supiera en qué andaba su protegido. No suena verosímil. Muchos pensábamos que Noguera no hacía más que obedecer órdenes del llamado "Número Uno."

Todavía más increíble es otro de los hallazgos de la investigación de la fiscalía: entre las listas halladas, también había unas que sólo incluían a ladrones y prostitutas y presumiblemente otros delincuentes -lo que, de paso, demuestra también que Noguera contaba con la colaboración de otros en el servicio secreto. Estos últimos encargos no dejan de llamar la atención. Otra cosa de que se acusa a Noguera es de haber filtrado información a narcotraficantes sobre allanamientos y órdenes de captura. Es difícil entender cómo un hombre que hace parte de una organización que roba, estafa, asesina, extorsiona, trafica y secuestra, pueda reprobar con rigor de muerte a ladrones y putas.

En esos mismos días, un tribunal de Cali condenó a 46 años de cárcel a nueve militares por el asesinato de cuatro civiles para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate -para recibir recompensa o privilegios o permisos. En Colombia en estos casos hablan de falsos positivos. A veces estos asesinatos arbitrarios por lucro coinciden con campañas de limpieza social, con las que agentes del estado y paramilitares asesinan a personas consideradas indeseables, como ladrones, rateros, delincuentes de poca monta, prostitutas, débiles mentales, homosexuales, vendedores ambulantes.
Lo que sorprende en este caso es que una tan alta autoridad del estado haya estado detrás de semejante infamia. Siempre se quiso creer que los casos de asesinatos de civiles por lucro eran puntuales y cometidos por psicópatas en provincias remotas -hasta que el relator de la ONU concluyera en 2009 que formaban parte de un plan sistemático. Pero no dijo que el cerebro detrás de estas atrocidades era el propio jefe del servicio secreto, el primero el cargo de mayor confianza del presidente y lo segundo el organismo que debe velar por la seguridad de los ciudadanos.
Pobre Colombia.

La noticia de la condena de Noguera no llamó la atención de toda la prensa. La Nación no publicó ni una línea sobre el asunto.

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lísperguer